“La policía no tuvo responsabilidad en este hecho”, dijo Juan Ernesto Villamayor, al explicar su postura sobre la posible vinculación de fuerzas del orden en el escape de Jorge Teófilo Samudio, alias “Samura”, presunto jefe narco. Tras una balacera en la costanera de Asunción, el hombre fue “rescatado” mientras era trasladado en un móvil penitenciario.
El ministro del Interior dijo -evadiendo en todo momento hacerse responsable- que no busca responsables, sino soluciones y que debe haber unidad. “La lucha contra el crimen organizado requiere que estemos unidos. Si nosotros no somos capaces de tener unidad en esta lucha vamos a ser derrotados al final”, afirmó ante la prensa.
Al ser consultado sobre el equipamiento con el que cuenta la Policía Nacional en esta lucha, reconoció que habrían entre 1500 y 2000 chalecos para 24.000 hombres, reconociendo que desconoce la cifra exacta. Adujo que no hay presupuesto suficiente. Ante lo que los periodistas preguntaron de qué manera entonces se pretende instalar el sistema de teleconferencias para realizar las audiencias judiciales. “Pero eso se hace por Skype con un teléfono celular se puede hacer, tampoco hace falta mucha tecnología para eso”, contestó.
Villamayor habló de establecer una política de seguridad y tratar de financiarla. “Necesitamos más recursos y el único modo de obtenerlo es la contribución de la ciudadanía porque el Estado vive de eso”, agregó. Hizo declaraciones en relación con los impuestos y cómo la ciudadanía percibe de manera ambigua la necesidad de inversión y “los impuestazos”. Señaló que se debe ser racionales y establecer el orden de prioridades.
“Yo le escucho mucho a la gente cuando dice es prioridad la salud, es prioridad la educación. Sin seguridad no se va a tener ni salud ni educación. En el discurso oficial en el discurso políticamente correcto la seguridad no se menciona”, insistió.
Sobre si hay un plazo para que la Policía demuestre que no está involucrada en el hecho, reafirmó que es el plazo que establece la Fiscalía.
“Nosotros queremos trabajar con la mayor celeridad posible porque hay otros casos más que hay que atender. He encomendado públicamente trabajar en la parte preventiva”, agregó.
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USD 20 millones para seguridad y cero ejecuciones contra delincuencia juvenil
Lo que fuera en su momento un ambicioso programa en el avance de políticas y estrategias para la seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, terminó en el fracaso. Una bajísima ejecución de USD 3 millones que básicamente se fue en consultorías, la instalación de la línea 137 SOS Mujer, la refacción de una comisaría, compra de electrodomésticos y las famosas comisarías móviles a precios “de oro” en los tiempos del ministro Juan Ernesto Villamayor. El Gobierno se aplazó en la reducción de la incidencia delictiva de los jóvenes que figura como uno de los componentes del proyecto, pero tuvo cero ejecuciones cuando los informes policiales atribuyen el protagonismo de hurtos, robos a jóvenes de entre 16 y 22 años.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Un crédito aprobado entre fines del 2017 y los primeros meses del 2018, a través el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), heredó un presupuesto servido de USD 20 millones para este gobierno con el objetivo de desarrollar el Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana, que era una promesa en el combate a la delincuencia, principalmente juvenil, la violencia intrafamiliar, bien enfocado particularmente en Central y Asunción, resultó un plan fallido debido a la baja ejecución y dejó fuera con inversión cero en componente clave de la lucha contra el flagelo de la inseguridad.
De los USD 20 millones, solo se ejecutaron USD 3 millones con los que básicamente se costeó la estructura administrativa del proyecto, consultoría, además de algunas refacciones en una comisaría, muebles y electrodomésticos en otras, la implementación de la línea 137 SOS Mujer, así también la adquisición de las famosas comisarías móviles “de oro” en los tiempos del ministro Juan Ernesto Villamayor, denuncia que hasta hoy duerme en la Fiscalía. La inversión más notoria e importante es la adquisición de un equipo de sistema de identificación criminal por ADN el año pasado al término del programa.
El programa se divide en dos componentes. Uno es la generación de capacidades para la gestión efectiva de la información y la investigación criminal, que incluye el mejoramiento de políticas de seguridad ciudadana, capacidades para la gestión de las políticas de seguridad de la mujer, el aumento en la eficiencia en la investigación criminal, auditorías y evaluaciones, etc.
El segundo componente es el fortalecimiento de la eficiencia para la prevención del delito que abarca estrategias en 5 comisarías situadas en zonas rojas, reducción de la victimización de mujeres por violencia intrafamiliar y disminución de la incidencia delictiva de los jóvenes.
Según un informe proveído por el Ministerio del Interior, la planilla de gastos en ambos componentes está minada de consultores y compra de comodidades, algunas refacciones en una comisaría, pero se olvidaron de uno de los ítems enfocado a un problema que urge, que es la erradicación de la delincuencia juvenil. Desde la Policía Nacional y el propio actual ministro del Interior señalaron en varias entrevistas que más del 80 % de la delincuencia urbana tiene como protagonistas a jóvenes de entre 16 y 22 años, sin embargo, este objetivo quedó en la nada en el millonario programa de seguridad.
La meta era brindar terapia multisistémica a jóvenes de entre 14 y 17 años, implementar programas en habilidades para la vida y empleo con currículo incluido para la reinserción laboral. Otro objetivo también era la capacitación especializada en violencia intrafamiliar de al menos 1.000 policías investigadores y certificación de protocolos; otros 1.000 uniformados en atención comunitaria, etc., que quedaron en la nada.
Sí quedará registrada la impune compra a precios sobrefacturados para las comisarías móviles en tiempos de Villamayor, en que, por ejemplo, mesas de 0,60x1,00 que costaban G. 435.000 en el mercado, adquirieron a G. 7.000.000 cada una. Armarios de 0,80 x 1,80 de G. 900.000, compraron a G. 7.350.000 por unidad, etc.
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Fiscales piden dos años de prisión para exsecretario de Juan Villamayor
El exsecretario del exministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, José Bogado Cardozo, enfrenta un juicio oral desde el pasado 14 de noviembre por supuesto pedido de coima, y ahora los fiscales encargados del caso, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, solicitaron al tribunal presidido por la magistrada Claudia Criscioni, y los miembros Cándida Fleitas y Yolanda Morel, dos años de cárcel para el acusado, en la etapa de alegatos finales.
En diciembre de 2021, el juez penal de Delitos Económicos José Agustín Delmás resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal contra José Ramón Bogado Cardozo, exsecretario del exministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, acusado por tráfico de influencias, por un supuesto pedido de US$ 2 millones al empresario Darío Messer.
El Ministerio Público acusó Bogado Cardozo y Diego Di Stefano Mónaco, quienes entre los días 23 de abril y el 4 de marzo del 2019 habrían solicitado de común acuerdo con María Lorena de Barros Barreto la suma de US$ 2 millones a los abogados defensores de Darío Messer, Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano.
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Este pedido sería a cambio de ejercer sus influencias con los miembros del Poder Judicial y con el entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor (luego, en marzo de 2021, destituido del Gabinete Civil de la Presidencia), con el fin de obtener y asegurar resultados favorables respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar los mismos en representación de Messer.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el pedido de dinero fue materializado a través de reuniones personales que se llevaron a cabo el 23 de abril del 2019 y el 4 de mayo del mismo año, periodo en el cual también hubo comunicaciones telefónicas y por Whatsapp entre Lorena de Barros y Leticia Bóveda, en donde la primera de ellas era quien insistía en que se llevaran adelante tales reuniones.
Mientras tanto, sobre la procesada María de Barros Barreto se pidió la suspensión condicional del procedimiento y el magistrado dio trámite de oposición. Sobre el coprocesado Diego Di Stefano cambió de abogado, por lo que se suspendió la preliminar.
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Gafilat positivo para Paraguay: análisis se centró, en gran parte, en gobierno de HC
En la mañana de este jueves 28 de julio se supo que Paraguay aprobó la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), hecho que lo mantiene bien posicionado en la comunidad internacional y firme en la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero. En su momento, el exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo Benítez, Juan Ernesto Villamayor, afirmó que el estudio se centraba, en gran medida, en la administración del expresidente, Horacio Cartes.
Si bien el mandatario Abdo Benítez anunció el hecho con bombos y platillos, atribuyéndose el resultado a través de sus redes sociales, su gestión y administración no fue juzgada, sino hechos pasados y gran parte de ellos durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), que fue el que obtuvo el resultado positivo por parte del Grupo Financiero.
Así lo había adelantado el entonces jefe de Gabinete Civil de la Presidencia y mano derecha del mandatario, Villamayor, quien afirmó que Gafilat evaluará “qué se hizo sobre los crímenes financieros, lo hará sobre hechos pasados (parte del gobierno de Cartes) y no sobre los actuales”, según publicó el medio de Zuccolillo en enero del 2021.
Villamayor explicó que el Grupo Financiero juzgaría hechos pasados y que ya no podían ser modificados, y aclaró que el gobierno de Abdo estaba tomando medidas para las posteriores evaluaciones que hará el Grupo, en este caso, ya sobre la administración de Abdo Benítez.
Evaluación arrancó en 2021
La evaluación mutua comenzó en noviembre del 2019 y tras la pandemia y un largo proceso de preparación, el lunes 23 de agosto del año pasado se realizó la reunión protocolar de apertura de la visita, in situ, en el instituto del Banco Central del Paraguay (BCP).
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica analizó informes remitidos por el país y organizaciones internacionales, que muestran los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo hasta el 2021.
Sobre Gafilat y la lista gris
El Gafilat agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/Fpadm), a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas, así como la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
En caso del incumplimiento en un número importante de recomendaciones y notas, el país evaluado entra en una lista de seguimiento intensivo, a cargo de Gafilat, desde su sede en Francia. Se trata de la llamada “lista gris”, que indica a nivel internacional que el país no es cooperante en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas.
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Abdista Villamayor confirmó que ya no podrá viajar a EEUU y se defendió: “Hay una especulación política”
El año pasado, toda la ciudadanía se indignaba al ver al exministro del Interior y exjefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, caminando por las calles de Miami, Florida, Estados Unidos; sin embargo, el abdista jamás imaginó que se trataba de una de sus últimas vacaciones en el país norteamericano. Ayer, lo que surgió como un rumor terminó por confirmarse este viernes y fue el propio Villamayor quien despejó las dudas sobre la cancelación de su visa.
En conversación con la radio 1020, el abdista relató que hubo un cambio de estatus en su visa por parte del gobierno de los Estados Unidos, hecho que le impedía el ingreso al territorio del país norteamericano. Al parecer, Villamayor preparó sus maletas para viajar a ese destino, pero se encontró con el importante cambio en su pase y finalmente tuvo que desempacar.
“Recibí una nota de parte de la unidad consular, en la que se me comunica que se alteraron las condiciones por información que recibieron, pero no me dicen el motivo (la Embajada de Estados Unidos). Son cuestiones soberanas internas”, indicó Villamayor.
En un intento de encontrar una razón para el cambio, el abdista dijo que para él existe “una especulación política detrás” y agregó que en dos o tres meses (finales de abril o principios de mayo) será recibido por el consulado norteamericano para conversar sobre lo que aconteció. Mientras, no podrá viajar a Estados Unidos.
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A modo de acallar las versiones de que la cancelación es de por vida, acotó que si era así no le habrían recomendado la audiencia con el cónsul. Agregó además que el último viaje que realizó a EEUU fue para depositar las cenizas de su madre en Washington.
Oscuros antecedentes
El 14 de febrero del año pasado, Villamayor vivió una de las peores noches de su vida cuando fue escrachado en un restaurante de Asunción y se tomó a golpes con los comensales, para finalmente ser invitado a abandonar el local gastronómico ubicado en un centro comercial capitalino.
Este hecho se produjo luego de que saliera a la luz un intento de negociación de la deuda paraguaya con la petrolera venezolana PDVSA, en el que Villamayor habría estado involucrado y que tuvo repercusiones internacionales, por estar involucrados también representantes del gobierno de Juan Guaidó.
Asimismo, el abdista es mencionado en innumerables casos sospechosos de corrupción, como un supuesto intento de soborno para evitar la extradición de Darío Messer cuando se encontraba al frente del Ministerio del Interior.
Estos casos, sumados a otros, habrían llevado a las autoridades estadounidenses a ordenar la supresión de su visa.