La Asociación de Rematadores del Paraguay, cuyo presidente es Atilio Estigarribia, remitió una nota a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia donde solicita que los actuarios judiciales de todo el país puedan agilizar y firmar en el día los edictos de remates que son presentados por los abogados.
De acuerdo al documento, que ya está en manos de los integrantes de la máxima instancia judicial, el inconveniente se genera más en los juzgados civiles de la capital y del departamento Central, por lo que piden los buenos oficios de los ministros de la Corte para que puedan tener en cuenta y vía acordada para disponer que los actuarios firmen en el día los edictos de los remates.
El principal inconveniente que se tiene, de acuerdo a la nota dirigida a los ministros de Corte, es que los rematadores presentan los edictos para los avisos de subasta pública y que la mayoría de los actuarios no controlan de manera inmediata los edictos y algunos sobrepasan de manera desmedida el tiempo para firmar, a tal punto que los informes de condiciones de dominio y gravamen expedidos por la Dirección General de los Registros Públicos vencen por ser muy breve el lapso de duración.
Los integrantes del referido gremio esperan que los altos magistrados puedan tomar nota y poder cooperar para mejorar el trabajo de los rematadores públicos de todo el país.
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La nota más positiva del año con libertad y estabilidad económicas
“Duele decirlo, pero hay que decirlo”
- Por Pablo Alfredo Herken Krauer
- Analista de la economía
- Email: pabloherken@yahoo.com
La calificadora mundial Fitch Ratings mantiene nuestra calificación Riesgo-País (BB+) –con perspectiva estable– por capacidad de pago de la deuda soberana (pública) a largo plazo y sube al grado de inversión (BBB-) la nota para las empresas en Paraguay (el techo País), por la libertad y estabilidad económicas. Bravo. Aplausos.
Pero no todo brilla. Mucho por hacer y cambiar. Es un desafío clave recuperar la disciplina fiscal manoseada irresponsablemente por el gobierno anterior y estabilizar el endeudamiento que subió demasiado: 100 % (se duplicó) en 8.000 millones de dólares. De cara a las reformas necesarias, Fitch no ve un jardín de rosas, pero tampoco un camposanto. Está en manos del Gobierno y en las de todos nosotros achicar lo negativo y agrandar lo positivo para lograr el tan ansiado grado de inversión, y codearnos con Chile y Uruguay. Nos enorgullece que se elogie la calidad del Banco Central del Paraguay (BCP). Y nos entusiasma que Fitch maneje un escenario de muy buen crecimiento: 5,2 % en 2023 y 4,5 % en 2024-25 (“robusto”). La mesa está puesta. Para comer más y mejor. La gente en primer lugar, Juan Pueblo y doña María Esperanza. A continuación, la traducción del informe:
Calificaciones afirmadas, perspectiva estable: Las calificaciones de Paraguay reflejan su historial de políticas macroeconómicas ampliamente prudentes y consistentes, baja deuda pública en relación con sus pares calificados, a pesar de un aumento en los últimos años, y sólida liquidez externa. Sus calificaciones se ven limitadas principalmente por la debilidad de los indicadores de gobernanza (calidad en cómo nos gobernamos), la poca profundidad del mercado de capitales local que reduce la flexibilidad del financiamiento fiscal y la vulnerabilidad a shocks climáticos adversos que se reflejan en una alta volatilidad del producto interno bruto (PIB).
La nueva administración enfrenta desafíos políticos: La administración del presidente Santiago Peña asumió el cargo en agosto, con la señal que indica una amplia continuidad de la política económica bajo el Partido Colorado, que también obtuvo mayorías en ambas cámaras del Congreso. La administración ha promocionado una agenda verde favorable a las empresas con el objetivo de aumentar el papel del sector privado en la economía e impulsar el empleo formal, y ya ha avanzado con algunas iniciativas (por ejemplo, una ley de créditos de carbono). También planea continuar con las reformas en el Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP) acordadas con el FMI, incluyendo la creación de un ente regulador de pensiones y la reforma del sistema de pensiones del sector público (Caja Fiscal); sin embargo, estas han enfrentado resistencias y podrían ser difíciles de avanzar a pesar del fuerte apoyo de Peña en el Parlamento. El gobierno entrante también enfrenta el desafío de implementar una consolidación fiscal creíble, que sería necesaria para estabilizar la deuda y el PIB y reforzar la credibilidad de la política fiscal después del deterioro de los últimos cinco años.
Repunte del crecimiento: Fitch espera que la economía repunte un 5,2 % en 2023, impulsada principalmente por la recuperación de los sectores agrícola e hidroeléctrico, luego de que una grave sequía en 2022 redujera el crecimiento a solo 0,1 %. Fitch pronostica que el crecimiento seguirá siendo robusto en 4,5 % en 2024 y 2025, respaldado por una cartera de grandes proyectos de inversión en celulosa (es decir, Paracel), hidrógeno verde y biocombustibles. Estas inversiones, junto con el crecimiento gradual del sector maquilador, respaldan los esfuerzos de diversificación económica de Paraguay, lo que podría ayudar a mitigar la vulnerabilidad a los choques climáticos que se han vuelto más frecuentes y severos en los últimos años.
Retraso en la consolidación fiscal: Este año se reportó un monto significativo de atrasos (USD 600 millones, 1,1 % del PIB), lo que refleja compromisos de gastos no registrados relacionados con salud y obras públicas que se han acumulado en los últimos años. La nueva administración tiene la intención de incluir los atrasos en un presupuesto revisado para 2023, que prevé un déficit del 4,1 % del PIB, frente al objetivo original del 2,3 % del PIB. Esta revisión refleja un pleno reconocimiento de los atrasos (1,1 % del PIB), pero también una posición de déficit subyacente más débil (alrededor del 3 % del PIB).
Riesgos fiscales, erosión de la credibilidad: El presupuesto de 2024 tendrá como objetivo un déficit fiscal del 2,6 %, y la senda de consolidación fiscal revisada prevé un déficit del 1,9 % en 2025 y un retorno al límite de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) del 1,5 % en 2026. El nuevo gobierno ha evitado cualquier aumento de impuestos, apuntando en cambio a depender principalmente de una mayor eficiencia del gasto, una mejor administración tributaria y un mayor crecimiento. Sin embargo, las autoridades aún no han esbozado claramente las medidas para apoyar la consolidación fiscal. Además del impacto de los atrasos en los pagos, Fitch señala que el mayor déficit y la senda de consolidación fiscal más larga siguen a varias flexibilizaciones en la LRF en los últimos años, que han debilitado el ancla fiscal de Paraguay. En opinión de Fitch, la capacidad del Gobierno para delinear e implementar una estrategia realista de consolidación fiscal será clave para restaurar la credibilidad de la política fiscal y evitar presiones a la baja sobre la calificación soberana.
Presiones sobre las pensiones del sector público: El logro de estas metas fiscales también requerirá un esfuerzo adicional para compensar la erosión del sistema de pensiones del sector público (Caja Fiscal). El saldo global es deficitario (0,5 % del PIB en 2022) y se deteriora en un 0,1 % del PIB anual, lo que agotará las reservas del sistema en unos tres años, tras lo cual se requerirán transferencias gubernamentales. En julio se presentó una ley para crear una comisión de expertos de alto nivel, encargada de formular propuestas de reforma, que solo generarían ahorros en el mediano plazo. La aprobación de la reforma podría enfrentar resistencia política a pesar del fuerte apoyo del Gobierno en el Congreso.
Consolidación para estabilizar la deuda: Fitch prevé que la deuda pública aumente hasta el 35,5 % del PIB en 2024, desde el 33,8 % de 2022. El logro de los objetivos de consolidación fiscal debería estabilizar la deuda/PIB en torno a este nivel, en ausencia de perturbaciones inesperadas en el crecimiento o en el tipo de cambio. La deuda sigue siendo inferior a la mediana de la categoría “BB” del 52,8 %, pero ha aumentado considerablemente desde la mejora de Paraguay en 2018 (17,8 %). Se espera que la carga de intereses aumente hasta el 1,6 % del PIB en 2023 desde el 1,1 % de 2021, y del 6,4 % de los ingresos hasta el 9,6 %, superando así por primera vez la mediana de la categoría “BB” (9,2 %).
Esfuerzos para profundizar el mercado de deuda interna: El Gobierno está tratando de profundizar el mercado de valores en moneda local, que es poco profundo y una limitación clave para la flexibilidad y la solvencia crediticia. En junio, un inversor no residente se convirtió en el primero en comprar bonos en moneda local. El Gobierno tiene la intención de aumentar el monto de la emisión del mercado local para financiar el presupuesto de 2024, apuntando a hasta el equivalente a USD 350 millones (frente a un promedio de alrededor de 140 millones en los últimos años), de los cuales se espera que alrededor del 30 % de la demanda provenga de participantes no residentes. Un mayor endeudamiento local podría reducir gradualmente la proporción de la deuda en moneda extranjera, aunque se prevé que siga siendo una de las más elevadas de la categoría “BB” (91 % en 2022 frente a una mediana de “BB” del 52 %).
Supervisión de pensiones: Como parte de los esfuerzos de reforma acordados en el marco del PCI, se ha presentado al Congreso un proyecto de ley para establecer una superintendencia de pensiones, cuya aprobación está prevista para el primer semestre de 2024. La reforma busca establecer un ente regulador para el actual sistema de pensiones sin supervisión. El nuevo organismo también tendría la autoridad para cambiar las regulaciones que actualmente impiden que las pensiones inviertan en valores de los gobiernos locales, una limitación significativa para el desarrollo del mercado de capitales locales de Paraguay. Las posibilidades de aprobación se ven reforzadas por el capital político de la nueva administración al principio del mandato, aunque ya se ha enfrentado a cierta oposición.
La cuenta corriente se recupera: Fitch pronostica que la cuenta corriente pasará a un superávit (0,6 % del PIB) en 2023 desde un gran déficit (6,7 %) en 2022, debido a la mejora de las exportaciones agrícolas tras la grave sequía del año pasado. Fitch pronostica que la cuenta corriente volverá a un ligero déficit en los próximos años a medida que aumenten las importaciones para respaldar la cartera de proyectos de inversión intensivos en capital. Se prevé que las reservas internacionales se mantengan por encima de los seis meses de cobertura de los pagos externos corrientes, muy por encima de la mediana del “BB” de 4,4 %.
Anclada a la inflación: La inflación ha caído bruscamente este año (3,5 % a setiembre), impulsada principalmente por la caída de los precios de los combustibles y los alimentos. Fitch pronostica una inflación promedio de 4,8 % en 2023, por debajo del 9,8 % en 2022. El Banco Central recortó gradualmente las tasas de referencia, desde un máximo del 8,5 % al 7,75 % en octubre. Las expectativas de inflación están bien ancladas (4 % a horizontes de 12 y 24 meses), lo que refleja la gestión prudente del Banco Central y su sólida credibilidad.
Actualización del techo nacional: Fitch ha actualizado el Techo País de Paraguay a “BBB-” desde “BB+”. El aumento de +1 escalón de Paraguay refleja nuestra opinión de que los riesgos de los controles cambiarios se ven mitigados por una sólida liquidez externa, un tipo de cambio flotante, políticas e instituciones macroeconómicas sólidas y esfuerzos por diversificar la economía y atraer inversión extranjera. La mejora coloca a Paraguay más en línea con sus pares de la región con una calificación similar de “BB”.
En nuestra conclusión: Con Fitch estamos a un paso del grado de inversión. Corta la distancia, inmenso el sacrificio. En un país en el que son muy pocos los que lo ponen en primer lugar. La verdad, si es verdad, es verdad. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Duele decirlo, pero hay que decirlo.
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El Senado remitió al archivo la derogación del convenio con la UE
Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores finalmente se ratificó en el rechazo del proyecto de ley que deroga la vigencia de la Ley 6659/2020, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo.
Con 33 votos por la ratificación de la versión del Senado, 10 votos por la versión de la Cámara de Diputados, de aprobación de la iniciativa, y dos ausencias, se remite al archivo el proyecto de ley.
El instrumento de cooperación internacional, que inicialmente fue denominado Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay y luego pasó a llamarse Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Educativo en Paraguay, establece que los recursos de la UE sean invertidos en acciones que potencien el logro de los objetivos trazados en el ámbito de la política educacional.
Fueron varias las posturas expresadas por los senadores de las distintas bancadas en la sesión ordinaria que duró más de 4 horas. El senador Basilio Núñez, líder de la bancada Honor Colorado, tal como anunció en una conferencia de prensa, se mantuvo en su postura de rechazar la derogación de este convenio.
“Lo que nosotros ganamos con esto, conversando con el Ejecutivo, con los ministros, a través de las notas interpretativas, lo que ganamos es que hay un documento, que hay un Paraguay que reafirma que la Constitución Nacional se respeta, que la legislación de nuestro país se va a respetar”, indicó el senador.
De la misma manera, el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara Alta, se refirió a los dictámenes de esa instancia legislativa, por el rechazo en mayoría y en minoría por la derogación. Explicando además que no es pertinente derogar este convenio.
“Estoy convencido de que no es pertinente la derogación de este convenio. Ganamos las elecciones y el presidente Santiago Peña hace analizar también cómo fueron utilizados estos recursos de la Unión Europea y vemos que aproximadamente 17 millones de euros no fueron bien utilizados por algunas oenegés que administraban estos recursos”, fue parte de la explicación del senador Maidana.
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Senadores decidirán desafuero de Rafael Filizzola por perjuicio millonario
El juez penal de garantías de la capital Yoan Paúl López remitió este miércoles un oficio al presidente del Congreso, Silvio Ovelar, en el que comunica que el actual senador Rafael Filizzola soporta un proceso penal por lesión de confianza por el perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción.
Ahora, los senadores deberán estudiar si corresponde hacer lugar al desafuero de Filizzola para que el mismo siga sometido a la justicia y enfrente la audiencia preliminar donde se tendrá que estudiar y resolver si el parlamentario estará sentado en el banquillo de los acusados.
Una vez que se lleve a cabo la audiencia preliminar y se eleve a juicio oral se tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral donde se determinará si Filizzola es responsable de los hechos acusados.
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Acusación
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010 el exministro del Interior había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
Pedirá su desafuero
El senador Rafael Filizzola, vía redes sociales, señaló que el Congreso recibió un oficio judicial en el que se solicita su desafuero. El parlamentario dijo: “Siempre sostuve que las inmunidades parlamentarias no deben ser obstáculo para el avance de procesos. En la próxima sesión solicitaré que se trate sobre tablas y sea aprobado en cumplimiento del artículo 191 de la Constitución Nacional”, señala Filizzola en su cuenta de X (ex twitter).
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Cartes se pone a disposición de la Fiscalía, confirma abogado
El abogado Pedro Ovelar presentó una nota ante el Ministerio Público en la cual informa que su defendido, el exmandatario y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, se pone a disposición de los fiscales encargados de investigar las declaraciones hechas por el sicario involucrado en el crimen del exfiscal paraguayo, Marcelo Pecci.
A través de sus redes sociales, Ovelar manifestó que por instrucción de Cartes están abiertos a colaborar en todo sentido en el proceso abierto por el Ministerio Público y desmentir su supuesta vinculación en el asesinato del fiscal Pecci.
La nota fechada el 11 de octubre, que va dirigida a los agentes fiscales Cristian Ortiz, Carlos Alejandro Cardozo, Osmar Legal y Francisco Cabrera, señala que como abogado defensor se pone a disposición de la causa abierta por Resolución FGE N° 5398/23.
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La causa penal investiga las informaciones recabadas por la Fiscalía colombiana tras las declaraciones del sicario Francisco Luis Correa Galeano, quien durante una testifical nombró al expresidente como supuesto mandante del crimen.
“Ante tan grave atribución en contra de nuestro representado, se dan las circunstancias previstas en el artículo 74, primera parte del Código Procesal Penal, por lo que le amparan todos los derechos procesales previstos en la Constitución Nacional y en el CPP”, refiere el documento divulgado por Ovelar.
El abogado solicita, con fundamento en lo expresado y autorizado por la Carta Poder que adjunta, “que se le otorgue intervención en la causa, en calidad de defensor de Horacio Cartes Jara, quien se encuentra a entera disposición del Ministerio Público a los fines que hubiera lugar”.
Llegar a los verdaderos autores
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, el abogado Pedro Ovelar manifestó que atendiendo atendiendo la apertura de la investigación, corresponde que el señor Horacio Cartes pueda formar parte del proceso, en el sentido de aportar pruebas o solicitar diligencias, o responder a cualquier tipo de solicitudes o requerimiento del Ministerio Público.
Remarcó que el interés del expresidente de la República es colaborar con la investigación, y sobre todo demostrar que no participó en el hecho y que el testimonio fue conveniente para alguien. “En el ánimo del señor Cartes está que se llegue a la verdad, y a los verdaderos autores materiales, o mejor dicho a los instigadores del delito cometido contra el ex fiscal Marcelo Pecci. Por lo que estamos totalmente a disposición de la Fiscalía y abierto a cualquier investigación para corroborar que el testigo está mintiendo”, declaró.
En tanto, que en charla con Radio UNO, explicó que si bien no existe una imputación directa, al sindicarle como un supuesto autor se abre una carpeta fiscal para investigar a la persona que tiene derechos procesales y tiene que ponerse a disposición y tiene que colaborar con los investigadores y es algo que le favorece a él en este caso.
Indicó que al momento que el testigo Correa Galeano menciona en su declaración que un hermano de Horacio Cartes, era investigado por el fiscal Pecci, lo que corresponde es realizar la investigación en los casos que llevaba el fiscal y corroborar si hubo o no alguna investigación contra alguno de los hermanos de Cartes.
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“Se debe investigar o buscar cualquier vínculo; por ejemplo, Correa Galeano dijo que Horacio Cartes y Miguel Insfrán estuvieron de acuerdo en la instigación del crimen; entonces se debe buscar el vínculo que tienen Horacio Cartes y Miguel Insfrán, si tienen negocios, tienen comunicación, se conocen, no se conocen. Toda la información que corroboraría lo que dijo Correa Galeano es lo que nosotros tenemos que mostrar que está faltando a la verdad y que es una total persecución contra un líder político en el Paraguay”, remarcó.
Juicio en Colombia
Por otra parte, indicó que el juicio que se está llevando actualmente en Colombia es contra Margareth Chacón y no contra Horacio Cartes, y los testimonios que pudieran dar los hermanos Pérez Hoyos en el marco de ese juicio podrían ser, o no, vinculantes. Recordó además que tanto Correa Galeano como los hermanos Pérez Hoyos son testigos vinculados e imputados por el crimen del fiscal Pecci, que busca lograr ventajas procesales.
“Lo único corroborado de lo que dijo Correa es lo que dijo con respecto a los autores materiales y los mandantes, los hermanos Pérez Hoyos, con filmaciones, con cruce de llamadas y hospedajes en hoteles. Pero no está corroborado lo que dijo con respecto al expresidente Horacio Cartes”, acotó.
El abogado Ovelar señaló que si en el juicio de este miércoles los hermanos Pérez Hoyos mencionan de alguna manera a su defendido, lo único que va confirmar sus pensamientos de que existe un complot generalizado contra el líder político paraguayo Horacio Cartes. “Porque pruebas no podrán encontrar, porque no existe ese vínculo y porque el expresidente no tuvo participación en el hecho definitivamente y categóricamente”, sentenció.
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