Dos de los guardiacárceles heridos tras el motín de la Penitenciaría Regional de Concepción solicitaron su traslado a centros privados, mientras que uno ya fue dado de alta luego de permanecer en el Hospital Regional de Concepción desde el pasado miércoles. Mientras que el recluso Óscar Cabrera fue trasladado hasta Asunción para recibir una atención especializada debido a la gravedad de su cuadro.
Cabrera estaba recluido por homicidio doloso cuando recibió un disparo de arma de fuego en el tórax, por lo que sufrió una herida en el canal medular, de acuerdo al doctor Mario Pérez, director del Hospital Regional de Concepción. En tanto que los tres hombres están fuera de peligro, pese a lesiones de consideración.
El guardia Arnaldo Quintana sufrió fracturas del codo y tobillo del lado izquierdo; Emeterio Durán registró una herida cortante de arma blanca en el cuero cabelludo de 3 centímetros y a Miguel Gamarra se verificó una herida de arma de fuego en el rostro lado derecho, con pérdida de dos piezas dentarias.
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El motín se inició por la noche del martes pasado cuando internos ubicados en el Pabellón F abandonaron ese lugar tomando parte de los pasillos de la cárcel como estrategia distractoria que permita la fuga de un grupo de personas privadas de libertad, específicamente de dos sicarios, uno de ellos involucrado en el atentado contra la hija del exgobernador de Pedro Juan Caballero.
Los reclusos intentaron atropellar el portón principal, pero fueron repelidos por agentes penitenciarios, militares y policías que custodian la cárcel. Entre los internos amotinados se encontraban personas que tenían armas de fuego, resultando fallecida una de ellas.
El nuevo motín en la cárcel de Concepción dejó un fallecido, identificado como César Alexander Cabrera, de 25 años de edad, y el reo herido es el hermano de la víctima fatal Óscar Cabrera, de 28 años. Los agentes penitenciarios que quedaron con lesiones son Arnaldo Quintana, Antonio Romero y Miguel Ángel Ibarra.
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EE. UU. ejecutó por primera vez a un reo con gas de nitrógeno
El estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, llevó a cabo este jueves la primera ejecución de un condenado a muerte usando gas de nitrógeno, en la primera aplicación de este método en el país que la ONU equipara con “tortura”. El reo Kenneth Eugene Smith, condenado a muerte en 1996 por el asesinato de una mujer ordenado por su marido, fue declarado muerto a las 20:25 (2:25 GMT del viernes), 29 minutos después del inicio de la ejecución, indicó un comunicado del fiscal general de Alabama.
“Se hizo justicia. Esta noche, Kenneth Smith fue ejecutado por el atroz acto que cometió hace 35 años”, declaró Steve Marshall, al afirmar que Alabama “logró algo histórico”. Su ejecución es la primera del año en Estados Unidos, donde en 2023 hubo 24, todas por inyección letal. Y es la primera vez en más de 40 años que se introduce un nuevo método de ejecución en el país.
Una tentativa anterior por inyección letal, el 17 de noviembre de 2022, fue cancelada cuando funcionarios de la prisión fueron incapaces de colocarle la vía intravenosa para administrarle los fármacos en el tiempo legalmente previsto, después de “haber permanecido atado varias horas”, según sus abogados.
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Alabama es uno de los tres estados del país que permiten las ejecuciones por inhalación de nitrógeno, en las que la muerte se produce por hipoxia, es decir por falta de oxígeno. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) afirmó la semana pasada estar “alarmada” por esta ejecución programada “utilizando un método inédito y no probado, la hipoxia por nitrógeno”.
Esto “podría constituir tortura u otros tratos crueles o degradantes según el derecho internacional”, advirtió la portavoz Ravina Shamdasani, quien pidió que la ejecución fuera suspendida. El protocolo de ejecución por hipoxia con nitrógeno de Alabama no prevé la sedación, a pesar de que la Asociación Veterinaria Americana (AVMA) recomienda administrar un sedante a los animales sacrificados de esta manera, añadió la portavoz.
“Traumatizado”
Kenneth Eugene Smith, de 58 años, recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos alegando que este nuevo intento de ejecución violaría sus derechos constitucionales, además de solicitar su suspensión. Anteriormente todas las apelaciones que ha presentado en Alabama fueron rechazadas. Pero el máximo tribunal del país, con mayoría de magistrados conservadores, rechazó la petición el miércoles. En sus alegatos, el estado de Alabama señala que la hipoxia con nitrógeno es “quizá el método de ejecución más humano jamás inventado”.
“Las autoridades de Alabama han fallado tres ejecuciones seguidas en 2022, incluida la del señor Smith”, afirmó la directora ejecutiva del observatorio especializado Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), Robin Maher. “Tal vez se sientan más cómodos pasando a un modo de ejecución completamente diferente, aunque sea totalmente experimental y nunca haya sido probado”, declaró a la AFP.
“Todavía estoy traumatizado por la última vez”, confesó el recluso en diciembre en una entrevista a la radio pública NPR, en la que confesó estar “absolutamente aterrorizado” ante la perspectiva de volver a pasar por lo mismo. En 1988 fue declarado culpable del asesinato de Elizabeth Dorlene Sennett, de 45 años, ordenado por su marido, Charles Sennett, un pastor muy endeudado e infiel, para que pareciera un robo que acabó mal.
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A pesar de que el marido se suicidó, la policía siguió la pista del asesinato que le llevó a dos hombres. El cómplice de Kenneth Eugene Smith, John Forrest Parker, que había sido condenado a muerte, fue ejecutado en 2010. Kenneth Smith también fue condenado a muerte una vez, pero el juicio fue anulado en apelación.
En 1996, en su segundo juicio, 11 de los 12 miembros del jurado estaban a favor de la cadena perpetua. Pero en su caso, como en el de su cómplice, el juez desautorizó a los jurados y le condenó a muerte, una posibilidad que existía entonces en algunos estados pero que ahora se ha abolido en todo el país.
En su informe anual de diciembre, el observatorio DPIC señaló que la mayoría de los presos ejecutados en Estados Unidos en 2023 “probablemente no serían condenados a muerte hoy”. Se basa en los cambios en la legislación y en que ahora se toman más en cuenta los problemas de salud mental y los traumas de los acusados. La pena de muerte ha sido abolida en 23 estados del país y otros seis observan una moratoria en su aplicación por decisión del gobernador.
Fuente: AFP.
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Tacumbú: recrudecen medidas de control y prohíben ingreso de celulares a guardiacárceles
Las medidas de control recrudecen en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y se prohibió incluso el ingreso de aparatos celulares a los propios guardiacárceles, lo que generó malestar entre los trabajadores. El director de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Víctor Benítez Salinas, afirmó que se trata de disposiciones adoptadas a resultas del operativo Veneratio, que en diciembre pasado posibilitó desarticular una banda criminal liderada por Armando Javier Rotela, que tenía bajo su control el reclusorio.
“Las medidas de Tacumbú son todas excepcionales con relación a todo lo que ocurrió por el operativo Veneratio. Paulatinamente, se está tomando nuevamente el control por parte del Ministerio de Justicia y las medidas de corrección que se están tomando es para tratar de evitar que incluso los funcionarios estén ingresando con celulares, ya que estamos hablando de un recinto penitenciario y se tiene que tomar todas las medidas de seguridad”, señaló a la 1020 AM.
Así también, aseveró que una dotación de la Policía Nacional sigue resguardando las instalaciones de la cárcel, con el propósito de evitar que se repitan hechos como el descubierto recientemente con el funcionamiento de celdas vips para presos del clan Rotela.
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Es por ello que las autoridades penitenciarias, incluso, evalúan la prohibición del uso de teléfonos celulares a los propios funcionarios de la institución. “Aún no son medidas oficiales, pero no descartamos que se vuelvan algo constante ya el día de mañana”, expresó.
En cuanto al tiempo de demora para retomar el control total de Tacumbú, Benítez manifestó que demorará restablecer el orden en el citado centro penitenciario.
“Hay todavía trabajos que se están realizando, entonces, una fecha precisa aún no tenemos, esto llevó mucho tiempo y también llevaría mucho tiempo volver a tomar el 100% del control”, puntualizó.
No obstante, reconoció que la situación “está mucho mejor que antes”, pero para que el penal quede en manos del Ministerio de Justicia se están ajustando aún algunos aspectos administrativos.
“Yo diría que, hablando de porcentajes, estaríamos en un 50%, faltaría todavía el otro 50% ajustar temas administrativos, ajustar cómo vamos a ir realizando nuevos procesos, no volver a repetir los errores que se cometieron en su momento. Y eso lleva su tiempo”, indicó.
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Tras nueve días en huelga de hambre guardiacárceles retomarán funciones
El Ministerio de Justicia logró desactivar este martes la huelga de hambre impulsada por los agentes penitenciarios hace nueve días en busca del cumplimiento de una serie de reivindicaciones. Al respecto, el titular de la mencionada cartera estatal Ángel Ramón Barchini mantuvo una reunión tripartita con los representantes de funcionarios sindicalizados y dirigentes de centrales sindicales nacionales.
“Los reclamos de los funcionarios penitenciarios son absolutamente legítimos, hemos hablado con el equipo económico sobre las necesidades que tiene este ministerio tan sensible. Desgraciadamente durante años ha estado abandonado, mal presupuestado, ejecutado sus recursos sin control y eso hizo que hoy tengamos un sistema frágil en el tema de la seguridad, de la reinserción”, dijo Barchini en una entrevista con el programa “Cuenta Final” emitido por la radio Universo 970 AM.
Entre los principales pedidos de los agentes figuran la necesidad de contar con una ley orgánica penitenciaria que está en espera hace más de 20 años y que con su implementación tendrían una profesionalización de la carrera y dejarán de regirse por las normas de la función pública; confirmación del seguro médico, la recontratación de funcionarios despedidos, la desprecarización laboral y la dotación de equipos de seguridad.
“Conversé con el presidente del Senado y de Diputados sobre la necesidad de tener una ley que regule el accenso, el sueldo, la seguridad laboral y de vida, el seguro médico, que puedan obtener los equipamientos, tecnología, uniformes, muchos aspectos que no eran considerados por el anterior gobierno y que han permitido que nosotros como Estado paraguayo tengamos una ausencia absoluta en el control de la cárceles y eso originó la corrupción, amedrentamientos y constantes amenazas contra nuestros funcionarios que responden muchas veces a los clanes que manejan las cárceles”, indicó.
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Participaron de la reunión, además del ministro Barchini, Enrique Arévalos y Antonio Cuenca, del Sindicato Nacional de Agentes Penitenciarios y Educativos del Paraguay (Sinapep); Vicente Ruíz Díaz, del Sindicato de Trabajadores de Centros Educativos y Penitenciarios (Sitracepen); Liz Báez, del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Ministerio de Justicia (Sitemjt); Miguel Zayas y Ramón Ávalos, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT); y María Pintos, de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT).
“La política de reinserción penitenciaria es fundamental para bajar el índice de criminalidad y violencia que se vive en las calles, todos estos flagelos que sentimos como sociedad, esto hace a la seguridad nacional del país, que se deben enfrentar con seriedad y una política de Estado proyectada con el tiempo. Con el apoyo del Congreso podemos ir a plantear la ley que se necesitan los funcionarios penitenciarios y solicitar las ampliaciones presupuestarias para los nuevos centros penitenciarios”, comentó.
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Ministerio de Justicia llegó a un acuerdo con guardiacárceles
El Ministerio de Justicia firmó un acuerdo con los diferentes sindicatos de guardiacárceles que se encontraban manifestándose frente a la institución. El titular de cartera, Ángel Barchini indicó que personalmente se reunió con los diferentes gremios debido a que entiende que los funcionarios penitenciarios son vitales para el resguardo y seguridad de las penitenciarías.
“Se firmó un acuerdo y están encarados para una pronta solución, el Ministerio de Justicia está llevando las gestiones dentro del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, porque al final esto depende de una cuestión presupuestaria. El ministerio necesita recursos para volver a reinstalar el orden en todos los centros penitenciarios, sin la ayuda de los funcionarios no se puede hacer, es un trabajo en conjunto, tanto con el equipo económico”, expresó Barchini.
El ministro manifestó que lograron la recontratación de los funcionarios, además se hicieron eco de sus otros pedidos como la desprecarización y seguro médico. Pese a la firma del acuerdo, todavía existe un grupo de guardiacárceles manifestándose frente al Ministerio, por lo que la Dirección de Recursos Humanos se reunirá nuevamente con ellos.
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“Por muchos años han sido abandonados, han sido dejados de lado y nosotros como prioridad le hemos dicho a ellos y todos los miembros de los sindicatos que los derechos laborales para este ministro son una prioridad para que cuenten con la garantía de poder trabajar con seguridad, equipamiento, tecnología, uniforme, buena remuneración”, refirió.
Desde la cartera explicaron que el acuerdo se llegó a partir de una mesa tripartita entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y los diferentes sindicatos de guardiacárceles de distintos puntos del país. “Lo que queremos es tener la cantidad suficiente de funcionarios penitenciarios de modo que no sean objetos de chantaje de las personas privadas de su libertad”, detalló Barchini a la 1080 AM.