Con esta nueva reglamentación se espera la posibilidad de desarrollar un mayor control sobre la mencionada figura; tras la promulgación, se derogan los artículos 24, 25, 26 y 38.
Entre las medidas de corrección y prevención de conflictos de intereses se encuentran establecidas en la ley la presentación de declaración jurada de intereses, la venta de activos o deber de renuncia, los deberes de abstención, las medidas preventivas especiales, las recomendaciones previas a las designaciones de altas autoridades y las consultas a la autoridad de aplicación, como algunos de los aspectos a tener en cuenta.
Además, se autoriza a la Contraloría General de la República (CGR) como la institución encargada de reglamentar los procedimientos a ser adoptados con respecto al Registro Público de Declaraciones Juradas. Con respecto a las declaraciones, que deberán ser públicas y estarán especificadas en la página web de la Contraloría para verificación ciudadana, las mismas deberán contener mínimamente todos los cargos ocupados por el declarante, sea en el sector público o el privado.
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Ejecutivo promulga ley sobre conflictos de intereses en la función pública
La ley por la cual se establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública fue promulgada por el presidente de la República este miércoles con las últimas modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
La mencionada normativa establece que se da una pausa de un año posterior al ejercicio de la función pública para el ingreso al sector privado cuando puedan existir efectivamente conflictos de intereses; con esta ley se podrá mantener un control mucho más pormenorizado y evitar que se den casos de fuga de información de las oficinas estatales y que puedan ser utilizadas dentro del sector privado.
“Esto va a impedir que los funcionarios públicos que hayan tomado decisiones en ciertas áreas después de salir del poder puedan ser contratados en el sector privado, en esas áreas donde influyeron como autoridad”, indicó Mario Abdo Benítez, al anunciar el visto bueno durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno
Abdo hizo hincapié en que la idea principal es evitar que los conocimientos adquiridos por el funcionario en el servicio público sean empleados como un activo en su currículum a fin de ser contratado por una empresa relacionada al sector donde se desempeñó con anterioridad.
Otro objetivo de la recién promulgada ley es ser parte de un paquete de herramientas que promuevan la transparencia en el ejercicio de la función pública, ya que la normativa también incluye al presidente de la República, al vicepresidente de la República, senadores, diputados y ministros de la Corte sin excepción, puesto que los conflictos de intereses también se pueden dar a la hora de hablar de empresas de su propiedad o la de sus familiares.
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Ejecutivo pone en riesgo independencia del Banco Central del Paraguay
En agosto del 2020, la economista Carmen Marín asumió como nueva viceministra de Economía del Ministerio de Hacienda, en reemplazo de Humberto Colmán, quien pasó a ser miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). En tanto, desde el Ejecutivo parecieran volver a proponer a la funcionaria de Hacienda para que también sea Miembro Titular del Directorio (MTD) de la banca matriz, situación que “no” está bien desde ningún punto de vista, a raíz del conflicto de intereses que se generara entre lo fiscal y lo monetario.
Ante esta situación, los funcionarios del Sindicato De Trabajadores del BCP, remitieron su disconformidad con el planteamiento al titular de la entidad monetaria, José Cantero. En el comunicado, claramente expresan su total desacuerdo y preocupaciones, adhiriéndose a lo expresado públicamente por el senador Fernando Silva Facetti.
Se rechaza lo sugerido, de que el candidato al MTD sea una persona cuya carrera profesional esté estrechamente ligada a la Política Fiscal y, por lo tanto, sus intereses y pericias se presumen incompatibles con el manejo de la política monetaria.
“Del por qué es importante un BCP con autonomía conforme manda la Constitución en Art 285, garantizando un Organismo Técnico. Su directorio debería tener una representación plural e idónea en Política Monetaria que muchas veces se contrapone a los intereses del Poder Ejecutivo (Presidencia) o Hacienda, de fomentar crecimiento o desarrollo económico sin parámetros de prudencia, para obtener beneficio o rédito político a corto plazo, contrario al objetivo del BCP, que es el de mantener la estabilidad monetaria y controlar la inflación”, señaló Facetti en su cuenta de Twitter.
En ese sentido, el senador resaltó que no es ni prudente ni inteligente un “copamiento” del Directorio BCP por funcionarios de Hacienda, por roles distintos que les toca jugar en una economía sana.
La redacción de este periódico intentó conversar con el presidente y algunos de los Directores del BCP, quienes constamente organizan foros de discusión sobre independencia e institucionalidad de Bancos Centrales, pero no pudimos dar con ninguno de ellos ante nuestros insistentes llamados.
Desde el sindicato del BCP, en su nota a Cantero, reclaman además que no fueron contestados algunos argumentos expuestos por los mismos en una nota remitida el pasado 25 de abril, por lo que reiteran los mismos puntos, enfatizando que como representantes de los trabajadores de la banca matriz, se oponen rotundamente a “cualquier designación que ponga en riesgo la credibilidad y la capacidad técnica de la institución”.
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Funcionario de carrera, como candidato
En ese marco, exhortaron que sea un funcionario de carrera e idóneo el que sea postulado para dicha responsabilidad. El sindicato, en la nota, pidió a José Cantero una audiencia, justamente para hoy, de manera a confirmar o desmentir estas versiones, recordando que el capital más importante de la institución es su credibilidad. “No podemos permitir que rumores como estos corroan los cimientos que nos han permitido disfrutar de dos décadas enteras de estabilidad monetaria”, culmina el escrito.
Incompatibilidades
De hecho, según la carta orgánica del BCP, en el artículo 14, de “Incompatibilidades”, donde se expone que no podrán ejercer cargos de presidentes ni Directores del BCP, en el inciso “b”, se resalta que “toda persona vinculada de manera directa comercial , económica o profesional a actividades que pudieran generar conflictos de intereses en las tomas de decisiones propias del directorio del BCP mientras duren sus designaciones”.
Con esto claramente se debería excluir cualquier persona relacionada al Ministerio de Hacienda. Según fuentes cercanas, durante el reciente proceso de ajuste de la tasa de interés de política monetaria para tratar de controlar la inflación más alta de los últimos veinte años, el plantel técnico del BCP recomendaba subir la tasa, mientras que el “representante” de MH en el Directorio se oponía consistentemente a esta medida, ya que ello iba a encarecer los costos de colocar los bonos para Hacienda.
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De hecho, ni Carmen Marín ni Humberto Colmán hasta el momento renunciaron a la cartera del Estado. Los mismos continuarían aportando mensualmente a la Caja Fiscal para sus jubilaciones. Esto muestra claramente el conflicto de interés del cual se habla en la ley. Poco favor haría el Ejecutivo proponiendo nuevamente alguien vinculado al MH, lo pondría en riesgo la necesaria independencia que hasta el momento mostró el BCP en la conducción de la política monetaria.
Por otro lado, hay un antecedente, que tiene que ver con los Adelantos a Corto Plazo (ACP), donde el MH presionó interna y externamente, inclusive vía prensa, por un financiamiento a tasa fuera de mercado.
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Presidente del Indert desmiente a su gerente
El presidente del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega, desmintió la versión dada por el gerente general de la institución, Fredy González, quien afirmó que realiza trabajos de mensura de manera particular.
En este sentido el titular del Indert, advirtió que todos los funcionarios están prohibidos, por la Ley de la Función Pública, de realizar otros trabajos. “Es muy importante descifrar dos ítems muy importantes, cual es la mensura privada que realizar los profesionales independientes que no estén vinculados a la institución.
“Ningún funcionario público puede realizar una mensura judicial fuera de la institución, o sea que no esté relacionado al Indert, así como los abogados, los defensores”, aclaró el titular de la institución.
Así mismo, mencionó que la Ley 1.626/2000 prohíbe expresamente que un funcionario o autoridad pública realice cualquier tipo de actividades fuera de su cargo, de manera particular, tal como intentó justificar el funcionario que alegó que tenía otros ingresos además de su salario en la función Pública.
“La Ley 1.626/2000 nos prohíbe a nosotros profesionales ejercer la profesión en lo privado, salvo que sea algo relacionado a la tierra solicitada al Indert, peor eso se debe iniciar con una resolución solicitada por el presidente, en una resolución fundada”, puntualizó Vega.
Por otra parte, mencionó que González ya había sido sancionado en el 2010 por ausencia en su lugar de trabajo, siendo suspendido sin goce de sueldo por 30 días. “Yo me enteré hace poco también, fue sancionado en el año 2010, tengo entendido por no haber asistido, según la resolución o no haber llegado a hora en su lugar de trabajo”, explicó.
El funcionario Fredy González, adquirió una camioneta de 130 mil dólares, teniendo un salario mensual de G. 11 millones, a raíz de este hecho Vega pidió abrir un sumario administrativo.
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Recomendados que ingresan por la ventana van a terminar, según Velázquez
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, recordó la importancia del consenso con todos los sectores antes de que el proyecto de ley de la función pública y servicio civil sea estudiado en el Congreso Nacional. “Hemos establecido que el 30 de junio vamos a abrir una mesa técnica con miembros del Ejecutivo y los técnicos representantes de los funcionarios”, anunció en conferencia de prensa.
Entre los puntos que se destacan en el proyecto se tienen “la meritocracia y que en solo dos momentos asistentes administrativos ingresarán por concurso, y la incorporación de profesional junior”. Además, como beneficio se tiene que “va a terminar eso de que cuando hay una vacancia, la clase política le mete por la ventana a recomendados”.
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Los sindicatos de entes públicos se reunieron con el vicepresidente para analizar la propuesta y también manifestar su opinión al respecto. La propuesta será estudiada por la Comisión de Reforma Estatal.
El representante del Ejecutivo explicó que el objetivo es eliminar la inequidad en la función pública. “No estamos apurados en enviar una ley sin consensuar con todas las partes”, expresó.
Los funcionarios públicos esperan que se puedan adecuar los diferentes puntos en cuanto a los altos salarios que representan solo una parte de la estructura. Esperan que con la reforma se logre la participación y sean escuchados para que también se incluyan sus posiciones en la normativa.
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