Un Tribunal de Apelación integrado por Viviana Benítez, Andrea Vera y Arnulfo Arias confirmó la resolución emitida por el juez penal de Garantías, José Agustín Delmás, que eleva a la instancia de juicio oral y público la causa que enfrenta el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio por sus vinculaciones con el capo narco Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil en el marco del Operativo Turf, desplegado en Paraguay en el mes de febrero de 2022.
El también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas fue acusado por Diego Arzamendia Ovando y Jorge Arce Rolandi, agentes de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, por cohecho pasivo agravado. En su defensa argumenta que existe una persecución en su contra.
El Ministerio Público mantiene las sospechas de que Giuzzio habría recibido una coima por parte de Marqués de Padua, actualmente detenido en su país. En la carpeta fiscal se menciona que aproximadamente desde el mes de julio de 2021 hasta febrero de 2022 el ex alto funcionario de Estado, en su carácter de ministro del Interior, mantuvo un contacto personal y una comunicación directa con el capo narco que administraba y dirigía las empresas Black Eagle Group SA - Ombu SA.
Agrega además que dichas firmas, en ese entonces, se dedicaban a varias actividades comerciales, entre ellas, al blindaje de vehículos, mantenimiento de blindados, antivandalismo, sistema flat over de blindaje de ruedas, alquiler de vehículos blindados, blindaje arquitectónico, ventas de materiales de seguridad.
Por otra parte, sostienen que de la información obtenida por el Ministerio Público y de las conversaciones mantenidas entre Giuzzio y Marcus Vinicius se infirió que la intención del hombre era lograr ser proveedor del Estado a través de un relacionamiento directo y cercano con el exministro. El documento detalla que el ciudadano brasileño tenía la intención de proveer chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio de Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional.
Denuncia de Giuzzio en Seprelad, puntapié de la operación montaje
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Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Los cuadros de salarios de Peña y Boidanich fueron filtrados del “corazón” de la Seprelad. Un correo interno prueba que la planilla fue incorporada luego al informe de inteligencia contra Cartes
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.
La presidenta de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enfrenta juicio oral por falsificar facturas que posibilitaron el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia. Foto: Gentileza
Imedic: juicio oral seguirá el 26 de abril con declaración de cuatro testigos
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El juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, quien está siendo juzgada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país, sigue el próximo 26 de abril a las 11:00.
En la audiencia oral de este miércoles declararon dos testigos y para la próxima semana van a declarar otros cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está conformado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales del caso son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
Además de Ferreira, igualmente están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
Giuzzio se quedó sin defensor y sería otra estrategia dilatoria
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El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien estará sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado por mantener vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, estará representado por el defensor público Francisco Acevedo debido a que su abogado particular, Guillermo Duarte, renunció a seguir ejerciendo su representación legal.
Se manejan varias hipótesis sobre la renuncia de Duarte a la defensa de Giuzzio debido a que se menciona que dicha situación sería a los efectos de poder dilatar el inicio del juicio oral y público atendiendo a que el día que se llegue a querer realizar el juicio oral, Giuzzio designará a un abogado particular para que le asista y, por ende, la audiencia oral se tendrá que posponer nuevamente.
Ahora el tribunal de sentencia que preside la jueza Adriana Planás deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral para Giuzzio.
ACUSACIÓN
El 16 de agosto de 2023, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presidente Mario Abdo Benítez, luego de trascender pruebas del trato que mantenía con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.
Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo-narco brasileño para ir a Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.
CUESTIONAMIENTOS
Los cuestionamientos a Giuzzio sobre sus supuestos nexos con el narcotráfico incluyen el exponencial crecimiento de la narcoexportación en Paraguay a raíz de la liberación en los puertos de los controles de la Senad cuando era su titular.
En mayo de 2020, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Giuzzio firmó una resolución con la cual se dejó “el arco libre” a los negocios ilícitos en el país, convirtiéndose Paraguay en un centro de acopio logístico para la comercialización y exportación de grandes cargamentos de drogas con destino a Europa.
Juicio oral a extitular de Petropar, Patricia Samudio, seguirá el 17 de abril
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El miércoles 17 de abril a las 8:30 proseguirá el juicio oral y público para la extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo, enjuiciados por el delito de lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica durante la pandemia del covid-19.
La audiencia oral se pospuso porque una de las integrantes del Tribunal de Sentencia tiene reposo médico por lo que se reagendó para el 17 de abril. El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar a la pareja está integrado por Gloria Hermosa, Darío Báez y Alba González, mientras que el fiscal del caso es Francisco Cabrera.
El Ministerio Público sostiene que la pareja ocasionó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal. Ambos fueron procesados por la compra irregular de agua tónica durante la pandemia del covid-19.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución, con excepción del ítem 6, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron.