Para la aplicación plena de la legislación existe un plazo de 24 meses de acuerdo a la propia ley y hay criterios específicos que deberá cumplir el superintendente en cuanto a su formación y experiencia profesional.
“Para la elección del superintendente hay requisitos cualificativos que debe tener, debe ser un experto en derecho financiero, de seguro o de administración de fondos previsionales, esos son requisitos mínimos. El proceso se hará a través de un concurso público de oposición que va a ser administrado por el Consejo Asesor y este órgano va a elaborar una terna”, explicó el procurador Marco Aurelio González.
Desde la Procuraduría General de la República detallaron a La Nación/Nación Media que el presidente de la República tendrá a su cargo la elección del superintendente a partir de la terna que conforme el mencionado consejo. El esquema de selección para el titular de esta nueva entidad es igual al que se realiza en la Superintendencia de Bancos, en la de Seguros y en la de Valores.
“Se dedicará exclusivamente al servicio de la superintendencia, salvo el ejercicio parcial de la docencia, no pudiendo desarrollar actividades de índole político partidaria ni ocupar cargos directivos en entidades gremiales, sindicales o políticas, mientras esté en ejercicio de su cargo”, expresa la propia ley en su artículo n.° 19.
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Superintendente será electo a partir de una terna
El presidente Santiago Peña promulgó el pasado jueves 14 de diciembre la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Para la aplicación plena de la legislación existe un plazo de 24 meses de acuerdo a la propia ley y hay criterios específicos que deberá cumplir el superintendente en cuanto a su formación y experiencia profesional.
“Para la elección del superintendente hay requisitos cualificativos que debe tener, debe ser un experto en derecho financiero, de seguro o de administración de fondos previsionales, esos son requisitos mínimos. El proceso se hará a través de un concurso público de oposición que va a ser administrado por el Consejo Asesor y este órgano va a elaborar una terna”, explicó el procurador Marco Aurelio González.
Desde la Procuraduría General de la República detallaron a La Nación/Nación Media que el presidente de la República tendrá a su cargo la elección del superintendente a partir de la terna que conforme el mencionado consejo. El esquema de selección para el titular de esta nueva entidad es igual al que se realiza en la Superintendencia de Bancos, en la de Seguros y en la de Valores.
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“Se dedicará exclusivamente al servicio de la Superintendencia, salvo el ejercicio parcial de la docencia, no pudiendo desarrollar actividades de índole político partidaria ni ocupar cargos directivos en entidades gremiales, sindicales o políticas, mientras esté en ejercicio de su cargo”, expresa la propia ley en su artículo n.° 19.
Adecuación presupuestaria
Para la creación de la Superintendencia será necesario realizar modificaciones en el presupuesto dado que se debe asignar recursos para el funcionamiento de la institución y la contratación del personal necesario. Todo este proceso quedaría ya para el 2024, al igual que la elección de los representantes de los diferentes sectores.
“Se deben hacer las elecciones y designaciones de los representantes de los trabajadores, jubilados y empresarios para integrar el consejo y a partir de ahí dictar reglamentaciones que vaya exigiendo la implementación de la ley. Los representantes deben ser electos por sus pares, eso indica expresamente la ley”, remarcó el procurador.
El Consejo de Seguridad Social, además de estar integrado por representantes de los sectores mencionados también lo conformará el presidente del Banco Central del Paraguay, el ministro de Economía y Finanzas y la titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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Fue legitimada por centrales obreras, empresarios y jubilados
La elaboración de la iniciativa estuvo a cargo de los trabajadores y los empresarios, algo que nunca antes se había dado, por esta razón aseguran que la actual ley cuenta con legitimidad, puesto que por primera se involucró a todos los sectores.
“Esta ley tiene un fuerte componente de legitimación porque nace de los sectores afectados. Es la primera vez, al menos que yo conozco, que surge un proyecto que es propuesto, participan y trabajan los representantes de los trabajadores, de los jubilados y del empresariado en conjunto y en coordinación con el Gobierno”, expresó Marco Aurelio González, procurador general de la República.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el titular de la Procuraduría explicó que el debate sobre la Superintendencia data desde el 2016; sin embargo, no se había podido concretar. En esta ocasión lo que se hizo fue reunir a todas las partes y se les concedió a los sectores empresariales y obreros el diseño del proyecto, el cual logró el visto bueno de los jubilados, del Gobierno y finalmente del Parlamento.
“Ellos presentaron una propuesta luego de consensuar y tener en cuenta esas observaciones, ahí el Gobierno hizo algunas modificaciones que fueron aceptadas por ellos y ese es el proyecto que se presentó y que fue aprobado por el Congreso”, refirió.
El debate en torno al proyecto fue de al menos unos tres meses, todos los sindicatos fueron convocados y algunos de ellos decidieron no participar como es el caso de los trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS) o del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), el cual decidió no acompañar la iniciativa.
Todas las observaciones fueron atendidas y se realizaron todas las aclaraciones pertinentes de modo de disipar las preocupaciones y dejar en claro el objetivo real de la Superintendencia, supervisar las cajas, establecer límites para las inversiones y así precautelar el dinero de los trabajadores.
“Se tuvieron en cuenta esas preocupaciones para hacer aclaraciones incluso redundantes para demostrar que el proyecto no dice lo que criticaban”, afirmó el procurador a Nación Media. En este sentido, cabe señalar que la vigente ley expresamente menciona que nadie está exento de responsabilidad por acciones u omisiones, las cajas seguirán siendo autónomas y continuarán tomando sus propias decisiones.
“La Superintendencia solo va a supervisar y establecer límites, nunca va a exigir a dónde se van a destinar los fondos de las cajas, y se ha dispuesto de manera expresa, una vez más que el Instituto de Previsión Social (IPS) no puede prestar dinero al Estado y ni siquiera puede comprarle bonos”, explicó.
Desde la Procuraduría recalcaron que este proyecto no fue presentado de la noche a la mañana o de forma unilateral por parte del Gobierno, sino que fue sometido a un amplio debate donde finalmente se llegó a un consenso que posteriormente da pie a que el Congreso lo apruebe sin modificaciones en ambas cámaras.
“Nació de un proceso amplio, largo y público, esta ley contiene las aclaraciones redundantes para desmitificar las críticas y para atender esas preocupaciones, eso se trasladó en redacciones claras que le dan tranquilidad a los jubilados y pensionados de que se va a administrar de manera eficiente sus recursos”, sostuvo.
EL CONSENSO
El debate respecto al proyecto tuvo lugar en una mesa tripartita integrada por representantes del Estado como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y varias de sus dependencias, la Procuraduría General de la República y las centrales sindicales del MTESS.
Por el sector privado asistieron Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Enrique Duarte de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella de la Federación de Mipymes (Fedepymes) y Graciela Acevedo de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).
Por su parte, las centrales sindicales que participaron fueron la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT).
Los jubilados que fueron parte del acuerdo son: la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, la Fundación Paraguaya de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, la Asociación de Educadores Sanjuaninos Jubilados y Activos, la Agremiación de Jubilados y Pensionados de la Banca Privada, Consejo de Presidentes de Gremios Bancarios, Centro de jubilados de Cajas Bancarias, Unión Nacional de Gremios y Sindicato de Docentes Jubilados, y por último la Asociación de Exempleados Jubilados y Familiares del IPS.
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Superintendencia: exministro destaca implementación de parámetros
El exministro de Hacienda y economista Manuel Ferreira destacó la importancia de la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, ya promulgada por el Poder Ejecutivo, principalmente para el control del uso de los fondos jubilatorios. Indicó que es difícil el manejo de grandes montos de dinero, invertir y hacer rendir los fondos.
“Sobre esta ley de superintendencia de pensiones. La cosa es así: manejar mucho dinero es cosa de profesionales. Es muy difícil que una persona no profesional entienda y esté al día para poder invertir y hacer rendir un fondo grande”, señaló a través de su cuenta de red social X.
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Ferreira también hizo referencia a cómo pueden ser administrados los fondos, que están contemplados en esta ley. “Por eso es bueno que se pongan parámetros; hasta tanto podés meter en terrenos, hasta tanto en tal banco, etcétera y el administrador se mueve dentro de esos parámetros. Es lo que busca la ley y esto es positivo”, explicó.
Aclaró además sobre los alcances de las funciones del superintendente y la obligación de que sea designada una persona profesional reconocida. “El superintendente no va a poder decidir qué hacer con los fondos, van a ser los administradores. Lo que sí les puede obligar la superintendencia es que ese administrador sea un profesional reconocido y eso le conviene a todos”, indicó.
Sin embargo, el exministro mencionó que debe ser incluida una mayor cantidad de trabajadores al sistema jubilatorio, ya que actualmente los números reflejan la baja cantidad de trabajadores con seguro social y jubilatorio. “Lastimosamente en Paraguay el ahorro jubilatorio es muy chico. Muy poca gente tiene jubilación. La segunda parte de esta política debería ser incluir a la mayor cantidad de paraguayos a un sistema jubilatorio”, sentenció.
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Fue promulgada la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones
El Ejecutivo promulgó este jueves la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, sancionada ayer por el Congreso Nacional, dando paso a su creación. “Con la aprobación de esta ley se está dando un paso muy importante en el cuidado de los ahorros de todos los trabajadores”, expresó el presidente Santiago Peña a través de un material audiovisual publicado en la red social X.
Representantes de importantes organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Central Nacional de Trabajadores (CNT), Central General de Trabajadores (CGT), Caja de Jubilados Bancarios, Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, entre otros, además de directivos de la Federación de la Producción, la Industria y el Servicio (Feprinco) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) participaron del proceso para consensuar esta reglamentación.
Desde Mburuvicha Róga se anunció el acuerdo para esta normativa el pasado 20 de noviembre, rubricado por la dirigencia gremial, sindical y de los jubilados, que fueron parte de la Mesa Sectorial de Diálogo Social sobre Seguridad Social con el Consejo Consultivo Tripartito liderado por los ministros Mónica Recalde (Trabajo), Carlos Fernández (Economía), Javier Giménez (Industria) y el procurador general Marco González.
La ley completa, con las modificaciones apropiadas, puede leerse en esta nota.
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Peña remarcó que con esto se cumple además el mandato constitucional en beneficio de los aportantes y jubilados, pues recordó que el artículo 95 de la Carta Magna se obliga al Estado a controlar y supervisar los fondos previsionales, lo cual anteriormente no se había cumplido.
“Gracias al apoyo de los senadores y diputados, a pesar de los engaños y las mentiras, se ha aprobado esta ley por ambas Cámaras del Congreso. Paraguay hoy cumple y se convierte probablemente en uno de los países en el mundo en tener un organismo que pueda controlar y supervisar dónde se administran los fondos de los trabajadores”, indicó el mandatario.
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El presidente de la República afirmó que, por décadas los fondos jubilatorios fueron administrados sin ningún tipo de control o supervisión alguna, generando así enormes pérdidas. Por ello, catalogó su decisión como un paso determinante hacia el camino correcto que hace tiempo debía dar el Estado, manifestando que desde su administración continuará velando por el bienestar de todos.
“Quiero asegurar a cada uno de los trabajadores y jubilados que sus recursos van a estar custodiados y cuidados. El Estado no va a meter mano en los fondos y no va a administrar las cajas, el Estado le va a controlar a aquellos que administran los recursos de los trabajadores. Desde el Gobierno, seguiremos trabajando con honestidad y con integridad, para asegurar que los fondos sean administrados con transparencia y seguridad”, subrayó.