El Ejecutivo promulgó este jueves la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, sancionada ayer por el Congreso Nacional, dando paso a su creación. “Con la aprobación de esta ley se está dando un paso muy importante en el cuidado de los ahorros de todos los trabajadores”, expresó el presidente Santiago Peña a través de un material audiovisual publicado en la red social X.
Representantes de importantes organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Central Nacional de Trabajadores (CNT), Central General de Trabajadores (CGT), Caja de Jubilados Bancarios, Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, entre otros, además de directivos de la Federación de la Producción, la Industria y el Servicio (Feprinco) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) participaron del proceso para consensuar esta reglamentación.
Desde Mburuvicha Róga se anunció el acuerdo para esta normativa el pasado 20 de noviembre, rubricado por la dirigencia gremial, sindical y de los jubilados, que fueron parte de la Mesa Sectorial de Diálogo Social sobre Seguridad Social con el Consejo Consultivo Tripartito liderado por los ministros Mónica Recalde (Trabajo), Carlos Fernández (Economía), Javier Giménez (Industria) y el procurador general Marco González.
La ley completa, con las modificaciones apropiadas, puede leerse en esta nota.
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Peña remarcó que con esto se cumple además el mandato constitucional en beneficio de los aportantes y jubilados, pues recordó que el artículo 95 de la Carta Magna se obliga al Estado a controlar y supervisar los fondos previsionales, lo cual anteriormente no se había cumplido.
“Gracias al apoyo de los senadores y diputados, a pesar de los engaños y las mentiras, se ha aprobado esta ley por ambas Cámaras del Congreso. Paraguay hoy cumple y se convierte probablemente en uno de los países en el mundo en tener un organismo que pueda controlar y supervisar dónde se administran los fondos de los trabajadores”, indicó el mandatario.
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El presidente de la República afirmó que, por décadas los fondos jubilatorios fueron administrados sin ningún tipo de control o supervisión alguna, generando así enormes pérdidas. Por ello, catalogó su decisión como un paso determinante hacia el camino correcto que hace tiempo debía dar el Estado, manifestando que desde su administración continuará velando por el bienestar de todos.
“Quiero asegurar a cada uno de los trabajadores y jubilados que sus recursos van a estar custodiados y cuidados. El Estado no va a meter mano en los fondos y no va a administrar las cajas, el Estado le va a controlar a aquellos que administran los recursos de los trabajadores. Desde el Gobierno, seguiremos trabajando con honestidad y con integridad, para asegurar que los fondos sean administrados con transparencia y seguridad”, subrayó.