A petición del representante legal de Hugo Alexander Torales, ex socio comercial del ministro de Agricultura Rodolfo Friedmann, la Fiscalía suspendió la audiencia testifical en la causa de la auto adjudicación de las licitaciones de la merienda escolar de la Gobernación de Guairá.
Al respecto, Óscar Tuma, abogado del empresario, explicó que solicitaron al Ministerio Público la suspensión de esta audiencia testimonial, porque todavía no se presentaron todas las copias de los mensajes y documentos, que demostrarían las denuncias que hizo su cliente. Señaló que muchas de esas pruebas todavía están en poder de una escribanía donde están siendo autenticadas por lo que solicitaron la suspensión de la audiencia y que eso fue aceptado por el fiscal Luis Said, quien está en reemplazo del fiscal responsable Osmar Legal, quien fue recusado.
“Los documentos consisten en captura de pantallas, que paralelamente a lo que dejamos en la Fiscalía, estamos bajando para una seguridad de mi cliente. Creo que con buen tino, el fiscal aceptó la suspensión, se le comunicó al abogado del ministro Friedmann, a fin de que podamos tener toda la documentación y podamos declarar, porque esa era la finalidad de esta audiencia”, comentó Tuma y añadió que su cliente será convocado en otra oportunidad.
Torales denunció que la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) era accionista minoritario hasta que le despojaron de sus acciones. En tanto, el verdadero dueño era Rodolfo Friedmann, y que él actuaba como testaferro del político que no podía aparecer como propietario, ya que era gobernador del departamento del Guairá, donde la firma en cuestión ganaba las licitaciones que se hacían para el almuerzo escolar.
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Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
- Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.
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Juzgado debe decidir sobreseimiento de suiza por uso del cannabis
La sexagenaria detenida el martes pasado por la posesión de dos plantas de cannabis para uso medicinal recibió arresto domiciliario y queda en manos del Juzgado Penal de Garantías el sobreseimiento definitivo y la extinción de la causa que solicitó el fiscal antinarcóticos de Guairá, Erico Ávalos, después que se viralizaran imágenes de la mujer de 62 años en la cárcel de una comisaría de Independencia.
El fiscal Ávalos pidió un cambio de calificación y un criterio de oportunidad a favor de Marianne Rita Baumann, la ciudadana suiza que fue aprehendida por tenencia y cultivo de estupefacientes. La solicitud fue formulada este jueves pasado, luego que la jueza Marcela Mallorquín dispusiera el arresto domiciliario de la procesada, rechazando el pedido inicial de prisión preventiva, considerándola improcedente.
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Baumann, domiciliada en el barrio Planta Urbana de Independencia, fue detenida el martes último al mediodía durante un allanamiento encabezado por el fiscal Erico Ávalos con apoyo de agentes policiales de Antinarcóticos Regional N.° 15 de Guairá y de la Comisaría 25.ª de Independencia. La mujer fue denunciada por vecinos por el olor a marihuana que provenía desde su vivienda. En el procedimiento se incautaron 33,6 gramos de marihuana picada y dos plantas de cannabis en sendas macetas, que la sexagenaria utiliza para tratarse la reuma.
El caso generó un debate en redes sociales sobre la criminalización del uso medicinal del cannabis y el senador Éver Villalba visitó este viernes a la mujer. “Durante mi visita al departamento de Guairá, me reuní con la Sra. Marianne Baumann para conocer más sobre su situación relacionada con la tenencia de dos plantines de marihuana. He solicitado a mi equipo revisar la legislación vigente y trabajar para proponer una ley moderna que permita al menos la tenencia de tres plantas para uso medicinal“, compartió el legislador sobre el encuentro.
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Cuestionan reclusión de sexagenaria por tener dos plantas de cannabis
Una mujer de 61 años fue detenida ayer miércoles y pasó la noche en el calabozo de la comisaría de Independencia, en Guairá, por la posesión de dos plantas de cannabis en dos macetas y 33 gramos de marihuana, que según alegó son para uso medicinal. Las imágenes de la sexagenaria en prisión se viralizaron y generaron cuestionamientos, entre ellos, de la organización Mamá Cultiva Paraguay.
“Manifestamos nuestra firme oposición a la criminalización del cultivo de cannabis para uso medicinal. Es imperativo que el Estado paraguayo garantice el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los usuarios medicinales de cannabis en nuestro país como es el derecho fundamental a la vida digna sin dolor, a la salud y bienestar“, expresó en un comunicado publicado en la red social X, el grupo que reúne a madres que luchan por el uso medicinal del cannabis para dolencias persistentes.
Por su parte, el abogado Ricardo Preda opinó a través de la citada red social: “Urge la revisión de la política criminal con relación a la marihuana en nuestro país. Tanto desde la criminalización primaria como secundaria. Es un despropósito privar de la libertad a una persona que tiene la planta para su consumo”.
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, aclaró que este operativo no corresponde a su institución y se preguntó qué habrán pensado los intervinientes para realizar este operativo. “Yo no haría ese tipo de trabajos. Si yo fuese fiscal y me llevan este tipo de casos, les meto presos a ellos. Si fuese hoy en día, como máxima autoridad de la Senad, se come un sumario fenomenal”, dijo este jueves en “Así son las cosas” por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Qué dice la ley
La Fiscalía de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, a través de Hernán Burgos y Juan José López, con la Policía de Antinarcóticos, realizaron el allanamiento de una vivienda ubicada en el barrio IPS de Independencia (Guairá), donde detuvieron a la mujer que fue imputada por tenencia de sustancias sin autorización y cultivo de marihuana. Se solicitó al Juzgado la aplicación de prisión preventiva.
La jueza Marcela Mallorquín será la que deba determinar si envía o no a la cárcel a la detenida, quien, mientras tanto, aguarda la decisión encerrada en el calabozo de la Comisaría 2.ª de esta ciudad. La Ley 1340/88 en su artículo 27 habla de tenencia de drogas sin autorización. A partir de allí, según Rachid, habría que analizar desde lo jurídico la gravedad del hecho y el grado de responsabilidad, además del uso que se le daba a la planta.
El artículo referido dice: “El que tuviere en su poder, sin autorización, sustancias estupefacientes, drogas peligrosas o productos que las contengan, será castigado con cinco a quince años de penitenciaría, comiso de la mercadería y multa del cuádruplo de su valor“.
Luego, en el artículo 30, expresa: “El que tuviere en su poder sustancias a las que se refiere esta ley, que el médico le hubiere recetado, o aquél que las tuviere para su exclusivo uso personal, estará exento de pena. Pero si la cantidad fuere mayor de la recetada o que la necesaria para uso personal, se le castigará con penitenciaría de dos a cuatro años y el comiso”.
“Se considerará de exclusivo uso personal del farmacodependiente la tenencia en su poder de sustancia suficiente para su uso diario, cantidad a ser determinada, en cada caso, por el médico forense y un médico especializado designado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y otro por el afectado si lo solicitare, a su costa. En el caso de la marihuana no sobrepasará los diez gramos y de dos gramos en el de la cocaína, heroína y otros opiaceos”, agrega el mismo artículo.
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Documento secreto: los “cerebros” y cómo la Fiscalía descubrió la trama
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y miembros de su gabinete revela cómo se fraguó, montó y filtró un informe de inteligencia utilizando de manera ilegal instituciones del Estado y a funcionarios no autorizados. El Ministerio Público construyó la tesis sobre el montaje y la filtración en base a un total de 42 elementos de sospecha, entre ellos un documento secreto que fue detectado en los archivos de la propia Seprelad.
- Por Cinthia Mora
- Periodista
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
Para llevar adelante ese objetivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fiscales) entre ellos Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.
La estrategia incluso había sido revelada por un excolaborador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un programa de televisión que generar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los enemigos políticos de Abdo.
El acta de imputación de la Fiscalía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcionarios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.
EL ARCHIVO SECRETO
De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.
Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Seprelad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quienes fueron los funcionarios responsables de su elaboración y en qué condiciones fue redactado.
En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Seprelad un documento en formato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.
En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino también quedaron registradas las “huellas” de quienes intervinieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fiscalía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceministra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligencia contra Horacio Cartes.
“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación montada por funcionarios de la institución e incluso por personas ajenas a la institución y sin potestad legal para acceder a informes de inteligencia.
En el acta de imputación se incluyen los metadatos (huellas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Francisco Pereira. Estos metadatos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.
En ese sentido, según la Fiscalía, Daniel Farías Kronawetter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Seprelad) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elaborado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confidencial filtrado a la prensa.
Tal es así que, Farías y Fernández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autoridades nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.
Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio.
En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Y, en tercer lugar, a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.
La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia.