El intendente de la Municipalidad de Borja, Óscar Silvera, es uno de los jefes comunales que firmaron la nota de repudio de la Asociación de Intendentes de Guairá (Aigua) con respecto al caso de las publicaciones del diario La Nación, que señalan los vínculos del exgobernador Rodolfo Friedmann con la empresa de Eventos y Servicios (ESSA) en las licitaciones de la merienda escolar en su época de jefe departamental. Silvera cuenta con dudosos antecedentes, ya que fue sumariado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) por “planillero”.
Fue procesado también por lesión de confianza por supuestas irregularidades cometidas entre el 2010 y 2015 en su primer período como intendente de la ciudad de Borja. Otro cuestionamiento que pesa contra el jefe comunal y aliado del actual ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, es el hecho de que su propio padre, Ramón Antonio Silvera, fue beneficiado con la pensión alimentaria para adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Otro hecho que involucra a Silvera guarda relación con un accidente de un bus universitario que trasladaba a unos 30 estudiantes y que embistió contra una vivienda particular. La unidad había sido adquirida días antes por el intendente de Borja por un valor de G. 195 millones del cuestionado diputado Éver Noguera, socio empresarial del titular del MAG.
En la nota, remitida al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, los intendentes manifiestan que “el gran líder del departamento del Guairá”, refiriéndose a Friedmann, es víctima de una “inmisericorde persecución”. El documento fue firmado por 14 de los 18 intendentes del departamento de Guiará.
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Asunción: detienen a un hombre con varios antecedentes y dos órdenes de captura
En el marco del operativo de control denominado Centro Seguro, efectivos de la Comisaría 3.ª de Asunción, con el acompañamiento del Grupo Lince, lograron detener a un hombre que contaba con dos órdenes de captura y frondosos antecedentes por delitos varios.
El hombre fue identificado como Hugo Enrique Hermosilla Giménez, de 43 años. El mismo cuenta con antecedentes que datan del año 1997 y actualmente cuenta con dos órdenes de captura por casos de hurto agravado ocurridos en el 2021 y 2023 en la ciudad de San Lorenzo.
El primer hecho delictivo por el que fue detenido Hermosilla Giménez fue por robo frustrado en 1997, también en el mismo año fue acusado de lesión corporal a terceros, para el 2002 es sindicado nuevamente, pero esta vez por robo agravado, dos años después es acusado de abuso sexual de niños y coacción grave.
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Su prontuario continúa con una denuncia de reducción y resistencia en el 2006, posteriormente es acusado del hecho punible contra la propiedad en el 2009, en el 2016 se lo acusa nuevamente por robo agravado al igual que en el 2021, en el 2023 libran orden de captura en su contra por hurto agravado y perturbación de espacio de telecomunicaciones.
“El hombre, al percatarse del trabajo de control de los efectivos, intentó acelerar el paso para huir, pero fue detenido para su identificación. Lo que podemos observar en el historial de este hombre es su constante ingreso y salida de la cárcel y la escalada que da en los hechos delictivos, ahora haremos efectiva la orden de captura en su contra emanada por el Juzgado de San Lorenzo y será puesto a disposición de las autoridades competentes”, indicó el comisario principal José María Martínez, de la Comisaría 3.ª de Asunción, en comunicación con canal Trece.
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Central sigue adjudicando contrato a proveedora con negros antecedentes
La Gobernación del departamento Central, encabezada por el liberal Ricardo Estigarribia, volvió a adjudicar la provisión del almuerzo escolar a una empresa amiga de la senadora Celeste Amarilla con antecedentes de irregularidades en el mismo departamento. La última adjudicación es cuestionada por Contrataciones Públicas.
- Por Juan Carlos Lezcano
Pagos por productos que no fueron entregados, alimentos de mala calidad. Estas son tan solo algunas de las varias irregularidades ligadas a la firma Arcángel SA, actualmente denominada LF Latin Food SA, una de las empresas mimadas por la Gobernación del departamento Central, encabezada por Ricardo Estigarribia, para la provisión del almuerzo escolar.
Latin Food tiene como representantes a Patricio Buteler y María Isabel Gavilán, amiga cercana de la senadora liberal Celeste Amarilla, quien era una de las accionistas de la empresa hasta que vendió su participación en la misma.
GALLETITAS NO ENTREGADAS
Arcángel o Latin Food tiene un largo historial de irregularidades. Una de ellas llevó incluso a la condena del exgobernador de Central Magno Duarte, en 2019.
El caso fue denunciado por la Contraloría General de la República (CGR) en 2017, en el marco de la investigación de millonarios faltantes detectados en Central. El 13 de marzo de 2012, la Gobernación de Central, encabezada entonces por Carlos Amarilla, contrató a Arcángel SA (hoy LF Latin Food SA), para la provisión de productos en el marco del Sistema de Complemento Nutricional en escuelas, por un monto total de G. 13.954.969.600. El mismo fue abonado en su totalidad por la gobernación departamental.
En el marco del contrato, se otorgó un anticipo del 30 % a la empresa, porcentaje que fue descontado de las facturaciones realizadas a la firma; es decir, el monto pagado al momento de la entrega de los bienes fue con el descuento proporcional del porcentaje del anticipo.
El 28 de noviembre de 2012, la empresa emite factura por una cantidad de 4.492.600 raciones de galletitas dulces fortificadas; sin embargo, del total de las raciones, a esa fecha solo fueron entregadas 618.600 raciones. El saldo de 3.874.000 raciones, por un monto de G. 2.014.480.000, no fueron entregadas a la fecha del citado comprobante, según los hallazgos que la Contraloría denunció.
En cuanto a las 3.874.000 raciones faltantes, según Nota de Remisión fueron entregadas a la gobernación en fecha 14 de febrero de 2013 y recibidas por el funcionario César Caballero. Sin embargo, tras haber realizado las consultas pertinentes a la gobernación, este manifiesta desconocer el destino final de las mismas y el funcionario que habría recibido los alimentos no accedió a participar de una entrevista para dilucidar el destino de los productos recibidos.
Así al no haberse acreditado la entrega de los bienes a los beneficiarios finales, es decir, a las instituciones educativas del departamento Central por parte de la administración departamental de ese entonces, tal circunstancia habría generado un perjuicio patrimonial de G. 2.014 millones.
EXGOBERNADOR CONDENADO
En 2019, el exgobernador de Central Magno Duarte fue condenado a dos años y medio de prisión como consecuencia de este proceso. Duarte firmó una adenda que permitió que la firma entregara las galletitas faltantes fuera del período establecido y sin que existiera lista de los centros educativos que serían beneficiados con los mismos. En la misma época, de acuerdo con publicaciones realizadas por el diario Abc Color, padres de diversos centros educativos cuestionaron la calidad de los alimentos entregados a los alumnos por la firma.
DIRECCIONAMIENTO Y NUEVO CONTRATO
A pesar de estos antecedentes, el actual gobernador Ricardo Estigarribia volvió a contratar a la firma Latin Food para la provisión de galletitas para la alimentación de los estudiantes de Central. El proceso de compra aparece bajo el ID 434669 en la página web de la DNCP y en total la institución pretende destinar más de G. 107.439 millones (unos USD 15 millones) a la licitación. Precisamente es en este sitio donde se encuentra la documentación en la que se pueden leer los puntos cuanto menos llamativos.
El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) publicado por la Gobernación de Central evidencia el posible direccionamiento. El punto más llamativo tiene que ver con la experiencia solicitada para la provisión de alimentos sólidos y líquidos. Mientras que para los alimentos líquidos dejaron abierta la competencia, para los sólidos la institución permite que solo compitan firmas que ya entregaron alimentos escolares en los últimos cinco años, reduciendo la lista de posibles oferentes a apenas un puñado. A pesar de los cuestionamientos, la institución encabezada por Estigarribia decidió seguir adelante con el proceso de compra y adjudicó a cinco empresas, todas firmas que forman parte del grupo cerrado de proveedoras de Merienda escolar desde hace varios años, de acuerdo a informes de la CGR.
Entre las firmas adjudicadas aparece la proveedora LF Latin Food SA. De acuerdo a la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora Celeste Amarilla ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la senadora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.
Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla de 2018 figura deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.
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Expulsan a dos brasileños con frondosos antecedentes
- Ciudad del Este. Agencia regional.
Dos ciudadanos brasileños con tendal de antecedentes penales fueron demorados el viernes y derivados primero a la Comisaría 4.ª del barrio Pablo Rojas, de Ciudad del Este, luego fueron derivados a la Dirección de Policía donde permanecieron hasta ayer, cuando fueron expulsados de territorio paraguayo y entregados a la Policía Federal de Brasil. Uno de ellos pertenece a la facción criminal Primer Comando Capital, según el Comando Tripartito de la Policía Nacional.
El procedimiento fue el viernes 26 de enero, a las 15:00, aproximadamente. Agentes policiales observaron actitud sospechosa y ante la amenaza de supuesto atentado en Paraguay, sobre la cual los organismos de seguridad están en alerta, los policías abordaron a los ciudadanos y decidieron demorarlos para confirmar sus antecedentes. Se trata de Josenis Pereira da Silva (32) y Caio César Pereira (29).
A las 23:00, el personal del Comando Tripartito respon
dió el pedido sobre los ante-cedentes, confirmando que los dos ciudadanos son bra-sileños y cuentan con causas penales. Josenis Pereira da Silva posee registro por homi-cidio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego, robo agravado a entes bancarios, uso indebido de productos bélicos para explosivos y, a la vez, es considerado miembro del PCC.
En tanto, Caio Cesar Pereira está fichado por porte ilegal de arma de fuego, ame-naza y estafa. Ambos no cuentan con orden de captura vigente en Bra-sil ni en Paraguay. La inter-vención fue comunicada a la agente fiscal de turno Diana Gómez, quien dispuso que ambas personas sean trasla-das a la Dirección de Policía de Alto Paraná, por medidas de seguridad, para su posterior expulsión del país en fecha de ayer 27 de enero, por conside-rarse ambos con alto grado de peligrosidad.
La expulsión se realizó ayer. Para la Policía Nacional, el carácter de alto grado de peli-grosidad tiene que ver tam-bién con la existencia de una alerta sobre una amenaza de supuesto atentado contra mezquitas de Paraguay, que se recibió de los organismos de inteligencia del extran-jero. Es lo que explicó el sub-comisario Favio Santacruz, jefe del Comando Tripartito. En lo que va del año 2024, ya son siete los expulsados del país por el Puente de la Amis-tad, incluyendo los dos men-cionados. Ciudad del Este es un municipio de muchos residentes árabes islámicos, donde funcionan tres mez-quitas.
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Joven detenido en Luque acumuló 40 denuncias tras dejar Tacumbú hace un mes
Este lunes fue detenido en el barrio Ykuá Duré, de la ciudad de Luque, Jesús Antonio González Coronel, de 20 años de edad, por agentes de la Comisaría 3.ª. El procedimiento se dio luego de una labor investigativa y de reunir más de 40 denuncias realizadas por pobladores de la zona y vecinos de barrios aledaños, quienes lo sindican como el autor de robos y asaltos domiciliarios.
González Coronel, más conocido bajo el alias de “Guasón”, fue puesto en libertad de la penitenciaría de Tacumbú antes de Navidad, y ahora se encuentra detenido en la comisaría de Luque. El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, para continuar con el debido proceso. En el momento de su detención, la Policía incautó de su poder un arma blanca, que fue entregada como evidencia a las autoridades.
“Es una persona adicta a las drogas, ya no tenía límites y cometía desde asaltos a hurtos. Se trabajó mucho para su captura hasta que conseguimos una buena cooperación con los vecinos y la comisión vecinal”, comentó el comisario Arnaldo Irala, jefe de la Comisaría 3° de Luque, en conversación con la 1020 AM.
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El jefe policial destacó que este joven mantenía en zozobra a todos los vecinos, ya que no tenía límites en cuanto a sus hechos delictivos y robaba cualquier objeto que creía de valor, desde pelotas hasta plantas, todo lo que encontraba a su paso. Además, amenazaba con hacerles daño a los vecinos si lo delataban con las autoridades.
Gracias a los testimonios de los vecinos, también se pudo recuperar algunas imágenes de circuito cerrado, de hurtos a domicilios de la zona y de asalto que habría realizado Jesús Antonio González Coronel. En el domicilio, no se encontraba nadie más cuando fue detenido, pero se maneja que normalmente se lo ve solo en la vivienda, y cuando sale a delinquir, también lo hace de manera solitaria.
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