La exviceministra de la Mujer Liliana Zayas mencionó que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para evitar que las cifras sigan en aumento. Foto: Archivo.
Piden tomar medidas ante aumento de casos de feminicidio en el país
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La exviceministra de la Mujer Liliana Zayas señaló este lunes que es preocupante el aumento de los casos de feminicidio en el país y otros tipos de violencia contra la mujer y lamentó que se sigan dando estos hechos pese a la vigencia de varias leyes.
“Una mujer puede tardar 8 años y meses en aceptar que es víctima de violencia. Afecta profundamente al 49,6% de la población. Es preocupante porque seguimos sumando víctimas”, explicó la exviceministra en comunicación con la radio 1020 AM.
Mencionó que las cifras negras siguen en aumento en el país porque hay operadores del sistema de justicia que no aplican la ley e instó a las autoridades a tomar las medidas correspondientes para evitar que los casos sigan incrementándose.
Zayas lamentó también la falta de educación en cuestiones de derechos humanos, ya que este factor es fundamental para prevenir los casos de feminicidio y todo tipo de violencia contra las mujeres. Instó también a las mujeres a no temer para denunciar estos hechos.
“Es un problema de todos y del Estado paraguayo. La violencia contra la mujer en su forma más extrema que es el feminicidio fue declarada como una pandemia en el 2013 por la Organización Mundial de la Salud. Tiene raíz profunda en la falta de educación en derechos humanos de la igualdad”, agregó.
De acuerdo con datos de la Fiscalía, suman más de 26 los casos de feminicidio ocurridos en el país en lo que va del año, lo que preocupa de sobremanera a organizaciones sociales y autoridades. Los casos ocurridos dejaron ya más de 55 huérfanos.
Altos celebra un nuevo aniversario y la Justicia suspende actividades por un día
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La ciudad de Altos, una de las comunidades con mayor riqueza histórica del Paraguay, conmemorará este 10 de agosto un nuevo aniversario fundacional. En ese marco, la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar asueto judicial en la localidad perteneciente a la Circunscripción Judicial de Cordillera, además de prorrogar por un día el vencimiento de los plazos procesales previstos para esa fecha.
La disposición establece que todas las actuaciones cuyos plazos expiraban el lunes 10 de agosto pasarán automáticamente al martes 11, garantizando así la continuidad de los procesos sin afectar los derechos de las partes. La medida fue aprobada durante una sesión plenaria de la máxima instancia judicial, en ejercicio de sus atribuciones para organizar y asegurar el eficiente funcionamiento del sistema de administración de justicia.
Más allá del ámbito judicial, la fecha tiene un profundo significado para el departamento de Cordillera. Altos es considerada una de las ciudades más antiguas del país y, según la tradición histórica, fue fundada el 10 de agosto de 1538, aunque otra versión atribuye su origen a fray Luis de Bolaños en 1580, cuando se estableció como la primera reducción franciscana del Río de la Plata y del Paraguay.
Conocida como la “Terraza del País” por su privilegiada ubicación sobre la cordillera, Altos se consolidó con el paso de los siglos como un importante destino turístico y cultural. La ciudad sobresale por sus paisajes serranos, las vistas panorámicas al lago Ypacaraí, su tradicional artesanía en madera tallada y su valioso patrimonio religioso, encabezado por la histórica iglesia de San Lorenzo Mártir. Además, es reconocida como la cuna del célebre cantante Luis Alberto del Paraná, uno de los mayores embajadores de la música paraguaya en el mundo.
Denuncian intento de desalojo a docente jubilada de 76 años por un error catastral en Yegros
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Este viernes, una docente jubilada de la ciudad de Yegros, departamento de Caazapá, denunció que enfrenta una demanda por un error catastral que atribuyó su terreno a otra persona y esta busca apropiarse de ella. Junto a su abogada, denuncia mala fe y piden justicia para conservar su casa.
Según la abogada Elva Yegros, representante legal de la mujer, su clienta Amelia Blanco enfrenta una demanda judicial que busca despojarla del terreno y la vivienda donde ha residido de forma pacífica, pública e ininterrumpida por más de 29 años. La disputa se originó tras detectarse un aparente error material en el Servicio Nacional de Catastro.
“En el 2009 ella compró por resolución municipal este terreno y cuando ella decide titular su terreno va a la escribanía y ahí se entera que hubo un error, su terreno estaba inscripto a nombre de su vecina. El escribano le dijo que no se preocupe, que es fácil de enmendar, que suele pasar eso”, expresó Yegros, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Los antecedentes indican que el inmueble perteneció históricamente a la familia de Amelia, siendo inicialmente ocupado por una tía suya. En el año 2009, la municipalidad regularizó la situación expidiendo una resolución oficial de venta a favor de la docente.
Resolución municipal a favor de la docente. Foto: Gentileza
Tras el error que ocurrió al titular el terreno, la señora Amelia tuvo que recurrir junto a la mujer en cuyo nombre se inscribió la propiedad. En un principio llegaron a buenos términos y pensaron que todo iba trascurrir como pensaron, pero grande fue la sorpresa cuando la mujer decidió tomar procesión de la vivienda.
“Ella se acercó a la señora Maura Andresa Valiente, le comenta del error, que habló con el escribano, que es fácil de enmendar. La señora en ese momento dijo que iba a hablar con sus abogados y que le iba a avisar en unos días, pero grande y desagradable fue la sorpresa que se llevó Amelia, porque ahí se entera y le llega la notificación de la demanda”, expresó la abogada.
Aclaró que creen que el error fue en registro de Catastro y que el número de la cuenta catastral del inmueble donde vive la docente se transcribió en el documento de la demandante. Todo se ocurrió porque las viviendas de ambas mujeres en su momento habrían pertenecido a la misma persona.
“Esta mujer con toda la mala fe del mundo junto a sus abogados está queriendo adueñarse de un inmueble que nunca compró, que ni siquiera fue inquilina en su momento, ni siquiera jamás pisó. Ahora se está queriendo aprovechar de ese error para despojarle a la señora Amelia de su casa”, manifestó Yegros.
Afirmó que ya realizaron los procedimiento correspondientes, pero que desean realizar la denuncia pública para que la docente pueda recuperar su propiedad. La comunidad y los familiares exigen que las autoridades judiciales y el Servicio Nacional de Catastro actúen para subsanar el error registral y devuelvan la propiedad a su legitima dueña.
“No pedimos nada fuera del lugar, no pedimos nada extraordinario, solo que la señora y la Justicia haga lo suyo que le devuelvan la tranquilidad a mi cliente. Soñamos con que antes de que ella muera vea la Justicia. Esperamos, queremos que la Justicia actúe”, puntualizó.
El error se dio porque la propiedad perteneció en su momento a la misma persona. Foto: Gentileza
El director de la Auditoría Forense de la Contraloría, Leandro Villalba, señaló que existen otras causas con relación a irregularidades en el IPS. Foto: Archivo
Caso IPS: reportan nulo avance en carpetas fiscales sobre licitaciones anteriores
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El director de la Auditoría Forense de la Contraloría General de la República (CGR), Leandro Villalba, indicó que existen otros casos de millonarios montos sospechosos en contrataciones de gestiones anteriores del Instituto de Previsión Social (IPS), pero que aún no avanzan en el Ministerio Público.
El alto funcionario de la Contraloría citó a algunos de estos casos que fueron denunciados en su momento y aún se aguarda el avance de las investigaciones. Ayer miércoles, el Ministerio Público imputó a los expresidentes de la previsional Vicente Bataglia y Jorge Brítez, y exmiembros del Consejo por lesión de confianza, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
“Por poner un ejemplo, podemos hablar del Hospital de Ingavi, que tiene varias irregularidades denunciadas por el reporte número 55 de por el valor de 3.355 millones de guaraníes, también hablamos de las contrataciones que se iniciaron ya en el 2019-2020 y otro tipo de contrataciones que abarca un monto que supera los 20.000 millones de guaraníes”, refirió en conversación con la 650 AM.
Estas causas están abiertas, de acuerdo a su explicación, pero aún no avanzaron, que tienen que ver con hechos irregulares en contrataciones que realizó la previsional, con montos millonarios en contrataciones que fueron detectadas y denunciadas.
“Estamos hablando que en estos casos, por ejemplo, con causas abiertas, tienen fiscales asignados y tienen también unidades fiscales asignadas, nosotros respetamos mucho el trabajo del Ministerio Público y somos conscientes que muchos de los fiscales hacen un trabajo muy meticuloso y están muy interesados en encontrar la verdad material, pero hasta el momento no tenemos muchos avances en relación a estos casos”, apuntó.
El expresidente del IPS Jorge Brítez se entregó a la justicia
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El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, se presentó este jueves ante la justicia tras su imputación y pedido de prisión preventiva por el Ministerio Público, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
Su entrega se concretó cerca de las 8:00 ante el juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos. Hoy se prevé la realización de una audiencia de imposición de medidas cautelares ante el juez Rodrigo Estigarribia.
La defensa legal ejercida por José Fernández Zacur cuestionó la solicitud del agente del Ministerio Público, Julio Ortiz, en requerir su reclusión, sosteniendo que tiene 70 años y que la medida no correspondería por su condición de adulto mayor.
El pedido fue realizado el martes pasado por el agente fiscal ante la gravedad del daño patrimonial y el peligro de fuga u obstrucción. Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.