Este jueves, desde la Policía Nacional informaron que están investigando el asalto que se reportó contra una comerciante en el interior del Mercado Central de Abasto de la ciudad de Asunción. Los malvivientes aparentemente manejaban el movimiento de la mujer y se alzaron con G. 50 millones.

Según el reporte policial el hecho se registró ayer miércoles, cuando la víctima ya estaba por cerrar su local y reunió toda la recaudación, para poder depositarlo en un banco. Sin embargo, fue sorprendida por cuatro hombres que estaban fuertemente armados y que la intimaron a entregar todo el dinero que tenía.

“Esta fue la primera vez que la señora fue víctima de asalto dentro del Abasto. Estamos investigando, ya que aparentemente manejaban información de sus movimientos. A esta señora todos los días, una vez que termina sus actividades, le acompañábamos y esta vez fue la excepción, donde en menos de 1 minutos ocurrió todo”, expresó el comisario Juan Velázquez, en entrevista con la 650 AM.

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Explicó que la mujer ya fue víctima de asalto, pero aquella vez fue antes de llegar a su casa y que había solicitado custodia policial a su salida, pero en esta oportunidad los maleantes llegaron antes que la Policía. Agregó que el mercado tiene 11 hectáreas y que hace todo lo posible para salvaguardar a los comerciantes, trabajadores y clientes.

“Estoy con esta gente tratando de hacer la contención, tratando de poner pecho, poner cara también con esta gente. Ellos están trabajando nuevamente hoy. Estamos en un grupo de WhatsApp con los comerciantes, donde interactuamos, intercambiamos informaciones, datos. La intención es tratar de mitigar o reducir la comisión de hechos punibles”, resaltó.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Atendiendo a la gran afluencia de compradores en el Mercado de Abasto, la Policía Nacional despliega un operativo denominado “Semana Santa Compra Segura”. Con él, se espera brindar custodia no solo a los vendedores, sino también a los compradores que acudan a dicho centro de comercio.

El comisario Juan Velázquez, subjefe de la comisaría 16.ª Metropolitana, quien se encuentra al frente del operativo, destacó que cuentan con cobertura de efectivos policiales de diferentes destacamentos las 24 horas y que este sistema de trabajo permanecerá activo durante los próximos días.

“El operativo está vigente las 24 horas, se cubre bloque por bloque, también la calle Defensores del Chaco. Tenemos desplegados personal de fusileros para la acción rápida y también efectivos de la agrupación montada”, comentó el comisario Juan Velázquez en conversación con la 1020 AM.

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Remarcó que desde la Policía Nacional son conscientes de que la Semana Santa trae consigo un gran movimiento comercial y de divisas, por lo que el refuerzo de seguridad es clave en lugares de alta concurrencia como los centros comerciales y las principales calles adyacentes. El mismo especificó que, para un trabajo efectivo, los relevos se realizan cada 6 horas, garantizando también el descanso de los oficiales asignados.

Se destaca además que todas las comisarías del área central se encuentran en alerta, y los equipos del grupo Lince también están realizando patrullajes de prevención de manera constante. En cuanto a la presencia de adictos, aseguro que, desde la implementación de acciones particulares como los recorridos programados y las alertas a través de grupos de WhatsApp creados con los permisionarios, la misma se ha visto disminuida en un 80 %.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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