Un grupo de treinta y cuatro gremios empresariales de la producción, la industria y el comercio, que conforman un Frente Multisectorial Anticontrabando, mantuvieron una reunión con representantes del Poder Ejecutivo para expresar su preocupación debido al aumento del ingreso de mercaderías de contrabando, lo que pone en riesgo más que nunca al empleo formal y las recaudaciones.

Es así que los representantes de los distintos gremios elevaron una serie de propuestas a las autoridades, de modo que puedan aumentar y endurecer los controles, teniendo en cuenta que la pandemia del COVID-19 envolvió al país en una crisis, sacando a flote la informalidad latente.

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“Existe una vertiginosa, y al mismo tiempo peligrosa degradación en la labor de las instituciones estatales involucradas en el combate a este flagelo”, mencionaron durante la reunión, según el comunicado difundido.

Peticiones urgentes

Es así que solicitaron que se destituya a los funcionarios involucrados en actividades de contrabando o defraudación, y que en forma inmediata se los ponga a disposición de la autoridad fiscal y judicial correspondiente.

Asimismo, exigieron restablecer con urgencia los controles desde la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) a los establecimientos comerciales, esto de modo de garantizar la correcta expedición de los comprobantes legales.

Grupo de representantes gremiales que conforman el Frente Multisectorial Anticontrabando. Foto: Gentileza.

Intensificación de controles

Para ello, se deben intensificar controles con la identificación de actividades financieras ligadas al contrabando, a más de endurecer los controles en los pasos fronterizos, así como proceder al decomiso y remate de vehículos que transporten contrabando al igual que la destrucción de las mercaderías. El petitorio también contempló la aplicación de sanciones más severas, previstas en la normativa vigente, a todos aquellos involucrados en cuestiones relativas al contrabando.

Es así que el Frente Multisectorial considera que las autoridades tienen la obligación de perseguir decididamente el contrabando y a los contrabandistas, en especial desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), los municipios, la Policía Nacional (PN), el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Al tiempo de recordar que las asimetrías se volvieron más pronunciadas durante el contexto actual de la pandemia, exponiendo los efectos de la informalidad al obligar al Estado a inscribir a informales y presupuestarlos en cuantiosos recursos genuinos y externos para el pago de subsidios.

Tras escuchar todos los puntos abordados en la reunión, los representantes del Gobierno solicitaron a los gremios volver a reunirse dentro de 20 días con la idea de avanzar en la adopción de medidas concretas, sobre la base de tareas ya dispuestas y articuladas desde el propio Ejecutivo.

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Involucrados

En representación de los gremios participaron el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte; el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky; el vicepresidente de Asuntos Estratégicos y Planificación de la UIP, Diego Oddone; la presidenta de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Patricia Toyotoshi; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, Ernesto Figueredo; la presidenta de la Cámara de Alimentos y Bebidas del Paraguay (CABE), Lizzie Kennedy; presidente de la Cámara Paraguaya de Empresas de Bebidas Alcohólicas, Carlos Díaz, y por el Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay, Alfredo Ledesma.

En tanto que por el gobierno estuvieron presentes el embajador y ministro asesor de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, Federico González; el ministro Coordinador de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), Emilio Fuster; el director nacional de Aduanas, Julio Fernández; el viceministro de Tributación, Óscar Orué; el comandante de la Armada Nacional, almirante Carlos Dionisio Velázquez; el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello; el subcomandante de la Policía Nacional, Víctor E. Balbuena Ortega, y el presidente del Senave, Rodrigo González.

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