Conceden libertad condicional al excontralor Óscar Rubén Velázquez, condenado por lesión de confianza
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La Cámara de Apelación conformado por los jueces Emiliano Rolón, Digno Arnaldo Fleitas y Arnulfo Arias, revocó la determinación adoptada de la jueza de Ejecución Letizia Paredes, quien rechazó en su momento la libertad condicional del excontralor Óscar Rubén Velázquez, quien estará en libertad bajo varias reglas de conductas.
“La jueza ha negado el pedido de la defensa, justificando la necesidad del cumplimiento de los periodos de progresividad de la Ley de Ejecución, sin embargo, habiendo cumplido el condenado el plazo proporcional de su pena, no se le debería privar del derecho que le es concedido por ley, supeditándolo a los periodos, por resultar injusto” refiere parte de la resolución del tribunal de apelación.
El Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Mercedes Aguirre, condenó a 4 años de cárcel a Velázquez y a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena a la ex subcontralora Nancy Torreblanca, lo que implica que la misma estará sujeta a varias reglas de conducta a cambio de no pisar la cárcel de mujeres del Buen Pastor.
Igualmente, fueron sentenciados a 2 años de cárcel por lesión de confianza en calidad de cómplice el ex director de Talento Humano de la Contraloría, Roberto García; Luisa Almada, ex directora administrativa, y Celia Cardozo, ex auditora de la mencionada dependencia.
Los tres condenados no pisarán la cárcel, pero estarán con varias reglas de conducta. Mientras que los funcionarios de la Contraloría que fueron condenados por cobro indebido de honorarios a 1 año y 9 meses de pena privativa de libertad son Liz Paola Duarte, conocida como la “secretaria vip”; Reinaldo Gadea y Horacio Cohelo de Souza, quienes tampoco pisarán la cárcel, pero sí se someterán a numerosas reglas de conducta.
Patricia Samudio fue condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza
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Patricia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) y del primer anillo del expresidente Mario Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia de covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
El Ministerio Público había solicitado ambas penas para Samudio y su esposo y el tribunal de sentencia integrado por Gloria Hermosa, Darío Báez y Alba González así lo resolvió. Los fiscales Silvio Corbeta y Francisco Cabrera sostuvieron que se probó el delito de lesión de confianza en la compra irregular de agua tónica durante la pandemia.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a la petrolera estatal.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, fue denunciado otra vez ante el Ministerio Público por activistas de la Contraloría Ciudadana por lesión de confianza y asociación criminal. De la misma organización ya son seis denuncias. Foto: Gentileza
Presentan nueva denuncia contra Prieto, por asociación criminal y lesión de confianza
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Integrantes de la Contraloría Ciudadana presentaron ante el Ministerio Público, otra denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El jefe comunal habría adjudicado a una empresa de maletín, obras (empedrado y aulas) por un monto total de G. 10.700 millones.
Se trata de la constructora SCDE SA, que era un club nocturno y cuyas accionistas son gente del mismo equipo político del jefe comunal. Aparecen como socias de la firma supuestamente de fachada, Lilian Gregoria Benítez Villalba y Samara Clarice Aguirre Benítez, según los documentos verificados por los denunciantes.
La licenciada Magdalena Montiel, una de las firmantes de la denuncia, explicó que en el seno de la Contraloría realizaron una investigación y encontraron que la empresa era una discoteca y luego se convirtió en constructora; no tiene la antigüedad ni experiencia requeridas para ser adjudicada y no cumplió con los plazos de terminación de obras. Igualmente, refirió que la comuna no aplicó la falta por incumplimiento de contrato.
Manifestó que en la investigación, la prueba más contundente sobre la adjudicación a una firma de maletín es el hecho que Lumma Magdalena Silva Battochi era socia de la empresa Golden Rouse, que explotaba el night club, que luego cambió de razón social para ser constructora SCDE SA. La misma es funcionaria municipal desde diciembre de 2021 como auxiliar en Gestión de Cobranzas.
Según el escrito de denuncia, “esta es la prueba más contundente de que la empresa es de fachada, de maletín, dirigida desde la Municipalidad de Ciudad del Este”. Silva Battochi está hoy en la Dirección de la Vivienda. Los denunciantes, además de las documentaciones, presentaron imágenes en las que se ve a los supuestos responsables de la firma de fachada compartiendo con dirigentes del equipo político de Prieto.
“Se ha podido constatar que bajo la dirección del intendente Miguel Prieto Vallejos han creado una organización estructurada jerárquicamente, bien organizada, destinada a desviar recursos financieros de la municipalidad, al crear comisiones barriales a las que debían entregar recursos para la construcción de empedrados, a favor de quienes se libraban los cheques”, refiere el escrito de denuncia.
Además de Magdalena Montiel, firmaron la denuncia José Víctor Vázquez Leguizamón, Sergio Alejandro Sánchez Mereles y Gricelda Fernández, bajo patrocinio del abogado Víctor Enríquez. La Contraloría Ciudadana ya presentó seis denuncias contra Miguel Prieto, quien tiene dos imputaciones.
La defensa de Miguel Prieto y otros imputados pretenden que el proceso penal sea trasladado a Ciudad del Este y es por ello que presentaron varios incidentes. Foto: Archivo
Tras chicana de Prieto y otros imputados, suspenden imposición de medidas
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Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, quien enfrenta su segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Prieto y otros imputados presentaron varios incidentes que deberán ser analizados por el juez Humberto Otazú.
Prieto planteó una excepción de incompetencia material y territorial, donde cuestiona que el presente caso debe tramitarse en un juzgado de Ciudad del Este y no de Asunción. Primero, el magistrado Otazú deberá estudiar este incidente y luego analizar los demás que se ha presentado en el presente caso.
También la defensa de los demás imputados presentó varios incidentes, entre ellos la nulidad del acta de imputación que deberá ser analizado por el mencionado magistrado.
El segundo proceso penal es por una licitación supuestamente direccionada que fue realizada en el año 2020, donde se realizó una compra por la vía de excepción para la adquisición de insumos con el objetivo de la elaboración de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia Covid 19, con supuestos fines sociales.
El Ministerio Público sospecha que Prieto y los demás imputados ocasionaron un perjuicio de una suma superior a los G. 306 millones, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Manifestación
Del mismo modo, un grupo de personas se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el proceso penal de Prieto y demás imputados en el presente caso.
“Nos causó una gran frustración y dolor, y ni qué decir en los familiares de los secuestrados”, señaló Enrique Riera en conferencia de prensa.FOTO: GENTILEZA
Finalmente los cuatro integrantes de la familia Villalba, ligada al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fueron liberados tras ser capturados en Argentina. La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) dispuso que las cuatro personas tengan refugio en dicho país, bajo el argumento de que son “perseguidos políticos”.
El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que José, Tania, María Rosa y Mirian Villalba Ayala, detenidos en Argentina mediante un operativo en conjunto en Paraguay, fueron finalmente liberados por una orden judicial, tras la intervención de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de dicho país.
Dicha comisión intervino en la detención de los Villalba y mencionó que los mismos cuentan con un estatus de refugiados, ya que los consideran como “perseguidos políticos”.
“Nos causó una gran frustración y dolor, y ni qué decir en los familiares de los secuestrados”, lamentó el ministro Riera, quien agregó que se seguirá haciendo todo el esfuerzo para traer a estas personas al país y que rindan cuenta ante la Justicia.
“Lo que nos queda es pelear ante el Conare de Argentina, para aclararles que no son perseguidos políticos. Son delincuentes comunes, asesinos y terroristas”, subrayó Riera.
El ministro comentó además que estas cuatro personas son defendidas por un grupo de abogados identificados por un sector político bien definido en Argentina. “Les mandamos un mensaje claro: No van a tener paz. La lucha va a continuar contra los crímenes de lesa humanidad”, enfatizó.
Cabe mencionar que estas cuatro personas cuentan con una orden de captura internacional con fines de extradición, ya que son considerados como brazo logístico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Gobierno accionará ante Justicia argentina
A pesar de la liberación, el ministro del Interior dijo que aún quedan alternativas para lograr la extradición.
El Gobierno nacional confirmó que los integrantes del clan Villalba fueron liberados por la Justicia argentina, dado que los mismos se encuentran en calidad de refugiados, lo cual fue otorgado por el Consejo Nacional de Refugiados de Argentina (Conare). Pese a que la detención lograda el viernes 12 de abril fue suspendida, aún quedan alternativas para lograr la extradición, afirmaron.
“Nos queda pelear ante el Conare de Argentina para demostrar que no son perseguidos políticos por sus ideas, ellos no han formado un partido, no son candidatos, no presentaron propuestas, estos son delincuentes comunes, son asesinos, son terroristas que han hecho sufrir a familias paraguayas”, aseveró el ministro del Interior, Enrique Riera.
En conferencia de prensa, el ministro Riera, acompañado del canciller Rubén Ramírez, sostuvo que se articularán todos los esfuerzos necesarios para que José, Myriam, Tania y Rosa Villalba se enfrenten a la Justicia paraguaya. Los cuatro integrantes del clan Villalba son señalados por actuar de brazo logístico para el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Las autoridades argentinas anunciaron en una conferencia de prensa sobre el operativo binacional contra el terrorismo, Alas Rotas, y que terminó con la captura de los cuatro integrantes del EPP.
Los cuatro detenidos eran buscados en Paraguay por asociación terrorista. La lista está conformada por María Rosa, Mirian y José Villalba Ayala, hermanos de Carmen Villalba. La cuarta es Tania Villalba Ayala, quien sería hija de Laura Villalba, presa en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso).
El clan familiar se completa con Liliana Villalba, quien está prófuga, y Osvaldo Villalba, quien falleció abatido en octubre de 2022.
LÍDERES
Tras la muerte de Osvaldo, Manuel Cristaldo y Liliana también asumieron el papel de líderes, pero sería Carmen la que dirige el grupo, la que toma las decisiones políticas y operacionales, había declarado el jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, el comisario Nimio Cardozo, luego del allanamiento de la celda en noviembre de 2023.