En la sala de juicio oral y público de la sede judicial de Caacupé, departamento de Cordillera, se llevó a cabo el primer juicio oral en nuestro país por abuso de una gallina. El caso es conocido como “Cococha”, que había dejado un precedente en la lucha contra el maltrato y la crueldad animal.
El caso está caratulado como Roberto Marandari Enciso sobre hecho punible contra la administración pública, resistencia, violación a la Ley 4840/13 de Protección y Bienestar Animal.
Este logro tan importante se dio gracias al trabajo conjunto de la fiscala Zulma Benítez, de la Unidad Penal Nº 4 de Caacupé y la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional.
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El tribunal de sentencia deberá analizar todos los elementos que serán ofrecidos por el Ministerio Público durante el debate del juicio oral y público y luego decidir si condena o no al acusado.
El presente caso es considerado histórico debido a que es una lucha para dejar un precedente importante para que las personas que pretendan agredir a los animales sepan que serán castigados penalmente.
En caso de ser condenado el acusado, su defensa tendrá la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y, si es así, será un tribunal de apelación el que tendrá que resolver si confirma la sentencia de primera instancia o revoca y ordena un nuevo juicio oral y público.
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Robots arrasaron Caacupé hace 40 años
Muchos crecieron jugando “Five Nights at Freddy’s” y llevaron a sus hijos a ver la película, pero sus abuelos vivieron directamente la experiencia en vivo de los muñecos mecánicos hace cuatro décadas, que fueron la sensación en el mítico Parque Anka en Caacupé, del que todavía quedan huellas. Un hilo en la red social recuperó la historia de este emblemático sitio de cumpleaños, salidas familiares y excursiones escolares, que los internautas aprovecharon para compartir recuerdos.
“Muchos consideraban al Anka como un mini Disney en Paraguay, era hermoso y mágico para la época“, comenta Marco Ortiz en su hilo cargado de imágenes antiguas de “Un mundo encantado para chicos y grandes“, el eslogan del espacio que se ubicaba en “Ruta II km 52,5“, considerado el segundo parque de diversiones que hubo en el país después del Parque Costanera (1970). Fue inaugurado el 15 de febrero de 1980 por el alemán Albert Pistorius, que tomó las siglas iniciales de los nombres de sus hijas Angela y Katharina para formar el nombre comercial, y que estuvo activo 17 años, hasta el año 1997.
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Los fascinantes animatrónicos fueron traídos directamente de Alemania. “Eran personajes de cuentos animados como Caperucita Roja, Blanca Nieves y los 7 enanitos, Hansel y Grettel, etc., donde apretabas un botón y narraban el cuento y estos se movían”, relata Ortiz. El parque tuvo un gran auge, que estaba abierto todos los días y había colectivos que partían a diario entre Asunción y Caacupé solamente para aprovechar ese público, que hasta numerosas promociones realizaban su viaje de fin de año en ese parque.
El parque fue vendido y posteriormente quebró. Su propietario original falleció en Múnich, el 9 de noviembre de 2011. Donde se alzaba el Parque Anka, repleto de piscinas de todos los tamaños, canchas de fútbol, tenis y vóley; hoy se ubica el Alta Gracia Parque Hotel, que ofrece un paseo por una zona boscosa que guarda rastros de esa antigua gloria, como pedazos de paredes con los cuentos de los muñecos mecánicos, una de las piscinas o las baldosas del Ajedrez Gigante, cubiertas por vegetación silvestre.
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Imputan a un hombre por presunto maltrato físico
- Ciudad del Este. Agencia regional.
La agente fiscal Liliana Denice Duarte imputó a un hombre por supuesto maltrato físico y psicológico a su esposa e hijos durante 25 años. Se trata de Gregorio B.R., de 47 años, quien fue detenido tras una nueva golpiza que propinó a su pareja, según la denuncia. En el momento de la aprehensión, amenazó de muerte a su esposa. Está procesado por violencia familiar y tiene pedido de prisión preventiva.
De acuerdo a la investigación de la fiscal a cargo, presuntamente el agresor es muy violento y desde el inicio de la relación habría sometido a su esposa a constantes agresiones físicas y verbales, al punto de denigrarla en su condición de mujer. La pareja tiene 7 hijos, de los cuales cuatro ya son mayores, y que también habrían sufrido violencia en el pasado.
El hecho que ocasionó la intervención policial y posterior detención se produjo el jueves 18 de abril de 2024, en horas de la mañana, en el sector V del barrio Remansito de Ciudad del Este. En esa ocasión, la mujer se encontraba cuidando a su bebé de 1 año, momento en que el hombre la llamó para exigirle que le ponga miel a su desayuno.
Conociendo el mal carácter de su esposo, la víctima dejó a su niño en la cama y fue a servirle. Sin embargo, el pequeño cayó y se golpeó. Ante esta situación, el hombre comenzó a maltratar verbalmente a la afectada, hasta propinarle patadas en las piernas, además de agarrarle del cuello con la aparente intención de ahorcarla, ocasionándole lesiones, según la imputación de la fiscal.
Algunos vecinos que se percataron de la situación, alertaron a una de las hijas de la pareja, que no vive en el lugar y fue ella quien presentó la denuncia. Los agentes policiales acudieron al sitio y procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho violento. Ya estando privado de libertad y frente a los intervinientes, el hombre amenazó a la víctima que una vez que salga de la cárcel, la mataría a ella y a los hijos.
PASTOR EVANGÉLICO
Un tribunal de sentencia de Villa Hayes condenó a 20 años de cárcel a un sexagenario quien se desempeñaba como pastor en una entidad evangélica en Benjamín Aceval, Bajo Chaco, luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niño. El agente fiscal Irán Suárez representó al Ministerio Público durante el desarrollo del juicio oral y público.
El grave hecho se registró el 11 de diciembre de 2022 cuando el niño de 5 años fue a jugar en el patio del vecino, ocasión que fue aprovechada por el hoy condenado quien le llevó hasta el baño de la casa, ubicado en el fondo del hogar, donde tras taparle la boca y los ojos lo sometió sexualmente. Tras el hecho, el niño fue a su casa y le pidió al padre que lo limpie donde se percataron con la madre de lo ocurrido e inmediatamente lo llevaron hasta el hospital de Villa Hayes.
La unidad fiscal interviniente a cargo del agente fiscal Irán Suárez procedió de inmediato a trasladar al niño hasta el Departamento de Clínica Forense y hasta el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, donde se constató a través del médico forense de turno la existencia de tres lesiones. De igual manera, el niño en su contención psicológica señaló al supuesto autor que ahora fue sentenciado a 20 años de cárcel.
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IPS ya no puede cometer “los mismos errores” que dejó la administración anterior
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó, el 16 de abril pasado, una denuncia ante el Ministerio Pública al detectar, a través de una auditoría interna, una presunta rosca que solicitaba coimas a los jubilados para falsificar certificados médicos con el fin de “agilizar” los trámites en la Caja de Préstamos de la previsional. El asesor jurídico José González puntualizó las irregularidades detectadas y los desafíos que asume la institución para mejorar la transparencia.
“No podemos caer en los mismos errores que cayó la administración anterior, tenemos que ver nuestros números, todas las falencias que dejó la pasada administración, identificar a los responsables y mejorar”, señaló González en el programa “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, detallando que esta es la segunda denuncia presentada por IPS ante la Fiscalía, luego de los reportes finales que había remitido la Contraloría General de la República (CGR) sobre otras irregularidades.
A partir de aquel informe, el presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez dispuso la realización de la auditoría, el 21 de marzo pasado, que verificó 25 solicitudes de préstamos a partir del mes de febrero, pendientes de aprobación. En tanto, la Contraloría señalaba sobre un crédito que se había sacado para pagar a los proveedores. Posteriormente se sacó otro, el cual no tenía fuente de financiación, y para saldar ese crédito se dejó de cumplir con los proveedores, por lo cual se hablaría de un monto cercano a los USD 250 millones, refirió González.
“Luego se detectaron otras irregularidades como solicitudes de embargo sobre inmuebles del IPS, cuando esto no se dispone reglamentariamente, sin mencionar que se encontró un fideicomiso totalmente descalzado”, indicó González. Aparte, durante 5 años se dejaron de certificar las deudas y, hoy en día, 5.300 títulos de créditos se están empezando a imprimir, que consisten en los aportes de obrero-patronal que se hacen por parte de las empresas, que la anterior administración no judicializó.
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“Ordenar la casa”
El asesor jurídico del IPS detalló que actualmente hay dos causas abiertas en el Ministerio Público, planteadas desde la previsional, una sobre los tres reportes que había hecho la Contraloría y la segunda sobre los resultados de la auditoría externa. “Se encuentran en etapa inicial, están en proceso de investigación, pero consideramos que el Ministerio Público posee los suficientes elementos para presentar una imputación porque se trata de hechos irregulares graves y reportes finales que ha emitido la Contraloría”, expresó González.
“Ahora tenemos que ordenar la casa. Estamos trabajando en la parte inmobiliaria, también queremos implementar un sistema donde todos los asegurados y la ciudadanía puedan saber lo que tiene IPS, cuál es el valor real de lo que están pagando y qué es lo que deberían pagar”, señaló. También se analizarían los mecanismos para realizar un control de los bienes, con lo cual se prevé la posibilidad de contar con mayor transparencia. Todo está siendo informatizado para que en corto plazo se pueda llegar a este tipo de servicios.
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Imedic: juicio oral seguirá el 26 de abril con declaración de cuatro testigos
El juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, quien está siendo juzgada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país, sigue el próximo 26 de abril a las 11:00.
En la audiencia oral de este miércoles declararon dos testigos y para la próxima semana van a declarar otros cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está conformado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales del caso son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
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Además de Ferreira, igualmente están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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