La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no dar lugar al pedido presentado por Enrique Kronawetter, para suspender los efectos de la designación de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. La máxima instancia judicial considera que los promotores de la acción no pudieron demostrar cuál era el “perjuicio irreparable” de esta designación.

“La Sala Constitucional resuelve no hacer lugar a la suspensión de efectos, solicitada por Alfredo Enrique Kronawetter y Calor César Trapani por sus propios derechos bajo el patrocinio de los abogados Luis Lezcano Claude y Jorge Rolón Luna del decreto N.° 714 por el cual se nombran representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura”, dice el auto interlocutorio de la Corte.

Kronawetter, exrepresentante del Ejecutivo en el Consejo, presentó esta acción ante la CSJ apuntando a dejar sin efecto la designación realizada por el presidente Santiago Peña, quien postuló a la doctora Alicia Pucheta para ocupar dicho lugar. El exmiembro del Consejo alegó que su permanencia en el órgano debía extenderse hasta el 2026.

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“Haciendo un análisis de lo expresado en el escrito presentado, los accionistas ni alegaron ni demostraron concretamente el perjuicio irreparable. En efecto la sola mención de forma genérica de la existencia de un perjuicio o gravamen no es equiparable al gravamen ‘irreparable’ previsto por la norma”, refiere la resolución.

La argumentación de Kronawetter para permanecer en el cargo se sustentaba en que al ser designado por el entonces presidente Mario Abdo en en el 2023 para representar al Ejecutivo, su mandato se extendería hasta el 2026, cumpliendo así los tres años de duración en el cargo. No obstante, él solo estaba ocupando la vacancia generada por la designada original del expresidente, Mónica Seifart, nombrada en el 2020, por lo que su periodo feneció en octubre del 2023.

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Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores han presentado, hasta el momento, dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.

Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial.

La Sala Pena está integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia debe expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.

Luis María Benítez Riera ha emitido su voto y faltaría la decisión de los demás magistrados para finalmente destrabar la causa. Ahora, el expediente se encuentra en el gabinete del ministro Diesel y por último deberá pronunciarse Ramírez Candia.

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No se descarta la posibilidad de que ambos magistrados ya se expidan sobre el caso en el transcurso de este lunes. Si esto se concreta en la fecha, ya se destrabaría parcialmente la causa contra el exmandatario y su gavilla por la filtración de información de inteligencia.

El abogado Felino Amarilla, representante del extitular de Sepre­lad Carlos Arregui, uno de los imputados en la causa que pesa contra Abdo, fue quien pre­sentó una recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, lo cual está pendiente de resolución.

El Ministerio Público había imputado al expresidente, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arre­gui y René Fernández; los fun­cionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.

Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

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El expresidente Mario Abdo Benítez y las otras exautoridades imputadas por el caso de filtración de datos mediante instituciones públicas, solicitaron el cambio de fiscales en la investigación en curso contra el agente del Ministerio Público Aldo Cantero por prevaricato.

En el marco de la causa abierta contra los fiscales Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y otros sobre prevaricato y persecución a inocentes, la representación legal de Mario Abdo Benítez, el diputado Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui, extitulares de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y Arnaldo Giuzzio exministro del Interior, solicitaron la reasignación del caso, que actualmente está en manos del fiscal Néstor Coronel.

Esta investigación nació luego de la difusión de supuestas conversaciones de WhatsApp fraguadas entre el fiscal que investigaba a Abdo y el abogado Pedro Ovelar, que desembocó en la apertura de la carpeta fiscal contra el expresidente y sus funcionarios por filtración de datos. Recordemos que Ovelar había afirmado que dichas conversaciones eran falsas y que tal hecho no ocurrió.

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De acuerdo a lo que publicó el diario Hoy Digital, el argumento de la solicitud para la reasignación de la causa radica en el interés de garantizar la objetividad de la investigación, ya que según se alega en el escrito presentado, no se hicieron las diligencias sugeridas como parte de la investigación.

Coronel se constituyó en las oficinas de sus colegas Cantero y Grissetti en busca de documentos y materiales relevantes que pudieran aportar al caso. Sin embargo, a partir de allí, no ha habido algún avance.

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La jueza penal de Garantías de Lambaré, Ana Esquivel, decretó la prisión preventiva en la Comisaría 13 de Itá Enramada, del juez de Paz de Nueva Asunción, Jorge Adolfo Franco Garelik, imputado por prevaricato por el caso Steven Automotores. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el juzgado de la mencionada magistrada judicial.

La justicia benefició con medidas alternativas a la prisión a la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez, imputada por asociación criminal. Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público debido a que sostiene que la procesada podría obstaculizar el proceso penal.

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El magistrado suspendido en sus funciones Franco Garelik y Gaona Benítez, en carácter de juez y actuaria del Juzgado de Paz de Chacoi, habrían emitido resoluciones, como órdenes de secuestro, violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles Steven Automotores, a través de su dueño Denis Steven Bareiro y sus representantes legales.

Las resoluciones que fueron emitidas inmediatamente después del escrito de la demanda sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito civil, esto se corrobora con el acta de allanamiento realizado en fecha en el Juzgado de Paz de Chaco’i, Nueva Asunción, de donde se incautaron 68 expedientes judiciales sin los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil.

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