A través de un análisis político referente al triunfo del Partido Colorado ante la oposición en los comicios nacionales del pasado 30 de abril, y el comportamiento de la nucleación tradicional durante los 75 años de gobierno, desde el medio de Vierci se realiza un elogio a la gestión de Alfredo Stroessner durante la dictadura.
La publicación se titula “¿Última oportunidad para el Partido Colorado?” y lleva la firma del presidente de la Asociación Civil Desarrollo en Democracia (Dende) y analista económico, Alberto Acosta Garbarino.
“Este nuevo gobierno militar y colorado gobernó con mano dura nuestro país por 35 años, trayendo orden político y progreso económico con la realización de diversas obras de infraestructura –la más importante Itaipú– que cambiaron la economía de nuestro país”, refiere parte del análisis político.
El mencionado “orden político” que es valorado por Acosta Garbarino, mediante las páginas de Última Hora, fue fruto de un voraz atropello a los derechos humanos y una constante transgresión de todo concepto de orden constitucional.
De esta forma Vierci, que posee un holding de medios de prensa, expone a través del titular de Dende, la incoherencia en su línea periodística, teniendo en cuenta que en varias ocasiones se concentró en atacar a autoridades políticas y ciudadanos, quienes se habrían enfocado en ciertos avances en materia de infraestructura durante el régimen, sin embargo, este domingo resaltó el “orden político y progreso económico”, generado durante el mandato del fallecido dictador.
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Milei escudriña pagos de indemnizaciones a víctimas de la dictadura
El gobierno de Javier Milei anunció una “auditoría integral” de las compensaciones otorgadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura argentina (1976-1983) después de casos de “irregularidades en el tratamiento o el pago”.
En un comunicado publicado el lunes por la noche, el Ministerio de Justicia anunció que auditará “todas las solicitudes realizadas en nombre de las leyes de reparación”, a la luz de varios procesos judiciales sobre compensaciones otorgadas fraudulentamente.
Las indemnizaciones por violaciones de derechos humanos durante la dictadura (detención, exilio o desaparición de un familiar, por ejemplo) están previstas por varias leyes llamadas “de reparación para las víctimas del terrorismo de Estado” promulgadas durante las décadas de 1990 y 2000.
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En los últimos años, varios procedimientos judiciales han revelado fraudes, incluido un caso famoso en el que cinco personas fueron acusadas a finales de 2023 como una organización criminal que había utilizado documentos y testimonios falsos.
El gobierno peronista anterior (2019-2023) también había iniciado acciones legales e investigaciones contra “bandas” especializadas en obtener este tipo de reparaciones.
El actual Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, precisó que había “más de 100 casos” sospechosos de haber recibido alrededor de 150.000 dólares, basados en documentos o testimonios irregulares.
“En 2021, las solicitudes de indemnización para familiares de desaparecidos ascendían a 7.996 casos. Y para exiliados, 14.400 casos. En el caso de los exiliados, hay mucho fraude sobre quién estaba y quién no estaba”, declaró el ministro en el canal televisivo LN+.
“Se habla de sumas incalculables. Hay muchos (casos) legítimos pero también muchos pecadores. Se ha pagado una cantidad enorme de dinero y queda por pagar. Pero quiero encontrar quiénes son los pecadores”, añadió Cuneo Libarona.
Tras la medida, la vicepresidenta Victoria Villarruel, cercana a los militares, llamó en sus redes sociales a “auditar el curro (negocio espurio) de los derechos humanos” y “revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron”.
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El exsecretario de Derechos Humanos (2019-2023) Horacio Pietragalla señaló en sus redes que el caso fraudulento que motivó la medida fue denunciado por su gestión, y consideró que la decisión del gobierno “es una estrategia para no dar respuestas a los expedientes actuales, dilatar las obligaciones del Estado, no reconocer a las víctimas del terrorismo de Estado y cubrir (con) un manto de sospecha a nuestra gestión”.
Fuente: AFP
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La incoherencia de Sole: siendo exministra de gobierno colorado critica a gobierno colorado
Tras la paliza electoral que recibió en las últimas elecciones generales del pasado 30 de abril, junto con el liberal Efraín Alegre, Soledad Núñez, excandidata a la Vicepresidencia de la República, continúa dando manotazos de ahogado para mantenerse vigente en la arena política y en el ruido mediático, pretendiendo instalarse como referente dentro de la oposición.
Sole reapareció con fuerzas en sus redes sociales en el transcurso de las últimas semanas, lanzando cuestionamientos contra el actual gobierno de Santiago Peña y la Asociación Nacional Republicana (ANR), liderada por el exmandatario Horacio Cartes.
Una de las últimas intervenciones de la exestudiante de la Universidad de Oxford y actual tiktoker y que desataron burlas fue su reciente comparación de la dictadura venezolana y el gobierno colorado. “No tengo ningún tipo de intención de mudarme a Venezuela, es una dictadura”, respondió Núñez a un usuario de la citada red social.
Asimismo acotó: “Mi posición es muy clara respecto a lo que se vive en Venezuela. Es bastante similar al régimen que vivimos acá en Paraguay. El Partido Colorado, hoy lo que se ha transformado, quizás una facción dentro tiene muchas similitudes al régimen que se está viviendo en Venezuela”.
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Las críticas contra Núñez no se hicieron esperar, recordándole nuevamente sus inicios dentro de la política paraguaya. Varios ciudadanos manifestaron que fue un gobierno colorado el que le dio la oportunidad de desempeñarse en la gestión pública como extitular de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) y le permitió cierta relevancia.
“Cuando fuiste ministra del régimen colorado estabas muy calladita”, “sinvergüenza fuiste ministra de la vivienda, además con un muy buen sueldo del gobierno del mismo signo político”, “ella fue parte de un gobierno colorado”, “Si este fuese un régimen al estilo Venezuela, ni siquiera tendrías chances para publicar estupideces. No te hagas de la Corina Machado, que estás muy lejos de ser. Del ridículo no se vuelve”, fueron algunos de los cuestionamientos hacia Núñez.
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La dictadura del asfalto de Abdo y una fortuna sin investigarse
Mientras los medios aliados y defensores del expresidente Mario Abdo Benítez hablan de dictadura en el intento de salvarlo de la responsabilidad de terrorismo de Estado que impulsó con las filtraciones de datos financieros confidenciales, no hay que olvidar que el verdadero esquema dictatorial es el monopolio del mercado con la venta del asfalto detrás de licitaciones de rutas durante su gobierno que continúa inmune de investigación. Coincidentemente su distribuidora tuvo un incremento ganancial que se disparó hasta 6.110 % en año de pandemia.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Sin asfalto de Mario Abdo Benítez no había contrato de obras con el Estado, una condicionante no escrita en los papeles, pero que aseguraba el negocio en el sustancioso rubro de las licitaciones de rutas. Este esquema de monopolio del mercado con la venta de asfalto durante el gobierno anterior y denunciada por propios oferentes en su momento fue la verdadera dictadura, sistema que intentan instalar hoy día los defensores de Abdo para evadir la justicia por las filtraciones de informaciones de inteligencia financiera fraguadas que promovieron el terrorismo de Estado por cuestiones políticas.
Las condicionantes eran tácitas, pero las multimillonarias ganancias obtenidas por la distribuidora del expresidente Abdo con la venta de asfalto a contratistas del Estado durante su gobierno brillan en los papeles. De hecho, en actas de asamblea de la empresa constan que el crecimiento de las facturaciones es gracias a los contratos firmados con contratistas de obras públicas.
Abdo, que tras asumir la Presidencia de la República había negado seguir teniendo acciones en la distribuidora de asfalto Aldia SA, en realidad había delegado la representación a su hijo Mario Abdo Díaz Benza y al dejar la jefatura de Estado volvió a consignar el 87,50 % de las acciones en la empresa.
Aldia, que en el año 2014 había tenido resultados en negativo con una utilidad de 17, 25 % menos que el 2013, fue aumentando ganancias al tiempo que el principal accionista Mario Abdo Benítez se desempeñaba como senador hasta que las cifras se dispararon exponencialmente luego de que que se convirtiera en presidente.
De una utilidad neta de G. 1.492 millones en 2014, en el año 2021, en plena crisis sanitaria y económica por la pandemia del covid-19, las ganancias de Aldia SA subieron a G. 92.647 millones, según actas de asamblea remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El aumento equivale a 6.110 % comparado a las utilidades que registró la empresa de Abdo en 2014.
La suma de ganancias de la empresa de asfalto mientras Abdo ejerció la presidencia asciende a G. 175.268 millones, este monto equivale a un aumento de 800 % comparado a las acumuladas en sus años de senador que fue de G. 19.480 millones. Cabe subrayar que las cifras no aparecen en la última declaración jurada presentada por el exmandatario al dejar el cargo, se observa el cobro de dividendos mensuales no especificados de G. 338.978.534 que en un año suma G. 4.067 millones, ínfimo con relación a las ganancias consignadas en actas.
La Contraloría General de la República abrió hace unos meses un examen de correspondencia sobre los bienes del exmandatario; sin embargo, más que si el incremento se ajusta o no al porcentaje de crecimiento estimado, se cuestiona que las ganancias siderales no aparezcan en sus declaraciones juradas ya que forman parte de su fortuna pese a no retirarse en su totalidad y principalmente cómo la empresa de Abdo concentró la venta de asfalto, a qué precio y el efecto en el costo de las rutas que las contratistas facturaron al Estado.
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Víctimas de la dictadura prohíben ser involucradas
La Asociación de Víctimas del Stronismo emitió un comunicado conjunto a través del cual expresó su rechazo hacia la utilización del nombre de la asociación en movilizaciones realizadas a favor de la exsenadora Kattya González. El comunicado fue aprobado por los firmantes, que cuentan con personería jurídica y han constituido la organización, conformada por grupos campesinos.
“No queremos que sigan utilizando nuestro nombre para cuestiones netamente políticas y en las que no estamos involucrados. No participamos en ninguna manifestación a favor de Kattya González y prohibimos que nos sigan involucrando con esas movilizaciones”, sentenció la presidenta de la asociación, Rosa López Villalba en contacto con La Nación/Nación Media.
Manifestó además que las diversas asociaciones se movilizan bajo otros intereses, completamente ajenos a las acciones realizadas a favor de la exsenadora González. Uno de ellos es la solicitud de contar con un nuevo defensor del Pueblo, con mayor experiencia en derechos humanos; puntualizó que el exdefensor, Miguel Godoy, fue sacado del cargo luego de una intensa campaña elaborada por la ahora exparlamentaria.
“Por eso no acompañamos su causa, sin mencionar que en todos sus años de gestión nunca presentó algún tipo de proyecto a favor de grupos campesinos, ni siquiera conoce la realidad del sector. Nuestra organización se siente sumamente agraviada porque se ha usado nuestro nombre, sin nuestro consentimiento y para una causa que no compartimos”, subrayó López.