El diputado colorado Derlis Maidana considera que, con base en la presentación del libelo acusatorio contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, todas las acusaciones carecen de responsabilidad personal y son cuestiones procesales vigentes donde están involucradas también otras instituciones más allá de la actuación del Ministerio Público.
“Son funciones que competen tanto al Ministerio Público como al mismo Poder Judicial, así como a otras instituciones, como la Contraloría General de la República, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, no son cuestiones que atañen únicamente al actuar de la Fiscalía”, refirió Maidana.
“Es muy difícil individualizar cuál es realmente la acusación que merecería propiamente un juicio político, no se puede vislumbrar un real daño o afectación al sistema jurídico, se tienen abiertas demasiadas causas contra todos los sectores representados en la clase política y no se ha citado que sea la Fiscalía General la que solicite algún tipo de blanqueo”, concluyó.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral y público para el exministro de la SEN
En el transcurso de la mañana de este jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.
Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.
El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado, Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.
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Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios, para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. Simulaban el proceso de licitación y las adjudicaciones se realizaban a empresas de terceras personas; no obstante, el dinero de la secretaría era depositado en la cuenta de la empresa Tapyracuai de Koube, y este para justificar el endoso del cheque emitía las facturas de crédito por servicios prestados a las firmas ganadoras de licitaciones.
De acuerdo a la acusación, entre enero del año 2018 a diciembre del año 2021 Roa, mientras se desempeñaba en el cargo de ministro de Emergencia, recibió beneficios económicos indebidos de parte de Koube, con quien posteriormente entabló una sociedad ilícita.
A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.
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Imedic: tribunal rechazó anular acusación de Patricia Ferreira y juicio oral continúa
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee rechazó los incidentes de nulidad de la acusación y exclusión probatoria, presentados por la defensa de la acusada Patricia Ferreira, directora de la firma Imedic S.A y los demás acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitó el ingreso de fármacos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Igualmente, los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero solicitaron a los jueces de sentencia el rechazo de los incidentes presentados por la defensa de los acusados. El tribunal colegiado hizo lugar al pedido del Ministerio Público y rechazó todo lo planteado. Además de Ferreira, están siendo juzgados Nidia Godoy, funcionaria de la firma Imedic S.A. y el despachante de Aduanas, Néstor Ramírez.
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Este caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registraron durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados, debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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Merienda Escolar: fiscalía acusa y pide juicio oral contra exdiputado Noguera
La fiscal Alma Zayas, de la Unidad n.° 1, Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción y n.° 5, Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, presentó acusación contra el exdiputado Ever Juan Aricio Noguera, en el marco de la causa caratulada: “Rodolfo Max Friedman y otros s/ administración en provecho propio y otros”, relacionado al tema de merienda escolar en la gobernación del Guairá.
Mencionan además que la representante del Ministerio Público ha solicitado al juzgado, elevar la causa a juicio oral y público. El ahora exparlamentario está procesado por los hechos punibles de administración en provecho propio y lavado de dinero en calidad de cómplice.
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Señalan además que en la presente investigación se formuló acusación contra Rodolfo Max Friedmann Alfaro, Silvio Álvaro Alfaro, Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo y Eduardo Domínguez, a quienes se les atribuyó participación en la hipótesis delictiva planteada por el Ministerio Público, al igual que Hugo Alexander Torales Viveros (+), y el hoy acusado Ever Juan Aricio Noguera.
El informe señala que la hipótesis de la Fiscalía es que existía un esquema delictivo, a través del cual Rodolfo Max Friedmann Alfaro, en su carácter de gobernador del Departamento de Guairá, en el periodo comprendido entre el 2016 al 2018, aprovechándose de que entre sus funciones estaba las de ordenar los gastos y firmar los contratos con los proveedores, había autorizado y suscrito, para su beneficio personal y la de terceros, contratos administrativos en representación de la Gobernación y a favor de una empresa (Eventos y Servicios S.A.) en donde él tenía el control y dirección, para que ésta provea de bienes a la institución y de esa manera, obtener ganancias para sí.
Citan a declarar
Al respecto, el juez Agustín Delmás fue consultado en radio 1020 AM, sobre la situación procesal del exdiputado Noguera que fue convocado a declarar. El magistrado explicó que la imputación no es nueva, sino que viene desde hace tiempo.
“En su momento tenía fueros, se solicitó el desafuero, pero no se dio en la Cámara Baja. Se reiteró de nuevo cuando terminó su periodo parlamentario, entonces ya no hay obstáculo legal y se le convocó para el sometimiento al proceso, lo que hoy me enteré ahora es el requerimiento conclusivo de la Fiscalía, que es una acusación pidiendo juicio oral”, señaló.
El juez Delmás manifestó también que se prevé la audiencia preliminar para Rodolfo Friedmann que se lo convoca para el 19 de febrero porque ahora se tiene la feria judicial. Mientras que en el caso del exdiputado Noguera lo están citando para el 25 de enero.
“De modo preventivo antes ya del señalamiento de la audiencia de imposición de medidas, con la emisión del acta de imputación ya se congelaron las cuentas del exdiputado Ever Noguera. Nosotros hace rato ya le estamos llamando para someterlo al proceso. Ahora le señalamos de nuevo para el 25 de enero, está bajo apercebimiento”, acotó.
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Venta de cargos en el IPS: imputada niega acusación
Fátima Agüero, supuesta involucrada en el esquema detectado en el Instituto de Previsión Social (IPS), negó que haya ofrecido cargos a cambio de dinero. Sí reconoció que llegó a pagar por un lugar en la institución, publica el diario digital hoy.com/Nación Media.
La abogada Fátima Agüero es una de las seis personas detenidas por supuesta venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS). En entrevista con Telefuturo, la misma rechazó que sea miembro de una red que ofrecía puestos en la institución. No obstante, confesó que ella sí llegó a pagar por un puesto de trabajo. Lo hizo, según contó, a través de un gestor externo de la entidad pública. “Hay acusaciones que son totalmente falsas, soy una persona que también entré al sistema, también compré la posibilidad de tener un trabajo digno. No te ofrecen cargo, te ofrecen trabajo”, expuso en su defensa.
“Compré un lugar de trabajo, puede ser tanto de la parte administrativa como en asesoría jurídica, dependiendo a la profesión que yo tengo, pero no te dicen te voy a dar un cargo de dirección, de jefe, de asesor”, agregó.
La letrada sostuvo que no recibió ninguna suma de dinero durante la entrega vigilada hecha el miércoles pasado en Asunción, donde citaban a las víctimas para firmar sus contratos y realizar el pago. Aseguró que únicamente se reunió con un doctor para explicarle cómo ella había recibido la propuesta y que llegó a pagar, pero reiteró que no le pidió dinero a este profesional.
“En un procedimiento como este se tiene que exhibir el dinero que se recibió con las copias del juzgado, cosa que ahí no ocurrió, no hubo ningún intercambio de dinero. Es absolutamente mentira que yo retuve al doctor dentro del vehículo, estuvimos hablando y conversando justamente de cómo era, cómo yo compré, nada más que eso. No ocurrió tal cosa”, expresó Agüero.
Además de la abogada Fátima Patricia Agüero, fueron detenidos María Luján Aguilera Chaparro, quien sería funcionaria del IPS; José Manuel Agüero, Jorge Aquino Riveros, Zulma Villalba y Eduvigis Espínola.