El dirigente campesino Belarmino Balbuena, consultado sobre la aprobación en ambas cámaras de la transferencia de US$ 25 millones, sostuvo primero que si bien es un proceso largo, también causó molestias a la ciudadanía por este reclamo antiguo.
Señaló que el Estado no debería dejar que se llegue a este estado de reclamo y que antes de llegar a esta situación deberían visitar las bases agrarias campesinas y propiciar la solución de los conflictos, paliar la sequía, proveer insumos y asistencia técnica para no tener que llegar a la instancia de movilización. “La agricultura es muy importante en un país no industrializado”, expresó en Universo 970 AM.
“El Estado tiene la obligación de atender al sector campesino. Cuando hay asistencia y herramientas, modifica la realidad del campesino. Dijo que la situación de la agricultura campesina no mecanizada pone en una desventaja al campesinado que no puede progresar en la producción agrícola en pequeña y mediana escala”, subrayó.
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Cambia el equipo y la directiva
Olimpia prepara cambios en el equipo para enfrentar este sábado a Nacional (20:50), por la tercera fecha del torneo Apertura. Están en la consideración del entrenador Francisco “Chiqui” Arce Carlos Arrúa, autor del gol del triunfo por 1-0 del martes frente a Tacuary y el delantero argentino Lucas Pratto. Estos dos futbolistas ingresaron en el segundo tiempo y le dieron más alternativas ofensivas al equipo.
El once para medir a la Academia se terminará de confirmar recién horas antes del compromiso, considerando que hubo poco días de trabajo entre uno y otro partido.
Por otro lado, la asamblea general ordinaria del Olimpia se llevará a cabo el sábado 2 de marzo a las 9:00. Los puntos del día entre otros serán la elección de la nueva comisión directiva, aprobación del balance 2023 así como la fijación de precios de las cuotas para los socios.
Cabe recordar que el actual presidente Miguel Cardona anunció que dejará el cargo y se menciona a varios candidatos para ocupar el máximo cargo, entre ellos al expresidente Marcelo Recanate y Rodrigo Nogués, este último actualmente es tesorero.
Por otro lado, el defensor paraguayo Bruno Valdez rechazó una oferta para jugar en Olimpia por estar identificado con Cerro Porteño, club en el que jugó entre el 2014 y 2016. Valdez tiene contrato con Boca Juniors, pero no será tenido en cuenta y busca club para continuar su carrera.
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Cambia estructura del equipo principal
Un equipo casi totalmente renovado fue el que alineó el técnico argentino de Guaraní, Lucas Bovaglio, en el primer amistoso de la temporada que el Legendario animó el miércoles, en el empate 0 a 0, frente al 2 de Mayo de PJC. De esa manera el estratega cambia prácticamente toda la estructura del conjunto con respecto al que compitiera en 2023.
Las nuevas contrataciones que integraron el cuadro base fueron: el arquero Gaspar Servio; los defensores Mario López y Wilson Ibarrola; los volantes Mathías Martínez y Agustín Manzur y el delantero Paul Charpentier. El once estuvo formado así: Servio; Juan Daniel Pérez, López, Paul Riveros e Ibarrola; Martínez, Estivel Moreira, Manzur y Felipe Salomoni; César Miño y Charpentier. El siguiente cotejo de entrenamiento que disputará Guaraní será el sábado por la mañana ante Olimpia en la Villa desde las 7:30, a puertas cerradas.
Guaraní debutará en el torneo Apertura frente a Libertad, en lance a disputarse en el estadio Rogelio Livieres, posiblemente el domingo 21 de enero.
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No cambia el sistema de jubilación y tampoco se tocarán los beneficios
El pasado 21 de noviembre se presentó oficialmente el proyecto de creación de una superintendencia de pensiones, la cual tiene por objetivo supervisar todos los fondos y cajas jubilatorias, tanto del sector público y privado, con el fin de proteger el ahorro de los aportantes.
Además, están contemplados los cambios en la gobernanza, pero no se modifican aspectos como la edad jubilatoria ni los beneficios que ofrece cada caja.
“El proyecto de ley tiene como principal objetivo la regulación y supervisión prudencial de la administración de los recursos financieros y no financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones públicas y privadas, con el fin de proteger el ahorro de los afiliados activos, jubilados y pensionados”, se explica en la iniciativa legislativa.
RECURSOS ADMINISTRADOS DE MANERA SEGURA
Se apunta que los recursos sean administrados de forma segura, se garantice la liquidez y rentabilidad de modo de asegurar la estabilidad del sistema. Con la implementación de esta ley, se dará cumplimiento a lo establecido en el Artículo n.° 95 de la Constitución Nacional, que guarda referencia con los sistemas de seguridad social que señala que sin importar que sean públicos o privados, deben ser supervisados por el Estado.
“La supervisión permanente de la superintendencia permitirá anticiparse a posibles riesgos y tomar medidas preventivas para proteger los fondos de pensiones de los afiliados, garantizando de esta manera los pagos presentes y futuros dentro del sistema, asegurando que los recursos sean invertidos adecuadamente y contribuyan a su vez con el desarrollo productivo de nuestro país, en cumplimiento con su rol social”, indica el documento.
DESARROLLO DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN
Actualmente el sistema de jubilaciones está desfinanciado, con baja cobertura, grandes inequidades y debilidades en cuanto a la gestión de riesgos en cuanto a las inversiones, lo que produce una inseguridad respecto al futuro cumplimiento de sus obligaciones como el pago de los haberes jubilatorios.
“Representa una oportunidad para desarrollar mecanismos de supervisión más especializados en el contexto de las pensiones, a través de normativas y procesos de control de vanguardia que se centren específicamente en las inversiones, la gestión y administración de los fondos de pensiones de manera responsable, segura y eficiente, así como en la protección de los derechos de los beneficiarios, brindando tranquilidad y estabilidad a los mismos”, señala el proyecto.
Proyecto no perjudica las condiciones de las cajas
Fue una iniciativa previamente consensuada por diferentes sectores, incluso el de los jubilados.
Enrique Duarte, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), aseguró que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que crea la superintendencia de jubilaciones, fue una iniciativa que logró previamente el consenso de diferentes sectores, incluso el de los jubilados. Aunque exista un sector de jubilados que no está de acuerdo, es más bien porque busca un protagonismo político, antes que lograr una coherencia. Remarcó que este proyecto no perjudica las condiciones de las cajas jubilatorias, por el contrario, su principal objetivo es velar por la integridad financiera de las mismas.
En comunicación con La Nación/Nación Media aclaró que el proyecto es una propuesta trabajada y consensuada inicialmente por las centrales obreras y la UIP, posteriormente fue socializada en el ámbito de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco); y finalmente se firmó un acuerdo entre todas las centrales obreras, los gremios involucrados a la Feprinco, las asociaciones de jubilados y el Gobierno.
Asimismo, remarcó que este proyecto no perjudica en absoluto a las cajas jubilatorias, y en particular a la Caja de Pensiones del Instituto de Previsión Social, que es el sector que más está cuestionando. Duarte indicó que la propuesta no elimina la cláusula que establece que el IPS no puede prestar recursos al Estado.
“Hay consenso para la creación de la superintendencia”
Dirigente gremial aseguró que la iniciativa surgió luego de cuatro meses de discusión entre todos los sectores.
La presidenta de la Central General de Trabajadores (CGT), Sonia Leguizamón, se refirió al rechazo del proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones, porque aparentemente se está buscando subsidiar las cajas deficitarias antes que sea promulgada y creada la superintendencia.
Aseguró que la iniciativa surgió luego de cuatro meses de discusión entre todos los sectores, incluidos los aportantes que son los trabajadores y las empresas.
En comunicación con La Nación/Nación Media, indicó que dentro de su organización se habían puesto de acuerdo sobre la necesidad de contar con un ente de control supervisor de las cajas jubilatorias, de todas las existentes; pero fundamentalmente la del Instituto de Previsión Social, porque prácticamente es la única que aún cuenta con recursos porque las demás cajas ya son deficitarias.
“Los que aportamos al IPS nos parece muy importante contar con un ente fiscalizador, no un ente de administración; que controle todo lo que hace la administración del IPS en temas económicos e inversiones. Nosotros estamos a favor de este nuevo proyecto porque estuvimos sentados cuatro meses discutiendo sobre este tema, poniéndonos primero de acuerdo empresarios con trabajadores sobre la plata que estamos aportando al IPS y acordamos que necesitamos un ente de control”, manifestó.
Recordó que meses atrás rechazaron el proyecto que fue presentado por un grupo de senadores, luego se manifestó el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, que dijo que tampoco era su propuesta; entonces, se retiró esa propuesta y se comenzó a trabajar en un nuevo proyecto desde agosto pasado, y finalmente se presentó el pasado 25 de noviembre ante el Senado tras llegar a un acuerdo.
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Ejecutivo cambia al titular de Sedeco
El presidente de la República, Santiago Peña, designó a Sara Delia Irún Sosa como nueva titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), en reemplazo de Juan Marcelo Estigarribia. El cambio se dio a través del Decreto del Poder Ejecutivo n.° 693, firmado por el presidente Santiago Peña. Estigarribia venía desempeñándose en el cargo desde agosto de 2018, cuando fue nombrado por el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
La destitución de Estigarribia se da en medio de una escalada de precios del tomate y otros productos frutihortícolas, principalmente en las cadenas de supermercados. Al respecto, Estigarribia señaló que la función de la Secretaría de Defensa del Consumidor no puede ir más allá de informar y monitorear los precios de los productos.
Desde la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) sostienen que es la Sedeco la institución encargada de velar por los derechos del consumidor ante la situación planteada con los precios del tomate. Ricardo Gavilán, director de Investigación de la Conacom, sostuvo que la institución tomó conocimiento de la situación de los precios del tomate, pero aclaró que no tienen la competencia reguladora.
“Mal podríamos sugerir, recomendar u ordenar a las empresas particulares los precios que deben fijar para ofrecer a los consumidores. Lo que perseguimos son las conductas anticompetitivas y los acuerdos anticompetitivos”, señaló en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.
Con respecto a la situación particular del tomate, explicó que la Conacom lo que analizará es una posible configuración de un acuerdo anticompetitivo. “Lo que está prohibido es que se fijen los precios de manera concertada. Si se diera de esa forma, si es una situación sumariable”, expresó. Indicó que se buscará determinar la existencia de un abuso de posición dominante por parte de un grupo económico específico. “Lo que es reprochable es el abuso de esa posición. Lo que se tiene que observar también es si existe una conjunción para la fijación de precios entre los sujetos que están interviniendo en la situación”, agregó.