El presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, designó a Sara Delia Irún Sosa como nueva titular de la Secreta­ría de Defensa del Consumi­dor y el Usuario (Sedeco), en reemplazo de Juan Marcelo Estigarribia. El cambio se dio a través del Decreto del Poder Ejecutivo n.° 693, fir­mado por el presidente San­tiago Peña. Estigarribia venía desempeñándose en el cargo desde agosto de 2018, cuando fue nombrado por el enton­ces presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

La des­titución de Estigarribia se da en medio de una escalada de precios del tomate y otros pro­ductos frutihortícolas, prin­cipalmente en las cadenas de supermercados. Al respecto, Estigarribia señaló que la función de la Secretaría de Defensa del Consumidor no puede ir más allá de informar y monitorear los precios de los productos.

Desde la Comisión Nacional de la Competencia (Cona­com) sostienen que es la Sedeco la institución encar­gada de velar por los derechos del consumidor ante la situa­ción planteada con los precios del tomate. Ricardo Gavilán, director de Investigación de la Conacom, sostuvo que la ins­titución tomó conocimiento de la situación de los precios del tomate, pero aclaró que no tienen la competencia regula­dora.

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“Mal podríamos sugerir, recomendar u ordenar a las empresas particulares los pre­cios que deben fijar para ofre­cer a los consumidores. Lo que perseguimos son las conductas anticompetitivas y los acuer­dos anticompetitivos”, señaló en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

Con respecto a la situación particular del tomate, explicó que la Conacom lo que anali­zará es una posible configu­ración de un acuerdo anti­competitivo. “Lo que está prohibido es que se fijen los precios de manera concer­tada. Si se diera de esa forma, si es una situación sumaria­ble”, expresó. Indicó que se buscará determinar la exis­tencia de un abuso de posi­ción dominante por parte de un grupo económico especí­fico. “Lo que es reprochable es el abuso de esa posición. Lo que se tiene que observar también es si existe una con­junción para la fijación de pre­cios entre los sujetos que están interviniendo en la situación”, agregó.

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