Proyecto de tobilleras electrónicas está estancado en el Senado
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El diputado Derlis Rodríguez lamentó que la Cámara de Senadores aún no haya tratado el proyecto de ley para la implementación y utilización de las tobilleras electrónicas. El legislador indicó que es uno de los temas que requerían de prioridad por parte de los actores políticos, en este caso, los legisladores, en cuanto a políticas públicas de seguridad.
“En un primer momento, el proyecto tuvo mucha repercusión respecto a los casos de feminicidio del año pasado, en la Cámara de Diputados hemos aprobado las modificaciones en noviembre, fue remitido al Senado y quedó ahí lastimosamente. El Ejecutivo planteó de una manera urgente, sin embargo, no sé cómo habrá quedado, porque en el Senado no se le dio el trámite que yo pensé que tendría”, cuestionó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El legislador indicó que el proyecto debe ser tratado lo más pronto posible, teniendo en cuenta que el dispositivo podría ser utilizado tanto en la lucha contra la violencia contra la mujer, feminicidios, como también ante la creciente inseguridad.
“Hoy por hoy, por todo lo que estamos viendo, esta inseguridad tremenda y que lastimosamente estamos pasando, lo que es feminicidio nuevamente, creo que con la implementación de las tobilleras nos urge. Yo creo que la visión amplia del Estado no se está viendo en cuánto a lo que podría brindar, que podamos tener los dispositivos”, apuntó.
Mientras tanto, sostuvo que es momento de establecer prioridades y no solo apuntar a los problemas, sino también plantear las soluciones. Citó como ejemplo a la situación de seguridad en el departamento de Alto Paraná, donde actualmente se está llevado adelante un megaoperativo con 200 policías ante la ola de inseguridad.
“Yo creo que es en orden de prioridades de nosotros que somos actores políticos, yo creo que tenemos que comenzar a ver el problema y ver la solución con el problema. Hoy, por ejemplo, estoy viendo muchos actores políticos quieren, en el este, que en una semana se solucione un problema de hace décadas en cuanto a lo que es seguridad, y no se puede de esa manera”, sentenció.
Mediante tobilleras electrónicas, Gobierno apunta a reducir el hacinamiento en las cárceles
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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, participó de una reunión interinstitucional sobre el uso de tobilleras electrónicas, encuentro impulsado por el ministro del Interior, Enrique Riera y donde también participaron representantes del Poder Judicial. Las autoridades abordaron sobre la posibilidad de que más personas puedan disponer de los dispositivos electrónicos.
“Coincidimos plenamente en celebrar que se haya abierto la aplicación de los dispositivos electrónicos de control a todos los hechos punibles, eso nos da una enorme herramienta para poder ofrecer a los jueces de ejecución penal y de Garantías la posibilidad de acuerdo al criterio que ellos vayan aplicando”, explicó Nicora.
El secretario de Estado detalló que esto permitirá que las personas que tienen procesos abiertos, puedan litigar con el fin de acceder a una prisión domiciliaria, con la utilización de las tobilleras, de modo a generar garantías para la seguridad de las personas. “Muchas veces ese es el temor, la sociedad necesita sentirse protegida”, expresó.
En primera instancia, las tobilleras solo estaban disponibles para casos de violencia familiar o contra la mujer, sin embargo, con esta ampliación, se permite que personas procesadas por otros hechos, también puedan acceder al dispositivo. Esto enmarcado en una política del Gobierno para reducir el hacinamiento penitenciario, optimizar la gestión del sistema judicial mediante la implementación de tecnología.
Por su parte, el ministro Riera valoró la importancia de coordinar esfuerzos entre instituciones del sistema de justicia. Anunció la creación de una “Mesa por la Justicia”, enfocada en unificar las bases de datos entre organismos como la Policía Nacional, la Corte Suprema, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y el Ministerio de Justicia.
Otras autoridades presentes fueron el director general del Sistema 911, Hernán Escobar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, junto a los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes.
Reforma del transporte público: reducir tiempo y eliminar reguladas, principales objetivos
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El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.
“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.
El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.
Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.
El objetivo principal de esta propuesta es erradicar las reguladas, otorgar un buen y regular servicio del transporte a los usuarios del área metropolitana. Foto: Marina Díaz
Datos claves
- Reformas
La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.
- Innovaciones
Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.
Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.
También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.
Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.
- Concesiones (artículo 31)
1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.
2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.
3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.
4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.
5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.
6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.
- Provisión de flotas
La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).
El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).
- Tarifas
1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.
2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.
3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.
4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).
Vecinos de Luque exigen mayores datos sobre el proyecto de autopista elevada
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Pobladores de distintos barrios de la ciudad de Luque llegaron hasta la sede municipal para reclamar información sobre el proyecto de autopista elevada. Piden una audiencia pública para mayor socialización del plan que afectará a varias familias.
“Nosotros estamos aquí hoy solicitándole a la Junta Municipal que nos puedan ayudar a canalizar nuestro pedido de informe sobre este proyecto”, señaló Romi Cabral al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La vocera del grupo de vecinos manifestó que se enteraron vía redes sociales del inminente inicio de la obra.
Dijo que se está proyectando la construcción de un viaducto de aproximadamente 4 kilómetros que va a atravesar la ciudad de Luque, por lo que exigen más datos sobre el punto.
“Estamos en un ambiente de incertidumbre, de desconfianza porque no nos informan, no nos pasan ningún proyecto en bruto para que nosotros podamos conocer el alcance que va a tener referente a lo que es el impacto económico y medioambiental”, sostuvo.
La joven considera que las autoridades deben prestar mayor atención a otras necesidades más urgentes de los luqueños.
“No estamos ajenos a que haya progreso, queremos progreso en nuestra ciudad, queremos progreso en nuestro país. Pero primero queremos saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo ellos van a canalizarle a las personas. O cómo ellos van a reubicarle a las personas que van a ser directamente afectadas”, puntualizó.
Al menos 1.000 tobilleras electrónicas están disponibles para dar cumplimiento a la disposición judicial que amplía su uso a nivel nacional. Foto: Archivo
Destacan decisión de la Corte y ratifican que hay 1.000 tobilleras disponibles
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El director del Sistema 911, Hernán Escobar, ratificó que existe un contrato abierto de hasta 1.000 tobilleras electrónicas, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ampliar el uso de estos dispositivos a nivel nacional.
“Lo que nosotros habíamos solicitado el 18 de julio a la Corte es que esto se amplíe a todo el país y en todas las etapas procesales. Así como a todo el ámbito de aplicación de la Ley y la Corte, ayer fue eso lo que nos otorgó”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Recordó que con recursos de la Itaipú Binacional se invirtió en el equipamiento de la Policía Nacional con la adquisición de 600 patrulleras, 1.000 motocicletas y ahora está en proceso de entrega los chalecos.
“Y una de las partes es la parte de Comunicación, nosotros le dotamos a la Policía un nuevo sistema de comunicación. Hoy tenemos la posibilidad de ver en tiempo real en Asunción y en Central dónde están las patrulleras”, subrayó.
En cuanto a la dotación de tobilleras, Escobar mencionó que hoy diez dispositivos están colocados en seis hombres y cuatro mujeres.
Según manifestó, las tobilleras podrían tener 2.900 usuarios posibles dentro del sistema penitenciario, aunque aclaró que son los jueces los que deben otorgar el uso. Con ello se podría descomprimir el sistema penitenciario que está muy cargado, conforme expresó.
“El contrato que hicimos con el llamado por licitación pública fue a un servicio, o sea nosotros pagamos por equipos activos. Significa que hoy el Ministerio del Interior paga por diez y a medida que vaya subiendo va a pagar por la cantidad que tiene activo hasta completar 1.000”, añadió.