El presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, detenido en Brasil en febrero de 2022, declarará el miércoles 10 de junio a las 8:00, en el marco del juicio contra Arnaldo Giuzzio, anunció este viernes el tribunal al concluir la audiencia en que la Fiscalía presentó varias documentales acerca de las coimas que habría recibido el exministro abdista.

El fiscal Jorge Arce realizó la presentación de varios mensajes de la aplicación WhatsApp entre el administrador de la empresa de blindados de Marcus Vinicius con personas ligadas a Arnaldo Giuzzio, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, desde tribunales al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM.

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El agente fiscal expuso que se realizó el análisis de la comunicación de la aplicación de mensajería instantánea, extraída del teléfono celular que presenta dos versiones, es decir, vinculada a dos cuentas, entre un contacto que sería Vinicius y el vínculo con Giuzzio identificado como Adolfo D´Ecclesiis. Así también se expuso los intercambios de mensajes entre Vinicius y Giuzzio.

Entre los mensajes, el fiscal expuso que imágenes de vehículos y un reporte periodístico señalados como “familia Mota Ponta Porá”, y describió que “estas fotografías corresponden a reportes periodísticos del procedimiento desarrollado en la ciudad de Ponta Porá, ocasión en la que fueron detenidos Antonio Joaquín da Mota y su esposa Ceci Méndez da Mota en el marco del operativo Patrón de la Baja”. Seguido a esas imágenes se intercambiaron varios mensajes.

“En fecha 22 de octubre del 2021, Marcus Vinicius y Arnaldo Giuzzio intercambiaron la siguiente conversación. Luego, en fecha 23 de noviembre el 2021, Marcus Vinicius envió al contacto identificado como Arnaldo Giuzzio ministro del Interior para indicarle que ya se encontraba en Asunción y que ya contaba con las muestras para hacer las pruebas de balísticas de los materiales para los chalecos”, fueron parte de las conversaciones expuestas por la fiscalía durante el juicio.

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La necesidad de disciplina fiscal y monetaria en América Latina fue el tema central de la presentación de Germán Rojas Irigoyen, presidente de Banco Basa SA y exministro de Hacienda (ministro de Economía), en el marco del 43.° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), durante el panel titulado “Consensos mínimos para la Estabilidad y la inversión” Casos de éxito en la región”.

La presentación se hizo en conjunto con Azucena Arbeleche, exministra de Economía y Finanzas de Uruguay y economista. Ambos, según Infobae, analizaron el proceso económico argentino y compartieron experiencias sobre la gestión de la estabilidad macroeconómica en la región.

Durante la última pregunta del panel, los dos exministros se refirieron de manera directa al proceso que atraviesa la Argentina. Rojas Irigoyen se detuvo en los cambios institucionales que marcaron el rumbo macroeconómico de Paraguay y los comparó con el escenario argentino actual. “Hay un camino interesante que se basa en los fundamentos de la parte fiscal y de la parte monetaria, crediticia y cambiaria”, afirmó. Luego, destacó la importancia de la autonomía del Banco Central en el proceso de estabilización de Paraguay, según el portal argentino.

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“La independencia y la autonomía del Banco Central fueron un salto importantísimo para Paraguay. A partir de ahí se corta el financiamiento al Estado, se corta la maquinita y empieza un proceso de, sí, adelantos de corto plazo dentro del ejercicio fiscal con parámetros bien definidos. Ese es todo el crédito que el Banco Central le da al Gobierno, por llamarlo así”, sostuvo Rojas.

Rojas Irigoyen remarcó el valor de las reglas fiscales como instrumentos para dar previsibilidad a las políticas públicas. “Si no se tuviera el concepto de bien público, hoy esa regla fiscal se rompería con un artículo de la ley de presupuesto del año siguiente, y eso se ha preservado”, sostuvo. Además, subrayó que la estabilidad requiere un esfuerzo constante: “Esta estabilidad hay que seguirla trabajando para mantenerla y profundizar, sobre todo a nivel micro”.

Por su parte, Arbeleche consideró que comunicar la importancia de la disciplina fiscal resulta clave para obtener apoyo social. “En Uruguay fue sumamente importante invertir tiempo en explicarle a la ciudadanía qué significaba cuidar los dineros de los contribuyentes”, explicó, dice Infobae.

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Durante el panel, la experiencia paraguaya se presentó como una muestra de que la disciplina fiscal sostenida puede transformar la economía de un país. El exministro de Hacienda recordó que el cambio institucional permitió cortar la dependencia del financiamiento monetario y dio paso a una gestión más responsable de las cuentas públicas. “Es replicable y yo veo del sentir lo que es Argentina hoy, que ustedes están en ese camino. No es un camino fácil, no está exento de sacrificio, pero es bueno entender que esos dolores son para mejores días”, sostuvo.

La intervención de los exministros incluyó referencias al rol de la política fiscal y monetaria en el desarrollo de marcos de estabilidad para la inversión extranjera. Rojas Irigoyen señaló la importancia de la autonomía de los organismos encargados de la regulación monetaria y crediticia, mientras que Arbeleche insistió en la necesidad de explicar la función de las reglas fiscales para que la ciudadanía comprenda los beneficios de largo plazo.

El abogado Ricardo Preda manifestó que la responsabilidad penal por la destrucción de las obras del Metrobús no debería limitarse únicamente al exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, imputado actualmente por los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas.

Según Preda, es fundamental investigar si existieron instigadores o personas que motivaron la decisión de sepultar la obra vial que apuntaba a garantizar a los ciudadanos de la capital y del área metropolitana un servicio digno y de calidad, teniendo en cuenta que los informes técnicos que le fueron expuestos al exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez desaconsejaban dicha medida.

“Yo no creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens. La cuestión acá está solamente en que estos hechos ocurrieron hace muchos años y habría que revisar si ya están prescriptos con relación a las conductas de otras personas que pudieron haber intervenido o instigado la decisión de que las obras sean destruidas“, indicó Preda en una entrevista con el programa ”Arriba hoy" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El abogado acotó: "Hay que ver si alguien le dio la instrucciones a Wiens, quien está imputado como autor de la destrucción, pero se debe ver si alguien le convenció o motivó para que haga eso, ya que desde el punto de vista técnico, sus profesionales técnicos le decían que no lo haga. Igualmente, esto no le exonerará de una responsabilidad penal, ya que no puede exonerarse diciendo que alguien le dio una orden“.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

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Las afirmaciones de Preda surgieron tras darse el pasado jueves 28 de mayo, el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, predecesor de Wiens, quien también fue investigado e imputado por lesión de confianza en torno a la fallida obra vial.

“Realmente, el trabajo de la Fiscalía sobre el caso Metrobús fue muy exhaustivo después del sobreseimiento provisional al exministro Ramón Jiménez Gaona y entraron a investigar no solo las constancias de la investigación penal, sino también lo atinente al proceso arbitral donde ambas partes, tanto el Estado paraguayo como la empresa Mota Engil presentaron evidencias para que cada uno refuerce su argumento”, comentó.

Señaló que “esas evidencias sirvieron de base para concluir que no hubo ninguna conducta punible en el periodo de Jiménez Gaona, porque obviamente todo lo que se pagó en su administración tuvo una contraprestación equivalente y que las obras sí podían ser terminadas y que, de hecho, los propios consultores del gobierno posterior (gestión de Arnoldo Wiens) señalaban que esas obras no solo podían, sino que tenían que ser continuadas porque esa era la opción correcta".

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El principal reto del mercado laboral paraguayo no pasa solo por generar empleo, sino por aumentar los ingresos de los trabajadores, plantea el economista Manuel Ferreira, al poner el foco en la necesidad de expandir la llamada “planilla salarial” del país.

Este concepto, explicó, se refiere al total de ingresos laborales, resultado de multiplicar la cantidad de trabajadores por sus salarios. En términos económicos, es un indicador cercano al producto interno bruto (PIB), ya que refleja el tamaño real de los ingresos generados por el trabajo.

“El objetivo es que esa planilla crezca”, señaló Ferreira a la 650 AM, al destacar que esto depende directamente de la demanda de empleo, es decir, de la capacidad de las empresas de generar puestos de trabajo mejor remunerados. Subrayó que son las empresas las que impulsan la contratación y, por lo tanto, la mejora de los ingresos.

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El economista advirtió que el desafío no es únicamente aumentar el número de trabajadores, sino elevar el nivel salarial promedio. Para ello, consideró clave fomentar un entorno que permita a las empresas crecer, invertir y demandar más mano de obra calificada.

En paralelo, introdujo un elemento estructural que condiciona este objetivo: la informalidad. Según datos citados, alrededor del 33 % de los trabajadores en Paraguay no percibe el salario mínimo, lo que refleja la existencia de un amplio segmento de empleo con ingresos por debajo de los estándares legales.

Este grupo, que equivale a uno de cada tres trabajadores, se encuentra mayormente fuera de estructuras formales como sindicatos o gremios, lo que limita su participación en el debate sobre políticas salariales.

“El problema es que muchas veces se discute el salario mínimo sin considerar a quienes no lo alcanzan”, se desprende del análisis. Esta situación evidencia una desconexión entre la normativa laboral y la realidad de una parte significativa del mercado.

Para Ferreira, el camino pasa por ampliar la base de empleo formal y mejorar la productividad, de modo a elevar los salarios de forma sostenible. Esto implica no solo políticas laborales, sino también condiciones económicas que incentiven la inversión y el crecimiento empresarial.

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