La defensa representada por abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) recusó al fiscal Juan Daniel Benítez, en el caso de la ocupación ilegal de la propiedad de la Finca Nº 5603, ubicada en el distrito de Curuguaty, perteneciente a la Ganadera Pindo S.A. El pasado 2 de octubre comenzaron las audiencias de juicio oral contra cuatro mujeres identificadas como líderes.

En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, el agente fiscal explicó que esta recusación que fue puesta ya en pleno juicio oral, es una más de las múltiples chicanas de la defensa que está a cargo de los abogados Walter Isasi y Eduardo Aguayo. Indicó que anteriormente ya han realizado varios actos dilatorios con la intención de no ir a juicio oral y buscar la impunidad de las cuatro mujeres identificadas como Jorgelina Coronel Zala, Angélica Silva, Ana María Santander de Jara y Rosana Mabel Bareiro Dávalos.

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Indicó que esperan que en la brevedad sea resuelta la recusación impuesta por la defensa, en tanto el fiscal adjunto de Canindeyú Dr. César González tomará la decisión al respecto, a fin de que se pueda continuar con el juicio oral.

El fiscal Juan Daniel Benítez, cuestionó la postura de ciertas organizaciones sociales que tienden a “romantizar las invasiones de tierra”. Foto: Gentileza

“Estas cuatro mujeres están acusadas por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno. Hay que entender que en este caso hay varios acusados, pero solamente estas mujeres se han presentado. Haciendo una lectura jurídica de esta situación, lo que vemos es que los principales cabecillas están mandando al frente a estas mujeres, para que se presenten ante la justicia con el fin de que sean beneficiadas con algún tipo de impunidad a través de la prescripción de la causa por plazo del tiempo o alguna otra medida”, mencionó.

Asimismo, añadió que existen otros identificados que están con orden de captura y que a la fecha aún no han sido capturados, y por eso han enviado a las más débiles procesalmente al frente, mientras que los principales cabecillas aún siguen con paradero conocido.

No ingresa el Estado

El fiscal Benítez explicó que la finca conocida como estancia Pindó hoy en día ocupado en su totalidad por los invasores es una zona que no puede ingresar autoridades del Estado, ni la Policía, ni la Fiscalía y mucho menos los auténticos dueños de la propiedad. “Es una zona muy compleja donde prácticamente el Estado no existe, entonces se hace casi imposible dar con ellos desde hace bastante tiempo”, indicó.

Indicó que la carpeta fiscal identifica a dos cabecillas principales, pero además de ellos existen otras personas más con orden de captura. Afirmó que para la fiscalía lo más importante es dar y capturar a Jorge Mercado, que es la persona sindicada como principal cabecilla de todo el grupo. Si bien no manejan datos actuales, estiman que el grupo invasor está compuesto por unas 30 familias que de manera violenta habían invadido la estancia Pindó en el año 2012.

El fiscal cuestionó la postura de ciertas organizaciones sociales que tienden a “romantizar las invasiones de tierra”, cuando se trata de un despojo que se realizó con violencia y no bajo las reglas de la ley para adquirir la propiedad.

“Por eso estas personas deben dar cuenta por sus conductas, hay mucho en estas organizaciones que plantean de una forma de romantizar las invasiones de tierra pero son básicamente robos de la propiedad de manera violenta. No hay nada romántico o de social en el acto de despojar a alguien de su propiedad”, enfatizó.

Asimismo, cuestionó que de acuerdo al relevamiento de datos realizado por la Policía del 2018, y a la fecha no existen datos concretos de quiénes y cuántas son las personas que ocupan ese espacio, debido a que ellos no permiten el ingreso de nadie a la propiedad.

“Si ellos quieren pelear por un pedazo de tierra de manera legal, deberían al menos identificarse, esos datos por ejemplo no tenemos con exactitud en estos momentos. Creemos que son aproximadamente unas 30 familias que ocupan un espacio realmente grande porque son prácticamente 4.600 hectáreas, y en todos estos años se hicieron con la totalidad de la propiedad. En estos años se armaron una pequeña ciudadela en la cual solo impera el orden que ellos establecen”, explicó.

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