El abogado y exdiputado colorado Óscar Tuma calificó de absurdo que aún no se haya aplicado en el país la medida alternativa de las tobilleras electrónicas ya que, entre otras cosas, brindaría garantía ciudadana y descomprimiría el sistema penitenciario. Al respecto, recordó que él fue proyectista en el 2017 y la reglamentación quedaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia, porque se trata de cuestiones jurisdiccionales.
El profesional del derecho explicó en comunicación con la radio 800AM que el uso de la pulsera es para las personas que están sometidas bajo un proceso penal y puedan solicitar medidas sustitutivas a la prisión con el control correspondiente. Por ello, lo lógico era que el órgano encargado de llevar adelante la reglamentación sea la Corte Suprema de Justicia.
“Lastimosamente, en el 2019 cuando era ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, junto al ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, se opusieron a la modificación de este órgano de reglamentación y dejaron a cargo del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior; a partir de ahí fue un desastre. Porque el Ministerio del Interior debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y el Ministerio de Justicia tiene otras funciones, entonces ninguna de estas dos instituciones tiene nada que ver con la implementación de esto”, comentó.
Indicó que a partir de ese entonces se inició todo un proceso de discusiones absurdas que no llevaron a nada, ni a que se pongan de acuerdo; poniendo justificaciones como la falta de presupuesto para cubrir el costo. Indicó que cuando se presentó el proyecto se hizo con base en la experiencia de otros países.
“Aquí no había necesidad de inventar la pólvora, ni inventar nada, solo se tenía que trabajar en modelos que funcionan en otros países y ese es un proyecto que yo adopté. Hoy prácticamente en todos los países de la región ya se aplica el uso de la tobillera electrónica. Entonces, el que se acoge al uso es quien debe de pagar, no tiene por qué pagar el ciudadano”, explicó.
Aclaró que si una persona cae en desgracia, se somete al proceso penal y pide al juez seguir en libertad mientras dure el proceso, solicitando hacer lugar a la medida ambulatoria de libertad bajo el control de uso de tobillera del cual paga el costo correspondiente.
“No se genera ningún gasto para el ciudadano, sino al contrario se genera un control de la persona procesada, que va estar bajo monitoreo de las autoridades de seguridad. Eso trae garantías ciudadanas y a la vez descomprime el sistema penitenciario. Acá se monitorean vehículos, incluso el ganado está bajo monitoreo de GPS, entonces es absurdo que no se pueda monitorear a personas que están bajo proceso penal”, acotó.