El Instituto de Previsión Social (IPS) no proveyó la totalidad de la documentación requerida por la Contraloría General de la República (CGR) respecto a la estructura de la deuda a empresas proveedoras de medicamentos e insumos, así como también del detalle del pago que se efectúa mediante el préstamo de US$ 250 millones que fue concedido por el Congreso Nacional. Existen sospechas de que la previsional estaría priorizando a un grupo de farmacéuticas, en detrimento de otras, lo que sería un indicio de corrupción.
“Tiene que haber un criterio de pago porque aparentemente el presidente del IPS, Vicente Bataglia, está pagando con preferencia a un grupo en detrimento de otro y eso atenta contra el principio de paridad de los acreedores, es decir, uno no puede elegir a quien pagarle y a quien no porque levanta una cantidad de alertas el hecho de que uno priorice a una persona por sobre otra”, explicó el Contralor General de la República, Camilo Benítez, en comunicación con la 730 AM.
El 15 de noviembre del año pasado, el órgano contralor solicitó al IPS un extenso listado de información y documentación respecto a las deudas que tiene con los proveedores, en un primer momento, la previsional respondió alegando que no iba a proveer dicha información debido a que no contaba con los recursos humanos necesarios, no obstante, posteriormente proveyó la información pero no en su totalidad.
La información que queda pendiente guarda relación con el detalle de los pagos que ya fueron efectuados, es decir, a qué farmacéuticas, qué monto, qué porcentaje de la deuda representa, con qué criterio fue definido cómo se pagará, entre otros.
“Cuando una persona le debe a muchos hay reglas que rigen la forma de pago, todos tienen que cobrar un porcentaje igualitario, si yo a uno le pago 100 y a otro 10 no podemos decir que es un delito, pero tiene un olor a corrupción, yo me puedo poner de acuerdo con el que voy a pagar primero, ese dato es lo que ellos no quisieron responder”, aseveró el contralor.
La Contraloría recurrió a una medida judicial, de modo que se pueda acceder a la documentación pendiente, y el juez designado para el caso es Guillermo Trovato Fleitas del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del vigésimo sexto turno, quien deberá definir en un plazo de 24 horas, si se procederá al allanamiento de la previsional.
Le puede interesar: ANR: “La prioridad debe ser ganar las elecciones y estar unidos”, dice Leite
“Ellos deben ser los más interesados en transparentar su gestión”, alegó el contralor y señaló que es importante tener la información completa, debido a que puede darse el caso de que el IPS esté pagando por deudas ya prescriptas. “El IPS no está obligado a pagar lo que no se requirió en su momento”, aclaró Benítez.
El contralor advirtió que el préstamo concedido al IPS es de una suma importante (US$ 250 millones), lo que a su vez representa una tasa adicional de al menos el 15%. “Estamos hablando de mucho dinero, no es un tema menor. Hay que ver el perjuicio que le genera al patrimonio del Estado con el endeudamiento. Estas son deudas del pasado, hay que ver cuáles de ellas son válidas y cuáles no porque el IPS tiene la obligación de pelear por sus intereses”, señaló.