La Contraloría General de la República (CGR) presentó por la mañana de este miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial una medida judicial para que el Instituto de Previsión Social (IPS) provea en su totalidad la información requerida respecto al pago a proveedores, el cual se efectúa mediante el préstamo de US$ 250 millones que le concedió el Congreso Nacional. El juez designado podrá solicitar el allanamiento de la previsional.

“La Contraloría presentó a primera hora la medida, hace un rato nos informó el juzgado donde recayó la medida judicial, que es el Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Sexto Turno, a cargo del juez José Guillermo Trovato Fleitas”, explicó Darío Ortega, director jurídico del órgano contralor, en comunicación con el programa “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

El artículo N° 20 de la carta orgánica de la Contraloría contempla la posibilidad de una intervención judicial en caso en que el ente auditado no proporcione o no facilite en su totalidad los documentos que les fueron solicitados. “Este artículo prevé que el juez va a ordenar el allanamiento del domicilio, del local o depósito a los efectos de que la Contraloría pueda cumplir con su trabajo”, detalló Ortega.

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En este sentido, el juez Trovato Fleitas definirá si la medida para que la Contraloría acceda a lo que solicita será el allanamiento o se recurrirá a otras alternativas para acceder a documentaciones que fueron solicitadas al IPS ya el 15 de noviembre del año pasado, que guardan relación con la estructura de la deuda a las empresas proveedoras de medicamentos e insumos, así también como el detalle de los pagos que fueron efectuados hasta el momento.

La previsional respondió parcialmente con esta información y quedó pendiente un extenso listado de documentaciones. “No se le proveyó detalles respecto a quién se pagó, cuánto, en qué porcentaje, quién tomó la decisión de pagar, si eso se trató en el Consejo”, aclaró el director jurídico.

El plazo estipulado para que el juzgado se pronuncie sobre el pedido de la Contraloría es de 24 horas; no obstante, Ortega indicó que por motivos de fuerza mayor esto suele demorar unos días más. “Ahora que fue sorteado, estamos en camino al juzgado para llevar físicamente los documentos”, señaló.

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