Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recibieron una propuesta de la Comisión Jurídica e Informática de la institución, que plantea la incorporación de elementos de control manual al proceso de escrutinio. Este procedimiento fortalecerá la confianza de la ciudadanía en los resultados emanados de la máquina de votación reflejando fielmente la voluntad popular.

Dicha iniciativa fue presentada en una reunión en la sala de sesiones de la Justicia Electoral. Se plantea reglamentar el escrutinio, conforme al siguiente procedimiento:

a) Una vez elaborada el acta de cierre de la mesa receptora de votos, el presidente de mesa desdoblará cada boletín y procederá a la lectura en voz alta del contenido del mismo. Luego exhibirá cada boletín a los vocales, veedores de mesa y electores presentes. Si algún miembro de la mesa, veedor o apoderado en ejercicio de sus funciones tiene dudas sobre el contenido de un boletín de voto leído por el presidente, puede pedir en el acto para examinarlo, debiendo ser concedido (Artículo 224 C.E.).

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b) Con la colaboración de los vocales, el presidente de mesa irá separando todos los boletines de voto que correspondan a cada organización política, además de blancos y nulos para el cargo de intendente municipal. Luego se contabilizarán los votos obtenidos por cada organización política para el cargo de intendente municipal y el resultado se anotará en la Planilla de Conteo Manual correspondiente al cargo.

c) Seguidamente, se irán separando los boletines de voto que corresponde a cada agrupación política, además de blancos y nulos para el cargo para miembros de Junta Municipal. Luego se contabilizarán los votos obtenidos por cada organización política para el cargo de miembros de Junta Municipal y el resultado se anotará en la Planilla de Conteo Manual correspondiente al cargo.

d) El presidente de mesa acercará el chip o Código QR de los boletines válidos al lector de la máquina de votación. En la pantalla de la misma se mostrará el contenido de dicho voto, así como la cantidad de votos que vaya obteniendo cada candidato a intendente municipal, así también la cantidad de votos por cada lista y de votos preferentes por cada candidato a miembros de Junta Municipal.

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e) Los miembros de la mesa receptora de votos, y los apoderados, veedores y electores podrán comparar que el resultado visualizado en la pantalla de la máquina de votación corresponde al resultado contenidas en las Planillas de Conteo Manual; y,

f) Si los miembros de la mesa receptora de votos, veedores o apoderados tienen dudas podrán solicitar el recuento de los boletines de voto.

Seguidamente imprimirán las Actas y Certificados de Resultados correspondientes a la mesa.

En caso de no coincidencia de los resultados se reglamentará el mecanismo de verificación de los resultados del escrutinio de la mesa.

• México, México. AFP.

La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.

Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.

Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.

En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.

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Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.

“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.

Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.

Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.

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Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).

El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.

“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.

Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.

“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.

Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.

Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.

Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.

También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, por ataques cibernéticos contra instituciones del Estado. Hasta el momento, se han detectado y contenido 18 incidentes atribuidos a hacktivistas.

A raíz de la investigación, y con base en la evidencia técnica recolectada por equipos especializados, así como en publicaciones atribuidas a los responsables en la red social X, se ha procedido a la presentación de una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, por ataques cibernéticos contra instituciones del Estado.

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Desde la institución señalan que los hechos denunciados incluyen accesos no autorizados a servidores, interrupciones en servicios públicos digitales, sustracción y difusión de datos sensibles, y actividades maliciosas originadas desde el extranjero, acciones que podrían constituir delitos tipificados en el Código Penal Paraguayo vinculados al cibercrimen.

Mencionan que la denuncia podrá ser ampliada en caso de que surjan nuevos indicios sobre eventuales hechos que pudieran derivar en la comisión de posibles delitos, afirma la institución.

El informe señala que el Mitic notificó sobre los recientes incidentes cibernéticos que han afectado a diversas instituciones públicas, en el que actualiza la información sobre el trabajo realizado.

El comunicado indica que desde el momento en que se tuvo conocimiento de cada una de las vulnerabilidades, identificadas a partir del 10 de mayo de 2025, el MITIC, a través del equipo técnico especializado del CERT-PY, ha trabajado en coordinación con los Responsables de Seguridad de la Información de cada organismo afectado.

“Se activaron de inmediato los protocolos de respuesta establecidos para cada tipo de incidente, priorizando la contención y neutralización de las amenazas”, menciona el comunicado.

Asimismo, señalan que actualmente, luego de lograrse la contención de los incidentes, se realizaron análisis exhaustivos y la implementación inmediata de mejores prácticas de seguridad, mediante el uso de herramientas especializadas.

“Este trabajo busca profundizar nuestra actuación, abarcando diversos componentes de la infraestructura de los organismos afectados, con el fin de identificar y mitigar cualquier otra posible vulnerabilidad”, añade el comunicado.

Así también indica que todos los organismos, a través de sus especialistas en Tecnología y Seguridad, han logrado contener los incidentes y se encuentran en proceso de restablecimiento seguro de sus sistemas, con el acompañamiento técnico continuo de los profesionales del CERT-PY.

“Hemos verificado y contenido un total de 18 casos, de los cuales se identificaron trece (13) incidentes de defacement (alteración de la apariencia de sitios web); en dos (2) casos se confirmó la captura de información que el actor de amenazas alega haber extraído durante el ataque —siendo datos de identificación personal, pero no información de tipo bancaria—; y en tres (3) casos, accesos no autorizados“, precisa el informe.

Desde el Mitic confirmaron que las instituciones afectadas fueron el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Justicia (MJ).

Igualmente detectaron ataques a la Contraloría General de la República (CGR) a través de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Presidencia de la República (Gabinete Civil), el Gabinete Militar, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Dirección General de Migraciones (Repatriados).

La lista continúa con la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la Honorable Cámara de Diputados (HCD), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), específicamente la Dirección de Meteorología, la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), la Municipalidad de Pilar, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).

“Reiteramos que las amenazas en materia de ciberseguridad son constantes, al igual que nuestras acciones de fortalecimiento y mejora continua. Asimismo, sostenemos nuestro compromiso con la comunicación responsable hacia la ciudadanía a lo largo de todo el proceso", concluye el comunicado del Mitic.

Para reportar cualquier incidente de seguridad, la institución pone a disposición la vía de contacto a través del siguiente correo electrónico: abuse@cert.gov.py

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La coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, aclaró que el grupo de dirigentes opositores que ocasionó disturbios frente al Poder Judicial, con la finalidad de acceder a la explanada y al Museo de Justicia, no siguió el protocolo establecido para el ingreso, por ende, no contaba con una autorización oficial.

“Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. Habían presentado un nota el pasado 20 de marzo, indicando que querían reunirse y conversar para la entrega del expediente de la causa judicial Rodrigo Quintana y de esa manera dejarlo para su preservación en el museo”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Palau señaló que incluso solicitaron a una de las firmantes, de nombre Marlene Orué, acudir previamente hasta el museo con el fin de exponer sus pretensiones y coordinar acciones. “Nosotros no podemos recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todo el fondo documental del museo está declarado como patrimonio intangible de la humanidad”, explicó.

Asimismo acotó: “Esto no quita que no queramos en estos 35 años de democracia incorporar otras causas, pero las mismas deben estar finalizadas con sus últimas sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel de Corte Interamericana. Pueden ser causas emblemáticas y ser materiales de consultas para los investigadores que visitan el museo. Nosotros no somos archivo”.

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Palau detalló que tras el encuentro con la dirigente opositora se le solicitó remitir una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, argumentando las razones sobre sus pretensiones de querer incorporar el expediente de la causa judicial de Quintana al Museo de Justicia.

Agregó que ayer 31 de marzo, fecha en que acontecieron los incidentes, se marcó un encuentro entre el director del museo, José Agustín Fernández, los padres de Quintana y la dirigente Marlene Orué para las 10:00.

“Llegó la hora y ellos no se presentaron. No estábamos enterados que se armó una manifestación al frente. Dijeron que autoricé el ingreso, pero yo no puedo hacerlo. El mecanismo para el ingreso al museo es mediante un agendamiento, se llama por teléfono, se da una dirección electrónica y los visitantes remiten la lista de personas, el horario, fecha y hora”, contó.

Palau siguió argumentando que “esto se hace con el fin de brindar a los visitantes toda la seguridad y comodidad para realizar el recorrido. No estaba agendada la visita para el número de personas (dirigentes opositores), sí para los padres de Rodrigo y de la señorita Marlene”, dijo.

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