Desde la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Auténtica (OTEP-A) afirman que este año escolar, al igual que los anteriores, fue bastante complicado y señalan que parte de la responsabilidad fue de las administraciones departamentales y municipales. “Algunas gobernaciones han brillado por una gran irresponsabilidad social respecto a la no provisión de la alimentación escolar en tiempo y forma, contribuyendo con la deserción escolar”, afirmó Gabriel Espínola, secretario general del gremio.
Añadió que el 2022 fue un año con “mucha precariedad” no solo por la ineficiente entrega de los almuerzos y meriendas escolares, sino también por la falta de acompañamiento de psicólogos y psicopedagogos en las instituciones educativas, cuestión que hubiese tenido un impacto positivo debido a las afectaciones que tuvo la pandemia en niños y adolescentes, señaló el educador en comunicación con la 650 AM.
“El horizonte no es nada favorable, vamos a seguir teniendo el mismo presupuesto, eso quiere decir, la desatención en términos de infraestructura y equipamientos va a continuar”, advirtió Espínola. Indicó que si bien se podrán ejecutar ciertos proyectos a través del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), el presupuesto seguirá siendo insuficiente.
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Así también, el secretario general del gremio lamentó la existencia de una gran descoordinación entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), gobernaciones y municipalidades, hecho que entorpece aún más los esfuerzos por mejorar la situación educativa. “Esto se ha agravado porque los recursos que se disponen son más que escasos. La entidad matriz brilla por su ausencia en gestión y efectividad”, lamentó.
En este sentido, señaló que la inversión en educación se mantiene en el 3,4%, hecho que imposibilita avanzar siquiera en la mejora de la infraestructura de las instituciones educativas. “El inicio del 2023 se verá con un vallado de seguridad para que los miembros de la comunidad no vayan por algún pabellón ante el peligro que existe”, dijo el educador haciendo referencia al estado de las escuelas.
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Gobernaciones de Alto Paraguay y Santa Cruz apuntan al desarrollo económico
Las gobernaciones de Alto Paraguay y Santa Cruz firmaron una declaración en el marco del fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y culturales para avanzar hacia una mayor integración que tendrá como fin el desarrollo económico y productivo de ambas regiones. El evento, considerado como un hecho histórico, fue realizado en el Hito VII Coroneles Sánchez en la localidad de Agua Dulce.
La declaración suscrita por el jefe departamental Arturo Méndez y su homólogo boliviano, Mario Aguilera, está compuesta por siete puntos, integración y hermanamiento, difusión del conocimiento como herramienta de gestión, intercambio de experiencias y buenas prácticas de la gestión pública, apoyo y priorización a las actividades comerciales, promoción de la cultura y el turismo, agricultura y ganadería, recursos naturales y medio ambiente.
“Tenemos la oportunidad de corregir grandes errores del pasado, por generaciones como vecinos nos dimos la espalda. Somos vecinos, somos hermanos. Paraguay es un pueblo que pide a gritos la integración, que trabajemos juntos. Soñamos con varios proyectos ambiciosos para poder llegar al desarrollo que tanto deseamos en nuestros pueblos. Esto se puede lograr con organización, sacrificio, esfuerzo, pero por sobre todo voluntad”, manifestó Méndez.
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Ambas localidades analizan impulsar proyectos con un gran impacto regional transfronterizo, entre los cuales figura dotar a la región de caminos de todo tiempo, asegurando de esta manera el envío de productos hacia los grandes mercados.
“Esta declaración marca un hito, es un mensaje para nuestra Sudamérica y para el mundo. Estamos construyendo estos caminos, una muestra clara de convicción para potenciar nuestro relacionamiento internacional en búsqueda de desarrollo y apoyo mutuo en la región. Un solo corazón, varios brazos con un solo objetivo servir”, indicó Aguilera.
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Liberales a la carga: USD 46 millones en adjudicaciones por alimentos
Empresas cercanas a dos legisladores liberales fueron beneficiadas con millonarios montos para la provisión de alimentos a instituciones públicas y particularmente para la entrega de merienda y almuerzo escolar. En total, tres firmas ligadas a los opositores se alzaron con contratos por más de G. 341.000 millones.
- Por Juan Carlos Lezcano
Más de G. 341.000 millones (unos USD 46,7 millones) en contratos para la provisión de alimentos a instituciones públicas recibieron las empresas LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA), Pinoty SA y Villa Madrid. Las primeras dos son firmas cercanas a la senadora Celeste Amarilla, mientras que la tercera está vinculada al diputado Pedro Gómez Silva, ambos del Partido Liberal.
De acuerdo con lo que consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), estas tres firmas cercanas a los políticos opositores se alzaron con un total de 103 contratos con instituciones estatales desde el 2010 hasta el presente año.
LOS AMIGOS DE CELESTE
La firma que más dinero recibió por parte de instituciones públicas es LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA). De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.
Del total, el Ministerio de Salud Pública es el que más veces contrató a LF, con un total de diez adjudicaciones. En segundo lugar, entre los “mejores clientes” aparece la Gobernación de Central, con un total de ocho contratos.
En total , esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.
LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavilán y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal Celeste Amarilla. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.
Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.
MIMADOS EN CENTRAL
Volviendo a los contratos, como ya señalamos líneas más arriba, el Ministerio de Salud Pública fue el que más contratos entregó a Latin Food. Sin embargo, la Gobernación del departamento Central es la que más dinero adjudicó a la firma.
De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accionaria.
De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.
El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.
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La firma Pinoty SA es la segunda que más dinero recibió entre las tres firmas. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).
Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la senadora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma representante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.
Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amarilla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como diputada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.
De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.
La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Central, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.
En términos de contratos individuales, la Gobernación de Caaguazú fue la que le entregó la mayor adjudicación. Fue en 2015 cuando la administración de Mario Varela le entregó un contrato de G. 18.763 millones para la provisión de alimentos para el almuerzo escolar.
De hecho, el gobierno del quinto departamento es la institución que más dinero entregó en contratos a Pinoty SA: un total de G. 27.230 millones. Le sigue la Gobernación de Central, con G. 14.008 millones.
PROTEGIENDO EL NEGOCIO FAMILIAR
La lista se cierra con la firma Villa Madrid SA, empresa ligada al diputado liberal por el departamento Central, Pedro Gómez Silva.
La firma tiene como representantes legales a María Ana Silva y Mónica Gómez, madre y hermana, respectivamente, del legislador liberal. De hecho, la empresa tuvo como uno de sus primeros accionistas a Roberto Pedro Gómez Verlangieri, fallecido padre del diputado.
Según los datos que constan en la web de la DNCP, la firma recibió un total de 46 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicaciones por más de G. 75.052 millones desde el 2013 en adelante.
Más de la mitad de las adjudicaciones, 26 en concreto, fueron otorgadas por el Ministerio de Salud Pública. Seis contratos fueron con la Gobernación del departamento Central y cuatro fueron con la Senad.
Sin embargo, la mayor cantidad de dinero provino de la Gobernación de Central, institución que le entregó también el contrato más jugoso a la empresa de la familia del diputado.
En una sola oportunidad, el gobierno centralino le entregó un contrato de más de G. 24.000 millones a la firma. Más concretamente, fue en 2017, durante la administración del liberal Blas Lanzoni, cuando la empresa de la familia Gómez fue beneficiada con una adjudicación para la provisión de pan lacteado, cereales y otros, para la merienda escolar.
Dos años antes, la administración de Lanzoni también había entregado otro contrato de G. 18.000 millones a la empresa de la familia de su correligionario liberal.
En total, la Gobernación de Central entregó contratos por más de G. 67.613 millones a Villa Madrid SA.
DEFENDIÓ PEDIDO DE AUMENTO
Gómez Silva fue uno de los legisladores que defendió el pedido de aumento presupuestario presentado por el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia, cuando el año pasado el Congreso estudiaba el Presupuesto General de la Nación para el 2024.
El estudio del pedido de ampliación presupuestaria solicitada por la administración de Estigarribia tuvo lugar en el pleno de Diputados el 11 de octubre de 2023, fecha en la que el planteamiento fue rechazado.
Para ese entonces, la Gobernación de Central ya había iniciado la licitación para la provisión de alimentos para las escuelas del departamento. Más concretamente, según la web de Contrataciones, la licitación fue publicada ya el 30 de agosto del año pasado. Entre los oferentes apareció Villa Madrid SA, la empresa de la familia del diputado Gómez, que votó a favor de la ampliación solicitada.
La justificación de Estigarribia fue entonces que, sin más dinero, no habría más alimentos para niños. Alimentos que son proveídos, entre otros, por la empresa de la familia de uno de los diputados que votó a favor de la ampliación.
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Mitos y verdades sobre “Hambre cero en las escuelas”
El proyecto de ley denominado “Hambre cero en las escuelas” obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, el 20 de marzo pasado, y aguarda su estudio en la Cámara de Senadores. La coincidencia entre cada uno de los representantes nacionales es lograr, de manera paulatina, la cobertura del 100 % de alimentación escolar, pero con la socialización del plan surgieron diversos mitos sobre cómo quedó finalmente la propuesta estatal.
¿Se eliminan otros programas como Arancel cero?
Con la aprobación del plan se creará el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), con lo cual quedarán eliminadas las leyes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), de Alimentación Escolar y Control Sanitario y la de distribución de compensaciones de la Itaipú Binacional a los municipios de Canindeyú.
“El programa universitario Arancel cero estaba financiado a través del Fonacide, así como otros programas de salud mental, investigación científica, etcétera. Ahora pasarán a ser financiados con Fuente 10 del Tesoro, constituido por los impuestos cobrados; esto genera más seguridad sobre la continuidad de los programas porque contarán con una fuente fija, a diferencia de cómo se fondeaban anteriormente, que consistía en recursos institucionales”, explicó la diputada Rocío Abed para La Nación/Nación Media.
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¿Se contempla solo el almuerzo escolar?
“Créase el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, como un patrimonio de afectación fiscal blindado, destinado exclusivamente al financiamiento de la alimentación escolar en Paraguay”, expresa el primer artículo del proyecto de ley. Al respecto, el propio Gobierno nacional salió al paso, a través de un comunicado, para explicar que se contemplará el desayuno, el almuerzo y la merienda escolar, lo cual queda claramente detallado con la expresión “alimentación escolar”.
“Este programa no suprime el desayuno ni la merienda escolar existente, sino que busca ampliar y mejorar la cobertura de la alimentación escolar, garantizando que todos los estudiantes reciban los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo”, expresa parte del comunicado, entendiendo así la “alimentación escolar” como lo suficientemente abarcativa y no como la elección de uno de los tres alimentos del día.
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¿Hay exclusión sobre algunos departamentos?
“La idea es que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) pueda encargarse de la administración y la ejecución de todo lo que implique el manejo de la alimentación escolar. Asunción, Presidente Hayes y Central, por su cercanía y por sus características metropolitanas que afectan a la mayor parte de su población, debería ser centralizado”, explicó la diputada Abed.
No se habla de una exclusión en la administración de sus recursos, sino de un mayor manejo de los mismos en cuanto a la materialización de la cobertura alimentaria, teniendo en cuenta que los territorios mencionados comprenden una alta concentración poblacional, sobre todo estudiantil, a diferencia de otros territorios. Tendrán un gerenciamiento desde sus gobernaciones determinados departamentos, mientras que los municipios se enfocarán exclusivamente en obras de infraestructura.
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¿Se observa una concentración de poder?
La diputada Abed puntualizó que, si bien el Ministerio de Desarrollo Social será el órgano administrativo de parte de la cobertura alimentaria escolar, junto a las gobernaciones, toda la gestión estará supervisada por el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), que regulará, fiscalizará y exigirá la rendición de cuentas de los recursos asignados para la alimentación en las escuelas, a fin de evitar cualquier tipo de concentración o despilfarro.
“La Contraloría General de la República (CGR) reveló un pésimo manejo de los fondos que debían ser destinados para alimentar a los niños en las escuelas; un ínfimo porcentaje se invertía para el efecto, siendo el caso de Asunción, Central y Presidente Hayes, principalmente. Lo que pretende este proyecto es romper la transferencia generacional de la pobreza y la desigualdad”, refirió la parlamentaria.
¿Existe falta de transparencia en el plan?
En el proyecto con media sanción se estipula que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), tendrá lista una plataforma de registro informático centralizado para cargar toda la información sobre el uso de los recursos del Fonae para que los datos sean de acceso público.
Esto sin mencionar que la administración, distribución, gestión y ejecución de los recursos financieros del Fonae será tarea de la Contraloría General de la República y de los órganos de control interno. De registrarse algún hecho punible, se presentará una denuncia al Ministerio Público, con lo cual se asegura la total transparencia de las gestiones y la prioridad de este factor.
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Mitos y verdades sobre proyecto “Hambre cero en las escuelas”
Macarena Duarte, macarena.duarte@nacionmedia.com
La coincidencia entre cada uno de los representantes nacionales en relación con este proyecto es lograr, de manera paulatina, la cobertura del 100 % de alimentación escolar, pero con la socialización del plan surgieron diversos mitos sobre cómo quedó finalmente la propuesta de ley.
¿Se eliminan otros programas como Arancel Cero?
Con la aprobación del plan se creará el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), con lo cual quedarán eliminadas las leyes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), de Alimentación Escolar y Control Sanitario y la de distribución de compensaciones de la Itaipú Binacional a los municipios de Canindeyú.
“El programa universitario Arancel Cero estaba financiado a través del Fonacide, así como otros programas de salud mental, investigación científica, etc. Ahora pasarán a ser financiados con fuente 10 del Tesoro, constituido por los impuestos cobrados; esto genera más seguridad sobre la continuidad de los programas porque contarán con una fuente fija, a diferencia de cómo se fondeaban anteriormente, que consistía en recursos institucionales”, explicó la diputada Rocío Abed para La Nación/Nación Media.
¿Se contempla solo el almuerzo escolar?
“Créase el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, como un patrimonio de afectación fiscal blindado, destinado exclusivamente al financiamiento de la alimentación escolar en Paraguay”, expresa el primer artículo del proyecto de ley. Al respecto, el propio Gobierno nacional salió al paso, a través de un comunicado, para explicar que se contemplará el desayuno, el almuerzo y la merienda escolar, lo cual queda claramente detallado con la expresión “alimentación escolar”.
“Este programa no suprime el desayuno ni la merienda escolar existente, sino que busca ampliar y mejorar la cobertura de la alimentación escolar, garantizando que todos los estudiantes reciban los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo”, expresa parte del comunicado, entendiendo así la “alimentación escolar” como lo suficientemente abarcativa y no como la elección de uno de los tres alimentos del día.
¿Hay exclusión sobre algunos departamentos?
“La idea es que el Ministerio de Desarrollo pueda encargarse de la administración y la ejecución de todo lo que implique el manejo de la alimentación escolar. Asunción, Presidente Hayes y Central, por su cercanía y por sus características metropolitanas que afectan a la mayor parte de su población deberían ser centralizados”, explicó la diputada Abed.
No se habla de una exclusión en la administración de sus recursos, sino de un mayor manejo de los mismos en cuanto a la materialización de la cobertura alimentaria, teniendo en cuenta que los territorios mencionados comprenden una alta concentración poblacional, sobre todo estudiantil, a diferencia de otros territorios. Tendrán un gerenciamiento desde sus gobernaciones determinados departamentos, mientras que los municipios se enfocarán exclusivamente en obras de infraestructura.
¿Se observa una concentración de poder?
La diputada Abed puntualizó que, si bien el Ministerio de Desarrollo Social será el órgano administrativo de parte de la cobertura alimentaria escolar, y gobernadores, toda la gestión estará supervisada por el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), que regulará, fiscalizará y exigirá la rendición de cuentas de los recursos asignados para la alimentación en las escuelas. Esto a fin de evitar cualquier tipo de concentración o despilfarro.
“La Contraloría General de la República (CGR) reveló un pésimo manejo de los fondos que debían ser destinados para alimentar a los niños en las escuelas; un ínfimo porcentaje se invertía para el efecto, siendo el caso de Asunción, Central y Presidente Hayes, principalmente. Lo que pretende este proyecto es romper la transferencia generacional de la pobreza y la desigualdad”, refirió la parlamentaria.
¿Existe falta de transparencia en el plan?
En el proyecto que cuenta con media sanción, se estipula que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), tendrá lista una plataforma de registro informático centralizado para cargar toda la información sobre el uso de los recursos del Fonae para que los datos sean de acceso público.
Esto sin mencionar que la administración, distribución, gestión y ejecución de los recursos financieros del Fonae serán tarea de la Contraloría General de la República y de los órganos de control interno. De registrarse algún hecho punible, se presentará una denuncia al Ministerio Público, con lo cual se asegura la total transparencia de las gestiones y la prioridad de este factor.