Los dos sobrinos de la senadora liberal, Noelia Cabrera presentaron renuncia a los cargos que estaban ocupando, tras ser apuntados como presuntos planilleros. Ambos estaban recibiendo salario del Poder Legislativo y supuestamente no cumplían funciones en la institución, sino en un estudio jurídico privado.

Se trata de Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos funcionarios oficializaron esta tarde la presentación de su renuncia, esto, luego de que el presidente del Congreso, Basilio Núñez, confirmara que se abriría un sumario contra los dos. Los sobrinos de la legisladora liberal percibían juntos ascendían a más de G. 20 millones.

De acuerdo a publicaciones periodísticas, Iris e Iván fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de personas con Discapacidad de la Cámara Alta.

Lea también: Muvh entrega nuevas viviendas sociales en Caaguazú

No obstante, según trascendidos, ambos no se presentaban a sus puestos de trabajo y en su lugar acudían al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión, aparentemente, pareja de la legisladora. El salario que percibía Iván era de G. 13.500.000, mientras que Iris percibía G. 8.000.000, por lo que desde su contratación hasta la fecha, le habrían costado al Estado unos G. 494.500.000, sin contar aguinaldo u otras remuneraciones que pudieran haber percibido.

Cabe mencionar que la renuncia, aceptada por el titular del Congreso, no anula el desarrollo del sumario, por lo que no se descarta que pudiera derivarse en una causa para la Fiscalía si es que se hallase indicios de comisión de hechos punibles, derivados de este sumario, que se estima durará un máximo de 30 días. “No vamos a tolerar ningún hecho de planillerismo, provenga de donde provenga“, fueron las palabras de Núñez.

Le puede interesar: CGR auditará IPS: “Está como prioridad uno”, afirmó contralor

Adelantándose a las conclusiones que pudieran surgir de la intervención en la municipalidad de Asunción, varios sectores de la oposición anunciaron esta mañana que lograron consensuar una eventual candidatura para la intendencia capitalina, en la figura de la senadora destituida Kattya González.

Referentes de varios partidos y movimientos de la oposición que se presentan como alianza “Unidos por Asunción”, se congregaron esta mañana en la Plaza de la Democracia, en pleno microcentro de Asunción, para comunicar lo mencionado, durante una conferencia de prensa.

Le puede interesar: Petro vincula a “Junta del Narcotráfico” con orden de Marset de matar a Pecci

Este apresurado anuncio se da sin siquiera aguardar el resultado de la intervención que lleva adelante el economista Carlos Pereira. No obstante, los opositores se adelantan y exigen la renuncia del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez.

A la vez, presentaron a la senadora expulsada, Kattya González, como la candidata para completar el actual mandato, ante la posibilidad que el jefe comunal sea destituido tras la intervención.

El comunicado, anunciado por el actual presidente del Partido Patria Querida, Stephan Rasmussen, menciona que el pedido de destitución va dirigido a la Cámara de Diputados, mientras que al Tribunal Superior de Justicia Electoral exigen que se convoque a elecciones en un plazo de 90 días, tras la destitución.

“Respaldamos la candidatura de Kattya González para la intendencia de Asunción, con el objetivo de completar el mandato en curso hasta finales del 2026″, expresó.

El pronunciamiento también señala que los partidos y movimientos de la oposición trabajarán en un cogobierno con la exlegisladora, en caso de que se logre su elección. También dejaron en claro que las precandidaturas de Johanna Ortega, Agustín Saguier, Soledad Núñez y Álvaro Grau, así como las negociaciones para el 2026, siguen vigentes.

Siga informado con: Intervención en CDE: Prieto firmó contratos millonarios que cuadruplican cifras de años anteriores

Una serie de escándalos desatados por su comportamiento y antecedentes han seguido a la abogada María Fátima Muñoz Escobar desde que asumió la representación de los padres del supuesto autor del crimen de la joven María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo. Debido a esta situación, la profesional decidió renunciar.

Muñoz presentó su renuncia formal a la defensa técnica de los padres del presunto homicida, un adolescente de 17 años, mediante una nota donde aclaraba que tomó esta determinación de forma personal para evitar que su presencia continúe siendo foco de controversia y desgaste mediático del caso.

La abogada aseguró que su objetivo siempre fue resguardar la integridad del proceso judicial y garantizar una defensa libre de interferencias externas para sus defendidos. Agradeció la confianza depositada en ella por hasta entonces sus clientes y remarcó que la decisión fue tomada con el mayor de los respetos.

Podés leer: Futuros veterinarios son denunciados por crueldad animal durante festejo de ingreso

Desde la Corte Suprema de Justicia habían iniciado una investigación para definir si las abogadas tiktokeras, María Fátima Muñoz y Gricelda Arana, usaron indebidamente la sala de juicios. Esto luego de que se viralizaron dos videos en los que se ve a las profesionales usar la sala como set para grabar y promocionar sus servicios.

La abogada ya habría sido condenada por proxenetismo y frustración de la persecución penal. En aquel momento era estudiante de Derecho.

Además de su pasado turbio, se dio a conocer que Muñoz Escobar también es abogada de la Micaela Noemí Silvero, de 21 años. Esta joven había orquestado el crimen del delivery Alfredo David Duarte, de 29 años, en el barrio San Francisco.

Lea también: Tras un forcejeo, un intento de asalto a un conductor de plataforma terminó en choque

• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).

El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.

En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.

“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.

Lea más: El potencial energético de Paraguay se ubica en la geopolítica global, afirma experto

Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.

“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.

Lea también: Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto

La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.

La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.

En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente

¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.

“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.