En conmemoración al desempeño realizado por el fallecido exagente fiscal de la Unidad Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero Marcelo Pecci Albertini, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 6.968/22 que establece el 10 de mayo de cada año como el Día del Agente Fiscal Paraguayo. La decisión del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, fue celebrada por la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez.
La normativa había sido sancionada por la Cámara de Senadores el pasado 18 de agosto al destacar la lucha de Pecci contra el flagelo bajo el argumento de que el crimen organizado constituye un infame negocio montado sobre la muerte y la sangre de las personas y referirse que la muerte del agente en manos de sicarios fue un golpe demoledor y un intento de ablandamiento a los fiscales.
Pecci fue asesinado el 10 de mayo del presente año por orden de narcotraficantes en el balneario Barú, cerca de la ciudad de Cartagena, en el Caribe colombiano. El pasado 6 de junio, la Fiscalía de Cartagena decidió imputar a las cinco personas detenidas por el crimen de Pecci; estos detenidos fueron acusados por el presuntos delitos de homicidio agravado, además de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Se trata de cuatro hombres y una mujer que fueron detenidos en la ciudad de Medellín.
Los imputados son Wendel Scott Carrillo, de nacionalidad venezolana; Francisco Galeano, Eiverson Zabaleta, Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londoño. Los investigadores encontraron más de 19 elementos calificados como materiales probatorios claves para ordenar la detención.
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También señalaron a Wendel Scott Carrillo, de 31 años, de nacionalidad venezolana, como el autor material del crimen, ya que testigos argumentaron que sería la persona que ejecutó varios disparos contra la humanidad del fiscal antidrogas.
El 12 de agosto, a cinco días de haber asumido el cargo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, responsabilizó al narco uruguayo Sebastián Marset de ser el autor principal del asesinato del agente fiscal. Al respecto, mencionó que el trágico suceso demuestra que el crimen organizado es un problema que ha trascendido en la región.
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Metrobús: “El daño no solo es patrimonial, se pagó por una obra que no tenemos”, dice fiscal
“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.
“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.
Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.
Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.
Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.
Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
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“No tenemos el metrobús”
“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.
Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.
Refuta argumento de la prescripción
Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.
Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.
“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.
Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.
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Niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela: ¿qué dice la ley sobre los límites de la disciplina?
Un niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela materna en una vivienda, según una denuncia presentada ante la Policía y difundida inicialmente por C9N. El caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, que deberán determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.
Según el reporte policial, una familiar del menor se presentó en la comisaría acompañada del niño y relató que lo encontró en la vía pública luego de que este saliera de la vivienda. Al observar que tenía una cadena colocada en una de sus manos, la mujer habría procedido a retirársela y posteriormente comunicó lo ocurrido a las autoridades.
La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez fueron informadas del caso para activar las medidas correspondientes. El niño quedó provisoriamente bajo el cuidado de su tía, mientras que la abuela quedó a disposición de las autoridades.
De acuerdo con el relato de los intervinientes, la mujer habría manifestado que recurrió a esa medida porque ya no podía controlar al niño y que este no obedecía sus indicaciones.
¿Hasta dónde puede llegar la disciplina?
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende la investigación puntual: ¿hasta dónde puede llegar un adulto cuando intenta corregir la conducta de un niño?
En Paraguay, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y cuentan con protección especial frente a cualquier forma de violencia o vulneración. Las medidas de disciplina o corrección no pueden utilizarse como justificación para someterlos a situaciones que afecten su integridad física o psicológica.
La normativa paraguaya establece además el principio del interés superior del niño, que debe orientar las decisiones de las autoridades y de quienes tienen a su cargo su cuidado. Esto significa que una persona adulta no puede disponer de cualquier mecanismo bajo el argumento de estar disciplinando a un menor.
Cuando una medida implica violencia, sometimiento o una afectación de sus derechos, corresponde la intervención de las instituciones encargadas de su protección. El caso podría configurar una situación de maltrato.
No obstante, será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió exactamente, durante cuánto tiempo estuvo el niño en esa situación, cuáles fueron las circunstancias y qué responsabilidad corresponde a los adultos involucrados.
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El caso queda bajo investigación
La prioridad de las instituciones intervinientes será garantizar la protección del menor y determinar las medidas necesarias para resguardar sus derechos.
La denuncia también vuelve a poner de relieve la importancia de que situaciones de posible violencia o vulneración contra niños sean comunicadas a las autoridades, en lugar de recurrir a medidas que puedan poner en riesgo su integridad.
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Presunto sicariato en Caazapá resultó en dos fallecidos y cuatro heridos
Un enfrentamiento entre presuntos sicarios y un grupo de personas tuvo como saldo la muerte de dos hombres y cuatro heridos de gravedad en la ciudad de Tavaí, en el departamento de Caazapá. Uno de los abatidos sería el presunto sicario, mientras que su cómplice se dio a la fuga a bordo de una motocicleta.
Según el reporte policial, durante la tarde de ayer sábado recibieron la denuncia sobre un enfrentamiento a tiros frente a una lavadero ubicado en el barrio San Roque de la ciudad de Tavaí. La intervención fue desarrollada por un hecho de homicidio doloso y por heridos de arma de fuego en un supuesto intento de sicariato.
Testigos indicaron que un grupo de hombres estaba compartiendo frente a un lavadero, hasta que llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabras, realizaron disparos. Esto hizo que se desate un enfrentamiento entre víctimas y presuntos autores, con la caída de uno de los atacantes de la biciclo, quien recibió varios balazos en el rostro, perdiendo la vida.
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Durante el tiroteo fallecieron: Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años, quien sería la persona que estaba siendo buscada por los sicarios. Además de Julio César Ortega Servián, de 26 años, quien sería el presunto sicario, este no registra antecedentes y fue hallado con un arma larga automática en mano.
Resultaron con heridas cuatro personas identificadas como: Julio César Sanabria Torales, alias “Jullito”, de 35 años; Marcos González Acosta, de 38 años; Julián Vega Ríos, de 48 años, y Aureliano González Acosta, de 39 años. Los mismos fueron auxiliados y trasladados hasta el Hospital Regional de San Juan Nepomuceno.
Mientras que el acompañante del sicario, una persona de sexo masculino, cuya identidad se desconoce, y que conducía la motocicleta, se dio a la fuga tras el tiroteo. Las investigaciones prosiguen, esperan hablar con los heridos y poder identificar a la persona prófuga.
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México investiga crimen del influencer César Gastelum por sicarios durante reto en vivo
Las primeras investigaciones sobre el móvil del homicidio de un influencer en México apuntan a publicaciones que hizo la víctima sobre un grupo criminal, informaron el miércoles las autoridades. César Gastelum fue asesinado de un balazo el martes de noche durante una transmisión en vivo en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, sumido en una guerra sangrienta entre facciones del cártel fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Gastelum, con más de 500.000 seguidores en TikTok, se encontraba con dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto en redes sociales transmitido en vivo. Una motocicleta se detuvo de repente a su lado y uno de los dos ocupantes le disparó en la cabeza. El crimen quedó registrado en el directo -retirado luego por la plataforma- y en cámaras de seguridad.
“Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo”, escribió en X el gabinete de Seguridad, que agrupa las dependencias responsables en esta materia.
No precisó qué organización criminal, pero desde 2024 están enfrentadas dos células del Cártel de Sinaloa en una guerra que ha dejado más de 2.000 muertos: una liderada por los hijos del “Chapo” y otra por los seguidores del cofundador Ismael “El Mayo” Zambada tras su captura en Estados Unidos.
A los influencers locales se les vincula normalmente con bandos criminales en disputa, según la prensa mexicana, que explica estas muertes como venganzas o intimidación.
La influencer Valeria Márquez, quien compartía contenido sobre belleza, fue asesinada por ejemplo en mayo de 2025 en Jalisco también cuando hacía una transmisión en vivo. Las autoridades ligaron el homicidio con su expareja, el hijo de un cabecilla del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En mayo de 2017, otro influencer conocido como “El pirata de Culiacán” fue asesinado a balazos. El crimen ocurrió luego de que hiciera un video en el que mencionaba a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, quien murió en febrero en un enfrentamiento con el ejército.
Fuente: AFP.