Con la presencia de 66 diputados, con 10 minutos de retraso, a las 9:40 arrancó la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados en la que se trata el único punto del orden del día, que es el proyecto de resolución del libelo acusatorio contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.
El documento presentado cuenta con 11 causales y se estará estudiando punto por punto. Para aprobar el juicio político se necesitan 53 votos o dos tercios de los presentes. La presentación de este nuevo libelo se dio tras el anuncio de la Embajada de los EEUU que deniega el ingreso al expresidente Horacio Cartes en territorio norteamericano.
Algunos parlamentarios defienden la gestión de Quiñónez, quien ayer nada más recibió el respaldo de la Embajada de los EEUU en el marco de una reunión que mantuvo con el consejero del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Brian Skaret.
Alrededor de las 10:30, los 80 diputados estaban presentes, de los cuales 14 lo hicieron de manera virtual y el resto presencial. Varias bancadas ya sentaron posición a favor y en contra, en tanto que la bancada liberal-llanista liberó los votos, pero desde la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se amenaza con sancionar a los que voten en contra del libelo.
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Gremios de funcionarios de la Fiscalía rechazan juicio político a Emiliano Rolón
Sindicatos de funcionarios del Ministerio Público emitieron este miércoles un comunicado rechazando el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, que es propiciado en la Cámara de Diputados. Alegan que la institución es constantemente blanco de hostigamiento y persecución sistemática.
“El Frente Unido conformado por 8 gremios de funcionarios organizados del Ministerio Público, rechaza el constante hostigamiento y persecución sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscalía general del Estado, sino también a todo el Ministerio Público”, indica.
Asimismo el comunicado refiere que “manifestamos nuestra preocupación ante las acciones con las cuales son utilizadas instituciones constitucionales como es el juicio político. Nos preocupa que esta figura legal sea utilizada en muchas ocasiones para intentar presionar, amedrentar o coaccionar a autoridades, sin las debidas justificaciones jurídicas y/o presupuestos establecidos en la ley, mecanismos utilizados como modus operandi”.
El pedido de juicio político contra Rolón Fernández, es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los argumentos esgrimidos contra el fiscal general figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Alegan que el Ministerio Público realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario. “Más grave nos resulta aún que esta figura y otros recursos sean utilizados con el solo fin de presionar a operadores de justicia y autoridades en el marco de investigaciones penales sobre el crimen organizado y narcotráfico, puesto que el cumplimiento de la labor del Ministerio Público es la investigación de las mismas”, indican.
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El comunicado agrega que “en muchas ocasiones, articulaciones solapadas solo buscan frenar estás pesquisas, sobre todo cuando involucran a altos objetivos con vínculos extensivos, cuando la obligación no solo parte de los operadores de justicia, sino de todas y cada una de las autoridades que conforman el Estado paraguayo, sin embargo, la misión constitucional recae en los agentes fiscales, y en la persona que ocupe la fiscalía general del Estado”.
Finalmente los gremios sostienen que “no olvidamos que la lucha contra estos esquemas de crimen organizado, narcotráfico y corrupción pública ha costado la vida de un compañero de trabajo Marcelo Pecci, de otros cientos de ciudadanos, por lo que a la vez hacemos propicia la ocasión para también recordar la necesidad de seguir impulsando y abonando los recursos como Estado para que esos hechos no queden en la impunidad”.
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Referentes de Honor Colorado rechazan pedido de juicio a Rolón, pero lo debatirán en bancada
A tempranas horas de este martes, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, rechazó la intención de someter a un juicio político al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. Latorre aclaró que esta es una postura personal y que el pedido será debatido en la bancada de Honor Colorado.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, también expresó su rechazo al requerimiento. Agregó que el enjuiciamiento contará con el apoyo de los legisladores opositores y de la disidencia colorada, que valiéndose del caso Lalo Gomes buscan un titular del Ministerio Público que responda a sus interés.
“No estoy a favor de los juicios políticos. En el periodo anterior sufrimos eso cuando estaba como diputado, pasamos cuatro, cinco juicios políticos contra la exfiscal general, Sandra Quiñonez. Acá la idea es poner a un fiscal a medida. Yo no creo que esto se apruebe en Diputados”, dijo.
Hizo lo propio el diputado Rodrigo Gamarra, asegurando que la solicitud será profundamente debatida dentro de la bancada.
Gamarra precisó que altos referentes de Honor Colorado ya sentaron su postura en rechazo al planteamiento impulsado por la familia del fallecido dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
“Hay algunos que ya hicieron público su posicionamiento, pidiendo la destitución del fiscal y otros que piensan distinto. Cuando llegue el pedido de juicio al seno de la bancada se tomará con la seriedad debida que corresponde, será analizado profundamente dentro de la bancada y del movimiento Honor Colorado. Nosotros no somos una isla, tenemos una conducción y esto será analizado detenidamente con todos los actores”, sostuvo Gamarra a la 1020 AM.
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Presidente de Diputados rechaza juicio político contra fiscal general del Estado
El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, rechazó este martes la intención de someter a un juicio político al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. El planteamiento es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
“Yo siempre tengo una postura histórica a favor de la institucionalidad, acá se presentaron numerosos pedidos de juicio político contra fiscales en periodos pasados, y bajo esta lógica voté en contra, en la búsqueda de estabilidad en la República. El juicio político es una medida de última ratio y tiene como consecuencia directa el quiebre de la paz institucional”, refirió en una entrevista a los medios de comunicación.
El pedido de enjuiciamiento fue presentado por el abogado Óscar Tuma, quien adelantó que no realizará lobby en Diputados para conseguir los votos requeridos para su aprobación.
Entre los principales argumentos esgrimidos contra Rolón Fernández figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales. Tuma también alega que la Fiscalía realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario.
“La estabilidad política y el fortalecimiento de las instituciones redundan en un mayor y veloz estado de desarrollo. Un proceso de juicio político lleva a una inestabilidad, pero por supuesto, esto será debatido en la bancada de Honor Colorado. Mis expresiones tienen que ver con mi visión personal sobre esta situación”, indicó Latorre.
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Antecedentes
Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.
El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo y otros fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.
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Archivan denuncia contra la ex-FGE
El juez Humberto Otazú hizo lugar a la desestimación de la denuncia presentada en su momento contra Sandra Quiñónez, quien se desempeñó como fiscal general del Estado durante el período 2018 hasta 2023. La misma fue denunciada por los supuestos hechos de frustración de la persecución penal y prevaricato.
El magistrado sostuvo que Quiñónez no tomó decisiones contrarias a derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, y se ha podido verificar que el Ministerio Público realizó las diligencias en las denuncias presentadas y no hubo omisión dolosa o negligente, por lo que corresponde archivar la denuncia.
Del mismo modo, el juez Otazú sostuvo sobre la frustración de la persecución y ejecución penal, que se tuvo en cuenta el informe de la Comisión Bicameral del Congreso que fue objeto de análisis de la Dirección de Delitos Económicos, dependiente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, el cual concluyó que no existía mérito para abrir una nueva causa penal.