La Fiscalía General del Estado conformó un nuevo equipo de trabajo para continuar investigando a directivos y ejecutivos de Indufar C.I.S.A., quienes se encuentran imputados por estafa, lesión de confianza y asociación criminal. La investigación está relacionada con la producción y comercialización de medicamentos a base de tirzepatida.

Por resolución de la Fiscalía General, se dispuso que los agentes fiscales Víctor Adolfo Santander, Gabriel Segovia Villasanti y Miguel Ramón Figueredo sigan adelante con el proceso penal. Asimismo, no se descarta una ampliación de la imputación por otros hechos punibles. La dirección de la causa estará a cargo del fiscal Miguel Figueredo, bajo la supervisión del fiscal adjunto de Alto Paraná, Celso José Sanabria.

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En este proceso penal están imputados Óscar Humberto Simón Palmerola, Cynthia Montserrat Ríos Villagra, Darío Alejandro Zanin y José Luis Rodríguez Paredes. La investigación penal se inició a partir de la denuncia promovida por BEM ESTAR Clínica Estética, por un supuesto perjuicio económico de G. 24.084 millones.

Semanas atrás, el Tribunal de Apelación de Alto Paraná —integrado por los magistrados Nilda Estela Cáceres, Raúl Insaurralde y Efrén Giménez Vázquez— ratificó la admisión y la validez de la imputación contra los cuatro directivos y ejecutivos de Indufar C.I.S.A.

Los camaristas consideraron que el acta de imputación cumple con las exigencias previstas en la norma legal; es decir, en el artículo 302 del Código Procesal Penal y en la Acordada N.º 1631/2022 de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, aún sigue pendiente de resolución un incidente de nulidad planteado contra el acta de imputación.

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Con el objetivo de elevar los estándares de seguridad y vigilancia en los principales puntos de ingreso al territorio nacional, tres instituciones desarrollaron una jornada especializada de capacitación en el departamento de Itapúa. Fueron protagonistas representantes del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), a través de la Coordinación General de Facilitación (DINAC-FAL), y la Embajada de Estados Unidos.

La actividad tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Teniente Ramón Amín Ayub González, ubicado en el distrito de Capitán Miranda, y abordó tres áreas consideradas estratégicas para la protección de las fronteras: la prevención y detección de situaciones vinculadas con la trata de personas, la identificación de documentos fraudulentos y la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005).

Durante la jornada se compartieron herramientas y procedimientos orientados a que los funcionarios aeroportuarios puedan identificar señales de alerta, detectar documentación irregular y actuar de manera coordinada ante posibles casos de trata de personas. La cooperación con la representación diplomática estadounidense permitió incorporar conocimientos técnicos y mecanismos de respuesta aplicables a escenarios de riesgo internacional.

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Otro de los ejes estuvo centrado en el Reglamento Sanitario Internacional, cuya aplicación adquiere especial relevancia ante la llegada de viajeros procedentes de distintos países y la realización de acontecimientos de gran convocatoria.

En ese contexto, la Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras, dependiente de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, indicó que se reforzaron los protocolos de vigilancia y control sanitario en los puntos de entrada.

La capacitación también se desarrolló como parte de los preparativos institucionales ante el WRC Rally Paraguay 2026, evento que generará un importante movimiento de visitantes y delegaciones internacionales.

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Participaron funcionarios de la VII Región Sanitaria de Itapúa, DINAC, la administración aeroportuaria, Migraciones, Aduanas y los equipos de Vigilancia y Control de Fronteras, consolidando una estrategia interinstitucional para responder de manera coordinada ante eventuales amenazas.

El diputado colorado Alejandro Aguilera se refirió a la situación presupuestaria del Ministerio Público, indicó que la Fiscalía General del Estado está necesitando una ampliación presupuestaria que rondaría el 62 % de lo que tiene actualmente. Si bien la Cámara de Senadores aprobó la semana pasada una ampliación presupuestaria para los fiscales, señaló que estarán evaluando la propuesta porque son mucho más las necesidades que requiere esta institución.

Al respecto, señaló que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, viene insistiendo, desde hace bastante tiempo, en la necesidad de una ampliación presupuestaria para fortalecer el funcionamiento de la institución.

“La Fiscalía General del Estado necesita una ampliación presupuestaria que rondaría el 62 % de lo que tiene actualmente”, expresó el legislador, al explicar el planteamiento realizado por el titular del Ministerio Público, que esta semana mantuvo una reunión con la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

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El diputado Aguilera detalló que, actualmente, la Fiscalía cuenta con cerca de 352 fiscales y que, según lo expuesto por el fiscal general, se requeriría al menos duplicar esa cantidad para responder a la alta demanda de denuncias. “Hoy la Fiscalía General tiene 352 fiscales y él está hablando de 700 fiscales para poder dar respuesta a las miles de denuncias que entran”, afirmó.

El parlamentario indicó que el proyecto remitido por la Cámara de Senadores aún no llegó, oficialmente, a la Cámara de Diputados, aunque adelantó que será estudiado conjuntamente con el Ministerio de Economía. “Cuando llegue, vamos a estudiar y vamos a tener una conversación también con el Ministerio de Economía para ver qué solución podemos dar”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que, más allá de las críticas existentes hacia la gestión del fiscal general, existe una realidad estructural que afecta al Ministerio Público. “Más allá de la cuestión del fiscal, que yo creo que no está cumpliendo con las expectativas, hay una realidad también de que la Fiscalía General hoy no tiene las herramientas económicas para hacer frente a la demanda de la ciudadanía”, señaló.

El diputado Aguilera también hizo referencia a causas emblemáticas pendientes de resolución y mencionó, particularmente, el caso del fiscal Marcelo Pecci. “Hay muchos casos emblemáticos; uno de ellos es el de Pecci, que el Paraguay necesita llegar a la verdad, la familia principalmente, y ojalá que muy pronto puedan resolverlo”, expresó.

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El 16 de febrero de 2005, hace 21 años, se daba a conocer la impactante y triste noticia del hallazgo del cuerpo de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky, que habría sido secuestrada y asesinada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Cecilia fue la primera víctima fatal de los criminales.

El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco meses después de su secuestro en una vivienda a la que se denominó la “Casa del Horror” en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby. En principio, las autoridades llegaron al sitio en búsqueda de evidencias para tratar de dar con el paradero de Cecilia.

Según Sandra Quiñónez, exfiscala del caso, en entrevista del 2024 con canal GEN y Universo 970/Nación Media, la casa estaba herméticamente cerrada y tuvieron que romper unas de las puertas para ingresar. Recorrieron cada dependencia de la vivienda y se encontraron con cabellos rubios, telas, chalecos y líquidos en botellas.

Así también, se encontraron colchones y una de las piezas estaba totalmente empapelada con bolsas negras, que se presume hicieron para evitar que la secuestrada distinga el día de la noche. Todo apuntaba a que en estos lugares estuvo Cecilia.

Al llegar a la última habitación encontraron bolsas de tierras que llegaban hasta el techo y una importante cantidad de evidencia. Los intervinientes en ningún momento pensaron que ahí estaría el cuerpo de la joven, ya que todo apuntaba a que ella debía ser entregada a su familia en Ciudad del Este ese mismo día, operativo que estaba en desarrollo.

La orden dada por Quiñónez era limpiar esa habitación y documentar cada evidencia hallada, por más mínima que fuera. Mientras desarrollaban ese trabajo uno de los agentes policiales le manifestó a la fiscala que había una diferencia de color en los pisos de la habitación y dio la orden de levantar.

Bajo el piso de esa habitación encontraron un sótano y en el interior de este habían más evidencias que fueron retiradas. Ahí se dejó ver el túnel al que ingresaron con ayuda de bomberos, uno de ellos le indicó que había un olor bastante fuerte y en ese momento dieron con el cuerpo de Cecilia.

Según la autopsia realizada por el médico forense Pablo Lemir y dada las características en la que fue encontrado el cuerpo, Cecilia llevaba 45 días de fallecida al momento que fue encontrada. Se presume que sus captores la asesinaron entre el 24 al 30 de diciembre del 2004.

El 21 de setiembre del 2004 Cecilia, de 31 años, estaba por llegar a su casa en el barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la llevaron en contra de su voluntad.

Cecilia Cubas estuvo secuestrada por cinco meses y con su muerte se convirtió en la primera víctima fatal de secuestro del grupo criminal, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país. La familia Cubas había pagado entonces por el rescate 300.000 dólares en noviembre del 2004 y fue la última comunicación con los secuestradores.

Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.

Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.

• El médico forense indicó que Cecilia fue asfixiada y que los secuestradores le dieron una fuerte dosis de sedantes, luego le cubrieron la nariz y la boca con cinta de embalaje, para ser posteriormente enterrada viva.
• En abril del 2025 la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) subastó la “Casa del Horror”, vivienda donde fue encontrada el cuerpo de Cecilia Cubas.
• Juana Rodríguez la nueva dueña de la casa anunció que de momento no tiene planes de demolición de la vivienda, pero sí levantará un oratorio en memoria de la víctima.