El fiscal federal y consejero del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Brian Skaret, se reunió esta mañana con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez Astigarraga, a fin de preparar y coordinar la visita de representantes del FBI y la DEA al Ministerio Público el próximo lunes en el marco de una cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y la Fiscalía General del Estado sobre casos abiertos de corrupción, lucha contra el narcotráfico y financiamiento del terrorismo.
A más de esta agenda planteada por la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado, el hecho de que la reunión fuera en un escenario público (un conocido café ) y no en alguna de las dependencias de la Fiscalía General del Estado o la Embajada de los Estados Unidos, se entiende claramente como un gesto de visibilizar el apoyo de la institución diplomática a la gestión de Sandra Quiñónez a un día del anunciado juicio político planteado por sectores de la oposición.
Es muy inusual que estas reuniones se cumplan en tal escenario, por lo que observadores políticos etiquetan como una expresión de apoyo a la titular del Ministerio Público. También se menciona entre los temas de agenda del desayuno cuestiones que se desarrollarán en el curso de la semana entrante.
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Ministerio Público necesita ser defendido y fortalecido, afirma titular de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la Fiscalía General del Estado es una institución relativamente joven en la democracia del Paraguay; por lo tanto, necesita ser defendida y fortalecida, así como a sus autoridades que fueron constitucionalmente electas.
El legislador respondió de este modo ante la discusión instalada en la Cámara Baja, con la presentación del pedido de juicio político al fiscal general Emiliano Rolón, presentado por los abogados defensores de la familia del exdiputado fallecido Eulalio Gomes. Aclaró que la bancada de Honor Colorado aún no conversó sobre este asunto.
Ante esta situación, Latorre ratificó que mantiene una posición histórica de respeto y búsqueda constante del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.
“Yo creo que necesitamos fortalecer las instituciones de nuestro país, particularmente el Ministerio Público, teniendo en cuenta que es una institución relativamente joven, ya que anteriormente dependía exclusivamente del Poder Judicial”, explicó.
Explicó que cuando se fundó el Ministerio Público con la Constitución de 1992, se creó bajo la lógica de generar independencia en el proceso de la prosecución penal, de la institución que tenía el monopolio de la acción penal pública, que era el Poder Judicial.
“Entonces para fortalecer la justicia, fortalecer la institucionalidad en nuestra República, nosotros necesitamos proteger la vida de esta institución, así como de las autoridades que fueron constitucionalmente electas”, enfatizó.
No obstante, el presidente Latorre reconoció que el mecanismo del juicio político está “claramente establecido en la Constitución y es una atribución del Congreso de la Nación”, pero subrayó que “debería ser una medida de última ratio”, es decir, el último recurso a considerar.
“La discrepancia con respecto a una decisión puntual no debería motivar a llegar a esa última ratio”, sostuvo, defendiendo la necesidad de proteger la vida institucional y a las autoridades constitucionalmente electas.
El titular de la Cámara de Diputados concluyó señalando que su posición trasciende el caso particular y se enfoca en una necesidad fundamental del país: “El Paraguay tiene que fortalecer sus instituciones. Y eso implica asumir ese tipo de posiciones”.
“Naturalmente, estamos en democracia, estamos en el marco de la libertad de expresión, estamos en un marco donde no existe mandato imperativo. Veremos qué es lo que dice el Congreso Nacional”, finalizó.
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La persecución fue tan grotesca que ni a nuestros abogados se les permitió la defensa, apuntó Ortiz
La alianza de Mario Abdo Benítez con el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, no solo facilitó y permitió una abierta injerencia extranjera en los asuntos internos del país, sino que además generó una fuerte tensión política y mediática que acarreó un enorme perjuicio económico a empresas paraguayas, sumado al fuerte impacto en la economía de muchas familias paraguayas.
Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) es una de las principales generadoras de fuentes de trabajo y millonarios aportes al Estado; pero las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano la sacaron del mercado estadounidense derivando en despidos y cierres de operaciones clave.
Esto generó una merma anual de aproximadamente USD 40 millones en contribuciones tributarias, reveló su director, José Ortiz, y agregó que el trasfondo de las sanciones fue claramente político, debilitar la figura del entonces accionista y candidato a la presidencia del Partido Colorado, Horacio Cartes. “El nivel de persecución fue tan grotesco, tan evidente, que ni siquiera se les permitió a nuestros abogados dialogar con la embajada”, reclamó Ortiz.
Filtración de documentos
Respecto a la filtración de documentos enviados por el exembajador Ostfield a su país, Ortiz dijo que demuestran el grado de injerencia que ejercía, ya que defendió al que consideraba “su aliado”, el entonces presidente Mario Abdo Benítez.
“Al señor Cartes no se le dio la mínima posibilidad de defenderse. Él (Ostfield) actuó de abogado de Mario Abdo. Aclaró que sus empresas han vendido al sector privado y no al Estado, ignorando cuántas rutas iba a hacer. Otro dato importante es que dice que se les ataca a sus colaboradores”, señaló el titular de Tabesa.
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El problema no fue con EE. UU.
El empresario señaló además que las sanciones equivocadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y muy probablemente informada por el embajador Ostfield, es de marzo del 2023.
“Recién en agosto del 2024, ya con todo el daño colateral y con toda esa arbitrariedad encima, reconocen que nosotros teníamos la razón y que los documentos que enviamos son creíbles. El señor Cartes ya no era accionista, pero le renovamos la sanción por la asistencia financiera a Horacio Cartes”, indicó.
Al respecto, Ortiz señaló el nivel de arbitrariedad que existía, y la repercusión en el contexto político, se ve como EE. UU. es un país arbitrario; hasta que viene el senador Marco Rubio al Paraguay y cae la ficha de que el problema no era con Estados Unidos, sino entre el embajador Ostfield en complicidad con Mario Abdo, sumado al mal uso de las instituciones del Estado para enviar información falsa.
“Ahí surge un cierto alivio cuando nos damos cuenta de que Estados Unidos no es tan arbitrario como pensábamos. Sino que esto fue gestado aquí, pero que no hubo derecho a la defensa y el daño económico a una persona, a sus empresas y a cientos de empleados está hecho”, concluyó.
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FGE designa a Nathalia Silva como punto de enlace ante Gafilat
El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, emitió la resolución por la cual designa a la fiscal titular de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Nathalia Paola Silva Estechen, como punto de enlace del Ministerio Público ante la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG).
La designación de Silva se da en reemplazo de la fiscal Alma Zayas, quien pasa ser fiscal adjunta.
“Lo mencionado consiste en una red de intercambio de información para identificar y posteriormente ejercer acción en relación con los bienes que se sospechan están vinculados a actividades delictivas. La información intercambiada es de carácter operativa, generalmente útil para la investigación patrimonial”, refiere el informe emitido por la fiscalía general.
La Rrag es una red de intercambio de información entre países que integran Gafilat, que tiene el objetivo de identificar, localizar y recuperar activos vinculados a actividades ilícitas.
Entre estos objetivos de esta red son; intercambiar información sobre personas, bienes y empresas; cooperar para identificar y recuperar el producto del delito; fortalecer la cooperación internacional; promover el intercambio de información; actuar como un grupo asesor a las autoridades nacionales competentes; compartir las buenas prácticas, conocimiento y experiencias.
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Fiscal general defiende actuación de sus fiscales en la acusación a exministros de Abdo
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, salió en defensa de la actuación de sus fiscales respecto al caso de filtraciones de Seprelad, asegurando que el Ministerio Público trabaja en equipo y que no tiene compromiso político con ningún sector. Dijo que los agentes fiscales Cristian Benítez, y Silvia González, no son personas desconocedoras del tema en cuestión. Enfatizó en que la Fiscalía General no tiene comunicación política con ninguno de los actores involucrados.
En declaraciones a la radio 1020AM, el titular del Ministerio Público se refirió a la serie de críticas y fuertes calificativos que recibió personalmente, así como el equipo de fiscales que presentó finalmente la acusación contra tres exministros y colaboradores del expresidente Abdo Benítez, en el caso de filtraciones de la Seprelad.
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“Me parece muy irresponsables las declaraciones, ya que hemos dado muestras claras a lo largo de nuestra gestión de nuestra intensión de institucionalizar la República. El Ministerio Público es un órgano que debe preparar el caso y sostenerlo en cada una de las etapas. No tenemos compromiso político, no tenemos comunicación política con ninguno de los actores, y simplemente la institución actúa conforme a las evidencias”, enfatizó.
Fiscales independientes
Asimismo, remarcó que cada agente fiscal es independiente para ir concluyendo su caso en la medida que existan las evidencias reales. No obstante, señaló que hoy la Fiscalía se mueve y trabaja en equipo. Al respecto, mencionó que, desde las 17:00 de ayer martes, está con permiso, ya que tiene previsto un viaje al exterior para participar de un congreso.
Explicó que ya desde el 7 de marzo pasado, se le encargó como interina de la Fiscalía General, a la adjunta, la fiscal Patricia Rivarola, sin dimensionar, entonces, los acontecimientos que podría ocurrir posteriormente. Señaló que ya en ejercicio de sus funciones, la fiscal Rivarola nominó a dos personas para encargarse del proceso en cuestión.
“Hoy en día la Fiscalía se mueve en todo lo que es funcionamiento institucional, con equipos de trabajo, el cual muchas veces está compuesto por tres o cuatro fiscales y una serie de técnicos, peritos. Porque la misión es preparar el caso, para sostener la investigación en cada una de las etapas. De hecho, no me es ajeno el trámite porque tengo que saber, y esa es la explicación que tengo respecto a los fiscales”, mencionó.
Afirmó que es muy bueno discutir este asunto, pero en el ámbito jurídico, señalando que no considera relevante, ni determinante que la discusión quede solamente en el ámbito público, que solamente polemiza, antes que aclarar.
“Nosotros tenemos la conciencia clara y tranquila de que se está actuando institucionalmente. Reitero, la preparación de la acusación es objeto de atención por parte de los fiscales, así como por la adjunta que en este momento está operativa. No eludo responsabilidad, simplemente hago una explicación, para que se entienda cómo funciona esto”, acotó.
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