El fiscal federal y consejero del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Brian Skaret, se reunió esta mañana con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez Astigarraga, a fin de preparar y coordinar la visita de representantes del FBI y la DEA al Ministerio Público el próximo lunes en el marco de una cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y la Fiscalía General del Estado sobre casos abiertos de corrupción, lucha contra el narcotráfico y financiamiento del terrorismo.
A más de esta agenda planteada por la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado, el hecho de que la reunión fuera en un escenario público (un conocido café ) y no en alguna de las dependencias de la Fiscalía General del Estado o la Embajada de los Estados Unidos, se entiende claramente como un gesto de visibilizar el apoyo de la institución diplomática a la gestión de Sandra Quiñónez a un día del anunciado juicio político planteado por sectores de la oposición.
Es muy inusual que estas reuniones se cumplan en tal escenario, por lo que observadores políticos etiquetan como una expresión de apoyo a la titular del Ministerio Público. También se menciona entre los temas de agenda del desayuno cuestiones que se desarrollarán en el curso de la semana entrante.
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Fiscalía necesita ampliar en 62% su presupuesto, afirma diputado Aguilera
El diputado colorado Alejandro Aguilera se refirió a la situación presupuestaria del Ministerio Público, indicó que la Fiscalía General del Estado está necesitando una ampliación presupuestaria que rondaría el 62 % de lo que tiene actualmente. Si bien la Cámara de Senadores aprobó la semana pasada una ampliación presupuestaria para los fiscales, señaló que estarán evaluando la propuesta porque son mucho más las necesidades que requiere esta institución.
Al respecto, señaló que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, viene insistiendo, desde hace bastante tiempo, en la necesidad de una ampliación presupuestaria para fortalecer el funcionamiento de la institución.
“La Fiscalía General del Estado necesita una ampliación presupuestaria que rondaría el 62 % de lo que tiene actualmente”, expresó el legislador, al explicar el planteamiento realizado por el titular del Ministerio Público, que esta semana mantuvo una reunión con la Mesa Directiva de la Cámara Baja.
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El diputado Aguilera detalló que, actualmente, la Fiscalía cuenta con cerca de 352 fiscales y que, según lo expuesto por el fiscal general, se requeriría al menos duplicar esa cantidad para responder a la alta demanda de denuncias. “Hoy la Fiscalía General tiene 352 fiscales y él está hablando de 700 fiscales para poder dar respuesta a las miles de denuncias que entran”, afirmó.
El parlamentario indicó que el proyecto remitido por la Cámara de Senadores aún no llegó, oficialmente, a la Cámara de Diputados, aunque adelantó que será estudiado conjuntamente con el Ministerio de Economía. “Cuando llegue, vamos a estudiar y vamos a tener una conversación también con el Ministerio de Economía para ver qué solución podemos dar”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que, más allá de las críticas existentes hacia la gestión del fiscal general, existe una realidad estructural que afecta al Ministerio Público. “Más allá de la cuestión del fiscal, que yo creo que no está cumpliendo con las expectativas, hay una realidad también de que la Fiscalía General hoy no tiene las herramientas económicas para hacer frente a la demanda de la ciudadanía”, señaló.
El diputado Aguilera también hizo referencia a causas emblemáticas pendientes de resolución y mencionó, particularmente, el caso del fiscal Marcelo Pecci. “Hay muchos casos emblemáticos; uno de ellos es el de Pecci, que el Paraguay necesita llegar a la verdad, la familia principalmente, y ojalá que muy pronto puedan resolverlo”, expresó.
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21 años sin Cecilia Cubas: el caso que estremeció a Paraguay
El 16 de febrero de 2005, hace 21 años, se daba a conocer la impactante y triste noticia del hallazgo del cuerpo de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky, que habría sido secuestrada y asesinada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Cecilia fue la primera víctima fatal de los criminales.
El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco meses después de su secuestro en una vivienda a la que se denominó la “Casa del Horror” en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby. En principio, las autoridades llegaron al sitio en búsqueda de evidencias para tratar de dar con el paradero de Cecilia.
Según Sandra Quiñónez, exfiscala del caso, en entrevista del 2024 con canal GEN y Universo 970/Nación Media, la casa estaba herméticamente cerrada y tuvieron que romper unas de las puertas para ingresar. Recorrieron cada dependencia de la vivienda y se encontraron con cabellos rubios, telas, chalecos y líquidos en botellas.
Así también, se encontraron colchones y una de las piezas estaba totalmente empapelada con bolsas negras, que se presume hicieron para evitar que la secuestrada distinga el día de la noche. Todo apuntaba a que en estos lugares estuvo Cecilia.
Al llegar a la última habitación encontraron bolsas de tierras que llegaban hasta el techo y una importante cantidad de evidencia. Los intervinientes en ningún momento pensaron que ahí estaría el cuerpo de la joven, ya que todo apuntaba a que ella debía ser entregada a su familia en Ciudad del Este ese mismo día, operativo que estaba en desarrollo.
El túnel de la muerte
La orden dada por Quiñónez era limpiar esa habitación y documentar cada evidencia hallada, por más mínima que fuera. Mientras desarrollaban ese trabajo uno de los agentes policiales le manifestó a la fiscala que había una diferencia de color en los pisos de la habitación y dio la orden de levantar.
Bajo el piso de esa habitación encontraron un sótano y en el interior de este habían más evidencias que fueron retiradas. Ahí se dejó ver el túnel al que ingresaron con ayuda de bomberos, uno de ellos le indicó que había un olor bastante fuerte y en ese momento dieron con el cuerpo de Cecilia.
Según la autopsia realizada por el médico forense Pablo Lemir y dada las características en la que fue encontrado el cuerpo, Cecilia llevaba 45 días de fallecida al momento que fue encontrada. Se presume que sus captores la asesinaron entre el 24 al 30 de diciembre del 2004.
El secuestro
El 21 de setiembre del 2004 Cecilia, de 31 años, estaba por llegar a su casa en el barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la llevaron en contra de su voluntad.
Cecilia Cubas estuvo secuestrada por cinco meses y con su muerte se convirtió en la primera víctima fatal de secuestro del grupo criminal, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país. La familia Cubas había pagado entonces por el rescate 300.000 dólares en noviembre del 2004 y fue la última comunicación con los secuestradores.
Condenados
Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.
Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.
Datos claves
- El médico forense indicó que Cecilia fue asfixiada y que los secuestradores le dieron una fuerte dosis de sedantes, luego le cubrieron la nariz y la boca con cinta de embalaje, para ser posteriormente enterrada viva.
- En abril del 2025 la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) subastó la “Casa del Horror”, vivienda donde fue encontrada el cuerpo de Cecilia Cubas.
- Juana Rodríguez la nueva dueña de la casa anunció que de momento no tiene planes de demolición de la vivienda, pero sí levantará un oratorio en memoria de la víctima.
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Corte Suprema y Embajada de EE.UU. fortalecen cooperación en materia judicial
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César M. Diesel, recibió en audiencia oficial a representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Participaron del encuentro Robert Alter, encargado de Negocios; Aarón Pratt, ministro consejero; y Brian Skaret, representante del Departamento de Justicia.
La reunión tuvo como objetivo fortalecer la cooperación interinstitucional en el ámbito judicial y promover el intercambio de buenas prácticas. Durante la audiencia, las autoridades dialogaron sobre las oportunidades de cooperación técnica entre ambas instituciones, particularmente en áreas vinculadas a la eficiencia de la gestión judicial, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
El presidente de la Corte Suprema, César Diesel, destacó la importancia de consolidar alianzas estratégicas con organismos internacionales que compartan el compromiso con el Estado de Derecho y la transparencia institucional. Señaló además que el Poder Judicial se encuentra abierto a iniciativas que contribuyan a la modernización del sistema y al fortalecimiento de capacidades.
Por su parte, Robert Alter, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, manifestó su satisfacción con el espacio de diálogo y cooperación. “Fue una excelente oportunidad para hablar sobre el interés compartido en fortalecer las instituciones de justicia en Paraguay”, expresó.
Indicó además que el encuentro permitió intercambiar información relevante sobre prácticas judiciales comparadas y experiencias internacionales en materia de administración de justicia.
El representante del Departamento de Justicia, Brian Skaret, y el ministro consejero Aarón Pratt, acompañaron las intervenciones, reafirmando la voluntad de continuar promoviendo mecanismos conjuntos que favorezcan la integridad institucional y el acceso equitativo a la justicia.
El encuentro concluyó con el compromiso de ambas partes de continuar promoviendo iniciativas conjuntas orientadas al fortalecimiento del sistema de justicia.
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Ministerio Público necesita ser defendido y fortalecido, afirma titular de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la Fiscalía General del Estado es una institución relativamente joven en la democracia del Paraguay; por lo tanto, necesita ser defendida y fortalecida, así como a sus autoridades que fueron constitucionalmente electas.
El legislador respondió de este modo ante la discusión instalada en la Cámara Baja, con la presentación del pedido de juicio político al fiscal general Emiliano Rolón, presentado por los abogados defensores de la familia del exdiputado fallecido Eulalio Gomes. Aclaró que la bancada de Honor Colorado aún no conversó sobre este asunto.
Ante esta situación, Latorre ratificó que mantiene una posición histórica de respeto y búsqueda constante del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.
“Yo creo que necesitamos fortalecer las instituciones de nuestro país, particularmente el Ministerio Público, teniendo en cuenta que es una institución relativamente joven, ya que anteriormente dependía exclusivamente del Poder Judicial”, explicó.
Explicó que cuando se fundó el Ministerio Público con la Constitución de 1992, se creó bajo la lógica de generar independencia en el proceso de la prosecución penal, de la institución que tenía el monopolio de la acción penal pública, que era el Poder Judicial.
“Entonces para fortalecer la justicia, fortalecer la institucionalidad en nuestra República, nosotros necesitamos proteger la vida de esta institución, así como de las autoridades que fueron constitucionalmente electas”, enfatizó.
No obstante, el presidente Latorre reconoció que el mecanismo del juicio político está “claramente establecido en la Constitución y es una atribución del Congreso de la Nación”, pero subrayó que “debería ser una medida de última ratio”, es decir, el último recurso a considerar.
“La discrepancia con respecto a una decisión puntual no debería motivar a llegar a esa última ratio”, sostuvo, defendiendo la necesidad de proteger la vida institucional y a las autoridades constitucionalmente electas.
El titular de la Cámara de Diputados concluyó señalando que su posición trasciende el caso particular y se enfoca en una necesidad fundamental del país: “El Paraguay tiene que fortalecer sus instituciones. Y eso implica asumir ese tipo de posiciones”.
“Naturalmente, estamos en democracia, estamos en el marco de la libertad de expresión, estamos en un marco donde no existe mandato imperativo. Veremos qué es lo que dice el Congreso Nacional”, finalizó.