El fiscal federal y consejero del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Brian Skaret, se reunió esta mañana con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez Astigarraga, a fin de preparar y coordinar la visita de representantes del FBI y la DEA al Ministerio Público el próximo lunes en el marco de una cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y la Fiscalía General del Estado sobre casos abiertos de corrupción, lucha contra el narcotráfico y financiamiento del terrorismo.
A más de esta agenda planteada por la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado, el hecho de que la reunión fuera en un escenario público (un conocido café ) y no en alguna de las dependencias de la Fiscalía General del Estado o la Embajada de los Estados Unidos, se entiende claramente como un gesto de visibilizar el apoyo de la institución diplomática a la gestión de Sandra Quiñónez a un día del anunciado juicio político planteado por sectores de la oposición.
Es muy inusual que estas reuniones se cumplan en tal escenario, por lo que observadores políticos etiquetan como una expresión de apoyo a la titular del Ministerio Público. También se menciona entre los temas de agenda del desayuno cuestiones que se desarrollarán en el curso de la semana entrante.
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21 años sin Cecilia Cubas: el caso que estremeció a Paraguay
El 16 de febrero de 2005, hace 21 años, se daba a conocer la impactante y triste noticia del hallazgo del cuerpo de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky, que habría sido secuestrada y asesinada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Cecilia fue la primera víctima fatal de los criminales.
El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco meses después de su secuestro en una vivienda a la que se denominó la “Casa del Horror” en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby. En principio, las autoridades llegaron al sitio en búsqueda de evidencias para tratar de dar con el paradero de Cecilia.
Según Sandra Quiñónez, exfiscala del caso, en entrevista del 2024 con canal GEN y Universo 970/Nación Media, la casa estaba herméticamente cerrada y tuvieron que romper unas de las puertas para ingresar. Recorrieron cada dependencia de la vivienda y se encontraron con cabellos rubios, telas, chalecos y líquidos en botellas.
Así también, se encontraron colchones y una de las piezas estaba totalmente empapelada con bolsas negras, que se presume hicieron para evitar que la secuestrada distinga el día de la noche. Todo apuntaba a que en estos lugares estuvo Cecilia.
Al llegar a la última habitación encontraron bolsas de tierras que llegaban hasta el techo y una importante cantidad de evidencia. Los intervinientes en ningún momento pensaron que ahí estaría el cuerpo de la joven, ya que todo apuntaba a que ella debía ser entregada a su familia en Ciudad del Este ese mismo día, operativo que estaba en desarrollo.
El túnel de la muerte
La orden dada por Quiñónez era limpiar esa habitación y documentar cada evidencia hallada, por más mínima que fuera. Mientras desarrollaban ese trabajo uno de los agentes policiales le manifestó a la fiscala que había una diferencia de color en los pisos de la habitación y dio la orden de levantar.
Bajo el piso de esa habitación encontraron un sótano y en el interior de este habían más evidencias que fueron retiradas. Ahí se dejó ver el túnel al que ingresaron con ayuda de bomberos, uno de ellos le indicó que había un olor bastante fuerte y en ese momento dieron con el cuerpo de Cecilia.
Según la autopsia realizada por el médico forense Pablo Lemir y dada las características en la que fue encontrado el cuerpo, Cecilia llevaba 45 días de fallecida al momento que fue encontrada. Se presume que sus captores la asesinaron entre el 24 al 30 de diciembre del 2004.
El secuestro
El 21 de setiembre del 2004 Cecilia, de 31 años, estaba por llegar a su casa en el barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la llevaron en contra de su voluntad.
Cecilia Cubas estuvo secuestrada por cinco meses y con su muerte se convirtió en la primera víctima fatal de secuestro del grupo criminal, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país. La familia Cubas había pagado entonces por el rescate 300.000 dólares en noviembre del 2004 y fue la última comunicación con los secuestradores.
Condenados
Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.
Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.
Datos claves
- El médico forense indicó que Cecilia fue asfixiada y que los secuestradores le dieron una fuerte dosis de sedantes, luego le cubrieron la nariz y la boca con cinta de embalaje, para ser posteriormente enterrada viva.
- En abril del 2025 la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) subastó la “Casa del Horror”, vivienda donde fue encontrada el cuerpo de Cecilia Cubas.
- Juana Rodríguez la nueva dueña de la casa anunció que de momento no tiene planes de demolición de la vivienda, pero sí levantará un oratorio en memoria de la víctima.
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Corte Suprema y Embajada de EE.UU. fortalecen cooperación en materia judicial
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César M. Diesel, recibió en audiencia oficial a representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Participaron del encuentro Robert Alter, encargado de Negocios; Aarón Pratt, ministro consejero; y Brian Skaret, representante del Departamento de Justicia.
La reunión tuvo como objetivo fortalecer la cooperación interinstitucional en el ámbito judicial y promover el intercambio de buenas prácticas. Durante la audiencia, las autoridades dialogaron sobre las oportunidades de cooperación técnica entre ambas instituciones, particularmente en áreas vinculadas a la eficiencia de la gestión judicial, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
El presidente de la Corte Suprema, César Diesel, destacó la importancia de consolidar alianzas estratégicas con organismos internacionales que compartan el compromiso con el Estado de Derecho y la transparencia institucional. Señaló además que el Poder Judicial se encuentra abierto a iniciativas que contribuyan a la modernización del sistema y al fortalecimiento de capacidades.
Por su parte, Robert Alter, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, manifestó su satisfacción con el espacio de diálogo y cooperación. “Fue una excelente oportunidad para hablar sobre el interés compartido en fortalecer las instituciones de justicia en Paraguay”, expresó.
Indicó además que el encuentro permitió intercambiar información relevante sobre prácticas judiciales comparadas y experiencias internacionales en materia de administración de justicia.
El representante del Departamento de Justicia, Brian Skaret, y el ministro consejero Aarón Pratt, acompañaron las intervenciones, reafirmando la voluntad de continuar promoviendo mecanismos conjuntos que favorezcan la integridad institucional y el acceso equitativo a la justicia.
El encuentro concluyó con el compromiso de ambas partes de continuar promoviendo iniciativas conjuntas orientadas al fortalecimiento del sistema de justicia.
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Ministerio Público necesita ser defendido y fortalecido, afirma titular de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la Fiscalía General del Estado es una institución relativamente joven en la democracia del Paraguay; por lo tanto, necesita ser defendida y fortalecida, así como a sus autoridades que fueron constitucionalmente electas.
El legislador respondió de este modo ante la discusión instalada en la Cámara Baja, con la presentación del pedido de juicio político al fiscal general Emiliano Rolón, presentado por los abogados defensores de la familia del exdiputado fallecido Eulalio Gomes. Aclaró que la bancada de Honor Colorado aún no conversó sobre este asunto.
Ante esta situación, Latorre ratificó que mantiene una posición histórica de respeto y búsqueda constante del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.
“Yo creo que necesitamos fortalecer las instituciones de nuestro país, particularmente el Ministerio Público, teniendo en cuenta que es una institución relativamente joven, ya que anteriormente dependía exclusivamente del Poder Judicial”, explicó.
Explicó que cuando se fundó el Ministerio Público con la Constitución de 1992, se creó bajo la lógica de generar independencia en el proceso de la prosecución penal, de la institución que tenía el monopolio de la acción penal pública, que era el Poder Judicial.
“Entonces para fortalecer la justicia, fortalecer la institucionalidad en nuestra República, nosotros necesitamos proteger la vida de esta institución, así como de las autoridades que fueron constitucionalmente electas”, enfatizó.
No obstante, el presidente Latorre reconoció que el mecanismo del juicio político está “claramente establecido en la Constitución y es una atribución del Congreso de la Nación”, pero subrayó que “debería ser una medida de última ratio”, es decir, el último recurso a considerar.
“La discrepancia con respecto a una decisión puntual no debería motivar a llegar a esa última ratio”, sostuvo, defendiendo la necesidad de proteger la vida institucional y a las autoridades constitucionalmente electas.
El titular de la Cámara de Diputados concluyó señalando que su posición trasciende el caso particular y se enfoca en una necesidad fundamental del país: “El Paraguay tiene que fortalecer sus instituciones. Y eso implica asumir ese tipo de posiciones”.
“Naturalmente, estamos en democracia, estamos en el marco de la libertad de expresión, estamos en un marco donde no existe mandato imperativo. Veremos qué es lo que dice el Congreso Nacional”, finalizó.
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La persecución fue tan grotesca que ni a nuestros abogados se les permitió la defensa, apuntó Ortiz
La alianza de Mario Abdo Benítez con el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, no solo facilitó y permitió una abierta injerencia extranjera en los asuntos internos del país, sino que además generó una fuerte tensión política y mediática que acarreó un enorme perjuicio económico a empresas paraguayas, sumado al fuerte impacto en la economía de muchas familias paraguayas.
Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) es una de las principales generadoras de fuentes de trabajo y millonarios aportes al Estado; pero las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano la sacaron del mercado estadounidense derivando en despidos y cierres de operaciones clave.
Esto generó una merma anual de aproximadamente USD 40 millones en contribuciones tributarias, reveló su director, José Ortiz, y agregó que el trasfondo de las sanciones fue claramente político, debilitar la figura del entonces accionista y candidato a la presidencia del Partido Colorado, Horacio Cartes. “El nivel de persecución fue tan grotesco, tan evidente, que ni siquiera se les permitió a nuestros abogados dialogar con la embajada”, reclamó Ortiz.
Filtración de documentos
Respecto a la filtración de documentos enviados por el exembajador Ostfield a su país, Ortiz dijo que demuestran el grado de injerencia que ejercía, ya que defendió al que consideraba “su aliado”, el entonces presidente Mario Abdo Benítez.
“Al señor Cartes no se le dio la mínima posibilidad de defenderse. Él (Ostfield) actuó de abogado de Mario Abdo. Aclaró que sus empresas han vendido al sector privado y no al Estado, ignorando cuántas rutas iba a hacer. Otro dato importante es que dice que se les ataca a sus colaboradores”, señaló el titular de Tabesa.
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El problema no fue con EE. UU.
El empresario señaló además que las sanciones equivocadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y muy probablemente informada por el embajador Ostfield, es de marzo del 2023.
“Recién en agosto del 2024, ya con todo el daño colateral y con toda esa arbitrariedad encima, reconocen que nosotros teníamos la razón y que los documentos que enviamos son creíbles. El señor Cartes ya no era accionista, pero le renovamos la sanción por la asistencia financiera a Horacio Cartes”, indicó.
Al respecto, Ortiz señaló el nivel de arbitrariedad que existía, y la repercusión en el contexto político, se ve como EE. UU. es un país arbitrario; hasta que viene el senador Marco Rubio al Paraguay y cae la ficha de que el problema no era con Estados Unidos, sino entre el embajador Ostfield en complicidad con Mario Abdo, sumado al mal uso de las instituciones del Estado para enviar información falsa.
“Ahí surge un cierto alivio cuando nos damos cuenta de que Estados Unidos no es tan arbitrario como pensábamos. Sino que esto fue gestado aquí, pero que no hubo derecho a la defensa y el daño económico a una persona, a sus empresas y a cientos de empleados está hecho”, concluyó.
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