En sesión conjunta las comisiones asesoras de Asuntos Electorales, Legislación y Reestructuración y Modernización del Estado, recibió en audiencia a funcionarios de la Justicia Electoral con el fin de conocer aspectos de la convocatoria de la licitación adquisición de Máquinas de Votación Electrónica, sobre todo en lo que hace a la seguridad y el respeto fiel de la voluntad popular con relación al resultado electoral.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, diputado Arnaldo Valdez, explicó que el abordaje principal de la reunión guarda relación a las consultas constantes que hace la sociedad civil, así como la clase política respecto a la seguridad que pueda brindar estas máquinas al momento en que el ciudadano vaya a emitir su voto.

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Destacó que existen posiciones claras de parte de la Justicia Electoral, así como se señalaron dudas de parte de la comunidad en general. El legislador expresó que considera fundamental seguir muy de cerca el proceso de esta licitación.

“Sabemos que una herramienta hecha por el hombre puede sufrir alteraciones, o modificaciones. Estamos hablando de un elemento muy sensible que es la ciberseguridad. Tenemos que ver todos los mecanismos de control y garantía para que estas máquinas reflejen realmente la voluntad de cada elector”, explicó.

Mencionó que están en ese proceso ya que existe ya una ley electoral vigente, que establece que las elecciones se tienen que llevar a cabo con urnas electrónicas; por eso es que tanto la ciudadanía en general como los partidos políticos deben acompañar este proceso muy de cerca.

Respecto a la medida cautelar que interpuso el Tribunal de Cuentas, y que nuevamente está trabando el avance de la licitación; el diputado Valdez señaló que ese es un punto que se deberá trasladar a la Justicia Electoral, para analizar cuáles son las alternativas que se tiene y cuáles son las medidas de urgencia.

No obstante, señaló que los funcionarios de la Justicia Electoral, informaron que están trabajando y que esperan que en una semana se esté destrabando este aspecto legal.

A su turno, Carlos María Ljubetich, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), explicó que la medida cautelar fue interpuesta por una empresa que no participó del proceso licitatorio y que no demostró, e incluso no cuenta con las condiciones para participar de la convocatoria.

Indicó que han protestado por el plazo de experiencia que se está requiriendo dentro de las bases y condiciones que exige la Justicia Electoral que son de 10 años; mientras que la empresa pide que sea de 5 años.

“Pero no existe legitimación activa para esto. Mientras tanto se está paralización el proceso, y la resolución dependerá todo de la Justicia”, acotó.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.

El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.

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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.

Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.

“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.

Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.

“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.

Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.

Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.

Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.

“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.

Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.

“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.

Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.

Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.

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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, dejó en claro que el Gobierno continúa con su agenda de reformas y dentro de ella se encuentra la reforma a la caja fiscal, la que sufre de déficits y presenta varias inequidades que agudizan su situación.

El secretario de Estado señaló que están pendientes a finalizar los estudios técnicos para presentar la propuesta. “Eso es algo que siempre estuvo en la agenda del Gobierno en cuanto a reformas, fuimos muy claros nosotros en que si bien somos técnicos, uno tiene que tener un poco de sentido político en términos de que no se pueden meter las reformas más potentes en un año, sino que lo íbamos a estar espaciando a lo largo de diferentes años”, expresó.

Fernández Valdovinos recordó que uno de los primeros grandes proyectos presentados por esta administración fue la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, posteriormente se presentó la ley de reforma del servicio civil y este año corresponde que se aborde la situación de la caja y una solución para la misma.

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“Seguimos en la misma agenda, sin necesidad de que nos impongan las agendas de editoriales que puedan sacar los medios, porque esto es algo que hace años nosotros ya dijimos”, sentenció ante la 650 AM.

El ministro señaló las dos situaciones que se conjugan dentro de la caja y que hacen que sea insostenible a largo plazo. Una de ellas es la inequidad en las diferentes cajas en cuanto a la edad en que acceden a la jubilación, puesto que principalmente los policías y militares pasan a retiro a muy temprana edad. El acceso a la jubilación antes de los 65 años genera un golpe de USD 120 millones por año a la caja y prácticamente la mitad del déficit está explicado por la jubilación temprana, argumentó.

“No entiendo por qué deberíamos dejar de contar con los servicios de personas que pueden ser útiles todavía simplemente porque ingresan personas de una generación más joven, eso no tiene ningún sentido, tampoco le conviene a los propios militares que quieren hacer carrera. Algunos se retiran sin concluir esa carrera y eso causa un daño en la gente y a nivel de la caja fiscal”, sostuvo.

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Asimismo, en la caja del Instituto de Previsión Social (IPS), el aporte lo realiza la patronal, el trabajador y el Estado, mientras que en la caja fiscal, el trabajador afronta solo el pago de su aporte. “Todo eso estamos analizando y veremos con los números para determinar luego qué es lo que nos va a ayudar, estamos muy cerca de terminar los estudios, estamos pidiendo ayuda al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al del Fondo Monetario, entre otros, pero es algo que vamos a presentar este año”, aseguró.

Mientras transita la segunda etapa del censo digital de jubilados de la Caja Fiscal, desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los beneficiarios con tarjetas bloqueadas podrán ser rehabilitados de manera automática una vez que completen el censo.

De acuerdo a los últimos datos oficiales manejados desde la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, dependiente del Viceministerio de Administración Financiera del MEF, más de 69.000 personas completaron el censo digital.

Desde el MEF recuerdan que la plataforma sigue habilitada (https://censos.hacienda.gov.py/) para que los beneficiarios de la Caja Fiscal realicen el trámite, tras lo cual se procede de oficio al desbloqueo de las tarjetas en un plazo de 24 a 48 horas.

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Los jubilados que ya realizaron el Censo pueden verificar su registro en: https://censos.hacienda.gov.py/censo-consulta-publica. Cabe destacar que, tras la culminación de la primera etapa del censo el 3 de mayo pasado, las tarjetas de las personas que no se censaron fueron bloqueadas. Hasta esa fecha, se cen­saron 68 mil jubilados. Quedan 8 mil sin hacerlo, lo que repre­senta el 10 %.

El objetivo principal del censo es actualizar los datos de todos los beneficiarios, evitar cobros indebidos y depurar la planilla mediante la confirmación de la vivencia. El procedimiento es ágil, completamente en línea y sólo requiere datos básicos, lo que permite ahorrar tiempo, evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de la información.

El director de Jubilaciones, Jorge Delgado, recordó que esta herramienta permite recopi­lar información actualizada de los beneficiarios jubilados y pensionados, y constituye en la actualidad una impor­tante fuente de información para tomadores de decisiones de la caja fiscal.

Para más información, los interesados pueden visitar la página web del MEF (www.mef.gov.py) o comunicarse con el servicio de atención al recurrente al teléfono (021) 729 - 0123, disponible de lunes a sábados, de 07:30 a 15:00 horas.

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