Crimen de Pecci: “El Estado debe reforzar la seguridad, no pueden hacernos callar”, reclama juez
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El juez Gustavo Amarilla se quebró al hablar del crimen del fiscal Marcelo Pecci, puesto que lo unía un lazo de amistad forjado desde su época de estudiante, considerando que fueron compañeros de colegio, según relató. El magistrado pidió reforzar la seguridad a quienes tienen la difícil misión de bregar por la justicia en el Paraguay.
“Me cuesta hablar de Marcelo, lo conozco desde mucho tiempo atrás porque somos exalumnos de un mismo colegio. Y su integridad él ya la trae desde la familia. Siempre fue muy íntegro, honesto, una persona intachable”, declaró el juez en contacto telefónico con la 1080 AM.
Destacó que Pecci siempre se caracterizó por el don de escuchar para luego, en conjunto, mejorar los procedimientos, entre ellos casos muy delicados. Como a muchos, la trágica noticia de su asesinato también lo sorprendió. “Ayer me llamó una persona, ajena al ámbito judicial, me contó lo que pasó y no le creí. Uno de los colaboradores que están acá me dijo que ya estaba saliendo en noticias”, mencionó.
El juez aprovechó la ocasión para clamar mayor seguridad al Estado. “Tenemos que ver qué medidas de seguridad empezar a adoptar, el trabajo tiene que seguir. Y bueno, encomendarnos a Dios y ver cómo seguimos haciendo patria con este puesto”, sostuvo.
Manifestó que quienes trabajan en el ámbito judicial y manejando casos complicados están en la disyuntiva de a quién pedir protección. “El Estado tiene que asumir ese rol de protección a sus autoridades. Ellos (crimen organizado) están con muchos más pasos adelante que nosotros y no tenemos que permitir que nuestro trabajo se vea impedido o se vea dificultado con estos acontecimientos de esta magnitud”, puntualizó.
Destacaron su humanidad
Desde el Ministerio Público también destacaron los valores con que desempeñaba sus funciones el fiscal Marcelo Pecci, quien mantenía excelentes relaciones con sus compañeros de trabajo y con su misma jefa, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
La fiscala Sara Torres señaló que su colega Pecci, asesinado el martes pasado en Colombia, era un ejemplo de profesionalismo y humanidad. Recordó que el agente siempre estuvo pendiente de sus pares, a pesar de estar cargado de trabajos complicados. Lo recordó como una persona de conducta intachable al tiempo de destacar su laboriosidad, además de su honestidad y valentía.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia. Foto: Gentileza
Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
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Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo. Foto: Gentileza
Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
Peña reafirma el compromiso de Paraguay contra el crimen organizado en foro regional
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El presidente de la República, Santiago Peña, participó ayer en Nueva York de la Reunión de Alto Nivel del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El encuentro se desarrolló en la sede de las Naciones Unidas, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General, y reunió a jefes de Estado y representantes de siete países sudamericanos para coordinar acciones contra las amenazas transfronterizas.
Paraguay concretó su incorporación formal a este mecanismo intergubernamental en junio pasado, con Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay. El esquema apunta a consolidar la cooperación interestatal en sectores clave como inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad de bienes, fiscalización fronteriza y control migratorio, estableciendo una línea de acción coordinada frente a estructuras criminales complejas.
Durante su intervención ante el foro regional en Estados Unidos, el jefe de Estado advirtió sobre la mutación constante de las redes delictivas. Señaló que estas organizaciones operan sin fronteras y aprovechan las debilidades institucionales de los países, por lo que instó a modernizar y sincronizar las estrategias regionales de defensa y seguridad.
Un “barrio común”
El mandatario fue enfático al describir la vulnerabilidad de los controles actuales frente a la delincuencia. “Vemos al crimen organizado, a los delitos transnacionales, que son los que más han evolucionado y justamente han aprendido de nuestras propias falencias”, expresó Peña al remarcar la urgencia de estructurar respuestas regionales a la misma velocidad con la que mutan estos esquemas ilegales.
El presidente subrayó que la seguridad es un pilar indivisible del desarrollo hemisférico y definió a las naciones sudamericanas como integrantes de un “barrio común” con desafíos compartidos. “Este espacio donde podamos coordinar las estrategias en materia de seguridad, de defensa, las diferentes instituciones con nuestro objetivo es algo que va a beneficiar a nuestros países, al continente sudamericano y, por supuesto, a todo el hemisferio occidental”, sostuvo.
Para concluir su exposición, el jefe de Estado reafirmó la voluntad de integrar la lucha contra el crimen organizado de manera permanente en la agenda diplomática, como condición biunívoca para la estabilidad económica regional. “Paraguay se une con fuerza, con vigor, con un deseo de poder coordinar los esfuerzos”, afirmó Peña, consolidando la postura del país de fortalecer la articulación operativa e institucional en el continente.
Avanza alianza ante crimen organizado trasnacional
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Las autoridades de ambos países coincidieron en la necesidad de un trabajo coordinado para contrarrestar el accionar de esos grupos criminales.
El viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Aranda, se reunió en la tarde de ayer con la coordinadora adjunta de Seguridad Nacional, Control y Designación de Terroristas para la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mónica Ager Jacobsen, en la sede de la Cancillería Nacional. Del encuentro participó también el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter.
En la ocasión abordaron temas relativos al crimen organizado transnacional en la región y coincidieron en la necesidad de un trabajo coordinado para contrarrestar el accionar de esos grupos criminales. Señalaron que las operaciones de estos grupos trascienden fronteras, por lo que es primordial un trabajo conjunto de los países porque las acciones aisladas resultan insuficientes frente a estructuras delictivas cada vez más adaptables y con capacidad de operar simultáneamente en distintas jurisdicciones.
Ambas partes destacaron la importancia de fortalecer los canales de cooperación bilateral existentes entre Paraguay y Estados Unidos en materia de seguridad, así como de profundizar el intercambio de información de inteligencia entre las agencias competentes de ambos países. En ese sentido, reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada para hacer frente a las amenazas que representan el terrorismo y el crimen organizado transnacional en el hemisferio.
Jacobsen se encuentra de visita en el país para participar de la Sexta Reunión del Foro Contra el Terrorismo Transnacional (CTTF, por sus siglas en inglés), que se realizará los días 16 y 17 de setiembre en Asunción.
En la ocasión, entre otras cosas, se hará una evaluación de la amenaza del crimen transnacional en la región, se analizará la financiación de las actividades terroristas en el hemisferio, así como el uso de las nuevas tecnologías por parte de estos grupos para eludir los controles estatales y financiar sus operaciones.
El foro reunirá a representantes de los países de la región y de Estados Unidos con el objetivo de coordinar estrategias conjuntas de prevención, intercambio de información y fortalecimiento institucional frente a estas amenazas.
Representantes de Paraguay y Estados Unidos coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado para enfrentar a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras. Foto: Gentileza
Cancillería coordina acciones con la Oficina de Contraterrorismo de EE. UU.
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El viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Aranda, se reunió en la tarde de este martes con la coordinadora adjunta de Seguridad Nacional, Control y Designación de Terroristas para la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mónica Ager Jacobsen, en la sede de la Cancillería Nacional. Del encuentro participó también el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter.
En la ocasión abordaron temas relativos al crimen organizado trasnacional en la región y coincidieron en la necesidad de un trabajo coordinado para contrarrestar el accionar de esos grupos criminales.
Señalaron que las operaciones de esto grupos trascienden fronteras, por lo que es primordial un trabajo conjunto de los países porque las acciones aisladas son insuficientes.
Jacobsen se encuentra de visita en el país para participar de la Sexta Reunión del “Foro Contra el Terrorismo Transnacional” (CTTF, por sus siglas en ingles), que sea realizará los días 16 y 17 de setiembre en Asunción.
En la ocasión, entre otras cosas, se hará una evaluación de la amenaza del crimen transnacional en la región, se analizará la financiación de las actividades terroristas en el hemisferio, así como el uso de las nuevas tecnologías.