El ministro de Justicia, Édgar Olmedo, manifestó que el dirigente político del oficialismo colorado Juan Carlos Ozorio, vinculado al narcotráfico, tendrá garantizada su seguridad física en la penitenciaría por el cargo que ocupaba anteriormente como diputado. Agregó que lo más probable es que su traslado se realice mañana.

“Eventualmente su reclusión sería en Emboscada, vamos a decidir si le llevamos a la antigua Emboscada o al centro penitenciario Padre de la Vega, sería una de las alternativas que tenemos. Lo ideal es que él esté en la cercanía donde se está llevando adelante su proceso y en este caso, como no está habilitada Tacumbú, tendría que ser Emboscada. Vamos a tomar todos los recaudos necesarios para garantizar su integridad y tener en cuenta la investidura que poseía hasta ayer”, indicó.

No obstante, sostuvo que es un factor que se debe tener en cuenta, ya que será difícil que el exlegislador guarde reclusión con la “población normal”. “Generalmente en estos casos se toma un protocolo para seguir por la envergadura y la importancia del caso, y teniendo un poco en cuenta el perfil del interno, no es una cuestión de privilegios, sino de seguridad”, dijo en comunicación con el programa “Cuenta final”, emitido por la radio Universo 970 AM.

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Finalmente, comentó que el traslado de Ozorio dependerá de la remisión de la orden de prisión por parte de las autoridades del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional. “Una vez que se tenga esa nota tomamos los recaudos con los directores del penal para ver la logística, pero yo estimo que sería para mañana, entonces permanecerá en Judiciales”, sostuvo.

Imposición de medidas

Ozorio deberá guardar reclusión tras la disposición de la jueza penal de Garantías Rosarito Montanía. El exmiembro de la Cámara de Diputados fue convocado a las 13:00, pero el inicio de la imposición de medidas se dio un poco después de las 14:00.

Édgar Olmedo, ministro de Justicia. Foto: Archivo.

El abogado Álvaro Arias, representante legal del exparlamentario, solicitó al tribunal el arresto domiciliario para su defendido y la entrega de una propiedad valuada en aproximadamente G. 200 millones como garantía para solicitar medidas alternativas. Sin embargo, el pedido fue rechazado por la jueza, quien dictó el traslado inmediato de Ozorio a un recinto penitenciario.

La defensa también alegó que el exdiputado no se encuentra en óptimas condiciones de salud para guardar reclusión en una penitenciaría, pero Montanía hizo caso omiso a esta acotación. Ozorio está procesado por presunto narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal.

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