El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, comunicó este jueves la apertura de un sumario administrativo para Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, acusados por planillerismo. Ambos son sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.

“Desde que asumí, digo y sostengo que no vamos a tolerar ningún hecho de planillerismo, provenga de donde provenga, pero también damos a los funcionarios la posibilidad de la defensa que se encuentra consagrada en nuestra Constitución Nacional“, comentó Núñez.

Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.

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Iván Ramiro percibe un salario de G. 13.500.000 mientras que su hermana Iris Rebeca recibe un sueldo de G. 8.00.000. “Vamos a recabar todos los datos, se pedirá el informe del trabajo periodístico que será la función del juez sumariante para determinar quiénes son los culpables, si ambos estaban en alguna comisión, si estaban a cargo de algún senador o si estaban sobre un régimen especial”, dijo el parlamentario.

Núñez detalló que el sumario tendrá una duración aproximada de 30 días y se verá la suspensión del cobro de salario para ambos. “Con manos firmes se instruye un sumario y que tenga una celeridad para que la ciudadanía sepa que sucede con los recursos públicos“, sentenció.

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Por segundo día consecutivo, miles de personas se manifestaron este miércoles en Kiev, capital de Ucrania, contra la nueva ley que limita la independencia de dos importantes organismos anticorrupción, una movilización que resulta inédita desde el inicio de la guerra contra Rusia.

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La nueva ley, que rige desde el martes fue muy criticada por los activistas contra la corrupción en Ucrania. Los ciudadanos advierten que la cada vez mayor presión del gobierno amenaza las reformas necesarias para entrar en la Unión Europea.

Tampoco desde los Estados Unidos están muy conformes con los cambios decretados por Ucrania, incluso Donald Trump comentó que no estaba seguro si cada dólar enviado al gobierno de Zelenski había sido utilizado en la guerra.

También la congresista republicana Marjorie Taylor Greene opinó sobre las manifestaciones en su cuenta de X. Y se tiró contra el líder del gobierno, Volodímir Zelenski.

No se limitó a una crítica al presidente ucraniano, sino que también cuestionó la asistencia militar y económica a Kiev y pidió poner fin a esta política. “¡Y Estados Unidos debe dejar de financiar y enviar armas!”, expresó.

Las protestas, que en principio se concentraron en Kiev, con el correr de las horas se extendieron a otras localidades como Lvov, Odesa, y Dnepropetrovsk, sobre todo después de que Zelenski estampara su firma en la cuestionada ley que pone fin a la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano).

Según el medio RT, solo en la capital, más de 1.000 personas se congregaron cerca de la oficina presidencial, coreando consignas como “vergüenza”, “veta la ley”y “Zelenski es un demonio”.

El medio explica que la norma aprobada “establece la completa subordinación del SAP al fiscal general y le otorga a este el derecho de supervisar las investigaciones de la NABU, exigir que cualquier caso se remita a ese organismo y darle instrucciones".

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Esto hará que la NABU desarrolle sus actividades bajo la supervisión del fiscal general, con quien deberán ser acordados todos los acuerdos de culpabilidad y las sospechas.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que la Ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil entrará en vigencia desde este miércoles 16 de julio, según lo que establece su artículo 146. La institución está realizando unas cuantas consideraciones respecto a la autoridad de aplicación, carreras especiales y lineamientos de implementación.

Mediante un comunicado, emitido este lunes, se menciona que la cartera estatal será la autoridad de aplicación en materia de función pública y del servicio civil para el ámbito del Poder Ejecutivo, con el objetivo de garantizar claridad y seguridad jurídica en el proceso de implementación de la ley.

Se detalla que la normativa abarca a todas las instituciones públicas y establece como autoridad de aplicación a aquellas que poseen autonomía de conforme a la Constitución Nacional, como son el Poder Legislativo, el Poder Judicial, universidades nacionales y municipalidades, entre otras.

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Señala que cada autoridad de aplicación deberá reglamentar la ley en su respectivo ámbito de competencia. Así también, reconoce la vigencia de las carreras especiales como ser la judicial, la diplomática y consular, la docencia en todos sus niveles, policías, militares, la carrera de blanco y otras, que se regirán por sus propias normas.

Añade que para las instituciones que integran el ámbito del Poder Ejecutivo, la reglamentación está siendo elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.

La entrada de vigencia de esta ley no tiene efecto retroactivo sobre los procesos de ingresos a la función pública realizados bajo las normativas de la ley 200/1970 o la ley 1626/2000. Agrega que la reglamentación establecerá los lineamientos para procesos de concursos públicos, ingresos y promociones de funcionarios públicos, régimen del empleado público (contratos), traslados temporales (comisionamientos), y definitivos.

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Tras tomar conocimiento sobre la próxima vigencia de la ley, una gran cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción se movilizaron este lunes frente a la sede del Poder Judicial como medida de rechazo. Los manifestantes reclaman que se declare inconstitucional esta legislación que modificará contratos colectivos de trabajo del personal municipal.

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, ratificó que no presentará su renuncia al cargo, descartó su postulación para un periodo más y aseguró que con su equipo se encuentran predispuestos a colaborar con el proceso de intervención que encabeza Carlos Pereira.

“Estoy más que tranquilo con todo lo que puede llegar a suceder, sabemos perfectamente lo que hicimos y cómo hemos heredado el municipio. Yo, desde un inicio dije que no tengo por qué renunciar y esta situación no cambió para nada. Yo sigo en la misma tesitura porque no hice nada fuera de lugar”, dijo el jefe comunal, este martes, al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Conversé con los diferentes directores y jefes de la municipalidad para que colaboren con todo lo que requiere el interventor. Vamos a proveer absolutamente todas las documentaciones. Seguimos con el mismo espíritu de colaborar con todo lo que él y su equipo vayan exigiendo, no colocamos trabas”, expresó el jefe comunal.

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Asimismo, se refirió sobre la improvisación de la oposición que ayer lunes, adelantándose a las conclusiones que pudieran surgir de la intervención, se aglomeraron en la Plaza de la Democracia con la finalidad de presentar la candidatura de la senadora destituida Kattya González para la intendencia.

“Para mí es una candidatura fantasma, están haciendo futurología. Yo no creo que el Partido Colorado pida mi renuncia ya que no existen motivos suficientes para que esto ocurra. Legalmente yo estoy habilitado para postularme para un siguiente periodo, pero ya no pienso en eso por los manoseos excesivos, todos los días ataques, quiero terminar mi periodo y mostrar la realidad“, refirió Rodríguez.

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En la petición de intervención realizada por el órgano extrapoder, que preside Camilo Benítez, informaron que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El contralor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del año 2024,el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución. Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %.