La derrota del Partido Liberal en Asunción con Eduardo Nakayama como candidato dejó mucha desazón a los afiliados y representantes. Ahora evalúan las estrategias políticas a seguir. El diputado liberal Édgar Acosta apuesta por los acuerdos programáticos para el 2023 y su colega colorado Walter Harms le recomendó enfocarse en propuestas y no en el coloradismo.
En su cuenta de Twitter el diputado de Itapúa le sugirió dejarse de los discursos anticolorados que se dieron para las internas, como la campaña #ANRnuncamás. Entonces le pidió que inventen propuestas de gobierno. “Ya vieron que no les sirve de nada. Alguna propuesta pues deben inventar. Abrazo!”, expresó.
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Por su parte, el diputado Acosta fue autocrítico con su partido, uno de los más representativos dentro de la oposición, y pidió dejar de lado las excusas políticas. Reconociendo como la única condición para llegar a los acuerdos programáticos con todos los sectores de la oposición con miras al 2023.
“Nada de excusas, acuerdos programáticos con todos los sectores de la oposición con miras al 2023. Ningún sector debe condicionar la chapa presidencial. Los que representen la mejor opción deben liderar, acompañado de hombres y mujeres que quieran un Paraguay libre de corrupción”, indicó.
El PLRA en estos comicios perdió cerca de 20 distritos, teniendo en cuenta que en las elecciones municipales del 2015 eran 80 municipios en manos de liberales y ahora serán poco más de 60. Mientras que la ANR logró 163 intendencias en todo el país del total de 261 municipios.
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Opaci no analizó posibilidad de unificar elecciones municipales y generales
Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) señalaron que algunos concejales plantearon unificar las elecciones municipales y generales, sin embargo, esta posibilidad no ha sido analizada por la institución. El presidente de la asociación, el intendente Óscar Cabrera manifestó que esta propuesta debe ser estudiada en detalles y sobre todo, escuchar a la ciudadanía.
“Un grupo de concejales había mencionado esa posibilidad, pero como Opaci e intendentes municipales no lo hemos analizado, sí creo que es una opción política que tiene sus pro y sus contras, indudablemente debe ser una materia de análisis consciente, con todas las aristas de forma que se pueda presentar una u otra opinión”, expresó Cabrera.
Señaló que es una decisión que no se puede tomar a la ligera, dado que se debe evaluar las cuestiones técnicas, políticas y económicas que implica unificar las elecciones. Señaló que para los administradores, podría ser una ventaja financiera el realizar los comicios de forma conjunta y también para el funcionamiento en cuanto a gestión.
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“Las elecciones siempre entorpecen las labores administrativas porque se distrae ese tiempo, son elecciones cada dos años prácticamente porque la campaña se inicia un año antes, eso dificulta que las personas que estén en los cargos puedan desarrollar programas de gobierno que beneficien a la gente y eso también afecta al gobierno nacional de todas formas”, mencionó a la 780.
En cuanto a la legislación necesaria para unificar las elecciones, precisó que solo se necesita de una ley, tal y como sucedió con las ocasiones en que se extendió o acortó el mandato de los intendentes. Cabrera aclaró que no es necesaria una reforma constitucional, dado que la Constitución no habla de este aspecto.
“Es una alternativa muy interesante, pero creo que la ciudadanía se debería pronunciar, todos nos debemos a la ciudadanía en primer lugar como funcionarios electos y por eso debe ser consultada, se debe escuchar las voces de sus representantes porque al fin y el cabo se afecta a todo el país con cualquier decisión que se pueda tomar. Yo creo que la mejor decisión es la que pueda tener un cierto consenso”, sostuvo.
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“No hay nada oculto”: designaciones de carácter político están contempladas dentro de la ley
“Entiendo que hay una gran confusión respecto a lo que es la carrera diplomática, consular, administrativa y técnica y lo que es el espacio político”, manifestó el canciller Rubén Ramírez Lezcano con relación a las denuncias sobre la contratación de familiares de políticos en las embajadas paraguayas.
“La ley bajo la cual se administra todo el sistema, el escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la 6935 del año 2022. La ley establece la posibilidad de que se incorpore hasta un 20 % de las designaciones de carácter político. Existen funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo”, puntualizó.
Asimismo, Lezcano manifestó que por decreto se establecen designaciones para ocupar cargos en las embajadas o consulados, tanto en áreas administrativas y técnicas. Señaló también que en la norma se establece un contrato por tiempo determinado.
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras ser consultado sobre el caso de la joven de 24 años, Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib, quien figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la embajada paraguaya ante el Reino Unido, con un salario de G. 21 millones.
“Ella es una administrativa, que tiene un contrato determinado. Existen servicios que no exigen un título académico, como por ejemplo, conductores de vehículos para el servicio de las embajadas, limpiadores, auxiliares administrativos. A todos se les evalúa de acuerdo a su conducta, el contrato tiene una duración de 3 meses y se va renovando de acuerdo a la calidad del servicio”, indicó.
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Ramírez Lezcano acotó: “Acá no existe nada oculto, hay designaciones de carácter político. Está contemplado dentro de la ley y por lo tanto no existe ningún impedimento para que esto se produzca desde el punto de vista de la ley”.
Embajadas cubiertas
Por otra parte, manifestó que de un total de 17 embajadas que encontraban vacantes, el gobierno de Santiago Peña ya logró cubrir 14 sedes diplomáticas. En la fecha se produjo el juramento de 10 embajadores paraguayos.
“Realmente destacamos que la inserción de Paraguay en el mundo como prioridad de la gestión del gobierno del presidente Santiago Peña se va cumpliendo. Desde el principio abordamos estos desafíos de una manera integral y oportuna para que nuestro país esté de pie ante el mundo. Los próximos días estaremos enviando al Congreso Nacional los próximos pedidos de acuerdo constitucional una vez recibido los beneplácitos de los países donde estamos acreditando embajadores”, dijo en una entrevista con los medios de prensa.
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Instan a no poner trabas al proyecto “Agua para el Chaco”
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner. Puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
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Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
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Situación del PLRA
El parlamentario también se refirió acerca de la situación actual que atraviesa el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), del cual forma parte, manifestando su acuerdo pleno sobre el adelantamiento de las elecciones internas del partido, para devolver la legitimidad a las autoridades partidarias.
“Nos falta autoridad en la conducción partidaria, en el sentido de que provisoriamente fue electo como presidente Hugo Fleitas, hasta tanto se desarrollaban las nuevas elecciones, las cuales considero que deben realizarse lo antes posible”, puntualizó Amarilla.
Para el congresista, tras el adelantamiento de las elecciones internas, el PLRA podría comenzar a pensar en la reconstrucción de las bases partidarias. Esto teniendo en cuenta que la nucleación posee varios problemas institucionales, los cuales deben ser resueltos con autoridades bien constituidas.
“Tenemos problemas de deudas y de organización política en diferentes puntos de la República porque los comités no funcionan. Entonces, toda esa dinámica debemos reactivar, para encarar las próximas elecciones municipales”, subrayó el legislador.
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Proyecto de ley busca modificar el Código Penal y combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
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Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
Duración del proceso
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
El legislador añadió que “la mora judicial lo único que nos trae es que la independencia judicial esté en juego, en riesgo en cuanto a los sesgos que puedan tener tanto el meter la mano el poder político, económico, mediático y por sobretodo el manoseo que pueda sentir la gente en cuanto a sus derechos humanos. Con esta ley buscamos poner un plazo taxativamente”.
Rodríguez remarcó que es consciente que el proyecto “será un motivo de debate en la ciudadanía, con los gremios de abogados, los representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Alguien tiene que ponerse el saco de la responsabilidad y cumplir con lo que la ley dice”.
El parlamentario lamentó que “la prisión preventiva se ha convertido hoy en una constante”. “Nuestra Constitución busca la rehabilitación de las personas una vez que se le dé la pena, es por eso que ponemos los plazos taxativamente en las leyes para que los jueces no puedan decir el día de mañana que no se les dijo que si en ese tiempo no cumplían con el plazo que la causa pueda prescribir, extinguirse”, indicó.