Giro radical y revés judicial en el caso de la empresa Cargo Line Paraguay S.A. Una nueva resolución judicial pateó el tablero y desnudó los excesos de la polémica medida cautelar ejecutada el pasado 16 de septiembre. El juzgado a cargo del magistrado Guillermo Trovato consideró que los efectos de aquella actuación de su colega Mafalda Cameron fueron completamente desmedidos y resolvió sustituirla por una administración judicial independiente, devolviéndole el oxígeno institucional a las firmas, cuya administración estaban a cargo del empresario Juan José Zapag.

En un verdadero acto de justicia, Gustavo Martínez Venialgo —quien había sido apartado de la empresa durante el cuestionado procedimiento encabezado por el abogado hoy procesado penalmente por coacción y otros delitos, Fernando Marecos— fue designado ahora como el nuevo administrador judicial de la compañía Cargo Line Paraguay.

Este nuevo pronunciamiento modifica sustancialmente el turbio escenario generado por el A.I. N.º 1392, firmado el 16 de septiembre de 2026 por la duramente criticada jueza Mafalda Cameron Luque. En la decisión judicial, la magistrada había dispuesto una simple “intervención”, pero en la práctica provocó un verdadero golpe de timón: suspendió a las autoridades legítimas de las sociedades y desplazó por completo a los órganos de administración. El actual fallo judicial del juez Trovato arranca la careta de esa maniobra, sosteniendo que semejante desplazamiento es característico de una administración judicial forzada y jamás de una intervención preventiva.

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Pero el punto más grave y escandaloso que detectó el juzgado es otro: como consecuencia de la polémica medida cautelar brindada por la jueza Cameron, la propia parte demandante terminó colocada como la autoridad principal de las empresas afectadas. El juzgado advirtió, con rigurosidad, que la medida cautelar terminó pareciéndose peligrosamente a la pretensión final que se busca en el juicio, otorgando el botín antes de dictar sentencia.

Frente a esta flagrante anomalía, la Justicia resolvió reencauzar el proceso y reemplazar la medida cautelar brinda a favor de Blas Zapag y Nora Zapag por una administración ejercida por terceros ajenos al litigio. La decisión impacta de lleno en el violento procedimiento del 16 de septiembre, cuando el abogado Fernando Marecos fungió de ejecutor para apartar de sus funciones al entonces gerente general, Gustavo Martínez. Hoy, la misma Justicia le da la razón a Martínez al nombrarlo administrador judicial provisional de Cargo Line Paraguay S.A.

Asimismo, en el fallo del juez Trovato se nombra a José Eduardo Fleitas Gómez como administrador de Cimportex Paraguaya Ind. y Com. S.A., y de María Graciela Álvarez Benítez como interventora de ambas sociedades.

La nueva resolución judicial fulmina la medida cautelar anterior firmada por la cuestionada jueza Mafalda Cameron, calificándola de “excesiva”. Con esto, el conflicto de Cargo Line suma un capítulo que pone bajo la lupa la sospechosa actuación de Fernando Marecos y el llamativo criterio de la jueza Cameron. El juicio de fondo sigue abierto, pero se corrigió el rumbo correcto y se recuperó la administración de ambas empresas.

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Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.

La Policía Nacional desplegará 38.000 efectivos para dar cobertura a la jornada electoral del próximo domingo 4 de octubre, donde los ciudadanos elegirán a sus autoridades en 263 municipios del país.

El comisario Juan Fretes, jefe del Departamento de Relaciones Públicas confirmó que a partir de este viernes los agentes estarán acuartelados y el objetivo apunta a garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los comicios.

“Todos los elementos de la Policía Nacional vamos a estar acuartelados a partir del día viernes para una mejor coordinación operacional por cuestiones concernientes a la cobertura de los locales de votación, en las inmediaciones de los locales de votación y por sobre todo en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia Electoral”, señaló Fretes a la 780 AM.

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Así también, los policías resguardarán los útiles electorales y las máquinas de votación a nivel nacional. Por otro lado, los agentes controlarán el cumplimiento del Código Electoral en cuanto a las prohibiciones del consumo de bebidas alcohólicas el sábado, víspera de los comicios.

“Desde las 19:00 en adelante rige la prohibición de expendios de bebidas alcohólicas, la reunión dentro de un radio de 200 metros, según el Código Electoral, de personas que podrían inducir al voto”, manifestó. Se hará cumplir igualmente la prohibición de portar armas y de inducción al voto, tal como contemplan las leyes.

“Desde el comando institucional siempre se pregona el buen trato hacia las personas, algunas orientaciones propias también que van a realizar los compañeros”, expresó. El comisario Fretes destacó el respaldo de los directores generales que están abocados a reforzar la cobertura en los departamentos, sumándose al personal policial para garantizar seguridad antes, durante y después de las elecciones.

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Eduardo Metzker iba en su motocicleta por Rio de Janeiro cuando se vio rodeado por otras dos. Uno de los motociclistas le apuntó con una pistola a la cabeza y le exigió su teléfono y la contraseña. En las horas siguientes, este programador de 29 años observó impotente cómo los ladrones retiraban 80.000 reales (unos 15.000 dólares), en su mayoría a crédito, desde sus aplicaciones bancarias, antes de que él lograra bloquear sus cuentas.

“Uno trabaja casi todos los días para juntar un dinero. Luego alguien te apunta un arma a la cara y se lleva todo”, dijo Metzker a la AFP. “Ni tenía ese dinero. Arruinaron mi historial crediticio”, lamenta. El robo de celulares, que puede involucrar violencia, fraude financiero e incluso asesinato, se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que azota ciudades brasileñas como Rio de Janeiro antes de las elecciones del 4 de octubre.

Este delito “parece encapsular un pánico creciente relacionado con la violencia urbana”, señaló el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), en su informe anual. Una encuesta de esa entidad publicada en mayo estimó que alrededor de 14 millones de personas habían sido víctimas de este delito en los 12 meses anteriores en Brasil.

Pero solo unos 830.000 celulares fueron reportados robados en 2025, según el informe anual del Foro, basado en datos oficiales.

En Rio, una ciudad donde la violencia y los asaltos son muy comunes, “vivimos completamente atemorizados, en alerta constante”, dice Caroline Lo Bianco.

A esta dentista de 36 años le arrancaron el teléfono de las manos por la ventana de un Uber cuando estaba embarazada de siete meses.

Antes de las presidenciales, cuya primera vuelta se celebra este domingo, tanto el presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, como su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, han prometido tomar medidas drásticas.

Bolsonaro promete cuadruplicar las penas de cárcel para este crimen, mientras que Lula ha dicho que su meta es “cero robos de celulares”.

Las encuestas muestran que la seguridad es la principal preocupación de los brasileños en estas elecciones, pero para Metzker ningún candidato puede ayudar.

“Pueden decir lo que quieran, ya no creo en ellos”, explica.

Desde que fue atracado, tiene un celular para salir a la calle, y otro que deja en casa con sus aplicaciones bancarias.

El primer aparato es conocido como “el teléfono del ladrón”, una estrategia adoptada por el 30 % de los brasileños -unos 65 millones de personas-, según el FBSP.

“El interés de las bandas ha dejado de ser el propio teléfono para concentrarse en los datos contenidos en los dispositivos”, dice a la AFP Leonardo Silva, coordinador de crimen organizado del Foro.

Después de ser asaltada, Lo Bianco bloqueó sus tarjetas bancarias, pero los ladrones lograron transferir casi 700 dólares desde una cuenta de un banco digital. También pidieron en línea una consola de videojuegos de 1.000 dólares, compra que ella consiguió bloquear antes de la entrega.

Los ladrones incluso enviaron cerveza, carne y McDonald’s a distintas direcciones en Rio de Janeiro.

Luiz Fernando Bugiga, fiscal del Grupo de Acción Especial para el Combate al Crimen Organizado, dice que una operación reciente en Sao Paulo reveló un esquema detrás del robo de celulares, con cuatro células criminales.

Quienes roban los teléfonos se los entregan a un grupo especialista en “transferencias bancarias y robo de datos”.

Un tercer grupo realiza modificaciones técnicas para que el aparato vuelva al mercado. El último se encarga de vender las piezas y los dispositivos. Hay “múltiples formas de pérdida para la víctima y múltiples fuentes de lucro para el criminal”, afirma.

Para muchos, solo reemplazar el teléfono ya es difícil. Joel da Silva, de 42 años, trabaja como portero en el barrio carioca de Ipanema y fue asaltado con una pistola. Pasó “un mes sin teléfono” antes de poder comprar otro, en cuatro cuotas.

Contó a la AFP que ha presenciado cuatro robos de teléfonos desde el edificio donde trabaja hace siete meses. Lo Bianco, que hace unos años ya sufrió un robo de auto a mano armada, sueña con irse de la ciudad. “Le digo a mi marido que, si me pidiera mudarnos a la Amazonía, al día siguiente tendría las maletas listas”.

Fuente: AFP.