El juez Pedro Mayor Martínez manifestó este jueves que para frenar la ola de inseguridad en el país se debe depurar a la Policía Nacional, consolidar a la institución y fortalecer la investigación. Destacó que hay muchos sensibles, como la pobreza y el desempleo.
“Apostaría por depurar la Policía Nacional, potenciar y repensar lo que ya está en la Constitución Nacional y fomentar las investigaciones de campo. Hay un territorio muy sensible y hay que revisar las normativas”, mencionó el magistrado en comunicación con la radio 1080 AM.
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Sostuvo que la justicia también tiene su cuota de responsabilidad y ante esta situación insistió en la necesidad de revisar las leyes vigentes para cambiar algunas cosas y sobre todo que la aplicación de las normativas sea de manera correcta.
Martínez indicó que el tema de la inseguridad es complicado porque también implica analizar el nivel de pobreza ya que también puede predisponer a una persona a quedarse con lo ajeno, pese a que no se necesita ser pobre para cometer hechos delictivos.
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“El Estado no logra consolidar estrategias y la ciudadanía está cansada de escuchar siempre lo mismo. La inseguridad genera riquezas para algunos, esto es un tema que debemos tratar. Debemos sentarnos a evaluar los conflictos sociales”, agregó el juez.
Pese a los cuestionamientos al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por la ola de inseguridad en el país, el magistrado lo consideró una persona capaz para enfrentar la situación actual, pero se debe ver si el esquema político le permite evidenciar los problemas existentes.
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Destacan participación de Conmebol en foro continental de lucha contra lavado
Durante la 56° reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se destacó la participación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que incluyó la exposición de su directora de Ética y Cumplimiento, Graciela Garay.
“En Conmebol transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en el fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”, afirmó la directora de Ética.
La declaración fue realizada en Washington, en el marco de esta reunión de Gelavex, organismo de la OEA y principal foro continental de debate sobre las estrategias y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos en América.
Combate
La participación de la Conmebol en este importante foro responde a la política de combate contra la corrupción y el lavado de dinero que la institución sudamericana lleva adelante en forma consecuente desde el 2016. En ese marco, hace apenas unas semanas se había presentado un urgimiento ante la Fiscalía paraguaya para que se adopten acciones concretas y enérgicas en la investigación de operaciones sospechosas entre el expresidente de la confederación sudamericana, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA.
En efecto, el Ministerio Público no impulsó ninguna acción tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada en tiempo y forma por la Conmebol, en fecha 4 de febrero del 2021. Es oportuno recordar que la primera denuncia fue presentada ya en el año 2017, es decir hace más de seis años. Si bien al principio, el Ministerio Público paraguayo llegó a recabar evidencias, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos, poco tiempo más tarde la investigación quedó paralizada por completo.
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Actual enfoque de seguridad potencia nuevas formas de combatir el crimen
La gestión del presidente Santiago Peña asestó golpes importantes contra la inseguridad, pero hay un camino por recorrer. Esta misión se desea enfrentar con nuevos enfoques y una significativa inversión, afirmó en esta entrevista el contralmirante (SR) Cibar Benítez, titular del Consejo Nacional de la Defensa (Codena).
-¿Cuál es la visión al respecto de la seguridad?
Que es la condición básica que permite el desarrollo y el bienestar. Que el foco de la seguridad está en la gente, en su libertad y en la protección de sus bienes, tanto individuales como colectivos.
Los desafíos de la defensa y seguridad nacionales ya no se limitan a conflictos entre naciones, sino que implican conflictos internos que requieren una coordinación entre todas las instituciones del Estado, así como una relación de apoyo mutuo entre países para hacer frente a amenazas comunes, como el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de dogas y sustancias ilícitas, entre otros, con sus implicaciones en la seguridad del Estado.
-Y la inseguridad ciudadana, la que se vive en el día a día..
La inseguridad ciudadana es la más sentida, generalizada y cotidiana. Ante este contexto, tanto a nivel nacional como internacional, deviene lógico adoptar una visión integral de la seguridad, con un sentido de cooperación entre las diferentes agencias nacionales e internacionales.
Esta visión se traduce en una modernización y complementariedad de los órganos con responsabilidad primaria y de base en la seguridad, que abarca varios aspectos claves, incluyendo una inversión significativa en tecnología y logística, en capacitación y profesionalización del personal, en una mejora de las condiciones laborales, así como la inclusión de un mayor número de efectivos y la promoción e inclusión de mujeres en el ámbito de la seguridad.
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-¿Cuál era el estado del sistema de defensa al iniciar la gestión?
El punto de partida del nuevo gobierno en el área de seguridad era desafiante y requería una acción inmediata y coordinada. Por un lado, nos enfrentamos a una creciente ola de inseguridad, con un promedio de 8 denuncias diarias de asaltos violentos y una normalización del sicariato en un contexto de impunidad.
-En cuanto al sistema penitenciario, ¿cuál es el panorama?
El sistema penitenciario presentaba graves deficiencias, con un alarmante hacinamiento en todos los centros de reclusión, en los que las bandas de la delincuencia organizada controlaban la situación y reclutaban nuevos miembros. La población carcelaria, predominantemente joven, con altos índices de reincidencia delictiva, evidencian la falta de efectividad en la rehabilitación.
El debilitamiento institucional al que llegó el sistema penitenciario permitió la conformación y fortalecimiento, dentro del sistema, de una especie de Estado paralelo gobernado por criminales y narcotraficantes. El descuido y abandono del sistema penitenciario ha tenido consecuencias devastadoras en la seguridad ciudadana, fomentando el aumento del microtráfico, el consumo de drogas y el narcotráfico.
De hecho, el consumo de drogas entre jóvenes y adolescentes es alarmante, con cifras significativas de consumo de drogas ilícitas y alcohol. Esto vuelve fundamental el abordaje de estos desafíos desde otras perspectivas, como programas integrales de prevención y tratamiento para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra población.
-¿Los brazos caídos en el control fueron aspectos determinantes también?
El debilitamiento institucional se vio exacerbado por la flexibilización de los sistemas de control, como lo evidenció la Resolución 142 de la Senad en el 2020, que resultó en el cierre permanente de la DIAFT y la liberación del control de los puertos privados. Esto permitió que grandes cantidades de drogas pasen desapercibidas por los controles de las autoridades competentes (solamente entre enero 2020 hasta setiembre 2022 se incautaron de 47.538 kilos, más del 90 % de ellas fueron incautaciones internacionales que pasaron sin ser detectadas por los controles nacionales).
Como resultado, en pocos años, el país se ha convertido en un corredor para el tráfico de drogas y un facilitador del crimen organizado, lo que ha llevado a una penetración significativa de este último en la sociedad. Esta situación sumaba a la ya existente falta de seguridad en las calles, creando un entorno preocupante para todos los ciudadanos.
-Ante esta situación crítica, el presidente, al empezar la gestión, ¿plantea la reactivación de Codena?
Creo que el punto de inflexión, en el ámbito de la seguridad ciudadana y del Estado, se dio apenas dos días después de asumir su mandato. El presidente había convocado al Consejo de Defensa Nacional (Codena), invitando a participar de aquella primera sesión, a por lo menos diez representantes de otros ministerios, direcciones y agencias que de alguna manera debían colaborar en lograr una mejor condición de seguridad protegiendo a la ciudadanía en general, sin descuidar su rol misional.
En aquella oportunidad bajó la línea en el sentido de que una de las prioridades de su gobierno sería la seguridad, junto con la educación, la salud y el trabajo digno.
-Cuando se habla de seguridad se habla de un enemigo que tiene enormes recursos, ¿cómo se plantea el financiamiento?
En cuanto a las inversiones, se destinarán más de USD 90 millones en los próximos años para fortalecer la seguridad, con aproximadamente USD 40 millones adicionales para invertir en recursos humanos para la seguridad ciudadana y el orden público.
Además, se asignarán aproximadamente USD 9 millones para tecnología en la Senad, específicamente y, alrededor de USD 200 millones en inversiones en tecnología y recursos humanos para las fuerzas militares, con el objetivo de controlar mejor la integridad del territorio y combatir con fuerza al crimen organizado y el terrorismo.
-Un reclamo de siempre es la propia mejora de la Policía Nacional y de las FF. AA. en su organización, formación y control interno
La modernización constante de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es de alta prioridad e incluye mejoras en las condiciones laborales y la utilización de técnicas y tecnología para la elección de personas que tendrán la responsabilidad de conducir y decidir.
Se llevará a cabo un esfuerzo sostenido para fortalecer las capacidades de los recursos humanos, proporcionándoles herramientas y entrenamiento para cumplir su misión. La formación con filosofía comunitaria y el mejoramiento de las condiciones laborales, incluyendo incrementos salariales y servicios médicos especializados para las mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, también forman parte de esta visión integral de seguridad.
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Asaltacajeros: Policía abatió a dos delincuentes y detuvo a otros dos
Durante un allanamiento realizado a primeras horas de este miércoles en una vivienda ubicada en la ciudad de Juan León Mallorquín, Alto Paraná, la Policía Nacional logró abatir a dos personas y capturar a dos integrantes de la banda que asaltó el Banco Nacional de Fomento (BNF) en el distrito de Natalio, Itapúa. Durante el procedimiento se produjo un enfrentamiento con el grupo delincuencial que estaría conformado por 15 a 20 personas.
“En un operativo tempranero allanamos una vivienda en la ciudad de Mallorquín donde tuvimos un enfrentamiento con un grupo criminal muy importante y logrando la detención de dos personas y lastimosamente fueron abatidas dos personas presumiblemente de nacionalidad brasileña”, confirmó el comisario Francisco Talavera, jefe de Gabinete de Investigaciones de Alto Paraná a la 1080 AM. Los cuerpos serán sometidos a una pericia a fin de determinar la identidad.
Explicó que la intervención se dio en el marco de la investigación de los sucesivos ataques registrados a cajeros del Banco Nacional de Fomento (BNF). “Se da en el marco de la investigación de explosión de cajeros: dos en Ciudad del Este más una transportadora de celulares en la ciudad de Resquín como así también al cajero de Banco Nacional de Fomento de Yatytay”, mencionó.
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El policía manifestó que la banda criminal estaría conformada por 15 a 20 personas, incluyendo a integrantes de nacionalidad brasileña. “Es bastante accidentado el lugar donde nos encontramos y ya el personal nuestro estaban casi tres días en la zona. Y llegó un vehículo en horas de la madrugada y procedimos a la ejecución del allanamiento”, expresó.
Al divisar la presencia de los agentes, los criminales realizaron disparos que desencadenó en la reacción de la Policía y en ese intercambio fueron abatidos dos de los peligrosos asaltantes. “Al llegar al lugar prácticamente una persona tipo estaba montando una guardia que es de difícil acceso y se percató rápidamente de nuestra presencia. Y se produjo el enfrentamiento, prácticamente nos recibieron a tiros”, concluyó.
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Diputados abordará reforma de la Policía Nacional en sesión extraordinaria
La Cámara de Diputados sesionará de forma extraordinaria este jueves 9 de mayo a las 9:30 horas para tratar el proyecto de ley de “De reforma y modernización de la Policía Nacional”, el cual figura como único orden del día.
Esto fue acordado en la reunión de la Mesa Directiva de este lunes, donde se acordaron los temas que serán estudiados en la sesión ordinaria. Participaron los líderes de bancadas.
“Se evaluó en comisiones y aparentemente hay un acuerdo mayoritario sobre el proyecto a partir de las modificaciones que se propusieron en comisiones y casi todas las bancadas están de acuerdo”, expresó la diputada Johanna Ortega. Mencionó que, junto con sus pares, está de acuerdo en aprobar las modificaciones planteadas en las comisiones.
“A libro cerrado no creo que se apruebe, creo que va a haber un debate, pero vi posturas mayoritarias a partir de las últimas modificaciones”, añadió en conversación con varios medios de prensa. El proyecto ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Senadores y su tratamiento aún está pendiente en Diputados.
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Este proyecto representa una de las reformas más esperadas por parte del Ministerio del Interior y consta de 283 artículos que buscan mejorar las condiciones de trabajo de la Policía Nacional para un combate efectivo contra el crimen organizado, los grupos armados y la criminalidad común.
Asimismo, contempla modificaciones al sistema de ascensos, el régimen disciplinario, la estructura jerárquica, la organización, entre otros. Contiene, además, ítems que hablan sobre el bienestar policial, el plan de carrera, la educación, salud, becas, asistencia jurídica, seguridad social y otros aspectos más.
La iniciativa dice que la “Policía Nacional como órgano de seguridad interna del Estado podrá hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de su misión constitucional y funciones legales, conforme a las normas vigentes”. El proyecto ya cuenta con varios dictámenes de las diferentes comisiones asesoras a las que fueron remitidos para su estudio y consideración.