El senador Enrique Bacchetta ratificó este jueves que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe destituir a un presunto corrupto como el titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz, por las irregularidades denunciadas en su gestión.
“A todas luces se demuestra que hay una lesión de confianza y es lamentable el actuar del presidente de la Conajzar, sus declaraciones fueron inconsistentes. Creo que el presidente de la República tendría que destituirlo”, manifestó el legislador de la ANR a los medios de prensa.
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Sostuvo que durante la interpelación el presidente de Conajzar “tomó del pelo” a los senadores porque no sabía qué decir y que el presidente Mario Abdo Benítez debe destituirlo porque está poniendo en riesgo la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Bacchetta indicó que todos los miembros de la Conajzar deben ser cambiados e insistió en que el presidente del ente cometió una lesión de confianza y otras irregularidades como la usurpación de funciones. Destacó también que a causa de los presuntos hechos de corrupción no están llegando los recursos para las asistencias sociales.
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“Este señor ha cometido presuntos hechos de corrupción, ha tomado del pelo al Paraguay y por culpa de todo ese tipo de tropelías no están llegando los fondos debidos para las asistencias sociales que el pueblo paraguayo necesita”, agregó el parlamentario colorado.
Senadores de varias bancadas se retiraron de la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, donde se encontraba en tratamiento el voto de censura al titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por las irregularidades denunciadas en su gestión.
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Legisladores apuntan a la cooperación internacional para dilucidar el caso Abdooffshore
El senador Derlis Maidana resaltó que si bien las islas Seychelles eran consideradas un paraíso fiscal, desde el 2013, este país es miembro del Grupo contra el Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG), similar al Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI). Por tanto, existen mecanismos de cooperación a los que podría acceder la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Seprelad) para buscar esclarecer la denuncia contra el expresidente Mario Abdo Benítez publicada por la prensa argentina.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que existen los mecanismos de cooperación internacional, así como Interpol coopera entre los países para ayudar a establecer un crimen o a localizar a un detenido. Así también Gafilat o la Gafi, del cual Seprelad es parte, es un grupo de países asociados que promueven un comercio internacional más justo y que lucha contra el lavado de dinero, lavado de activos.
El legislador explicó que la Cámara Alta aprobó la declaración en apoyo a la eventual investigación atendiendo que los hechos denunciados afectan a la investidura de un expresidente de la República, por lo que corresponde que las instituciones del Estado, afectadas abran una investigación para deslindar todas las responsabilidades.
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La investigación periodística del portal argentino PeriodismoyPunto señaló supuestos fondos ocultos que rondarían los 21 millones de dólares, que estarían canalizados a través de empresas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái, que se sospecha serían empresas de maletín.
El legislador señaló que las islas de Seychelles trabajan por dejar atrás la imagen de paraíso fiscal desde el año 2013. Por lo que la Seprelad Paraguay puede solicitar cooperación de informes a su par de esa isla, que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF Seychelles), a fin de saber a nombre de quién o quiénes figuran las empresas que han realizado los depósitos bancarios, así como sus presuntos beneficiarios.
“Con los informes en mano; en el caso de que sea afirmativa la existencia de dichos fondos en las islas de Seychelles, exparaíso fiscal, naturalmente tienen que entrar a tallar todas las otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y, por supuesto, la Contraloría General de la República para hacer un examen de correspondencia”, precisó.
Investigación confiable
El senador Maidana insistió en que es una denuncia muy grave que no se debe dejar pasar, por más de que el expresidente Abdo Benítez haya salido a decir que no tiene esas cuentas en ese lugar. Señaló que la información se dio a través de medios de comunicación en la Argentina, que en el pasado también habían investigado a la familia Kirchner y que luego se confirmaron que fueron veraces.
“Entonces, nada cuesta que las instituciones del Estado, puedan recabar los informes pertinentes y actuar en consecuencia”, acotó, destacando que la Seprelad cuenta con técnicos muy capacitados, y protocolos para actuar en la materia, para realizar la correspondencias entre las cuentas millonarias que figuran en el sistema financiero de las islas Seychelles a nombre de un total de seis empresas o firmas, y la declaración de bienes entre sus ingresos y egresos, que presentó el jefe de Estado al término de su mandato.
“Lo importante es poder determinar el rumbo a seguir. Nosotros no decimos todavía con certeza, sino que hay una denuncia de dos portales argentinos con cierta credibilidad y que lo que corresponde es que actúe las instituciones. Acá no hay subjetividad, queremos saber si hay, o no esos 21 millones de dólares a nombre del presidente; o a nombre de algunas empresas de maletín vinculado al exmandatario”, explicó.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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“Por fin va a haber un poco de Justicia en Ciudad del Este”, dice la Contraloría Ciudadana
La representante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, celebró que todas las denuncias impulsadas por su organización contra la gestión del intendente Miguel Prieto fueron confirmadas tanto por la Contraloría General de la República como por el interventor Ramón Ramírez, quien recientemente ratificó la existencia de múltiples irregularidades en la administración municipal.
Montiel refirió que la Contraloría General es la máxima autoridad en materia de control de las instituciones públicas y consideró que las conclusiones del interventor no hacen más que reafirmar las denuncias presentadas desde el inicio de la gestión de Prieto. “Por fin va a haber un poco de Justicia con Ciudad del Este, porque son los contribuyentes los que están perdiendo en este momento”, concluyó.
Montiel apuntó directamente a la gestión de Prieto, a quien acusó de haber montado un esquema en la comuna esteña para evadir los sistemas de Contrataciones Públicas y el control ciudadano. Según denunció, la municipalidad publica solo los montos de las obras, pero omite datos clave como la ubicación geográfica y otros detalles que permitirían una fiscalización efectiva.
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“Estamos tranquilos, todas las denuncias que hemos hecho se han confirmado, desde un principio estaba segura de que iba a ser así”, expresó Montiel en contacto con La Nación/Nación Media, quien destacó el trabajo que viene realizando el interventor y quien trajo consigo a técnicos que validaron los cuestionamientos realizados previamente por el ente contralor.
A su vez, aseguró que existe un desmoronamiento en la popularidad de Prieto, de lo cual ya hubo indicios en las últimas elecciones generales, cuando el candidato respaldado por el jefe comunal perdió la contienda por la gobernación del Alto Paraná. “Muchos de los que le defendían hoy nos dan la razón, él tiene muchos aduladores y chupasangres que también se benefician de su administración y son ellos los que le dan la falsa expectativa de que sigue siendo querido”, manifestó.
“El intendente es un mentiroso compulsivo, mostró su verdadera cara cuando asumió la intendencia y cometió todas estas irregularidades y actos de corrupción”, arremetió Montiel, señalando además que las críticas de Prieto hacia la Contraloría Ciudadana siempre buscaron desprestigiar al equipo que ella representa.
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Offshore: filtración revela que Abdo no es titular sino beneficiario final
El entorno del expresidente Mario Abdo Benítez ya estableció su estrategia: desacreditar la investigación del periodista argentino Luis Gasulla (de Periodismo y Punto) sobre la existencia de sus cuentas en las islas Seychelles. Para ello, envió un exhorto al gobierno de ese país para que respondan en la brevedad posible. La respuesta más lógica será que no existe cuentas bancarias a nombre del expresidente y de su esposa, Silvana López Moreira. Situación que la publicación de Gasulla ya lo advertía, por eso insistía la investigación filtrada que en realidad ambos, marido y mujer, son beneficiarios finales de las dos cuentas, de Star Capital Financial Service y Exchange Contracts International Finance.
Para el abogado Ricardo Preda, respondió a esta estrategia de la defensa del exmandatario para desligarse formalmente de las supuestas cuentas bancarias en este país insular africano.
“Una manera correcta de solicitar información no es preguntar si el presidente Abdo Benítez tiene una cuenta porque la información que fue filtrada por un medio argentino ya de por sí descarta que Abdo Benítez sea el titular de la cuenta”, sostuvo Preda en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “El titular de la cuenta en realidad son personas jurídicas y, por ende, una pregunta que diga si Mario Abdo es titular de cuentas bancarias, la respuesta es casi obvia, dirán que no”, expresó.
La estrategia se basa en un pedido de informe formal al Gobierno de Seychelles, a través de la Cancillería paraguaya y con la intermediación de Luigi Piccollo, cónsul honorario nombrado durante su presidencia. La nota solicita al Estado africano surge para confirmar o negar la existencia de cuentas bancarias abiertas directa o indirectamente a nombre del exmandatario y su esposa.
Esa declaración sería utilizada como prueba exculpatoria y replicada por medios afines al abdismo, en un intento por desactivar el escándalo y proyectarlo como una operación política promovida por el cartismo para dañar su imagen.
DUDAS SOBRE LAS REMESADORAS
Los fondos ocultos enviados a Star Capital y a Exchange Contract fueron canalizados a través de empresas offshore que habrían recibido depósitos desde otras firmas aparentemente fantasmas creadas en Hong Kong y Dubái. “Hay que investigar quiénes integran las empresas que figuran como titulares, quiénes son los beneficiarios finales y si hubo transferencias desde el sistema financiero paraguayo a esas cuentas o a las sociedades intermediarias”, dijo.
Preda manifestó que para obtener informaciones sobre las supuestas cuentas ocultas, se debe activar mecanismos de cooperación internacional, ya sea mediante la Fiscalía en el marco de tratados de asistencia penal, o por medio de las unidades de inteligencia financiera, aunque estas últimas no están obligadas a compartir datos y dependen de relaciones de reciprocidad.
“Esto debe ser tomado en serio, es una investigación compleja, que simplemente enviar una carta a bancos. Es muy grave que un expresidente de la República tenga una cuenta que excede de una manera considerable su patrimonio total, considerando lo que Abdo declaró en su salida de la función pública, esa es una suma muy superior. Si no es verdad, también es importante esclarecer ya que finalmente queda mal para la imagen del país que se sospeche que un expresidente de la República tenga cuentas bastante grandes, no declaradas”, indicó.
PEÑA RESPALDA INICIAR INVESTIGACIÓN A SU ANTECESOR
El actual mandatario aseguró que su gobierno no usará al Estado como garrote político, como sí lo hizo Mario Abdo.
El presidente de la República, Santiago Peña, respaldó la apertura de una investigación sobre el exmandatario Mario Abdo Benítez, tras los informes periodísticos que lo vinculan con una presunta fortuna no declarada en paraísos fiscales. Sin embargo, aclaró que desde el Poder Ejecutivo no se impulsará ningún tipo de persecución política, como ocurrió durante el gobierno de Abdo.
“Lo que puedo decir y ratificar es que nosotros desde el Poder Ejecutivo no vamos a utilizar el Estado como una herramienta de persecución política”, sostuvo Peña. Afirmó que si bien tiene “enormes diferencias” con su antecesor, no replicará prácticas que, según él, fueron cuestionables y que incluso derivaron en sanciones de otros países hacia los adversarios políticos de Abdo.
El mandatario recordó que el Ministerio Público ya tomó la decisión de abrir una investigación, la cual fue respaldada por un pronunciamiento del Congreso Nacional. También dijo que si la Contraloría General de la República confirma los datos publicados por la prensa, esa institución deberá actuar con independencia. “Me parece que es el camino correcto”, expresó.
Peña subrayó que no le corresponde al Ejecutivo investigar este tipo de denuncias, sino al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Contraloría. “Mal podría estar haciendo en tratar de utilizar el Estado con un fin político. No es nuestra intención”, insistió.
En sus declaraciones, también lanzó una crítica directa a la administración anterior: “Lo que más cuestioné de la anterior administración es haber utilizado las instituciones del Estado, llámese Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y otras, como herramientas de persecución”, señaló.