El senador Enrique Bacchetta ratificó este jueves que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe destituir a un presunto corrupto como el titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz, por las irregularidades denunciadas en su gestión.
“A todas luces se demuestra que hay una lesión de confianza y es lamentable el actuar del presidente de la Conajzar, sus declaraciones fueron inconsistentes. Creo que el presidente de la República tendría que destituirlo”, manifestó el legislador de la ANR a los medios de prensa.
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Sostuvo que durante la interpelación el presidente de Conajzar “tomó del pelo” a los senadores porque no sabía qué decir y que el presidente Mario Abdo Benítez debe destituirlo porque está poniendo en riesgo la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Bacchetta indicó que todos los miembros de la Conajzar deben ser cambiados e insistió en que el presidente del ente cometió una lesión de confianza y otras irregularidades como la usurpación de funciones. Destacó también que a causa de los presuntos hechos de corrupción no están llegando los recursos para las asistencias sociales.
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“Este señor ha cometido presuntos hechos de corrupción, ha tomado del pelo al Paraguay y por culpa de todo ese tipo de tropelías no están llegando los fondos debidos para las asistencias sociales que el pueblo paraguayo necesita”, agregó el parlamentario colorado.
Senadores de varias bancadas se retiraron de la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, donde se encontraba en tratamiento el voto de censura al titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por las irregularidades denunciadas en su gestión.
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Senador Nakayama afirma que definición de Cantero para la FGE es legítima
Ante cuestionamientos de algunos sectores, políticos principalmente, sobre la confirmación de Alba Cantero como fiscala general del Estado (FGE), el senador Eduardo Nakayama defendió la decisión tomada por la Cámara de Senadores. Explicó que el sector de la oposición trató el tema y decidió acompañar la confirmación de Cantero.
“Hablamos nosotros entre los opositores, teníamos que tomar una decisión a la luz de los hechos, y sobre todo, en la laguna jurídica que tiene la carta orgánica del Ministerio Público. Ahí no se contempla el caso de renuncia, el artículo 51 habla de inhabilidad”, señaló a los medios de prensa.
En este sentido, indicó que se tomó como referencia dicho artículo, la inhabilidad para definir quién tenía que interinar el cargo de fiscal general tras la renuncia de Emiliano Rolón Fernández. “En ese sentido yo entiendo que hayan constitucionalistas, abogados que tengan una posición, eso es absolutamente legítimo, pero el Senado consideró que teníamos que interpretar, de manera positiva o negativa”, aseveró.
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Respecto a la antigüedad, requisito fundamental para la designación, el legislador contó que fueron convocados representantes del Consejo de la Magistratura (CM) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes confirmaron que Cantero “definitivamente ella era la fiscal adjunta en lo penal más antigua en el Ministerio Público con 25 años de antigüedad”.
Otro de los puntos señalados por el senador, es la laguna respecto a la línea de sucesión en el caso de renuncia de un fiscal general, explicó que este caso es diferente a la Presidencia de la República, para el cual la línea de sucesión es clara. Por lo tanto, no se podría interrumpir un periodo establecido, que es de 5 años.
“También hablamos del riesgo que eso podría significar una convocatoria exprés, que no corresponde hacer una convocatoria exprés, y que no está tampoco prevista en la Constitución Nacional llamar a completar un periodo de un fiscal general. Será electo por el periodo de 5 años dice la Constitución, no dice que puede llamarse a concurso para completar el periodo”, refirió.
Agregó que “si se convocaba para un nuevo periodo sería interrumpir el periodo de 5 años que tienen los distintos fiscales desde que inició la Fiscalía general del Estado. Eso también era un riesgo que no se puede alterar”.
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Julio Iglesias, nuevamente en la mira de la Justicia española
La Justicia española abrió una investigación contra el legendario cantante español Julio Iglesias, después de admitir una querella presentada por dos exempleadas que acusaron al artista de agresiones sexuales y maltrato.
La denuncia había sido presentada por dos exempleadas que aseguran haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos mientras trabajaban con el cantante en las Bahamas y en República Dominicana, en el año 2021.
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En enero pasado, las mujeres presentaron una primera querella, pero fue archivada por un tribunal en Madrid. Ya en septiembre pasado, ambas presentaron otra denuncia y esta finalmente fue admitida. “El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante”, se dio a conocer a través de un comunicado.
La corte expresa que el testimonio de las denunciantes “constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal”, publica la agencia de noticias AFP. Sin embargo, el juez rechazó investigar los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que también figuraban en la querella.
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La palabra del cantante
En su oportunidad el multipremiado cantante tachó las acusaciones como “absolutamente falsas” y negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.
Entre las pruebas presentadas se encuentra una fotografía en la que se observa un hematoma en uno de los brazos de la denunciante, al igual que dos marcas en un muslo que podrían corresponder a una mordedura. Ambas exempleadas tendrán que declarar de manera presencial el 3 de febrero de 2027.
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Senado insta a investigar el manejo de datos biométricos de 3 millones de usuarios
La Cámara de Senadores aprobó este miércoles un proyecto de declaración que insta al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y al Banco Central del Paraguay (BCP) a colaborar con el Ministerio Público en la investigación sobre el manejo de datos personales, crediticios y biométricos vinculados al Grupo Vázquez. La iniciativa busca resguardar la información de más de tres millones de usuarios, cuyos datos, según las advertencias recientes, podrían quedar expuestos a la suplantación de identidad.
La iniciativa fue impulsada por los senadores colorados Patrick Kemper, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro de la Cámara de Senadores, y su colega Lizarella Valiente, quienes expresaron la preocupación ante el plenario, teniendo en cuenta que todos los datos personales, crediticios y biométricos, que, según la exposición de motivos, permanecen alojados en servidores vinculados a empresas del grupo investigado.
Ante el plenario, Kemper advirtió que la información alojada en los sistemas informáticos del grupo empresarial no se limita a datos bancarios, sino que incluye registros personales sensibles, domicilios, hábitos de consumo y características biométricas de los ciudadanos.
Riesgo sobre información sensible
El senador Kemper explicó que uno de los aspectos señalados en el proyecto es la posibilidad de que los datos personales y biométricos hayan sido extraídos, transferidos o utilizados de forma ilegal, por lo que su eventual exposición representa un riesgo que puede afectar la seguridad y privacidad de los ciudadanos a largo plazo.
Ante esta vulnerabilidad, planteó a sus colegas la necesidad de determinar cuánto antes qué ocurrió con esos registros, dónde se encuentran alojados, quién tiene actualmente acceso a ellos y qué medidas se están adoptando para garantizar su protección.
“El objetivo es contribuir a la salvaguarda de los datos personales, crediticios y biométricos de la ciudadanía en general, y de los clientes y ahorristas en particular. En caso de comprobarse que se haya realizado una extracción o uso ilegal de la base de datos, dicha información pudiera incorporarse como evidencia en la investigación fiscal”, remarcó el legislador.
Cabe recordar que días atrás el nuevo presidente del BCP, Jorge Schreiner, mencionó ante el Senado que el verdadero negocio de los dueños de Ueno Bank era capturar los datos biométricos de todo el país. Indicó que durante el tiempo de operatividad fueron más de tres millones de clientes cuyos datos biométricos eran manejados por el Grupo Vázquez a través de sus empresas, según las investigaciones y datos del propio banco.
Peligro de suplantación
Al respecto, el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Cibercrimen de la Policía Nacional, advirtió en comunicación con radio 1080 AM que los datos biométricos de tres millones de usuarios quedaron expuestos. Ante esta situación, señaló que el riesgo principal al que se exponen los ciudadanos de quienes el Grupo Vázquez manejaba sus datos biométricos es a la suplantación de identidad.
“Supongamos que esa información alguien la haya llevado en un disco duro y esté negociando; el problema que puede haber es la suplantación de identidad en primera línea. Los datos que manejaba dicha firma le daban un espacio tremendo al ámbito de negocio del servicio digital, tanto en pagos, habilitación de cuentas, billetera, entradas a la cancha”, comentó.
No obstante, mencionó que, como medida preventiva, ya se solicitó a Google y Amazon el resguardo y bloqueo de toda la información que almacenó Itti tanto de clientes de servicios financieros como asistentes de eventos masivos, como la Expo en Mariano Roque Alonso y el ingreso a las canchas.
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Guardias de Ueno en Encarnación piden indemnización tras suspensión de contratos
Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa.
Más de 400 guardias de seguridad a nivel país fueron afectados por la suspensión de trabajo por 60 días dispuesta por la empresa de seguridad GSR, que prestaba servicios para Ueno Bank. En Itapúa son aproximadamente 50 los afectados. En Encarnación, los trabajadores no firmaron acuerdo alguno de salida y todos solicitan su indemnización.
La mayoría tiene una antigüedad de dos años y medio aproximadamente, desde que Ueno Bank se instaló en Encarnación. Ayer acudieron al Ministerio de Trabajo, donde les informaron que se espera la respuesta de la central para determinar si el documento de suspensión presentado por la empresa es válido.
Ramón Mendoza, quien trabajó en la empresa desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 12 de noviembre de este año, relató que el 13 de noviembre recibió la notificación de suspensión. Según la empresa, el motivo es la falta de fondos para pagar a los guardias que cubrían Ueno Bank. Mendoza explicó que en Encarnación los trabajadores no firmaron porque reclaman su indemnización, y que si el documento no es válido realizarán la denuncia y buscarán asesoramiento legal para iniciar una demanda judicial.
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Daniel Reyes, quien cubría Ueno Bank en el Mercado Municipal La Placita hace un año y tres meses, denunció que tenía 20 años de antigüedad en otra empresa, que posteriormente se vendió a GSR. Aseguró que le hicieron firmar un documento con el que perdió su antigüedad, sus vacaciones y su aguinaldo al pasar a Ueno Bank. Reyes tiene 49 años, dos hijos y quedó sin trabajo. Afirmó que la suspensión les llegó por un comunicado de WhatsApp enviado desde Asunción, con el objetivo de que pierdan sus derechos.
Denuncias
Los guardias también señalaron que la empresa GSR ya registraba numerosas denuncias desde hace años, con atrasos y problemas de pago, y que el personal debía manifestarse para cobrar su salario. Además, advirtieron que podría levantarse el servicio del Hospital del Sur, que también cubre la empresa, donde habría muchos más afectados.
El pedido concreto es que la empresa les pague la indemnización y les reconozca sus derechos. “Me dirijo realmente a la empresa, que nos paguen o nos indemnicen, nosotros somos personas que cumplimos con la empresa, veníamos a trabajar, si había tormenta, lluvia, nosotros no nos atajaba eso para poder custodiar el banco, para poder trabajar, y queremos que nos paguen lo que corresponde”, dijo Mendoza.
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