“Paraguay va a seguir vacunando” contra la fiebre aftosa, afirmó el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, al indicar que responde a un pedido hecho por el presidente de la República, Pedro Alliana, a fin de brindar tranquilidad y garantías a los productores.

“Ese es un mensaje que el propio presidente pidió, que se aclare, que no haya dudas. No podemos vivir con incertidumbre, Paraguay va a seguir vacunando. Ese es el mensaje”, expresó el titular del MAG en entrevista con Valor Agro.

El secretario de Estado indicó que, si bien el debate sobre dejar de inmunizar podría retomarse en el futuro, hoy la prioridad es mantener la apertura y las reglas claras para que el sector pecuario siga produciendo.

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“Con el paso del tiempo, a lo mejor, si es necesario volver a tocar, que lo hagamos, pero hoy día, que no haya incertidumbre, que haya total apertura, que ninguna duda pueda instalarse en el sector”, sostuvo el ministro de Agricultura y Ganadería.

El sector ganadero considera que el cese de vacunación contra la fiebre aftosa es inviable, esto ante una reducción que se registra del hato bovino. En reiteradas ocasiones, los gremios se pronunciaron ante un eventual cambio para levantar la medida.

Asimismo, ratificaron su postura de mantener el esquema actual de inmunización, ya que señalan que no están dadas las condiciones técnicas para dejar de vacunar y hacerlo podría traer consecuencias negativas. En ese sentido, solicitaron al anterior Gobierno priorizar el estatus sanitario del país.

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Trabajo coordina con interventores del Banco Central del Paraguay la preparación de las liquidaciones laborales de los 490 trabajadores de Ueno Bank, cuyos pagos podrían comenzar esta semana.

Por instrucciones del presidente de la Repú­blica, Pedro Alliana, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) anunció nuevas medidas para proteger los derechos de apro­ximadamente 7.000 trabajado­res afectados por la situación de Ueno Bank y las empresas vin­culadas al Grupo Vázquez, que actualmente atraviesan dificul­tades laborales tras el cierre de sus operaciones, informó el sitio de la Presidencia.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, informó que, mediante el Dictamen N.º 377, se estableció que los trabajado­res que no reciben tareas ni per­ciben sus salarios pueden acce­der a otro empleo, aun cuando sus contratos contemplen cláu­sulas de exclusividad, sin que esto implique renunciar a sus derechos laborales. La ministra explicó que ya fueron atendidos más de 3.050 trabajadores y que se mantiene una mesa de tra­bajo con representantes de las 37 empresas identificadas. Asi­mismo, aclaró que los emplea­dos continúan formalmente en las nóminas y que, hasta el momento, el Ministerio no reci­bió solicitudes de suspensión de contratos laborales.

Entre las medidas anuncia­das, el MTESS coordina con los interventores del Banco Central del Paraguay (BCP) la preparación de las liquidacio­nes laborales de los 490 traba­jadores de Ueno Bank, cuyos pagos podrían comenzar esta semana, conforme al calenda­rio de los interventores.

Tam­bién se solicitó al Instituto de Previsión Social garantizar la atención médica de los trabaja­dores que la necesitan, especial­mente mujeres embarazadas, madres en periodo de lactan­cia y personas con tratamientos en curso. Además, se coordinó con el Ministerio de la Defensa Pública la asistencia jurídica para quienes necesiten iniciar reclamos laborales.

Recalde recordó que la legislación esta­blece prioridad para el cobro de los créditos laborales frente a otras deudas de las empresas. Finalmente, aseguró que el Ministerio continuará con la atención en horario extendido y el acompañamiento a los afec­tados con el objetivo de proteger sus derechos y facilitar respues­tas a las familias afectadas.

Los fiscales Christian Benítez Cáceres y Verónica Valdez Rivas encabezaron un allanamiento en la vivienda particular del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo en el marco de la causa penal por lesión de confianza y otros delitos. También se allanó la residencia del exjefe de Estado Santiago Peña.

Durante el procedimiento, la comitiva fiscal incautó documentos vinculados a los hechos investiga­dos, así como equipos informáticos, soportes digitales y dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a análisis técnicos para determinar su contenido y eventual relevancia en la causa. Los ele­mentos incautados fueron inventariados y trasladados bajo cadena de custodia a fin de preservar su integridad para las pericias correspondientes.

Funcionarios de la empresa Itti, del Grupo Vázquez, se manifiestan este lunes frente al Ministerio del Trabajo a los efectos de tratar de conversar con las autoridades para exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos laborales.

Gran cantidad de personas afectadas por el cierre de empresas asociadas se acercaron hasta la oficina pública en busca de orientación y respuestas sobre su futuro como empleados cesados.

“Venimos a reivindicar nuestros derechos porque actualmente no tenemos un norte, no tenemos claridad sobre nuestro futuro laboral, y eso es lo que venimos a exigir, que también sean escuchadas nuestras necesidades de cobertura de parte del gobierno”, expresó Verónica Barrios, colaboradora de Itti en contacto con el programa Arriba Hoy de canal GEN y Universo 970AAM.

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Añadió que muchas familias paraguayas se quedaron en la calle a raíz de esta situación. “Nosotros queremos que se cumplan nuestros derechos laborales. Nosotros no podemos estar en esta incertidumbre de no saber qué va a pasar de nosotros”, indicó.

Asimismo, mencionó que ninguna autoridad se comunicó con ellos hasta el momento. “Oficialmente, no tenemos una comunicación clara de cuál va a ser nuestro futuro laboral. Por eso, estamos pidiendo que nos puedan ayudar, que nosotros también podamos ser amparados bajo la Ley del BCP”, apuntó.

Señaló que son aproximadamente 1.600 los colaboradores afectados. “Hay compañeros que no cobraron su último salario, hay compañeros en Argentina que fueron cesados y en otros países donde no tienen representación. O sea, el impacto es enorme”, subrayó.

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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) instó a las autoridades competentes a concluir con urgencia el proceso de reposición de los recursos de los afectados por la resolución de Ueno Bank, mediante información clara y plazos verificables, conforme a los mecanismos legales.

“Es prioritario sostener la cadena de pagos, el crédito y las condiciones para producir, invertir y trabajar en el país”, señalaron desde el gremio. Asimismo, expresaron su solidaridad con los ahorristas, trabajadores, jubilados y familias afectados por la caída de la entidad bancaria.

En ese sentido, la ARP también consideró la necesidad de asistir activamente a las personas que quedaron sin empleo de manera inesperada, y consideraron necesario sostener la actividad económica y brindar respuestas a los distintos sectores afectados.

“Detrás de cada ahorro hay años de esfuerzo, detrás de cada actividad productiva, empleos y compromisos que necesitan continuidad”, manifestaron. La recuperación de la confianza requiere transparencia y determinación de responsabilidades, con respeto al debido proceso y sin privilegios.

Asimismo, la Rural convocó a preservar la paz social y garantizar el derecho a la libre y pacífica manifestación. “Además, encauzar los reclamos mediante el diálogo y respuestas concretas, pasos indispensables para superar esta situación”, señalaron.

Igualmente, reafirmaron su compromiso con la institucionalidad democrática y con las acciones orientadas a proteger a las familias, la producción y el empleo. “El Paraguay necesita responsabilidad, justicia y decisiones ejemplares que permitan recuperar la confianza en su futuro”, concluyeron en el comunicado.

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El pasado martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido, lo que derivó en la suspensión de sus operaciones y el congelamiento de las cuentas de sus ahorristas.

La medida generó dificultades para que los usuarios, empresas e instituciones accedan a sus fondos y motivó pronunciamientos de distintos gremios económicos y empresariales, que alertaron sobre sus posibles efectos en la actividad comercial, industrial y productiva.

Entre los sectores que manifestaron su preocupación se encuentran la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).

Por su parte, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) pidió a las nuevas autoridades nacionales acelerar las medidas para recuperar la estabilidad institucional y económica del país, tras la destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República.

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