El presidente de la República, Mario Abdo Benítez dijo que la ley que autoriza la auditoría de la Contraloría General de la República a los fondos de las binacionales ya está a cargo de las autoridades. La aplicación depende del mecanismo y el respaldo jurídico.
“Queda a cargo de la binacionales”, dijo, luego del recorrido que realizó en el vacunatorio masivo ubicado en el autódromo ex Aratirí. Se debe buscar el mecanismo para la auditoría, así como el respaldo legal de parte de los directores, explicó.
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Recordó que en el Brasil, cuando se dio un caso similar, la binacional decidió judicializar el tema. “Las binacionales se comportan de manera autónoma, nosotros con esta promulgación damos el mensaje claro sobre la importancia de la transparencia en el manejo de recursos en binacionales y que todo puede ser controlado”, expresó.
En Brasil se dio el caso de que el Tribunal Supremo negó el proceso de auditoría, aludiendo el respeto a la soberanía del Paraguay. En el caso de Paraguay, “van a buscar el mecanismo para que la Contraloría pueda ingresar a hacer todos los procesos de verificación de cuentas”, sostuvo.
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La decisión de presentar un acción de inconstitucionalidad será de las binacionales como entes autónomos, indicó. Sin embargo, alegó que “hay mecanismos para solicitar todo tipo de documentaciones”, pero seguro que el consejo como binacional hará su análisis sobre la ley promulgada.
Finalmente, reiteró el caso de Itaipú que desde el Brasil vino una ley similar. “Si son administradores de binacionales, deben tener el respaldo jurídico, por el respeto y reciprocidad a tu par y no es atribución solo tuya”, mencionó.
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Senado pide frenar licitaciones del IPS por casi G. 190.000 millones
Por mayoría, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de declaración que insta al Instituto de Previsión Social (IPS) a cancelar dos millonarias licitaciones para servicios de limpieza e higienización, cuyos montos globales rondan los G. 190.000 millones.
La propuesta legislativa fue promovida por el senador Dionisio Amarilla, vicepresidente de la Cámara Alta, quien logró el acompañamiento de sus colegas para la aprobación.
El parlamentario explicó que impulsó el pedido ante los cuestionamientos surgidos en torno a las condiciones de los procesos de contratación y la necesidad de garantizar una mayor transparencia y competencia en el uso de los recursos del IPS.
El senador liberal explicó que se trata de las licitaciones N.º 27/2026 y N.º 28/2026, destinadas a la contratación de servicios de limpieza e higienización para dependencias del IPS en el Área Central y el interior del país. En conjunto, ambas convocatorias representan aproximadamente G. 189.230 millones.
Garantizar la libre participación
Amarilla sostuvo que, ante las dudas y cuestionamientos existentes, corresponde detener los procesos antes de avanzar hacia una eventual adjudicación y revisar las condiciones establecidas en los pliegos.
“Considero que es necesario garantizar la libre participación de oferentes y evitar cualquier situación que pueda generar sospechas de privilegio o favorecimiento en una contratación de semejante magnitud”, expresó.
Con la aprobación de la declaración, el Senado respalda el planteamiento de Amarilla y pide al IPS cancelar los actuales procesos y realizar una revisión integral antes de convocar nuevamente a una licitación, bajo criterios que aseguren transparencia, igualdad de oportunidades y competencia efectiva.
Para Amarilla, la prioridad debe ser resguardar los recursos del IPS y evitar que una contratación cercana a los G. 190.000 millones avance mientras persisten cuestionamientos que requieren ser esclarecidos.
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Anexo C: Itaipú transfirió USD 310 millones al Tesoro y a la Ande en los primeros ocho meses
Entre enero y agosto de 2026, la Itaipú Binacional transfirió alrededor de USD 310 millones al Gobierno del Paraguay en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
Estos desembolsos están contemplados en el Anexo C del Tratado y son destinados a gobernaciones, municipios y a la empresa estatal de energía eléctrica para llevar adelante obras y proyectos en beneficio del país.
De acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera de Itaipú, en estos ocho meses del presente ejercicio, el Tesoro paraguayo recibió USD 175 millones por royalties e ingresó USD 89 millones por cesión de energía.
La Ande recibió USD 46 millones por resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital.
En lo que corresponde únicamente a las remesas efectuadas en agosto, los royalties totalizaron unos USD 22 millones, mientras que la compensación por cesión de energía alcanzó unos USD 11 millones.
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Por su parte, la compañía eléctrica tuvo un ingreso de USD 1,7 millones por resarcimiento. De esta manera, fueron transferidos alrededor de USD 35 millones durante ese mes.
Una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra parte es transferida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los gobiernos departamentales y municipales.
En el caso de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y otro porcentaje es distribuido entre municipios y gobernaciones.
Vale destacar que los pagos a la Ande le permiten a la compañía eléctrica contar con fondos garantizados y previsibles para cumplir con sus planes de inversión, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de electricidad en todo el Paraguay.
Además de mantener su nivel de generación de energía, la binacional continúa realizando las transferencias y cumpliendo con sus compromisos financieros, cuyos recursos son destinados al Estado paraguayo conforme a lo establecido en el Anexo C del Tratado.
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Policía Nacional proyecta superar los 42.000 efectivos para diciembre y refuerza controles internos
El Ministerio del Interior difundió este viernes información oficial y datos actualizados sobre la situación de la Policía Nacional, con el objetivo de brindar mayor claridad y transparencia sobre la composición, formación, distribución y fortalecimiento de la fuerza policial.
“Se presentan las principales cifras relacionadas con la cantidad de efectivos actuales y proyectados, los procesos de formación y capacitación, la distribución del personal, los exámenes de integridad, los ascensos, así como las investigaciones, sumarios y bajas registradas en los últimos años”, señala el informe.
Además, la cartera estatal explica que estos datos permiten conocer, de manera clara y objetiva, las acciones que se vienen implementando para fortalecer la institución, mejorar la preparación de sus integrantes, reforzar los mecanismos de control interno y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
“La información forma parte del compromiso institucional de poner a disposición de la ciudadanía datos concretos sobre la gestión, promoviendo la transparencia, la responsabilidad y el fortalecimiento permanente de la Policía Nacional al servicio de todos”, puntualizaron las autoridades de seguridad.
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Fuerza policial
La Policía Nacional proyecta cerrar el 2026 con 42.611 efectivos, unos 5.000 más que los que actualmente integran la fuerza, según las cifras oficiales difundidas por la institución.
El crecimiento representa un incremento significativo respecto a agosto de 2023, cuando la Policía contaba con 26.793 efectivos. Actualmente son 37.611 los integrantes de la fuerza, mientras que la proyección para diciembre contempla la incorporación de 5.000 nuevos egresados.
Con la cifra proyectada, Paraguay se acercaría al promedio mínimo de referencia de tres policías por cada 1.000 habitantes. Actualmente, la relación es de aproximadamente 2,8 policías por cada 1.000 habitantes.
De los efectivos actuales, 28.916 están destinados a tareas de prevención, seguridad y otras dependencias, mientras que 3.300 cumplen funciones de investigación criminal. Otros 5.395 integran unidades como la FOPE, GEO, agrupaciones de seguridad y otras áreas especializadas.
La institución advierte además que aproximadamente 800 policías se jubilan cada año, lo que constituye un factor a considerar en la planificación de la dotación.
Más formación
El aumento de efectivos está acompañado de cambios en los procesos de formación. Los egresados de 2024 y 2025 fueron seleccionados entre más de 18.000 aspirantes, mediante exámenes realizados por la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
La formación de suboficiales se concentra en un año académico, con 1.610 horas de formación y 500 horas de pasantía profesional. En el caso de los oficiales, la preparación contempla cuatro años de formación y más de 3.200 horas cátedra, por encima de las 2.700 horas exigidas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Además, se prevé el ingreso de aproximadamente 150 oficiales por año.
Otro de los ejes señalados por la Policía es el fortalecimiento de los mecanismos de control de integridad. Durante los últimos tres años de gestión se prevé realizar aproximadamente 450 exámenes de integridad, que incluyen pruebas de polígrafo para integrantes de distintas promociones y niveles jerárquicos.
La aprobación del polígrafo constituye un requisito para acceder a un ascenso. Los resultados son remitidos al Tribunal de Calificaciones, encargado de seleccionar a los candidatos para las vacancias disponibles.
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Policías investigados
Uno de los datos más relevantes del informe corresponde a los mecanismos de depuración interna. Entre 2023 y 2026 se registran 2.110 policías investigados por Asuntos Internos y 947 sumariados por indicios serios.
De acuerdo con el documento, el 5% de los sumariados corresponde a casos de corrupción. En el mismo período se registraron 189 bajas por corrupción u otros motivos, mientras que en los cinco años anteriores se habían registrado 109 bajas.
Experiencia en territorio
La estrategia para los nuevos integrantes también contempla una mayor permanencia en territorio. Los nuevos suboficiales deberán cumplir dos años de pasantía mínima en comisarías de Asunción y Central, realizando patrullaje urbano y formación continua.
La medida busca fortalecer la experiencia práctica, mejorar la prevención y la seguridad, promover la especialización y reforzar el vínculo entre la Policía y las comunidades.
Con estas medidas, la Policía plantea una estrategia basada en tres ejes: más efectivos, mayor formación y más controles internos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la institución y mejorar su servicio a la ciudadanía.
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Director de Auditoria del MEC ratificó que inscripción de título de Rivas cumplió con requisitos legales
En una nueva jornada del juicio oral y público al exsenador Hernán David Rivas, procesado por tener título de abogado dudoso, declararon varios testigos. Entre ellos comparecieron el actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el director de Auditoría Interna del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Roy Rodgers; y Ana Coronil, exalumna de la Universidad Sudamericana.
Lo más relevante de la jornada fue la declaración de Roy Rodgers, quien explicó que el ministro de Educación, Luis Ramírez, solicitó mediante un memorando una auditoría interna para verificar si la Auditoría 026/2020 se había elaborado correctamente. “La revisión concluyó que se cumplieron los requisitos aplicables y que los auditores actuaron de forma adecuada”, afirmó el testigo en relación con el proceso de inscripción del título de Rivas. Este testimonio contradice la acusación del Ministerio Público.
Asimismo, Rodgers indicó que dicha revisión fue ordenada por el ministro Ramírez debido a los fuertes cuestionamientos mediáticos sobre la Auditoría 026/2020, la cual ya había determinado que se cumplió con toda la documentación para la inscripción del título de Rivas.
El testigo confirmó que el trabajo se ajustó a las normas vigentes y aclaró que el MEC aún no define oficialmente qué procedimiento aplicar a las carreras creadas bajo la Ley “Marcos”, que luego fueron cerradas y cuyos títulos se expidieron tiempo después, debido a los cambios normativos entre la finalización de los estudios y el registro del título.
Ante los criterios contrapuestos de la Dirección de Transparencia y la Dirección de Registro de Títulos, se recomendó solicitar a la Asesoría Jurídica del MEC una definición clara para casos como el de Hernán Rivas. Este pedido sigue pendiente de respuesta, manifestó el director.
Declaración del presidente de Diputados
Por su parte, Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, señaló que Hernán Rivas manifestó en su momento la intención de representar a la institución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y que la bancada de Honor Colorado respaldó su postulación. Indicó, además, que actualmente no existe un procedimiento interno para verificar o acreditar los requisitos exigidos para ejercer dicha representación, aunque existe un proyecto con media sanción para regularlo.
Pruebas documentales
Durante la audiencia también se introdujeron varias pruebas documentales. Entre ellas destacó un informe del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), el cual estipula que las carreras habilitadas antes de la vigencia de la Ley 4995/2013 son legales, siempre que acrediten su implementación conforme a los requisitos de la Resolución 166/2015 del Cones. Finalmente, se constató que el MEC registró títulos de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana hasta el año 2022.
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