El senador Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), anunció que presentará de vuelta dentro de quince días su polémico proyecto de ley que plantea modificaciones en las normativas relacionadas a las invasiones de tierra.

Adelantó que realizará consultas para incluir mayores precisiones en su propuesta, a fin de no dar más lugar a “interpretaciones erróneas”. Reconoció la posibilidad de llamar a una audiencia pública.

“Yo negué y lo vuelvo a hacer. Esto no es para propiciar invasiones. Retiré el proyecto por la confusión, pero voy a volver a presentarlo dentro de quince a veinte días más. Voy a someterlo a una serie de consultas y opiniones de la gente”, expresó el parlamentario.

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Santa Cruz volvió a defender su iniciativa y manifestó que con ella no se cambia absolutamente lo que dice la Constitución Nacional ni la Ley de Invasión.

Mencionó que lo que se hace es establecer un plazo de 6 meses para la actuación fiscal-policial. “Si la Policía no hace su trabajo, debe ser destituido el jefe policial. Y el fiscal, enviado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, expuso.

En ese contexto, el congresista aseguró que en la práctica, la Fiscalía y la Policía especulan con la desesperación del propietario del inmueble y empiezan con los pedidos de dinero para actuar.

“La intención principal es poner orden. La Policía debe ir a desalojar al día siguiente de la invasión. Pero en la práctica, pasa un tiempo, deja de haber clandestinidad y violencia, se establece una comunidad y luego son desalojados con prácticas físicas, y en ese momento ya debe ser un proceso civil y no intervención a la fuerza”, afirmó.

Puso de ejemplo un inmueble ubicado en Capiatá que fue invadido hace trece años, pero en la actualidad hay 202 familias que incluso ya pagan por los terrenos que el propio propietario loteó. “Sin embargo, ahora después de años le denuncia por invasión a la gente que vive ahí”, dijo.

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Agregó que con esta dilación que se da en los desalojos de invasiones se generan las “mafias judiciales” entre los fiscales, policías y jueces. “La mayoría de los policías y fiscales quiere ir a Alto Paraná y Canindeyú, donde más hay invasiones”, dijo.

Por último, afirmó que existe la posibilidad de llamar a una audiencia pública para debatir abiertamente sobre su propuesta para que no se produzcan más confusiones en el estamento legislativo.

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