El Tribunal de Apelación deberá estudiar si corresponde confirmar el fallo dictado en primera instancia.

La defensa del extitu­lar de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich solicitó al Tribu­nal de Apelación ratificar íntegramente su absolución de culpa y pena. Boidanich había sido juzgado por el supuesto delito de frustra­ción de la persecución penal en el caso del empresario Darío Messer.

Los abogados defensores, Claudio Lovera y César Alfonso, contestaron la ape­lación presentada por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer, quienes habían recurrido ante el tribunal de alzada la determinación adoptada ini­cialmente por un Tribunal de Sentencia.

La defensa de Boidanich sostiene que la decisión de primera instancia debe ser confirmada porque nunca se configuró el delito de frustra­ción de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomi­sados en nuestro país y a eso se le agrega que dicho fallo ya está firme en la Corte.

Del mismo modo la defensa de Boidanich sostiene que el Ministerio Público pretende de manera irregular que la Cámara de Apelación reva­lore pruebas testimoniales y documentales, algo prohi­bido por la norma y más en segunda instancia.

Un tribunal de sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Sepre­lad) Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresa­rio Darío Messer.

Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible.

Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresa­rio fue imputado y sus activos fueron incautados.

Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fis­calía debía probar que la con­ducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suce­der esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evi­denciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces evi­denciaron que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación para perju­dicar al Boidanich.

Durante el juicio oral, funcio­narios de la Seprelad decla­raron que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspon­diente.

Finalmente, se demostró que el informe de la institu­ción fue entregado al Minis­terio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando ade­más que el documento nunca se filtrara.

• Juan Carlos Dos Santos G.
• X: @juancads
• Columnista y analista internacional
• Fotos: Archivo / Gentileza

Al Qaeda, los talibanes y el grupo terrorista palestino Hamás silenciaron para siempre a compatriotas que migraron en busca de una vida mejor para ellos y para sus seres queridos.

Detrás de los escombros de Manhattan, las ráfagas en un hotel de Kabul o el asalto sangriento a un kibutz en un desierto de Israel, las víctimas de la violencia extremista con trasfondo religioso y de odio tienen nombres, apellidos y rostros con acento guaraní.

Son compatriotas que salieron del país persiguiendo la superación personal, el desarrollo profesional o el compromiso democrático. Viejas maletas cargadas de sueños que terminaron sepultadas por la intolerancia radical.

Sus historias revelan cómo el radicalismo islámico no distingue banderas ni fronteras y cómo el dolor de sus familias en varios rincones del Paraguay permanecen como una herida abierta en la memoria nacional.

El martes 11 de setiembre de 2001, el mundo cambió para siempre cuando células de Al Qaeda estrellaron aviones secuestrados contra las Torres Gemelas del World Trade Center.

En el corazón financiero de Nueva York, dos paraguayos iniciaban su jornada laboral sin sospechar que quedarían atrapados en el epicentro del mayor atentado en suelo estadounidense.

Carlos Alberto tenía solo 20 años cuando dejó Asunción en 1992, para radicarse en Flushing, Queens. Con una combinación de disciplina y ambición saludable, logró abrirse paso en el competitivo mercado financiero neoyorquino hasta convertirse en asistente de broker para la prestigiosa firma Cantor Fitzgerald.

A los 29 años, Carlos representaba el éxito de la emigración paraguaya. La mañana del 11S se encontraba trabajando en el piso 104 de la Torre Norte (WTC 1).

El impacto del vuelo 11 de American Airlines ocurrió justo por debajo de su posición, entre los pisos 93 y 99, anulando toda vía de escape y dejándolo sepultado en las alturas de la estructura.

Mientras que Obdulio Ruiz Díaz era un arquitecto paraguayo de 44 años que había emigrado a los Estados Unidos en 1986.

Tras años de esfuerzo, se desempeñaba como dibujante y gerente de proyectos para la empresa Bronx Builders.

Aquel inicio de mañana, la rutina de Obdulio lo llevó al emblemático restaurante Windows on the World, ubicado en los pisos 106 y 107 de la Torre Norte.

Supervisaba trabajos de remodelación y diseño interior cuando la torre fue sacudida. Ninguna de las personas presentes en las plantas superiores al impacto sobrevivió.

La violencia yihadista no solo golpea en los centros del capitalismo mundial; también acecha en las zonas donde la comunidad internacional intenta reconstruir instituciones devastadas por la guerra.

Con 34 años, el abogado y analista político paraguayo Luis María Duarte poseía una prolífica carrera en el ámbito de las relaciones internacionales.

En marzo de 2014, viajó a Afganistán contratado por el National Democratic Institute (NDI), una organización independiente con sede en Washington dedicada al fortalecimiento institucional.

Duarte llegó a Kabul como observador electoral internacional para supervisar las complejas elecciones presidenciales afganas.

La noche del 20 de marzo de 2014, mientras se encontraba en el restaurante del Hotel Serena –un recinto con estrictas medidas de seguridad donde se hospedaba la delegación internacional–, un comando de cuatro jóvenes terroristas del Talibán logró burlar los controles introduciendo armas ocultas en sus calzados.

Los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada contra los comensales. Luis María Duarte fue ejecutado junto a periodistas, diplomáticos y civiles inocentes.

El patrón de la violencia radical volvió a golpear a la comunidad paraguaya el 7 de octubre de 2023, durante la incursión masiva ejecutada por la organización terrorista Hamás desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel.

David Schvartzman era un experimentado consultor agrícola con casi dos décadas de residencia en suelo israelí. Su vinculación con el Paraguay se mantenía viva no solo por sus lazos afectivos y familiares, sino por su permanente predisposición a analizar el contexto sociopolítico del Medio Oriente para medios nacionales.

David residía junto con su esposa, Orly Pinko Schvartzman, en el kibutz Kfar Aza, una comunidad agrícola e industrial situada a menos de dos kilómetros de la valla perimetral con Gaza.

Al amanecer del sábado 7 de octubre, bajo una lluvia de cohetes, comandos fuertemente armados irrumpieron en las viviendas del kibutz. David y Orly fueron masacrados y sus cuerpos incinerados en el interior de su propia casa durante el ataque, en una jornada donde la violencia extremista arrasó con familias enteras en sus espacios de intimidad.

Los compatriotas víctimas del terrorismo eran trabajadores que buscaban prosperar, profesionales dedicados al arte y la construcción, analistas comprometidos con la transparencia democrática y consultores que aportaban su conocimiento técnico a la tierra.

Su asesinato a manos del extremismo violento impone una tarea prioritaria: evitar que sus nombres queden reducidos a meras cifras en las crónicas de guerra extranjeras y preservar su memoria como un testimonio de dignidad frente a la barbarie.

La fiscala Belinda Bobadilla imputó al exjefe de Inteligencia de la Senad, Mauro Ruiz Díaz, y a su exesposa Andrea Karina Martí, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al no poder justificar movimientos multimillonarios que oscilan los G. 2.802.515.608 en efectivo de origen no justificado.

De acuerdo a la imputación fiscal, el millonario monto de dinero no tendría relación con los ingresos lícitos declarados por la pareja durante su desempeño como funcionarios públicos. La investigación surgió como un desglose de otra causa en la que Ruiz Díaz fue investigado por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal.

Del total presuntamente injustificado, G. 1.617.997.445 corresponderían a adquisiciones conjuntas, G. 825.960.400 a operaciones atribuidas exclusivamente a Ruiz Díaz y G. 358.557.763 a operaciones atribuidas únicamente a Martí.

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Entre las operaciones analizadas figura la compra de un vehículo Volvo XC60 T8 por USD 85.000, cuyo pago habría sido solventado en un 98 % con efectivo de origen presuntamente ilícito, equivalente a G. 620.604.205. También se investigan operaciones inmobiliarias. Una propiedad adquirida en Villa Elisa durante la comunidad de gananciales fue declarada por G. 170 millones, aunque la Fiscalía sostiene que su valor real habría alcanzado G. 765 millones. Asimismo, Ruiz Díaz habría adquirido otro inmueble por G. 330 millones sin que se identificaran extracciones bancarias que justificaran el pago.

Además, se detectaron transferencias y depósitos realizados por Martí a una cuenta de Ruiz Díaz en la Cooperativa Universitaria por G. 104 millones entre 2019 y 2024, además de pagos y cancelaciones anticipadas de préstamos de Credivill y la conversión de G. 200 millones en un certificado de depósito de ahorro (CDA).Entre otros movimientos figuran la compra de un Peugeot por G. 346.720.000, atribuida a Martí; la adquisición conjunta de un Nissan Qashqai por USD 34.990 y otra cancelación anticipada de un préstamo por G. 63.502.003, atribuida exclusivamente a Martí.

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El equipo técnico que trabajó en el Plan de Gobierno del candidato a intendente de Asunción por la Lista 1 del Partido Colorado, Camilo Pérez, plantea una transformación estructural de la ciudad, sustentada en una nueva estrategia financiera y un modelo de gestión con metas concretas. Felipa Mersán, coordinadora del equipo técnico, detalló las prioridades para los primeros 100 días, mientras que el asesor económico César Addario habló de una operación de USD 300 millones para cancelar deuda y financiar infraestructura.

Durante el programa “Fuego Cruzado” de canal GEN/Nación Media, los invitados explicaron que la propuesta también contempla avanzar hacia una Ley de capitalidad que genere recursos adicionales para Asunción. El plan apunta a mejorar los servicios, digitalizar la municipalidad y recuperar los espacios públicos. El objetivo, según el equipo, es convertir a Asunción en una ciudad con mayor calidad de vida y capacidad de desarrollo.

Partiendo de la premisa “sin recursos todo es ficción”, Mersán señaló que justamente basado en esa visión, Camilo Pérez le invitó a liderar el equipo técnico para comenzar a trabajar y evitar que una vez que esté en el gobierno se encuentre con inconvenientes para ejecutar los proyectos por problemas presupuestarios.

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“Camilo se destaca por ser una persona gestora, le gusta ver los resultados concretos; no tolera el no ver la ejecución de todas las cosas. Pero para la ejecución hay un paso previo, necesitamos tener una hoja de ruta bien marcada, para transformar todo aquello que quiere hacer realidad. Para eso, nosotros hace varios meses venimos trabajando en un plan que pueda tener las acciones concretas, de ahí es tener las personas correctas, adecuadas, por eso no empezamos a reclutar desde Incentiva”, precisó.

Asimismo, sostuvo que el siguiente paso ha sido establecer la metodología de gestión, que es la disciplina que marca el seguimiento de todo lo que se va a hacer para que ese plan pueda ser real y no queden en lindos planes en PowerPoint.

“Nosotros preparamos una plataforma tecnológica donde se visualice los diferentes programas con tiempo concreto, marcando el tiempo de las cosas que se harán en los primeros 100 días, de lo que se tiene que concretar en el primer año, a los 3 años y a los 5 años que tengan una fecha y que pueda tener unos indicadores de semáforo cuando vemos que las acciones están atrasadas”, explicó.

En ese sentido, aseguró que a Camilo Pérez se lo va a recordar por generar una municipalidad que funcione, una institución que realmente esté preparada para brindar todos los servicios a la ciudadanía. Al respecto, resaltó que todo el plan en tres grandes ejes:

1. Una municipalidad que funcione: finanzas, digitalización, transparencia, recursos humanos y organización.

2. Bienestar del ciudadano: basura, bacheo, seguridad, espacios públicos, desagüe, tránsito y calidad de vida.

3. Orgullo asunceno: centro histórico, turismo, cultura, emprendimientos, sostenibilidad, inclusión y recuperación de la identidad de la capital.

Mencionó que entre los ejes que contempla el plan de gobierno está la parte financiera que permitirá que el municipio funcione. Sostuvo que no se puede hacer nada si no hay un buen financiamiento y si no hay un buen flujo de caja que permita hacer las acciones. “Queremos una institución que funcione, ese es nuestro primer eje. Ahí vamos al segundo que es el bienestar del ciudadano. Nosotros lo que queremos es que el asunceno pueda sentir mayor y mejor calidad de vida” acotó.

A su turno, César Addario explicó que la propuesta contempla reemplazar el crédito que actualmente mantiene el municipio, con una tasa cercana al 18 %, por un nuevo financiamiento en mejores condiciones. “Nosotros tenemos que tener dos vías. Una vía es redimir el crédito caro que tiene la municipalidad en el 18 %”, sostuvo el especialista. Agregó que, la operación permitiría reducir el costo financiero de la deuda y aprovechar las actuales condiciones del mercado internacional.

A la par de la cancelación de los USD 120 millones de deuda existente, Addario planteó obtener otros USD 180 millones destinados a infraestructura. “La tasa sería del 6,3 % si hoy saliésemos a mercado”, afirmó, al explicar la diferencia respecto al costo actual. El economista afirmó que el objetivo es contar con el capital necesario para poner en marcha las obras de infraestructura que requiere Asunción.

Mencionó que este volumen de dinero que se plantea manejar desde la municipalidad, aún no se realizó hasta hoy en día. Indicó que sí hubo obras que encaró el gobierno nacional en Asunción, pero no el municipio.

“El progreso de Paraguay en el mercado internacional ha sido escalón, bajo escalón y hoy es el momento, ¿no? O sea, esto 15 años atrás hubiese sido imposible de pensar sin el aval del Gobierno, pero hoy por las condiciones es que se puede tener esto", aseguró.

Addario señaló que con la Ley de capitalidad permitirá un capital masivo que daría vuelta a la infraestructura de la ciudad. Indicó que, si se logra contar con USD 50 millones al año, eso permitiría titularizar al valor presente neto esa deuda por el tiempo que se llegue a tomar y dar un capital mucho más grande como para poder hacer realmente todas las grandes obras que Asunción requiere.

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