Autoridades del Ministerio Público y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) confirmaron este lunes que el ciudadano venezolano no fue secuestrado por los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y las personas que lo privaron de libertad se hicieron pasar por miembros del grupo criminal.
El comandante de la FTC, Óscar Chamorro, explicó que tras declaraciones del venezolano se hicieron algunos procedimientos como en la zona de Puerto Pinasco, Chaco, donde se incautaron 450 kilos de cocaína. En el procedimiento también participaron agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas.
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“Gracias al intercambio de información, gracias a lo que la fuente había requerido, el reconocimiento del lugar que se hizo con personal de Antisecuestro, entramos a allanar. Descartamos la presencia de los secuestrados“, explicó Chamorro en conferencia de prensa.
El fiscal Federico Delfino señaló que los secuestrados por el grupo criminal, Óscar Denis, Félix Urbieta y Edelio Morínigo, no están en el lugar mencionado por el ciudadano venezolano y las personas que lo retuvieron se hicieron pasar por integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
“Podemos afirmar con total seguridad que los secuestrados no estaban en ese lugar y que los que retuvieron al ciudadano venezolano se hacían pasar por miembros del EPP. Se descarta la presencia de terroristas en el lugar. Es una estructura vinculada al narcotráfico”, explicó el fiscal.
De acuerdo a la versión del venezolano, el mismo fue privado de su libertad hace dos meses aproximadamente y posteriormente liberado. Tras sus declaraciones, se hicieron operativos en el Chaco y se incautaron 450 kilos de cocaína, armas de fuego y equipos de comunicación utilizados por los traficantes.
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MUVH y Senad defienden sus presupuestos ante la Bicameral
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) defendieron sus respectivos planes de gastos ante la Comisión Bicameral de Presupuesto. Ambas instituciones presentaron sus proyectos de inversión para el 2026, destacando que los recursos serán destinados a acciones con impacto directo en la ciudadanía.
En el caso del MUVH, el ministro Juan Carlos Baruja presentó el plan de gastos que asciende a G. 745.413.079.608, una reducción del 33 % con respecto al del 2025, el que cual totaliza 1.124.244.700.572. Pese a esto, el secretario de Estado afirmó que el 87 % de los recursos serán destinados a soluciones habitacionales.
La cartera prevé la construcción y entrega de 8.476 viviendas a través del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), de las cuales 3.095 representan construcciones nuevas, mientras que las restantes 4.400 se tratan de viviendas que deben ser terminadas en el siguiente ejercicio fiscal.
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Dentro del plan de entrega de soluciones habitacionales también está previsto el impuso de soluciones habitacionales para 883 familias de comunidades indígenas, además de 1.000 viviendas bajo el programa Che Tapyi y otras 660 más que serán financiadas por donación de la República de China (Taiwán), donde se dará prioridad a familias vulnerables como mujeres jefas de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad.
También se destinarán G. 3.000 millones en proyectos de mejoramiento de entornos urbanos incluyendo infraestructura y viviendas sostenibles en barrios vulnerables, y se dará continuidad a iniciativas financiadas por créditos y donaciones para el desarrollo sostenible en el área metropolitana de Asunción.
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Senad
El ministro Jalil Rachid presentó el presupuesto de la institución a su cargo, para la cual se prevé recursos por G. 80.845.588.536 que permitirá la adquisición de tecnología avanzada, como drones tácticos y escáneres, el fortalecimiento de la unidad de canes antidrogas y la ampliación de la cobertura operativa en áreas críticas.
El secretario de Estado afirmó que se buscará fortalecer las operaciones en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico y habrá un esfuerzo integral para desmantelar redes locales de distribución de drogas, la modernización de equipos y la capacitación de los 300 agentes especiales desplegados en el país.
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Sobrinos de senadora: Fiscalía cita para el lunes a directora de Talento Humano
La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Laura Giacummo, comunicó que la directora de Talento Humano de la Cámara de Senadores, Norma Cardozo Vázquez, deberá prestar declaración el próximo lunes ante el Ministerio Público, en el marco de la causa penal contra Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.
La convocatoria está fijada para las 9:00. Ambos jóvenes fueron denunciados por supuesto planillerismo. Giacummo detalló en una entrevista con la 1080 AM que Cardozo Vázquez fue convocada “para conocer cuál era el método y procedimiento que realizaban en el Congreso estos funcionarios”.
Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.
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Asimismo, Giacummo dijo que tanto Iván Ramiro como Iris Rebeca, investigados por cobro indebido de honorarios, serán convocados por la Fiscalía a prestar declaración cuando se reúnan todos los elementos probatorios necesarios para ir cerrando la investigación.
Mientras que en el caso de la senadora Noelia Cabrera Petters evaluará si será convocada en carácter de testigo o bajo otra situación penal. “Tendríamos que verificar primero si estaría en calidad de testigo o en otra situación procesal. La investigación está abierta todavía, no sabemos si ella va a ser convocada en esos términos o no”, dijo la agente fiscal.
Antecedentes
Iván Ramiro percibía del Senado un salario de G.13.500.000, mientras que su hermana, Iris Rebeca, recibía un sueldo de G. 8.00.000. La causa penal fue abierta el pasado 4 de agosto ante un posible daño patrimonial al Estado.
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El secuestro de Óscar Denis: media década en la incertidumbre
Se cumplen 5 años del secuestro del exvicepresidente la República y referente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis. Una tarde de jueves, el 9 de setiembre del 2020, se perpetraba el secuestro de una exautoridad nacional de la mano del grupo criminal armado, autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuando el político se encontraba en un camino interno de su estancia Tranquerita, ubicada en la zona de Yby Yaú, en el departamento de Concepción.
A media década del plagio, aún sigue la incertidumbre del paradero de Denis, si bien en los últimos meses, se dio una luz de esperanza de los familiares de dar con su paradero, hasta el momento tal hecho no se dio. Entre allanamientos e incursiones en la estancia Tranquerita, la esperanza de dar los con restos del patriarca de la familia, los Denis siguen esperando poner un fin a esta calvario. La familia manejó en su momento, que el exvicepresidente habría sido fusilado 10 días después de su secuestro, esta información no puede ser confirmada.
Un nuevo procedimiento en el marco de las investigaciones fue la autorización por parte del juez Osmar Legal, para la extracción de datos de varios dispositivos electrónicos incautados de la vivienda de José Villalba, hermano de los líderes del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), realizado el 7 de enero de este año. La autorización de la extracción de datos se realizó en el mes de febrero.
En julio de este año, fue abatido Rubén Darío López, alias Loro, líder del grupo criminal EPP, en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (EPP) en la Reserva Mbaracayú, en el departamento de Canindeyú. Este hecho también, alertó a la familia Denis ya que reconoció a “Loro” como uno de los perpetradores del secuestro, y es esperan que los dispositivos y documentos incautados en el campamento del EPP, durante este operativo, puedan dar alguna pista del paradero de Denis.
Antecedentes
Denis fue secuestrado por la tarde del 9 de setiembre del 2020 cuando se encontraba en un camino interno de su estancia Tranquerita, ubicada en la zona de Yby Yaú, en el departamento de Concepción. El plagio del político, ya retirado en ese entonces, fue a sus 74 años.
En ese momento también fue secuestrado el peón Adelio Mendoza, quien fue liberado el 14 de setiembre y fue la última persona que vio vivo al hombre. Días después, la familia Denis había comunicado que fueron contactados por los integrantes del EPP quienes entregaron una lista de exigencias a ser cumplidas para liberar a los secuestrados.
Entre los pedidos figuraba la liberación de Carmen Villalba y Alcides Osmar Oviedo Brítez, quienes se encuentran cumpliendo sus respectivas condenas también por secuestro. Además de la entrega de víveres a 40 comunidades por un valor de 2 millones de dólares. Esta exigencia fue cumplida por la familia, en tanto que el gobierno se mantuvo firme en no ceder al trueque de la libertad de Denis por los criminales del EPP que se encuentran recluidos.
La investigación
La investigación que lleva adelante el Ministerio Público ha logrado identificar como autores del plagio a Esteban Marín López y Luciano Argüello, que fueron abatidos en octubre de 2022, junto a Osvaldo Villalba, uno de los líderes de la banda criminal. Además de Rubén Darío López Fernández y Ernesto Daniel Villalba (hijo de Osvaldo); ambos están prófugos de la Justicia a la fecha.
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Acusación de la Fiscalía contra el senador Hernán Rivas es “insostenible”, dice abogado
El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.
“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.
El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.
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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.
La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.
“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.
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