El contralor general de la República, Camilo Benítez, sostuvo que los funcionarios paraguayos deben responder por sus actuaciones en el ejercicio de sus labores al recibir la negativa por parte de los directores de las entidades binacionales en no proveer documentaciones para la realización de auditorías internas sobre el uso de los gastos sociales como consecuencia de la promulgación de la ley que destina esos recursos al campo de la Salud, para hacer frente al COVID-19.

En ese sentido, dijo que se dictó la resolución de inicio de una auditoría financiera y se procedió a la comunicación de ambas instituciones. Además, se remitieron notas solicitando la presentación de las documentaciones que hace referencia al uso de los fondos socioambientales, exclusivamente del margen derecho de ambas binacionales.

“En ningún momento nos hemos creído con competencia para realizar un análisis de toda la contabilidad de toda la binacional, sino solamente del uso que se hace de lo que le corresponde al patrimonio público paraguayo. Entendiendo que eso está enmarcado dentro de la competencia constitucional de la Contraloría General de la República”, explicó Benítez.

Respecto a la nota que presentó Itaipú, de manera oficial, negando el acceso a la Contraloría basado en que su tratado, que es la naturaleza jurídica de la binacional, no les habilita a las entidades de control, de ninguno de los dos países. “Bajo el argumento de que si la Contraloría de Paraguay puede acceder a la contabilidad de Itaipú estaría también accediendo a la contabilidad del gobierno brasileño y por ende atentaría a la soberanía del Brasil”, expresó.

Programa Fuego Cruzado. Foto: Leandro Veragua.

En cuanto al caso de Yacyretá, indicó que remitió un dictamen jurídico realizado por ambas márgenes de la binacional, en el cual expresa básicamente lo mismo. En este marco, Benítez indicó que están analizando cuáles serán los siguientes pasos a tomar. En cuanto a Itaipú dijo que ya tienen claro que lo que resta es aplicar por la vía judicial, para que les habilite a exigir la documentación. Ahora, en el caso de la EBY dijo que deben analizar si el envío del dictamen ya representa una negativa o si deben reiterar el pedido de forma administrativa.

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“No queremos transgredir los términos del tratado”

Benítez expresó que la intención de auditar financieramente las binacionales no transgredirá los tratados internacionales ni invadir la soberanía extranjera, ya que lo solicitado es sumamente básico.

“Las entidades de control del Paraguay tendrían que tener acceso al uso del dinero que es de los paraguayos. Nosotros queremos saber cuánto dinero fue transferido al margen derecho, cuánto se usó, cómo se usó y cuánto sobra para la compra de medicamentos. Es específico el pedido y es muy básico, es una auditoría financiera y de cumplimiento, en ningún momento acá queremos transgredir los términos del tratado, ni queremos ingresar a la soberanía extranjera. Es necesario que todos los funcionarios paraguayos respondan por sus actuaciones dentro del ejercicio de sus funciones”, mencionó.

Orden judicial para acceder a documentos o un allanamiento

Añadió que la próxima semana estarán solicitando una orden judicial con el fin de que ambas binacionales puedan entregar las informaciones requeridas en cuanto al manejo de sus recursos económicos. En caso de no contar con la disposición de ambas entidades se recurrirá al allanamiento de las oficinas.

“Nosotros estamos preparando los escritos, es un tema muy complejo que amerita una lectura de normativas de distintas jerarquías que están en juego, pero acá las decisiones están tomadas, nosotros no tenemos otra opción que estar a la altura de lo que el Senado nos solicitó. No nos dieron los documentos que solicitamos y entonces vamos a pedir la semana que viene una orden judicial, en principio para que nos brinden la documentación y si no nos dan solicitaremos el allanamiento de las oficinas”, manifestó.

Contralor General, Camilo Benítez. Foto: Leandro Veragua.

“No existe la más mínima posibilidad que haya injerencia política”

Por otra parte, rechazó que en el proceso de control existan injerencias políticas, a raíz de que el director paraguayo de la binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, apuntó contra los parlamentarios, quienes exigen transparencia en la utilización de los fondos sociales. Descartó también la posibilidad de acudir al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para acceder a las informaciones requeridas.

“Esto se resuelve institucionalmente, no existe la más mínima posibilidad que haya injerencia política en el actuar de este contralor y de la Contraloría. Es muy cierto lo que dice el director de Yacyretá, que esto fue históricamente así, pero no porque algo siempre se haya hecho mal siempre se estará realizando así. Somos un organismo extrapoder, fuimos designados por el Congreso en forma exclusiva y me parece a mí que nuestra obligación es manejarnos institucionalmente que es lo que intentamos hacer”, sostuvo.

Finalmente garantizó que cumplirá con lo resuelto por el Poder Judicial en el caso de que el proceso llegue hasta la Sala Constitucional, pero fue contundente al decir que el “tratado es una norma de menor jerarquía a la Constitución. Es fundamental que la Corte se expida lo antes posible”.

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