“Ninguna persona que estuvo en las manifestaciones del 5 y 17 de marzo fue imputada por, supuestamente, participar de la manifestación, puesto que todas las personas detenidas el día 17 fueron liberadas y no fueron imputadas”, explicó Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, ante una reunión convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

Quiñónez encabezó una comitiva institucional en el encuentro donde también estuvieron presentes el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y el comandante de la Policía Nacional, Luis Arias, pues el motivo de la convocatoria está relacionado con la actuación de la Policía Nacional en los hechos del 5 y 17 de marzo pasado, durante las protestas ciudadanas. Igualmente, acompañaron las fiscales adjuntas Patricia Rivarola y Gilda Villalba, el fiscal de DDHH Alberto González y la directora de Derechos Humanos Karilen Roldán.

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Igualmente, la fiscala general aclaró que en el caso de los 5 ciudadanos que sí fueron imputados tras el incendio de la residencia Colorado Róga, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), los agentes fiscales se encuentran en una etapa de investigación aún incipiente sobre un hecho punible.

“Ellos actúan acorde a su saber y entender, y en base a elementos objetivos puesto que el caso que se investiga es sobre hechos de vandalismo. La Fiscalía no imputa al azar o por participar de la manifestación y prueba de ello es que las otras 29 personas que fueron detenidas fueron liberadas y no fueron imputadas”, agregó Quiñónez. Pidió objetividad en las apreciaciones, pero a criterio de la fiscala general no existe ningún tipo de selectivdad en las investigaciones que se llevan a cabo luego de estos hechos.

Agregó que tampoco existen personas detenidas o imputadas por las manifestaciones de los días siguientes. “El Ministerio Público salió en las calles los primeros 3 o 4 meses de la pandemia, a fin de evitar lo que hoy está ocurriendo, que son las muertes de casi 100 compatriotas por día”, indicó la titular del Ministerio Público.

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Barreras policiales

Con respecto a las barreras que fueron realizadas por policías y agentes fiscales, manifestó que ella participó de dichas intervenciones. “Yo misma salí también a las calles, acompañando algunas barreras y el Ministerio Público salió justamente para garantizar los derechos de la ciudadanía y el estado de derecho durante esos controles, cuando podían quedarse a esperar en sus oficinas. Pero también nos preocupamos por nuestros compatriotas”, explicó.

Sobre la supuesta selectividad y salidas procesales, aclaró que el Ministerio Público tiene firmado un convenio con el Poder Judicial, en el que se han estipulado las salidas procesales, sin distinción y las personas que no tienen los recursos económicos tienen otra medida.

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Por su parte, la fiscala adjunta Patricia Rivarola, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, quien acompañó al equipo del Ministerio Público, ante la pregunta de las investigaciones contra agentes policiales, explicó que sí se abrieron causas de investigación de oficio para indagar hechos de lesión corporal. Se tienen individualizadas a las víctimas.

“Incluso, los funcionarios se constituyeron en las comisarías, en el Hospital de Trauma, en la Agrupación Especializada y en las sedes fiscales, a fin de asistir y de interiorizarse. Ellos están recabando información, solicitando reportes médicos así como imágenes y filmaciones”, indicó la doctora Patricia Rivarola.

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