El jefe policial a cargo del resguardo de la sede del Congreso remitió un informe de lo acontecido en las últimas horas, comunicando así al presidente del Congreso, al senador Óscar Salomón, que los manifestantes destrozaron una de las casetas de vigilancia de la sede legislativa.
La nota firmada por el jefe de seguridad, el comisario Rober A. Núñez Vera, indica que los hechos de violencia se iniciaron tras darse a conocer el rechazo al juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez.
“Una vez finalizada la sesión extraordinaria, siendo las 19:30 aproximadamente, los manifestantes disconformes con el resultado de la misma empezaron a agredir con diferentes elementos contundentes y explosivos al personal policial apostado en el lugar para el resguardo del recinto”, dice parte del informe remitido a Salomón.
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Asimismo, indica que como consecuencia de los hechos de violencia de los manifestantes, la Policía accionó con la finalidad de dispersar a los manifestantes. Sostienen que los incidentes siguieron extendiéndose hacia el microcentro de la capital.
El informe también comunica que, tras los incidentes, una de las casetas policiales del personal policial del lugar quedó completamente destrozada, según el documento.
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Núñez anuncia proyecto para controlar y regular uso de la Inteligencia Artificial
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, anunció este martes que se encuentra trabajando junto con otros colegas en la elaboración de un anteproyecto de ley que plantea el control y la regulación de la Inteligencia Artificial (IA).
“Terminaremos esta semana la propuesta, es importante destacar que países como Estados Unidos, China, Canadá y los que integran la Unión Europea han establecido leyes para la regulación y control de la inteligencia artificial. También estuve indagando que un proyecto similar en Brasil ya cuenta con media sanción de Diputados, entonces nosotros no podemos quedarnos atrás”, indicó a los medios de comunicación.
Núñez detalló que se ocuparán de velar para que la iniciativa reúna y preserve principios como la privacidad, responsabilidad, seguridad, transparencia, control humano de la tecnología, responsabilidad profesional y respeto a los valores humanos.
“Una ley de inteligencia artificial para el Paraguay, será trascendental, teniendo en cuenta que meses atrás tuvimos denuncias por espionaje. Sabemos también que mediante la inteligencia artificial hasta una entrevista, la voz puede ser modificada, entonces urge una normativa”, comentó.
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El senador reiteró que se necesitan reglas básicas para la utilización de esta herramienta. “Debe existir una utilización responsable”, puntualizó.
Actualmente, se ha profundizado también el debate sobre la regulación de esta tecnología que brinda varios beneficios, pero a la vez su utilización presenta varios riesgos.
A finales del año 2023, los senadores opositores Yolanda Paredes y José Oviedo ya habían planteado impulsar una iniciativa que legisle el uso de la inteligencia artificial. En esa ocasión se concretó audiencias públicas con expertos en la materia, sin embargo, no se concretó mayores avances.
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Hambre Cero: CGR requiere al Congreso más presupuesto para garantizar fiscalizaciones
El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de profundizar sobre el informe emitido por su institución en torno a la ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas. Durante la ocasión requirió al Congreso Nacional mayor presupuesto para garantizar los procesos de fiscalización.
“Que alguien te esté permanentemente vigilando hace que uno tenga la obligación mayor de comportarse de manera más decorosa. Nosotros estamos destinando mucho dinero en viáticos para hacer estos recorridos en el interior del país. Le ruego que nos siga apoyando desde el Congreso con la aprobación de recursos, la idea que tengo yo es que las fiscalizaciones se hagan todo el día del año escolar in situ de manera sorpresiva y aleatoria, solo que nuestro presupuesto ejecutado nos alcanza para unos meses más, después probablemente vamos a tener que solicitar una ampliación”, indicó.
El titular de la Contraloría fue convocado ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, tras exponer la existencia de algunas irregularidades en un informe de monitoreo al programa Hambre Cero. El documento fue elaborado luego de realizar una fiscalización a un total de 350 escuelas.
“Este es el primer corte del año que realizamos, hemos encontrado aspectos tanto positivos y negativos. Entre los puntos positivos, vemos una mayor asistencia escolar, una satisfacción generalizada de la sociedad en cuanto a la política de distribución de la alimentación escolar, vemos mucho contento en toda la región especialmente en el interior del país”, dijo.
En cuanto a las observaciones negativas, Benítez detalló que el punto central sigue siendo la falta de infraestructuras. “Existe una enorme falta de infraestructura, la mayoría de las escuelas no tienen comedores, vemos falta de utensilios, platos y cubiertos, esto se tiene que corregir inmediatamente”, puntualizó.
Benítez agregó que otra deficiencia es el faltante de alimentos, esto debido a la desactualización del Registro Único del Estudiante (RUE). Igualmente requirió el correcto funcionamiento del Sistema Integrado de Alimentación Escolar.
“Si es que esto funciona nos ayudará mucho a nosotros porque obliga a los directores de todos los colegios a que carguen la información completa día a día sobre la cantidad de niños que consumieron los alimentos y la calidad del servicio, pero esto no está funcionando”, comentó.
Señaló también otro aspecto negativo se centra en la existencia de empresas que no proporcionan a tiempo sus insumos para la preparación del almuerzo escolar. “Esto amerita una sanción, no queremos que esto se normalice”, sentenció.
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Familia y abogado de Lalo Gomes se reunirán con presidente del Congreso
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, confirmó que el próximo lunes 28 de abril mantendrá un encuentro con los familiares del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. La reunión fue requerida por el abogado Óscar Tuma.
“Yo no estoy cerrado para recibir a la viuda, a la hija y a otros familiares de Gomes. Nosotros tenemos una política de puertas abiertas en el Congreso Nacional y también desde la presidencia del Senado”, indicó Núñez a los medios de comunicación.
El encuentro está fijado para las 9:00. Tuma indicó que el requerimiento surge con la finalidad de informar sobre “el irregular apoderamiento de bienes del legislador fallecido por parte de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, sin orden judicial de comiso ni procedimiento legal alguno”.
Asimismo, a través de sus redes sociales oficiales, el abogado mencionó que “la familia de Lalo Gomes exige el respeto a los derechos de sucesión y al debido proceso”.
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Antecedentes
Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.
El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo y otros fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.
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Gremios de funcionarios de la Fiscalía rechazan juicio político a Emiliano Rolón
Sindicatos de funcionarios del Ministerio Público emitieron este miércoles un comunicado rechazando el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, que es propiciado en la Cámara de Diputados. Alegan que la institución es constantemente blanco de hostigamiento y persecución sistemática.
“El Frente Unido conformado por 8 gremios de funcionarios organizados del Ministerio Público, rechaza el constante hostigamiento y persecución sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscalía general del Estado, sino también a todo el Ministerio Público”, indica.
Asimismo el comunicado refiere que “manifestamos nuestra preocupación ante las acciones con las cuales son utilizadas instituciones constitucionales como es el juicio político. Nos preocupa que esta figura legal sea utilizada en muchas ocasiones para intentar presionar, amedrentar o coaccionar a autoridades, sin las debidas justificaciones jurídicas y/o presupuestos establecidos en la ley, mecanismos utilizados como modus operandi”.
El pedido de juicio político contra Rolón Fernández, es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los argumentos esgrimidos contra el fiscal general figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Alegan que el Ministerio Público realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario. “Más grave nos resulta aún que esta figura y otros recursos sean utilizados con el solo fin de presionar a operadores de justicia y autoridades en el marco de investigaciones penales sobre el crimen organizado y narcotráfico, puesto que el cumplimiento de la labor del Ministerio Público es la investigación de las mismas”, indican.
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El comunicado agrega que “en muchas ocasiones, articulaciones solapadas solo buscan frenar estás pesquisas, sobre todo cuando involucran a altos objetivos con vínculos extensivos, cuando la obligación no solo parte de los operadores de justicia, sino de todas y cada una de las autoridades que conforman el Estado paraguayo, sin embargo, la misión constitucional recae en los agentes fiscales, y en la persona que ocupe la fiscalía general del Estado”.
Finalmente los gremios sostienen que “no olvidamos que la lucha contra estos esquemas de crimen organizado, narcotráfico y corrupción pública ha costado la vida de un compañero de trabajo Marcelo Pecci, de otros cientos de ciudadanos, por lo que a la vez hacemos propicia la ocasión para también recordar la necesidad de seguir impulsando y abonando los recursos como Estado para que esos hechos no queden en la impunidad”.