Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, estableció jornadas de trabajo y diálogo en el campo para avanzar en titulación de tierras y desarrollo. Anunció que darán seguimiento a los distintos casos enfocados en la regularización de tierras para el desarrollo a nivel país.

Para dar continuar con la titulación masiva de lotes agrícolas de la Región Oriental a favor de los beneficiarios de la Reforma Agraria a nivel país, el titular del ente agrario mantuvo reuniones con dirigentes de la Organización Nacional campesina (ONAC), en San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

En la ocasión, Ruiz Díaz anunció que darán seguimiento a los distintos casos enfocados en la regularización de tierras para el desarrollo a nivel país, mediante jornadas de trabajo con la ONAC, cuyo calendario, de forma semanal, continuará en los departamentos de Caaguazú, Amambay y Caazapá.

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Al respecto, mencionó que el título de propiedad representa para el beneficiario la libertad, la llave para alcanzar el desarrollo integral, el despegue económico y social.

El titular del ente agrario ratificó la voluntad del Gobierno en la formalización jurídica de tierras de familias rurales. Resaltó la importancia del dialogo y trabajo coordinado con los colonos en sus propias comunidades, autoridades locales y nacionales para la ágil solución de los distintos casos, muchos de ellos emblemáticos, que son encarados y resueltos de forma definitiva por la actual administración.

El presidente del Indert destacó los excelentes resultados que el ente está logrando en el finiquito de títulos de propiedad mediante la aplicación del método del Barrido Predial Masivo (BPM).

“Está aún de forma experimental, pero en seis a siete meses ya estamos teniendo excelentes resultados. Con ese sistema de trabajo estamos consiguiendo lo que antes se conseguía en cinco años”, sostuvo.

En ese sentido, Erika Gómez, coordinadora del BPM Zona Sur, informó los avances en San Pedro del Paraná, destacando que “relevamos 13 colonias, más de 13 mil hectáreas, y más de 2.000 lotes”.

Por su parte, Florentino Martínez, dirigente de la ONAC, aplaudió la labor del presidente del Indert. En nombre de la dirigencia se comprometió a trabajar conjuntamente para avanzar en los distintos casos que tienen que ver con las titulaciones para cumplir el sueño de la tierra propia de los pobladores, como el de Máximo Martínez, de la colonia Jaguakua, quien confía en cumplirlo con la actual administración del Indert.

Martínez asegura que con el título en mano trabajarán de forma tranquila para mejorar la producción e infraestructura de la comunidad.

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El ingeniero José Tomás Rivarola, excoordinador del proyecto Metrobús, expresó su satisfacción en torno a la decisión del Ministerio Público de impulsar una investigación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, por lesión de confianza y daño a obras construidas. Agregó que el expresidente Mario Abdo Benítez no puede evadir su responsabilidad en el fallido proyecto vial.

“Me da satisfacción que el exministro Wiens sea al menos investigado. La gente no lleva en cuenta que el gobierno de Horacio Cartes y la gestión de Ramón Jiménez Gaona dejaron un proyecto en marcha, con problemas severos, no vamos a decir que todo era perfecto, pero tenían soluciones. Se entregó un proyecto con financiamiento asegurado. Una decisión de este tipo (suspender las obras), un ministro de Obras Públicas no toma si no tiene al menos la anuencia y condescendencia del presidente de la República“, afirmó Rivarola sobre la implicancia de Abdo, ayer domingo en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

“La ideología política no formaba parte del proyecto Metrobús, hasta que llegó el gobierno de Mario Abdo Benítez. Esta actitud del gobierno del señor Abdo condenó a cientos de miles de personas a vivir peor. Creo que es de justicia que la historial real se conozca y que los responsables sean investigados, acá no no hay nadie que este por arriba de las leyes, no debe haber nadie“, refirió el ingeniero.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

“Personalmente me generaba una angustia que las acciones del ministro Wiens no se investigaran cuando yo sabía exactamente lo que ocurrió. Fue en el gobierno de Mario Abdo Benítez que se decidió evitar que en el Paraguay exista un sistema de transporte mejor. El interventor de la obra en su informe final dictaminó que la obra debía continuar, era categórico. El Metrobús inició ya en el gobierno de Fernando Lugo, siguió con Federico Franco, luego Horacio Cartes y finalmente Mario Abdo, a través de Wiens, fue el que liquidó y mató este proyecto", sentenció.

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El Ministerio Público difundió la fotografía de un niño indígena de 11 años que se encuentra desaparecido hace quince días y solicitó a la comunidad colaborar con su localización. El menor no vuelve a su casa hace unas dos semanas en el barrio Tarumandy, de la ciudad de Luque.

Se trata de Blas Antonio Barrios Escobar, que forma parte de la comunidad indígena Tarumandymi, de la etnia mbya guaraní. Su padre Pedro Barrios Benítez realizó la denuncia sobre su desaparición y confirmó que ocurrió hace unas dos semanas.

El denunciante no pudo precisar la fecha exacta de su desaparición porque no estaba en la casa el día en que su hijo salió. El mismo radicó la denuncia ante la comisaría 29 de Tarumandy, donde consta que el menor salió de su casa hace 15 días.

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En su declaración policial, Barrios indicó que no realizó la denuncia antes porque el niño suele salir de la casa y que no retorna en unos días. Sin embargo, nunca se ausentó por tanto tiempo por lo que le llamó la atención y decidió reportar el caso a las autoridades.

Así también, presentó una foto del chico y manifestó que se trata de un niño de contextura delgada, cutis morena, cabello negro, estatura mediana y ojos oscuros. Lamentablemente no se pudo precisar la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

La fiscal Cecilia Núñez ya solicitó un informe sobre las diligencias hechas hasta el momento a la Policía Nacional y ordenó intensificar la búsqueda. Si se tienen datos del menor o fue visto se solicita llamar a la comisaría más cercana, al sistema 911, a la unidad fiscal interviniente o al padre 0992 874285.

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