La Cámara de Diputados otrogó este martes media sanción a una propuesta de ley que busca facilitar el acceso de jóvenes a licencias para conducir en plataformas digitales. El proyecto legislativo plantea la modificación de los artículos 22 y 27 de la ley Nº 5016/14, De tránsito y seguridad vial; permitiendo que jóvenes con la edad mínima de 19 años puedan acceder a la categoría A de licencia de conducir.

Durante la sesión ordinaria que se desarrolló en la fecha, el plenario de la Cámara Baja aprobó la citada propuesta normativa que fue impulsada con la finalidad de adecuar la mencionada normativa a la realidad actual del transporte de pasajeros, particularmente, en el caso de vehículos livianos que son operados por conductores de taxis, remises y plataformas digitales. El documento fue remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

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De acuerdo a uno de los proyectistas, el diputado Rubén Roussillón, explicó ante sus colegas que la propuesta de modificación busca precisar el alcance de las categorías de licencias profesionales y ajustar las edades mínimas para su obtención, estableciendo expresamente que el transporte de pasajeros en vehículos livianos pueda realizarse con licencia profesional categoría “B”. Explicó que por interpretaciones administrativas, exigen a los conductores de plataformas la licencia profesional de Categoría A.

La normativa actual, según indicó, excluye a los trabajadores jóvenes de plataformas digitales al exigírseles una edad mínima de 24 años para acceder a la licencia de conducir de la Categoría A.

“Planteamos que baje a 19 años la edad mínima para posibilitar la obtención de licencias (Categoría A) a jóvenes conductores de las plataformas digitales. Sabemos que la actual ley establece que recién a partir de los 24 años uno puede obtener el tipo de licencia requerida”, expresó el legislador proyectista.

Los titulares de las comisiones asesoras de Defensa Nacional, Obras y Servicios Públicos, y de Salud Pública Pedro Ortiz y Miguel Del Puerto, respectivamente, expresaron su apoyo a la iniciativa.

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Durante una reunión con rectores de varias universidades del país, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, analizó el proyecto de ley sobre racionalización del gasto público.

La propuesta legislativa busca establecer topes salariales y eliminar beneficios discrecionales en el sector público.

En el encuentro, los rectores valoraron el objetivo general del proyecto, aunque plantearon observaciones técnicas. Así también cuestionaron la inclusión de autoridades universitarias como cargos políticos electivos y fundamentaron sus discrepancias.

Sobre el punto, el rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín, sostuvo que rectores, vicerrectores y decanos cumplen funciones técnicas docentes.

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“Los cargos de rectores, vicerrectores, decanos y vicedecanos son cargos técnicos docentes, no políticos, y no forman parte de la matriz salarial ni reciben esos beneficios”, aseveró.

Explicó que estos ya están siendo afectados por la aplicación de la ley de la Caja Fiscal, por lo que la nueva propuesta implicaría un impacto adicional e injustificado, conforme expresó.

Los rectores pidieron a Diputados que, en su rol de cámara revisora, analice el proyecto en profundidad e incluso evalúe la conformación de una mesa técnica para revisar punto por punto las inconsistencias.

La Cámara de Diputados se encuentra analizando el mencionado proyecto en un contexto de restricciones fiscales y en línea con el planteamiento del Poder Ejecutivo de aplicar políticas de austeridad, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos del Estado y redireccionarlos hacia programas sociales prioritarios.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la eliminación de gastos considerados superfluos en los organismos y entidades del Estado, así como la prohibición de bonificaciones y beneficios adicionales para altas autoridades.

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Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”. Esta iniciativa había sido impulsada por el propio titular del Congreso, senador Basilio Núñez, acompañado por varios de sus colegas, ante los fuertes cuestionamientos que habían generado esos ingresos.

El pleno de la Cámara Alta llevó adelante el estudio del citado proyecto, dedicando un prolongado debate, con la firme intención de eliminar las bonificaciones a altos funcionarios. Tras el debate se aprobó en general y al momento del estudio de sus articulados se fueron planteando algunas modificaciones. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.

Esta propuesta, que apunta a reducir los privilegios dentro del Congreso, es en respuesta a los constantes cuestionamientos ciudadanos sobre los beneficios que perciben las autoridades. Finalmente se estableció que la eliminación de estos recursos se extiende a las máximas autoridades institucionales en el objeto de gastos bonificaciones.

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Asimismo, el pleno estableció en el proyecto de ley que el monto que sea descontado en dicho concepto; esos mismos recursos sean destinados al pago de deudas con las farmacéuticas. Si bien los legisladores mencionaron que es difícil cuantificar cuánto será el monto a redireccionar, mencionaron ante el pleno un estimado que rondaría los USD 1.200.000.

Al respecto, el senador Natalicio Chase mencionó que se suprimirán estas bonificaciones, durante el ejercicio fiscal 2026, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política; que serían, legisladores, presidente de la República, vicepresidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, contralor, intendentes, gobernadores y directivos de entidades descentralizadas.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla, como titular de la Comisión de Cuentas y Control, resaltó que aprobar este proyecto representa una clara señal de que están dispuestos a aplicar políticas de racionalización en el uso de los recursos, “buscando atender necesidades que demanda la población y quedamos cortos porque no previmos a todas las instituciones”, explicó.

“Esto significará un simbolismo de apostar a la racionalización que es necesaria y que estoy seguro que la gente sabrá valorar en su real dimención y que sabrá reconocer”, acotó Amarilla.

A su turno, el presidente del Congreso, Basilio Núñez comenzó señalando que todos los aumentos que se han otorgado en el Senado se han hecho de manera transparente, desmintiendo de esa forma portada de noticas que mencionaba supuestos encubrimientos.

No obstante, a raíz del planteamiento que sugió del propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre la necesidad de una “economía de guerra”, es que personalmente y con el apoyo de varios de sus colegas han tomado la decisión de dejar sin efecto las bonificaciones que estaban previstas para el ejecicio fiscal 2026.

“Presentamos esta iniciativa legislativa, porque creemos que es un gesto del Congreso, así como las modificaciones que se plantean y espero el acompañamiento de la plenaria”, acotó.

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El pleno de la Cámara de Senadores decidió la postergación del proyecto de ley “Del fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, por el plazo de 8 días.

La moción fue realizada por el senador Dionisio Amarilla, argumentando que se requiere de un debate más amplio, propuesta que fue aprobada por el pleno y se incluye como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria del próximo miércoles.

“Probablemente este es uno de los puntos que la gente quiere extenderse en su debate, se debatió la semana pasada, pero no estaría mal incluir como primer punto del orden del día de la siguiente semana para darle la importancia necesaria y no más a los apurones resolver este tema”, argumentó el senador ante sus colegas.

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Agregó que “si bien ya hay una propuesta de modificación, son dos o tres aspectos que la gente quiere discutir, no está de más darle la posibilidad a una filosofada profunda a los colegas”.

El proyecto de ley de la Caja Parlamentaria remitido por la Cámara de Diputados cuenta con el dictamen de rechazo de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo del Senado. Los principales cuestionamientos sobre este proyecto se dan con el sistema obligatorio de los parlamentarios para aportar a la caja; que el sistema propuesto carece de sostenibilidad y que la limitada cantidad de aportantes compromete la viabilidad del sistema.

Mientras tanto, legisladores ya debaten sobre los puntos que deben ser modificados en la versión de la Cámara de Diputados. Una vez que sea tratado por el Senado y eventualmente incluido estas modificaciones, el documento vuelve a la Cámara de origen, en este caso, Diputados, que deberá ratificarse en su versión inicial o aceptar estas modificaciones.

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