La Asociación Gremial de Abogados Argentinos, a través de una de sus miembros, la abogada Laura Taffetani, en contacto directo con La Unión 800AM, informó acerca del estatus de refugiados dado a los miembros de la familia Villalba que se encuentran en la República de Argentina.

El estatus otorgado “es consecuencia de lo que vino sucediendo con el asesinato de estas dos menores”, expresó la defensora.

Taffetani indicó que “analizando todas las aristas, es que el Gobierno argentino les da este refugio y son beneficiados los familiares”. Explicó que el refugio en sí es otorgado por Argentina para proteger a la ciudadana o ciudadano y otorgarle los mismos derechos que cualquier otro. Indicó que el estatus es consecuencia de la muerte de las menores Lilian y María del Carmen Villalba.

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“Ser familiar de los Villalba es pertenecer al EPP”

“Para el Gobierno paraguayo, ser familiar de los Villalba es pertenecer al EPP”, sostuvo la abogada interviniente en nombre de la Gremial de Abogados. Añadió que “el Estado tiene una responsabilidad grande y debe dilucidarlo”. Hizo énfasis en los hechos que consideran que se ajustan a una investigación transparente. “Hubo muchos procedimientos irregulares dentro del proceso de investigación”, sostuvo.

La miembro de la Gremial de Abogados enumeró los hechos que llevaron, primero a la intervención de la nucleación y posteriormente al refugio otorgado por la Conare días atrás. “Se destruye la evidencia (...) se las entierra enseguida (...) la autopsia dice que tienen 18 años, cuando tenían 11 años (...) no se permite que ingrese el equipo de Antropología Forense (...) y encima desaparece una niña de 14 años (...) no vemos que se la esté buscando”, expresó.

“Los refugiados en Argentina”

La Comisión Nacional para los Refugiados de la República Argentina (Conare) otorgó la condición de refugiadas a seis mujeres, todas de nacionalidad paraguaya y familiares de integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Ellas son Myrian Viviana Villalba Ayala (41), AMVA (10), Mariana de Jesús Ayala López (76), María Rosa Villalba Ayala (32), DEMV (12) y MEMV (10).

La decisión es una potestad privativa de la Conare, que está integrada por 5 representantes de órganos estatales con voz y voto, un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos y un representante de una oenegé de derechos humanos, este último con voz, pero sin voto.

Las beneficiadas son Myrian Viviana Villalba Ayala (41), AMVA (10), Mariana de Jesús Ayala López (76), María Rosa Villalba Ayala (32), DEMV (12) y MEMV (10). Foto: Gentileza

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