• Fotos: Pánfilo Leguizamón

En esta edición del programa “Expresso”, del canal GEN/Nación Media, Augusto dos Santos recibe al Ing. Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), para hablar de la situación energética del país y las perspectivas para el futuro. Sosa sostiene que en los últimos años se ha ido superando el histórico rezago en materia de inversiones en el sistema eléctrico y que la clave es la diversificación en la matriz de producción energética.

–Estamos llegando al invierno y ¿cómo anda nuestra energía últimamente?

–Realmente estamos muy bien. Todas las inversiones que se han realizado en los últimos tiempos están dando el fruto esperado. Lógicamente siempre falta, siempre tenemos que seguir con esta línea de las inversiones, tanto en transmisión como distribución de energía eléctrica. En esta época la demanda baja aproximadamente en un 40 %.

–¿Cuál fue el pico en este último año?

–Fue el 3 de marzo de este año, llegamos a 5.122 megavatios de potencia.

–Quiero hablar de temas estructurales y de futuro, pero antes es imprescindible tener una línea de base de cómo estamos hoy. ¿Cómo estamos en materia de disponibilidad de energía hoy?

–Primeramente quería contextualizar un poquitito. Realmente un país no puede pensar en el desarrollo si no cuenta con energía suficiente, principalmente energía eléctrica en estos casos. Es decir, la disponibilidad energética es sinónimo de desarrollo de un país. Por eso es muy importante el tema energético. Nosotros contamos con 8.760 megavatios de potencia nominal en la generación. Esa es la disponibilidad energética, lo que corresponde a Paraguay, tanto en Itaipú, Yacyretá y Acaray. Es decir, estamos llegando un poquito más del 50 % de la disponibilidad energética durante el pico de demanda.

–¿Hay convencionalmente a nivel universal alguna recomendación de cuál tiene que ser el margen?

–Un 20 %. Depende mucho eso también de las condiciones hidrológicas en nuestro caso, porque dependemos de un solo río. Por eso es muy importante la diversificación de la matriz de generación, es decir, tenemos que tener diferentes tipos de fuentes a los efectos de complementarse uno al otro.

–Además de la hidroeléctrica, ¿tenemos otras formas de producción de energía?

–No y por eso es importante la diversificación de la matriz de generación. En esa línea nosotros estamos en este momento trabajando con todas las instituciones afectadas en equipo con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Industria y Comercio, que es muy importante considerando que la meta de este gobierno es la industrialización de nuestro país. Entonces es fundamental que la pata del Ministerio de Industria y Comercio esté interviniendo o aportando para la planificación del sistema eléctrico paraguayo.

–¿Cómo observás la historia del desarrollo de la Ande en los últimos 20 años?, ¿cómo ha sido ese ciclo te parece?

–Inclusive podemos ir un poquito más atrás mirando lo que es el Paraguay en sí. A partir del año 68 Paraguay se convirtió en uno de los pocos países en el mundo que su fuente de generación es 100 % limpia, renovable y firme. Para tener una idea, cuando entró en operación la central de Acaray, la demanda de Paraguay llegaba a 10 megavatios de potencia y Acaray entró con 90, es decir, 9 a 10 veces más en esa época. Existen energías renovables con generación intermitente y ese tiene su problema técnico, pero Paraguay es el único país en el mundo que cuenta con energía limpia, renovable y firme a la vez.

–¿Cómo se fue consolidando el proceso de funcionamiento del sistema eléctrico?

–Una de las cosas que consideramos críticas realmente fue la falta de inversión en el área de transmisión y distri­bución de energía eléctrica. Podemos observar en el grá­fico que hasta el año 2008 aproximadamente las inver­siones eran muy bajas. Poste­riormente se mejoraron esas inversiones. Hemos recupe­rado la inversión en el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Estamos llegando a unos 300 millo­nes de dólares de inversión en forma anual. Eso hace que realmente podamos estar mucho mejor hoy en día en la calidad de servicio. Gra­cias a esa infraestructura también se pudieron insta­lar estas grandes criptomi­neras. El año pasado tuvimos un aumento de consumo de energía eléctrica de 18 %, algo único en el mundo.

–Es un contraste muy grande, para cualquier país 20 % no se consigue fácilmente.

–Por un lado, el Gobierno del Paraguay está apostando a la utilización de nuestra energía en el mercado interno. Siem­pre se dijo ¿por qué no usa­mos nuestra energía? Bueno, ahora sí se está usando. Y por otro lado, también el men­saje es que realmente noso­tros estamos preparados para recibir grandes inversiones para grandes instalaciones de consumo.

–¿Cómo está estructurado el costo de la Ande?

–Primero la Ande adquiere o compra energía en dólares desde Itaipú y Yacyretá. Este es el principal costo, el tema de la compra de potencia en Itaipú y compra de energía en Yacyretá. Por otro lado, tenemos que transportar, es decir, no podemos comprar y dejar ahí. Entonces, se trans­porta a través de las líneas de transmisión para poder lle­gar a los centros de consumo. Y en Paraguay el 60 % del con­sumo se registra en Asunción y Área Metropolitana, inclu­yendo Bajo Chaco, que sería Villa Hayes, el departamento Central, parte de Cordillera y parte de Paraguarí, que nosotros le llamamos el sis­tema metropolitano. Entonces, para ese consumo del 60 % necesitamos transportar más de 300 kilómetros esa energía y para eso tenemos que construir líneas de trans­misión.

–Yo recuerdo que hace 20 años era un debate crítico el tema de la transmisión. Todo el mundo decía que tenemos mucha energía, pero no hay sistema de transmisión. Y después también recuerdo que hubo avances. ¿Cuánto más camino hay que reco­rrer en materia de mejorar el sistema de transmisión?

–Actualmente tenemos una línea de transmisión de 500 kV desde Itaipú a Villa Hayes. Otra línea desde Yacyretá a Villa Hayes, pasando por Valenzuela, que reciente­mente inauguramos esa subestación. Y también dos líneas de transmisión de 500 kV de Itaipú hasta la subesta­ción Yguazú, que queda en la localidad de Yguazú. En este momento están en proceso de construcción dos líneas, es decir, una línea con doble terna que le llamamos, desde Yguazú para que pueda lle­gar hasta Valenzuela. Está en proceso de ejecución, se inició recientemente con una inversión de 99 millones de dólares. Y también el sistema eléctrico necesita de planificación con mucha antici­pación, porque el proceso es bastante largo. Ya tene­mos también un préstamo ya aprobado en el Congreso Nacional y está en proceso de preparación el pliego de bases y condiciones para la construcción de la segunda línea de transmisión entre Itaipú y Villa Hayes. Es decir, desde Itaipú tienen que salir cuatro líneas. Con esto se completan las líneas de transmisión de 500 kV desde Itaipú.

–¿Cuál es el sentido estra­tégico al elegir cuál es el centro de distri­bución? Por ejem­plo, ¿por qué Villa Hayes?

–Porque está cerca de donde más se consume energía eléctrica, que es el sistema metro­politano.

Entonces, desde Villa Hayes se redistribuye a través de la línea de transmisión, pero con una tensión más baja. Es decir, en 220 kV. De Itaipú llega hasta Villa Hayes en 500 kV, desde Villa Hayes se redistribuye en Asunción y Área Metropolitana en 220 kV y después se va transfor­mando a través de la subes­tación. Entonces, son obras muy importantes que se están construyendo en este momento y también en el pro­yecto de construcción.

–¿Este componente de transmisión qué lugar ocupa en la torta de la inversión general?

–Un 60 % es transmisión y un 40% es la distribución de energía eléctrica, que es algo que tenía muchos pro­blemas también para llegar a las casas. Es decir, al termi­nar de transportar están las subestaciones y de las subes­taciones salen las líneas de distribución, que son en 23 kV. Esas son las líneas que se van en los barrios y posterior­mente en los barrios están los transformadores de distribución. Esos transformadores salen en una tensión de 380 voltios en trifásico y 220 vol­tios en monofásico.

–¿Y ahí se acaban los gastos de la Ande?

–No, ahí es solamente en infraestructura, tenemos compra de energía, tenemos que transportar, tene­mos que transformar a través de las subestaciones y posterior­mente se distribuye para lle­gar hasta las casas. Pero todo el sistema eléctrico necesita de un mantenimiento ade­cuado, preventivo y cons­tante. O sea, el sistema de mantenimiento es funda­mental en el sistema eléc­trico. Lógicamente hay que mantener toda la estructura. Por eso otro de los factores importantes es el tema de administración, operación y mantenimiento.

–¿Cómo fue cambiando la evolución del consumo hasta hoy?

–Paraguay es un país donde el consumo de energía eléctrica está creciendo mucho. Es la más alta de la región. En pro­medio, el consumo de ener­gía eléctrica sin la llegada de estas grandes instalaciones de criptominería es de 6,5 % anual. En los últimos cuatro años el promedio llega a 9 % y el año pasado llegamos a 18 % de aumento de consumo de energía eléctrica. Estas inversiones que se realizan en criptominería represen­tan hoy en día un 750 megava­tios de potencia de demanda. Y vamos a llegar para este fin de año a 1 giga, es decir, 1.000 megavatios de poten­cia de demanda en esta acti­vidad. Por otro lado, es muy importante mencionar que para el país, para la Ande, este tema de la criptominería es una ventana de oportunidad porque es una tarifa especial.

–¿Por qué es especial?

–Porque ellos pagan más que todos nosotros. La tarifa está en dólares y también en el contrato está previsto si existe necesidad de que ellos salgan o se desconecten, por­que va a haber en un momento un pico de consumo y va a comprometer el funciona­miento normal del sistema eléctrico, entonces ellos tie­nen que desconectarse. En el contrato está previsto, le avi­samos un 10 minutos antes y le decimos “desconecten ahora” y ellos están obliga­dos a desconectar hasta el 90 %. Si no lo hacen, nosotros lo hacemos desde un centro de operación. Entonces es una actividad bastante intere­sante y muy importante para la Ande, porque es un ingreso demasiado importante. Por otro lado, a los efectos de no comprometer la generación a largo plazo estos contratos terminan el 31 de diciembre de 2027.

–Si por algún motivo no cambiamos esta matriz, ¿cuándo es el tiempo de crisis si no se diversifica?

–No vamos a entrar en cri­sis. ¿Por qué? Porque la Ande siempre proyectó en su plan maestro transmisión y dis­tribución, porque no nece­sitaba de fuente de genera­ción nueva. Ahora ya está en el plan maestro de la Ande la generación. No puede un país dejar de invertir en nuevas fuentes de generación. Pero respondiendo a tu consulta, con la fuente de generación existente hoy en día, si con­tinúa con este ritmo de cre­cimiento, estaríamos consu­miendo toda nuestra energía entre 2030 y 2033.

–¿Cómo se está prepa­rando la Ande para ese plazo?

–La Ande tiene un plan maes­tro con una proyección hasta el año 2043 que contempla la necesidad de aumento en generación. En ese contexto tenemos varias alternativas. La alternativa A y B, que yo le llamo la soberana, es decir, depende solamente de Para­guay, apostamos fuertemente a la generación a través de la planta fotovoltaica, es decir, solar. Por otro lado, las peque­ñas centrales hidroeléctricas y también bancos de baterías. En la alternativa B sería la misma, pero incorporando una tecnología del sistema de bombeo, principalmente para la utilización en horario pico de descarga. Y la alterna­tiva C y D sería con la incor­poración de avanzar en pro­yectos binacionales como el de Itatí-Itacorá.

El programa “Fuego cruzado”, emitido este domingo pasado por el canal GEN/Nación Media, fue escenario de debate en torno al requerimiento de intervención a las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, liderado por el dirigente opositor Miguel Prieto.

La solicitud formulada por la Contraloría General de la República (CGR), el pasado 16 de mayo, a través del Poder Ejecutivo, fue defendida por su director de Auditoría Forense, Leandro Villalba, quien sostuvo que “en el caso de la municipalidad de Ciudad del Este estamos hablando de fallas sistémicas, en varias áreas de la gestión municipal. Por ejemplo, en el examen documental acerca de los gastos de capital del 2019-2022, se consta que la municipalidad no proveyó documentos de respaldo por erogaciones superiores a los G. 42.000 millones", refirió.

Villalba recordó que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran. “Prieto apenas ha enviado aproximadamente un 9 % de toda la documentación de la cuenta que fue auditada en esa oportunidad. Este es un hecho claramente gravísimo“, indicó.

El director de auditoría dijo que lo mismo sucede con la administración de Rodríguez. “Ambos utilizan el discurso, dicen que tienen todos los documentos, pero no remitieron a la Contraloría, por lo cual no podemos hacer ninguna apreciación al respecto de dónde están finalmente esos documentos. Ambos dicen que mandaron camiones y biblioratos de documentos a la Fiscalía, pero eso no es cierto. A la institución de control es a quien hay que mandarle todos los documentos para que se haga la revisión correspondiente”, manifestó.

Señaló que entre las graves inconsistencias detectadas en la gestión de Prieto, guarda relación con el manejo de las transferencias. “Se hacían por ejemplo transferencias por G. 800 millones a comisiones para la construcción de pozos y los beneficiarios cobraban los cheques de los desembolsos y luego se firmaban los documentos como los contratos y las adjudicaciones. Puntualmente en un caso detectamos que allá por el 18 y 17 de marzo del 2020, se hacían las transferencias, siendo que el 16 de marzo ya la presidencia de la República decretó el cierre total de las actividades, salvo las obras que ya estaban en ejecución", dijo.

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Añadió que otro hecho grave en relación a la gestión de Prieto, se centra en las contrataciones. “Por ejemplo, el caso de Tía Chela, que como pudimos apreciar, competían con otras empresas que no tenían la capacidad suficiente para proveerle alimentos y otras cosas a la Municipalidad y eran parientes entre sí o parece haber parentesco entre las empresas que compitieron. Es decir, no se fueron a pedirle presupuesto a un gran supermercado ciudad del este, sino a una pequeña oficina y eso generó después una investigación también por parte del Ministerio Público”, comentó.

Villalba afirmó que también la CGR detectó inconsistencias en todo lo que tiene que ver con el balance administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Ellos mismos admiten que la municipalidad tiene graves inconsistencias en la exposición de su balance y en la gestión de sus cuentas”, puntualizó.

Agregó que otro hecho grave guarda relación con casos de nepotismo, por más que no este citado como una causal en el pedido de intervención a la gestión de Prieto. “En el requerimiento hacemos referencia y traemos a colación esta serie de denuncias ciudadanas”, puntualizó.

Siguió sosteniendo que “tanto las autoridades de Ciudad del Este como de Asunción utilizan una defensa similar. Ellos tratan de defender que supuestamente aquí no existiría un hecho penal y por tanto no corresponde la intervención, pero este argumento es falso, porque sí puede comprometer el patrimonio público e implicar el quebrantamiento de normas penales. De hecho, ambos intendentes están imputados por lesión de confianza, sobre ambos pesan muchísimas denuncias".

En lo que respecta a la municipalidad de Asunción, Villalba señaló que el principal hecho grave radica en el uso de dinero provenientes de bonos y préstamos para el pago de salarios o gastos corrientes.

“Hay que hacer un poco de historia y señalar que la municipalidad ya hace rato viene manejándose con déficit enormes en relación a lo que gasta, muy por encima de lo que recauda. Y además se presenta la necesidad de inversión en obras. Entonces, a partir de allí es que se empezó a utilizar el crédito. Ahora, ¿este crédito lo puede usar la Municipalidad? Sí lo puede usar, pero no lo puede usar, según la Ley Orgánica Municipal, para destinarlo a gasto corriente. El artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal le prohíbe a la municipalidad hacer uso de los recursos de crédito público para destinarlo a deuda", mencionó.

Villalba continuo argumentando que “lo que está haciendo la Municipalidad de Asunción de manera bastante peligrosa es decirle a los bonistas ‘hola, yo quiero plata, quiero que por favor me den recursos para construir obras’, pero luego engañando a los bonistas, toma el dinero, lo lleva a la llamada cuenta única, mezcla los recursos y destina esos recursos a lo que quiere el municipio”.

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• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).

El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.

En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.

“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.

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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.

“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.

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La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.

La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.

En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente

¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.

“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.

Durante la plenaria de la Cámara de Diputados, esta semana se aprobó un proyecto de declaración “Que exhorta a la Entidad Binacional Itaipú a realizar estudios integrales de prefactibilidad y factibilidad necesarios para el abastecimiento energético nacional a largo plazo, conforme a los lineamientos establecidos en el Artículo 11 de la Ley Nº 3008/2006 y sus modificatorias”.

La iniciativa fue presentada por los diputados colorados Carlos Núñez Salinas y Rubén Roussillón, quienes coincidieron en la importancia de adoptar decisiones estratégicas en el ámbito energético, con visión de largo plazo y en estricto apego al marco legal vigente.

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El proyecto exhorta formalmente a la Entidad Binacional Itaipú a impulsar los estudios técnicos requeridos para evaluar alternativas de abastecimiento energético sostenible, que garanticen la seguridad, eficiencia y suficiencia del sistema energético nacional en el mediano y largo plazo.

El objetivo central de la declaración es sentar una postura institucional clara sobre la necesidad de promover una política energética de Estado, que responda al crecimiento de la demanda interna, fortalezca la soberanía energética del Paraguay y asegure el uso racional y estratégico de los recursos hidroeléctricos del país.

Este pronunciamiento legislativo se da en el contexto del proceso de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, lo que refuerza la importancia de contar con información técnica actualizada y estudios que sirvan de base para la toma de decisiones de alto impacto nacional.

La declaración fue aprobada con amplio respaldo del cuerpo parlamentario y constituye un “compromiso firme de la Cámara Baja con el desarrollo energético integral del Paraguay, orientado al beneficio de las generaciones presentes y futuras”, según la exposición de motivos.

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